Por Roberto Delgado
22 Abril 2017
Un acertijo de responsabilidades compartidas, de ineficiencia y de ausencia de interés explica la emergencia que vive el sur tucumano por las inundaciones. Ese rompecabezas desaparece cuando se van las lluvias -que en este 2017 de extremos se han extendido por todo marzo y abril- y queda sin solución hasta el año siguiente. Pero las consecuencias no son iguales. En 2015, año salvaje, padecieron mucho las poblaciones cercanas a Escaba, en la parte alta del río Marapa. Ahora la emergencia fue más abajo, al Este de Escaba: La Madrid (60 km abajo), La Cocha, Graneros (30 km. abajo) y localidades pequeñas arrasadas por las aguas. Ahora no es igual porque este año ya se planteó la posibilidad de mudar La Madrid a otro lugar, lo cual ha sido descartado por la Nación. Pero el planteo muestra la dificultad del rompecabezas: o se busca respuestas de fondo, o volverá el drama dentro de menos de 12 meses.
Drama y pelea
El Sur está, desde hace dos meses, con el corazón en la boca. Se han movilizado equipos solidarios para auxiliar a la gente que ha perdido todo y que sigue con el barro hasta el cuello, sin ropa, sin agua, sin luz. Hace 15 días eran 12.000 personas damnificadas. Hoy se sabe que las cosas han vuelto medianamente a la normalidad y sólo se escucha el chisporroteo de la pelea política entre la Provincia y la Nación. Por detrás del chisporroteo verbal, hay silencio sobre las causas profundas, sólo roto parcialmente con informaciones sectoriales. Los legisladores dicen que citaron a los funcionarios y que estos no concurrieron; el gobernador responde que van a ir cuando haga falta; el vicegobernador explica que se hicieron obras pero podrían haberse hecho otras, aunque el problema es que hubo un “fenómeno climático” grande que no es normal. Y las culpas se trasladan a otros sectores y áreas: en la capital, el intendente Germán Alfaro reclama que la Provincia no hizo nada con el canal Sur, destruido desde marzo 2015, y la secretaria de Obras Públicas, Cristina Boscarino, replica que en octubre se le presentó al jefe de gabinete nacional, Marcos Peña, un plan para reparar el canal Sur y que nunca le contestaron. Nadie recuerda que en 2015, en medio del escándalo de la destrucción del canal y de la devastación de Yerba Buena, dos ingenieros -José Domián y Franklin Adler- advirtieron que la falta de desagües adecuados y la obra del canal del boulevard 9 de Julio harían colapsar al canal Sur, que hoy está devastado “por la cantidad de agua, por el crecimiento de los emprendimientos inmobiliarios y de la frontera agrícola”, según dijo el subsecretario de Obras Públicas, Fernando Baratelli.
Ya no está la selvita
En Yerba Buena está suspendido desde 2015 el crecimiento inmobiliario, hasta tanto una comisión de expertos universitarios formada a pedido del intendente Mariano Campero se expida sobre lo que hay que hacer. Ya hay conciencia de que estamos en la etapa de las consecuencias del “laisser-faire”. El 16 de marzo pasado, ante la tragedia del motociclista Juan Gambarte, arrastrado por un sorpresivo aluvión en la ruta 315, el delegado comunal de Cebil Redondo, Fabián Assán, dijo que “tenemos que asumir que ya no existe la selvita tropical piedemontana que en otras épocas era capaz de atajar el agua y los áridos: con los desmontes, todo eso llega directo a la ruta” .
La misma certeza tienen los pobladores del sur provincial. “Las aguas bajaron desde Catamarca sin freno porque los desmontes no dejaron árboles en pie”, denunció Fernando Farías, de la zona entre la Cocha y Taco Ralo (LA GACETA, 13/4). Los productores de Graneros, por su parte, afirman que han reclamado a las autoridades desde 2003 para que sistematicen el río Graneros -que continúa al Marapa- pero que no les llevaron el apunte. A su vez, los lugareños de La Cocha añaden que los mismos productores de su zona “desmontaron para cultivar y ahora las crecientes pasan por el medio de sus fincas y nuestras casas” (María Cristina Olivera, 13/4). Es que la denuncia de tala sin freno se repite. Hasta el mismo vicegobernador, Osvaldo Jaldo, lo reconoce: “hay que controlar los desmontes” (19/4).
