Por Marcelo Aguaysol
19 Abril 2017
Un Estado al servicio de la gente. Esa es la propuesta de fondo del “Compromiso Federal para la Modernización del Estado”. A simple vista, asoma como un convenio de esos que se perderán en el tiempo porque la Argentina no se ha destacado, a lo largo de su historia, por sostener políticas públicas que la lleven a convertirse en un país desarrollado. Por el contrario, esa misma historia nos muestra que nos movemos al ritmo del serrucho, con permanentes picos y caídas en el aspecto institucional y, más aún, en su rumbo económico, tan oscilante, con crisis y expansiones, pero nunca valles, es decir, en una senda de estabilidad económica o, en el mejor de los casos, hacia un crecimiento sostenido. Claro está que no se puede morir en el intento. Así como se ha decidido salir del default en su endeudamiento, de la misma manera deberá encarrilarse el rumbo para mejorar la calidad institucional. En otras palabras, la Argentina no sólo debe ser, sino parecer un país serio. De eso mucho depende la conducta de su dirigencia oficialista y opositora. No importa de qué color sean las grietas; lo que resulta imprescindible es eliminarlas.
Está claro que la modernización será un proceso largo y que no todas las provincias irán al mismo ritmo. Bajar el gasto público, como lo sugieren algunos funcionarios y también economistas especializados, no es una empresa sencilla en las actuales condiciones. El déficit fiscal es un atributo de provincias mal administradas que mantuvieron esa tendencia a lo largo de los años buenos. Las provincias no han nacido pobres. Las empobrecieron en términos institucionales, políticos y también financieros.
Si es verdad que hay compromisos, como los firmados ayer en la Casa Rosada, los gobernadores deben buscar las vías para encarrilar el tren de la historia de cada distrito. Pero las señales son claras: no todos están convencidos de federalizar los programas si la Casa Rosada no “federaliza” el reparto de recursos y la distribución de obras públicas. En su discurso de ayer, el presidente Mauricio Macri le puso pimienta a sus palabras frente a gobernadores propios y a mandatarios de extracción justicialista. Habló de la intervención nociva que tuvo la política para convertir al Estado en un aguantadero. Algunos se pusieron incómodos; otros recordaron que es el propio Macri el que debe predicar con el ejemplo y no aumentar la burocracia estatal. En este último aspecto, tomaron en cuenta el reporte de la Fundación Libertad y Progreso que desnudó el “Mapa del Estado” confeccionado por el propio Ministerio de Modernización, que muestra 21 ministerios, 88 secretarías, 208 subsecretarías, 647 direcciones nacionales y generales, y 120 organismos descentralizados. Aquella fundación expuso, además, que Macri aumentó en un 25% la estructura del Estado desde su asunción, el 10 de diciembre de 2015. Desde la Casa Rosada, en tanto, dejaron entrever que Tucumán fue una de las provincias con mayor crecimiento de la empleomanía en el sector público durante la última década. Más aún, en su reporte interno ejemplificó que, al asumir en 2003, la gestión de José Alperovich registró 43.000 puestos de planta permanente y, al dejar el cargo, ese plantel se expandió hasta los 81.000 agentes. Funcionarios y ex funcionarios remarcan que el incremento de la dotación de personal se sustenta en la mayor demanda de servicios educativos, con nuevas escuelas que requirieron más docentes, en la inauguración de centros hospitalarios, con más médicos y enfermeros, y en el aumento de los agentes de seguridad.
Según un reporte del Ministerio de Hacienda de la Nación, hasta fines de 2015, Tucumán se posicionaba como el séptimo distrito con mayor personal estatal. En la provincia hay 51 empleados públicos cada 1.000 habitantes, dentro de la media nacional. En las puntas, por caso, Córdoba registra 35 estatales por cada millar de habitantes y Tierra del Fuego, 121. En lo que sí tienen similitud los 24 distritos del país es en el peso de los salarios en el Presupuesto: más del 50% del total del gasto público va a Personal. Y, en este aspecto, los funcionarios tucumanos abren el paraguas; dicen que sólo por menores giros de coparticipación, este año se dejará de recibir el equivalente a una planilla salarial mensual (más de $ 2.300 millones). En épocas de vacas flacas, esa es una verdadera complicación financiera.
Está claro que la modernización será un proceso largo y que no todas las provincias irán al mismo ritmo. Bajar el gasto público, como lo sugieren algunos funcionarios y también economistas especializados, no es una empresa sencilla en las actuales condiciones. El déficit fiscal es un atributo de provincias mal administradas que mantuvieron esa tendencia a lo largo de los años buenos. Las provincias no han nacido pobres. Las empobrecieron en términos institucionales, políticos y también financieros.
Si es verdad que hay compromisos, como los firmados ayer en la Casa Rosada, los gobernadores deben buscar las vías para encarrilar el tren de la historia de cada distrito. Pero las señales son claras: no todos están convencidos de federalizar los programas si la Casa Rosada no “federaliza” el reparto de recursos y la distribución de obras públicas. En su discurso de ayer, el presidente Mauricio Macri le puso pimienta a sus palabras frente a gobernadores propios y a mandatarios de extracción justicialista. Habló de la intervención nociva que tuvo la política para convertir al Estado en un aguantadero. Algunos se pusieron incómodos; otros recordaron que es el propio Macri el que debe predicar con el ejemplo y no aumentar la burocracia estatal. En este último aspecto, tomaron en cuenta el reporte de la Fundación Libertad y Progreso que desnudó el “Mapa del Estado” confeccionado por el propio Ministerio de Modernización, que muestra 21 ministerios, 88 secretarías, 208 subsecretarías, 647 direcciones nacionales y generales, y 120 organismos descentralizados. Aquella fundación expuso, además, que Macri aumentó en un 25% la estructura del Estado desde su asunción, el 10 de diciembre de 2015. Desde la Casa Rosada, en tanto, dejaron entrever que Tucumán fue una de las provincias con mayor crecimiento de la empleomanía en el sector público durante la última década. Más aún, en su reporte interno ejemplificó que, al asumir en 2003, la gestión de José Alperovich registró 43.000 puestos de planta permanente y, al dejar el cargo, ese plantel se expandió hasta los 81.000 agentes. Funcionarios y ex funcionarios remarcan que el incremento de la dotación de personal se sustenta en la mayor demanda de servicios educativos, con nuevas escuelas que requirieron más docentes, en la inauguración de centros hospitalarios, con más médicos y enfermeros, y en el aumento de los agentes de seguridad.
Según un reporte del Ministerio de Hacienda de la Nación, hasta fines de 2015, Tucumán se posicionaba como el séptimo distrito con mayor personal estatal. En la provincia hay 51 empleados públicos cada 1.000 habitantes, dentro de la media nacional. En las puntas, por caso, Córdoba registra 35 estatales por cada millar de habitantes y Tierra del Fuego, 121. En lo que sí tienen similitud los 24 distritos del país es en el peso de los salarios en el Presupuesto: más del 50% del total del gasto público va a Personal. Y, en este aspecto, los funcionarios tucumanos abren el paraguas; dicen que sólo por menores giros de coparticipación, este año se dejará de recibir el equivalente a una planilla salarial mensual (más de $ 2.300 millones). En épocas de vacas flacas, esa es una verdadera complicación financiera.
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