16 Abril 2017
CRITICADO. El operativo policial en una facultad de la UNJu significó un nuevo escándalo que debió afrontar el gobernador Gerardo Morales (UCR). clarin.com
BUENOS AIRES.- Casi 24 horas después de la escandalosa irrupción de policías en una sede de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, repudió ayer el operativo de la fuerzas de seguridad dentro de la Facultad de Ciencias Agrarias. Calificó de vergonzoso que un episodio de esa naturaleza ocurra en su gestión.
“Nunca desde que militaba en Franja Morada ingresó la Policía provincial en la Universidad. Una vergüenza que pase en mi Gobierno”, publicó en Twitter el mandatario provincial, quien manifestó su postura a través de cuatro mensajes en esa red social.
“La solidaridad activa desde mi Gobierno para reparar el daño producido por el accionar policial (sic). Mis disculpas a los compañeros detenidos. Llegaré hasta las últimas consecuencias contra los responsables de la vergonzosa incursión de la policía en la Facultad de Agrarias. Desde Tarija repudio la incursión de la Policía en Facultad de Agrarias. Dispuse la separación de los responsables. Llegaré al fondo del tema”, acotó en una serie de posteos el gobernador radical.
Morales se encontraba en Tarija, en el sur de Bolivia, en una reunión de la Zona de Integración Centro Oeste Sudamericano (Zicosur) cuando se produjo el operativo. Casi una veintena de policías ingresaron la madrugada del jueves a una de las sedes de la Facultad de Ciencias Agrarias, situada en el barrio Los Naranjos de la capital, y detuvieron a dos estudiantes: Joaquín Quispe (presidente del Centro de Estudiantes) e Ignacio García (de primer año). La irrupción se produjo por la presunta denuncia por ruidos molestos de vecinos. Los alumnos habían organizado un asado de bienvenida para los ingresantes y contaban con el permiso de las autoridades de esa casa de estudios. Los detenidos fueron trasladados hasta la Comisaría Primera y fueron liberados cuatro horas más tarde, luego de que se presentaran en la seccional el decano Mario Bonillo y un abogado.
Bonillo, decano de Agrarias, había repudiado la violencia del operativo y aseguró que sí contaban con el permiso para la actividad. “Los alumnos estaban encerrados en los autos que estaban en el estacionamiento de la Facultad, que queda justo enfrente del Centro de Estudiantes, para evitar que se los llevaran detenidos. Los policías les golpeaban las ventanillas, les querían abrir las puertas, pero como estaban con seguro, no se animaron a forzarlas”, había relatado.
El repudio de Morales ocurrió luego de que desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se difundiera un comunicado en el que aseguraba que los estudiantes no contaban con ningún permiso.
Las declaraciones del gobernador radical, alineado al macrismo, marcaron una contradicción con la postura que habían tomado integrantes de su propio gobierno: el jefe de Policía de Jujuy, Aldo Soles, había brindado el viernes por la mañana una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en la que aclaraba que el accionar había sido lícito.
Tras el incidente, la Universidad Nacional de Jujuy, que encabeza el rector Rodolfo Tecchi, cuestionó duramente la “detención ilegal” de estudiantes y advirtió que se trató de un “atropello” de la fuerza policial a esa casa de estudios.
Las autoridades académicas dijeron que “la actividad de bienvenida organizada tenía autorización de la Facultad de Ciencias Agrarias y es una más de las tantas actividades que se realizan desde la creación de esta Casa de Estudios”. Remarcaron que el ingreso de la Policía está prohibido por la Ley de Educación Superior, en su artículo 31.
El presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Mario Fiad, también expresó su “amplio repudio” al incidente y el “renovado compromiso centenario, de ser un partido político que está al servicio de las libertades y la plena vigencia de los derechos”.