¿Cuán grande es la magnitud del desmonte? Según un informe del Banco Mundial, entre 2001 y 2014 Argentina perdió el 12% de sus zonas forestales, “lo que equivale a perder un bosque del tamaño de un campo de fútbol cada minuto”, explica Catalina Ramírez, especialista de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (La Nación, 12/4), que dice que “en Santiago del Estero se dieron los mayores niveles de desmonte del mundo”. ¿Y a nivel de Tucumán? Un informe de 2015 de la Dirección de Bosques de la Nación dice que entre 2006 y 2011 fueron arrasadas 25.333 hectáreas de bosques nativos. Y que los departamentos más castigados fueron Graneros (12.110 ha), La Cocha (4.900), Burruyacu (2.744), Simoca (2.246) y Cruz Alta (958).
Desmontes autorizados
¿De quién depende el control del desmonte? De la Dirección de Flora y Fauna y de la Secretaría de Agricultura. Lo único que se conoce sobre desmonte han sido las denuncias de 2012 y de 2013 contra el ex legislador alperovichista Alberto José Conte, por desmontes en Arcadia en predios de Cochamolle, donde vive una comunidad aborigen. Conte fue multado pero el daño estaba hecho. Lo había autorizado la Dirección de Flora y Fauna, según datos que ha recogido la senadora Silvia Elías de Pérez, que dice que, por el silencio de los organismos oficiales tucumanos, ha pedido informes al Ministerio de Ambiente de la Nación, a cargo de Sergio Bergman, para saber cómo cumple la provincia con la Ley nacional de Bosques. Elías de Pérez dice que hay sobre desmontes autorizados en zonas amarillas y rojas en San Pedro de Colalao y Burruyacu, entre otros sectores.
Una vez que se logre determinar quiénes desmontaron en zonas prohibidas a lo largo del piedemonte hasta La Cocha, ¿qué se hará? ¿Alguien podrá obligar a esos productores a reforestar? “Los bosques que quedan en Tucumán son bosques empobrecidos, pues la tala selectiva que se practicó durante años eliminó las especies más valiosas... Son bosques empobrecidos, que no pueden cumplir acabadamente con su función de regulador hídrico y en su reemplazo han aparecido especies invasoras que no cumplen la misma función”, dijo en 2015 Juan González, ex director de Medio Ambiente.
Sin conciencia
Los funcionarios por ahora no se preguntan cómo actuar. De hecho la Nación, que ha propuesto “deforestación cero” para 2030 por ahora asignó el 0,03% del presupuesto a protección de bosques, mientras que la ley exige el 0,3%, según denuncia María Marta di Paola, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (La Nación, 21/3). Apenas sí se ha creado un Observatorio de Cambio Climático para prevenir desastres, que tendrá sede en Córdoba. Según Alejandro Garro, director del ONCC, se trabajará a microescala con comunas y municipios para ver problemas concretos. Harán mapeo satelital y con información que monitorearán tres drones. Garro dice dos cosas importantes: 1) “no se están aprovechando las buenas inversiones en ciencia que hay en Argentina para hacer política pública eficiente”. 2) “El desafío es cómo hacer para que los responsables de aplicar las políticas públicas lo hagan”.
Ahí está el mayor problema. Demasiado trabajo en emergencias y nada en prevención. El coordinador del plan Belgrano, José Ricardo Ascárate, dijo el 10/4 que desde hace por lo menos 15 años no se realizan trabajos serios en las cuencas de los ríos. “¿Cuántas máquinas tiene la DPA (Dirección Provincial del Agua) trabajando en los ríos? Ninguna, porque no tiene máquinas. Normalmente las contratan para hacer ensanches o mejoras en la zona de los puentes. Es decir, se protegen los puentes, pero no los pueblos”. Él planteó la sistematización y el mantenimiento de los ríos Marapa, Medina y Gastona.
¿Quién hará esto? El Gobierno nacional afirma que los diques Potrero del Clavillo y El Naranjal mitigarán las inundaciones en el sur. Habrá que verlo, dentro de cinco años, si es que están listos entonces. El lector Pedro Pablo Castaño, de Concepción, preguntó el 17/4 quién mantendrá los nuevos diques y los ríos. Hoy hay muchas dudas con respecto al manejo de las aguas de Escaba. Una comisión de expertos, pedida por la gerenciadora del embalse, está preparando un informe, puesto que la inundación de La Madrid se explica por las aguas que bajaron en torrente de Escaba.