El rechazo al accionar policial se replicó en todo el país. En Tucumán, la ONG Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) criticó con contundencia el operativo. “Denunciamos este hecho además, porque no se trata de un hecho es aislado; responde a un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que se vienen produciendo en esta provincia y que ha aumentado desde la entrada en vigencia del nuevo Código Contravencional” sostuvieron desde la organización. (DyN)
“Nunca desde que militaba en Franja Morada ingresó la Policía provincial en la Universidad. Una vergüenza que pase en mi Gobierno”, publicó en Twitter el mandatario provincial, quien manifestó su postura a través de cuatro mensajes en esa red social.
“La solidaridad activa desde mi Gobierno para reparar el daño producido por el accionar policial (sic). Mis disculpas a los compañeros detenidos. Llegaré hasta las últimas consecuencias contra los responsables de la vergonzosa incursión de la policía en la Facultad de Agrarias. Desde Tarija repudio la incursión de la Policía en Facultad de Agrarias. Dispuse la separación de los responsables. Llegaré al fondo del tema”, acotó en una serie de posteos el gobernador radical.
Morales se encontraba en Tarija, en el sur de Bolivia, en una reunión de la Zona de Integración Centro Oeste Sudamericano (Zicosur) cuando se produjo el operativo. Casi una veintena de policías ingresaron la madrugada del jueves a una de las sedes de la Facultad de Ciencias Agrarias, situada en el barrio Los Naranjos de la capital, y detuvieron a dos estudiantes: Joaquín Quispe (presidente del Centro de Estudiantes) e Ignacio García (de primer año). La irrupción se produjo por la presunta denuncia por ruidos molestos de vecinos. Los alumnos habían organizado un asado de bienvenida para los ingresantes y contaban con el permiso de las autoridades de esa casa de estudios. Los detenidos fueron trasladados hasta la Comisaría Primera y fueron liberados cuatro horas más tarde, luego de que se presentaran en la seccional el decano Mario Bonillo y un abogado.
Bonillo, decano de Agrarias, había repudiado la violencia del operativo y aseguró que sí contaban con el permiso para la actividad. “Los alumnos estaban encerrados en los autos que estaban en el estacionamiento de la Facultad, que queda justo enfrente del Centro de Estudiantes, para evitar que se los llevaran detenidos. Los policías les golpeaban las ventanillas, les querían abrir las puertas, pero como estaban con seguro, no se animaron a forzarlas”, había relatado.
El repudio de Morales ocurrió luego de que desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se difundiera un comunicado en el que aseguraba que los estudiantes no contaban con ningún permiso.
Las declaraciones del gobernador radical, alineado al macrismo, marcaron una contradicción con la postura que habían tomado integrantes de su propio gobierno: el jefe de Policía de Jujuy, Aldo Soles, había brindado el viernes por la mañana una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en la que aclaraba que el accionar había sido lícito.
Tras el incidente, la Universidad Nacional de Jujuy, que encabeza el rector Rodolfo Tecchi, cuestionó duramente la “detención ilegal” de estudiantes y advirtió que se trató de un “atropello” de la fuerza policial a esa casa de estudios.
Las autoridades académicas dijeron que “la actividad de bienvenida organizada tenía autorización de la Facultad de Ciencias Agrarias y es una más de las tantas actividades que se realizan desde la creación de esta Casa de Estudios”. Remarcaron que el ingreso de la Policía está prohibido por la Ley de Educación Superior, en su artículo 31.
El presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Mario Fiad, también expresó su “amplio repudio” al incidente y el “renovado compromiso centenario, de ser un partido político que está al servicio de las libertades y la plena vigencia de los derechos”.
El rechazo al accionar policial se replicó en todo el país. En Tucumán, la ONG Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) criticó con contundencia el operativo. “Denunciamos este hecho además, porque no se trata de un hecho es aislado; responde a un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que se vienen produciendo en esta provincia y que ha aumentado desde la entrada en vigencia del nuevo Código Contravencional” sostuvieron desde la organización. (DyN)
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