El representante del Sistema nacional de Gestión Integral de Riesgo, Pablo García, dice que “se van a corregir todas las cuestiones que hicieron que La Madrid se inunde”, y que se están recopilando proyectos de obras para elaborar un plan integral. ¿De quién dependerá esto? ¿Las universidades serán convocadas? ¿Habrá espacio de debate? En el mundo político hay mil propuestas y muchas más dudas, como la expresada por el legislador oficialista Juan Enrique Orellana: “ahora tenemos que preguntarnos cuál es el proyecto que va a prevenir y solucionar el grave problema de las inundaciones”. Un rompecabezas imposible de armar.
Drama y pelea
El Sur está, desde hace dos meses, con el corazón en la boca. Se han movilizado equipos solidarios para auxiliar a la gente que ha perdido todo y que sigue con el barro hasta el cuello, sin ropa, sin agua, sin luz. Hace 15 días eran 12.000 personas damnificadas. Hoy se sabe que las cosas han vuelto medianamente a la normalidad y sólo se escucha el chisporroteo de la pelea política entre la Provincia y la Nación. Por detrás del chisporroteo verbal, hay silencio sobre las causas profundas, sólo roto parcialmente con informaciones sectoriales. Los legisladores dicen que citaron a los funcionarios y que estos no concurrieron; el gobernador responde que van a ir cuando haga falta; el vicegobernador explica que se hicieron obras pero podrían haberse hecho otras, aunque el problema es que hubo un “fenómeno climático” grande que no es normal. Y las culpas se trasladan a otros sectores y áreas: en la capital, el intendente Germán Alfaro reclama que la Provincia no hizo nada con el canal Sur, destruido desde marzo 2015, y la secretaria de Obras Públicas, Cristina Boscarino, replica que en octubre se le presentó al jefe de gabinete nacional, Marcos Peña, un plan para reparar el canal Sur y que nunca le contestaron. Nadie recuerda que en 2015, en medio del escándalo de la destrucción del canal y de la devastación de Yerba Buena, dos ingenieros -José Domián y Franklin Adler- advirtieron que la falta de desagües adecuados y la obra del canal del boulevard 9 de Julio harían colapsar al canal Sur, que hoy está devastado “por la cantidad de agua, por el crecimiento de los emprendimientos inmobiliarios y de la frontera agrícola”, según dijo el subsecretario de Obras Públicas, Fernando Baratelli.
Ya no está la selvita
En Yerba Buena está suspendido desde 2015 el crecimiento inmobiliario, hasta tanto una comisión de expertos universitarios formada a pedido del intendente Mariano Campero se expida sobre lo que hay que hacer. Ya hay conciencia de que estamos en la etapa de las consecuencias del “laisser-faire”. El 16 de marzo pasado, ante la tragedia del motociclista Juan Gambarte, arrastrado por un sorpresivo aluvión en la ruta 315, el delegado comunal de Cebil Redondo, Fabián Assán, dijo que “tenemos que asumir que ya no existe la selvita tropical piedemontana que en otras épocas era capaz de atajar el agua y los áridos: con los desmontes, todo eso llega directo a la ruta” .
La misma certeza tienen los pobladores del sur provincial. “Las aguas bajaron desde Catamarca sin freno porque los desmontes no dejaron árboles en pie”, denunció Fernando Farías, de la zona entre la Cocha y Taco Ralo (LA GACETA, 13/4). Los productores de Graneros, por su parte, afirman que han reclamado a las autoridades desde 2003 para que sistematicen el río Graneros -que continúa al Marapa- pero que no les llevaron el apunte. A su vez, los lugareños de La Cocha añaden que los mismos productores de su zona “desmontaron para cultivar y ahora las crecientes pasan por el medio de sus fincas y nuestras casas” (María Cristina Olivera, 13/4). Es que la denuncia de tala sin freno se repite. Hasta el mismo vicegobernador, Osvaldo Jaldo, lo reconoce: “hay que controlar los desmontes” (19/4).
¿Cuán grande es la magnitud del desmonte? Según un informe del Banco Mundial, entre 2001 y 2014 Argentina perdió el 12% de sus zonas forestales, “lo que equivale a perder un bosque del tamaño de un campo de fútbol cada minuto”, explica Catalina Ramírez, especialista de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (La Nación, 12/4), que dice que “en Santiago del Estero se dieron los mayores niveles de desmonte del mundo”. ¿Y a nivel de Tucumán? Un informe de 2015 de la Dirección de Bosques de la Nación dice que entre 2006 y 2011 fueron arrasadas 25.333 hectáreas de bosques nativos. Y que los departamentos más castigados fueron Graneros (12.110 ha), La Cocha (4.900), Burruyacu (2.744), Simoca (2.246) y Cruz Alta (958).
Desmontes autorizados
¿De quién depende el control del desmonte? De la Dirección de Flora y Fauna y de la Secretaría de Agricultura. Lo único que se conoce sobre desmonte han sido las denuncias de 2012 y de 2013 contra el ex legislador alperovichista Alberto José Conte, por desmontes en Arcadia en predios de Cochamolle, donde vive una comunidad aborigen. Conte fue multado pero el daño estaba hecho. Lo había autorizado la Dirección de Flora y Fauna, según datos que ha recogido la senadora Silvia Elías de Pérez, que dice que, por el silencio de los organismos oficiales tucumanos, ha pedido informes al Ministerio de Ambiente de la Nación, a cargo de Sergio Bergman, para saber cómo cumple la provincia con la Ley nacional de Bosques. Elías de Pérez dice que hay sobre desmontes autorizados en zonas amarillas y rojas en San Pedro de Colalao y Burruyacu, entre otros sectores.
Una vez que se logre determinar quiénes desmontaron en zonas prohibidas a lo largo del piedemonte hasta La Cocha, ¿qué se hará? ¿Alguien podrá obligar a esos productores a reforestar? “Los bosques que quedan en Tucumán son bosques empobrecidos, pues la tala selectiva que se practicó durante años eliminó las especies más valiosas... Son bosques empobrecidos, que no pueden cumplir acabadamente con su función de regulador hídrico y en su reemplazo han aparecido especies invasoras que no cumplen la misma función”, dijo en 2015 Juan González, ex director de Medio Ambiente.
Sin conciencia
Los funcionarios por ahora no se preguntan cómo actuar. De hecho la Nación, que ha propuesto “deforestación cero” para 2030 por ahora asignó el 0,03% del presupuesto a protección de bosques, mientras que la ley exige el 0,3%, según denuncia María Marta di Paola, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (La Nación, 21/3). Apenas sí se ha creado un Observatorio de Cambio Climático para prevenir desastres, que tendrá sede en Córdoba. Según Alejandro Garro, director del ONCC, se trabajará a microescala con comunas y municipios para ver problemas concretos. Harán mapeo satelital y con información que monitorearán tres drones. Garro dice dos cosas importantes: 1) “no se están aprovechando las buenas inversiones en ciencia que hay en Argentina para hacer política pública eficiente”. 2) “El desafío es cómo hacer para que los responsables de aplicar las políticas públicas lo hagan”.
Ahí está el mayor problema. Demasiado trabajo en emergencias y nada en prevención. El coordinador del plan Belgrano, José Ricardo Ascárate, dijo el 10/4 que desde hace por lo menos 15 años no se realizan trabajos serios en las cuencas de los ríos. “¿Cuántas máquinas tiene la DPA (Dirección Provincial del Agua) trabajando en los ríos? Ninguna, porque no tiene máquinas. Normalmente las contratan para hacer ensanches o mejoras en la zona de los puentes. Es decir, se protegen los puentes, pero no los pueblos”. Él planteó la sistematización y el mantenimiento de los ríos Marapa, Medina y Gastona.
¿Quién hará esto? El Gobierno nacional afirma que los diques Potrero del Clavillo y El Naranjal mitigarán las inundaciones en el sur. Habrá que verlo, dentro de cinco años, si es que están listos entonces. El lector Pedro Pablo Castaño, de Concepción, preguntó el 17/4 quién mantendrá los nuevos diques y los ríos. Hoy hay muchas dudas con respecto al manejo de las aguas de Escaba. Una comisión de expertos, pedida por la gerenciadora del embalse, está preparando un informe, puesto que la inundación de La Madrid se explica por las aguas que bajaron en torrente de Escaba.
El representante del Sistema nacional de Gestión Integral de Riesgo, Pablo García, dice que “se van a corregir todas las cuestiones que hicieron que La Madrid se inunde”, y que se están recopilando proyectos de obras para elaborar un plan integral. ¿De quién dependerá esto? ¿Las universidades serán convocadas? ¿Habrá espacio de debate? En el mundo político hay mil propuestas y muchas más dudas, como la expresada por el legislador oficialista Juan Enrique Orellana: “ahora tenemos que preguntarnos cuál es el proyecto que va a prevenir y solucionar el grave problema de las inundaciones”. Un rompecabezas imposible de armar.
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