¿Un ombudsman para la Policía?
La Policía no puede sindicalizarse, dictaminó la Corte Suprema de la Nación. Con esto parece cerrarse la expectativa de que los agentes de seguridad puedan canalizar sus reclamos a través de gremios policiales, tras las violentas jornadas derivadas de las protestas policiales de diciembre de 2013. Grupos de policías exaltados hicieron huelga en la mitad de las provincias, entre ellas Córdoba, La Pampa y Tucumán. Después de eso surgieron proyectos de ley para sindicalizar a los agentes de seguridad (uno de la entonces diputada Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad) y otro del dirigente Víctor de Gennaro. Este planteó el derecho de los policías de Buenos Aires a sindicalizarse, a lo cual se opuso el Ministerio de Trabajo, y sobre este caso falló la Corte Suprema. Todo seguirá igual, ha dicho el alto tribunal.

Igual de mal

¿Que quiere decir igual? Sin cambios. ¿Es porque todo funciona bien? No tanto, ni mucho menos. La provincia de Buenos Aires está sumida en una fuerte “limpieza” en el sistema de seguridad -han sido separados 3.300 agentes- y en Córdoba cada tanto resuenan los conflictos, como el que se vio obligado a desmentir el gobernador Juan Schiaretti en enero pasado. En nuestra provincia no se repitió la emergencia de diciembre de 2013, cuando hubo 48 horas de caos, saqueos y pánico ciudadano durante el acuartelamiento policial. Dos días durante los cuales los vecinos de los barrios levantaron barricadas, se armaron e hicieron guardias ciudadanas en previsión de motoarrebatos. Esos dos días dejaron un saldo de ocho muertos -seis reconocidos oficialmente como víctimas del caos durante los saqueos- y una causa penal por sedición contra 47 policías, que los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni elevaron a juicio hace un año- y una investigación contra los presuntos autores de los saqueos que se le fue diluyendo por falta de elementos de prueba a la fiscala Adriana Reinoso Cuello. Se supone que entre los sediciosos -que anularon el sistema 911 para que nadie acudiera a los llamados de los vecinos- hubo policías que fueron a algunos barrios como La Costanera a arengar al saqueo y a organizar a los depredadores.

Lo que ocurrió en esos días sigue en la nebulosa porque, en primer lugar, al gobierno del ex mandatario José Alperovich no le interesó investigar -ni siquiera habían previsto el acuartelamiento y de hecho la protesta estalló poco después de que el secretario de Seguridad, Paul Hofer, dijera que estaba todo tranquilo- y, en segundo lugar, porque el gobierno nacional de entonces minimizaba los sucesos. Quedó en la memoria popular que mientras en Tucumán reinaban el caos y el pánico, la ex presidenta Cristina Kirchner bailaba frente a las cámaras del país en la Casa Rosada. Entre los que no se plegaron a la protesta están policías que sí han buscado sindicalizarse y que ahora esperan que el presidente Mauricio Macri haga suyo el proyecto de Patricia Bullrich.

El paradigma policial

Por este mismo delito de 2013 en Entre Ríos hubo 15 policías condenados a penas de entre tres y cuatro años de prisión en 2015. Cuando se llegue al juicio oral en Tucumán, acaso se pueda clarificar lo sucedido, que puso de manifiesto dos cuestiones: 1) Los policías no tienen un canal legal para hacer oír sus reclamos, sino que sólo pueden plantearlos ante sus jefes. Pero estos están subordinados al poder político. Si hay una emergencia social -como ocurrió en 2013- hay riesgo de que aparezcan sediciosos y generen un clima incendiario. Pasó en 2013, pero ya había pasado durante los 80 y los 90 y Tucumán fue un triste ejemplo en el país en este sentido. 2) Por detrás de esta falta de representación, se encuentra el paradigma policial, formado sobre la idea de obediencia ciega a los jefes como si se tratara de batallones de un ejército que deben cumplir misiones de combate en medio de una guerra. Esa obediencia contempla castigos y días de detención bajo el arbitrio de los jefes, según lo estipula la Ley Orgánica dela Policía, N° 3.656.

Ese paradigma policial está bajo cuestionamiento desde hace mucho tiempo. ¿Sirve para dar respuestas adecuadas en una sociedad que -al decir del camarista federal Ricardo Sanjuán- se encuentra en “estado de indisciplina social” a causa de la inseguridad y la violencia? Los funcionarios creen que sí. El ministro de Gobierno, Regino Amado, ha planteado que el problema surge de la falta de normas (las pidió públicamente hace unas semanas), la falta de personal y la falta de elementos. En las reuniones de la comisión de seguridad interdisciplinaria dijo que el problema del hacinamiento de presos en la cárcel y en las comisarías se debe a la falta de locales (y dinero: dijo que la Nación no va a dar plata para construir otra cárcel) y considera que con las 140 pulseras electrónicas que se acaba de entregar al sistema penitenciario y la inauguración de la nueva alcaidía -en breve- se permitirá aliviar 340 lugares.

Hipótesis superficial

Pero Amado no cuestiona la estrategia policial. Los funcionarios en realidad dejan que se imponga la tesis nacional de que los problemas de violencia e inseguridad se deben al incremento del narcotráfico en la provincia, y no a ineficiencia de las fuerzas de seguridad. El jefe policial, Dante Bustamante, dice que Tucumán debería aumentar su cantidad de efectivos (y acaso duplicarla hasta 16.000 agentes). Tanto él como Hofer exhiben como síntoma de eficiencia que se detenga a 10 personas por causas penales y a 22 por contravenciones cada día. “Más allá de la escasez de personal, (la Policía) hoy tiene más de 1.200 detenidos mensuales; tiene más de 4.000 vehículos secuestrados en distintos operativos. Tenemos un 911 que recibe de 3.000 a 5.000 llamadas diarias, mil intervenciones diarias documentadas”, dijo en diciembre Hofer. ¿A qué se debe que persistan el delito callejero y la violencia, entonces? Ahí encaja perfecto la hipótesis del narcotráfico que se extiende -Sanjuán dice que crecieron un 70% las causas por droga en Tucumán- y ya no se ahonda en otras causas de la violencia y tampoco se cuestiona a la fuerza de seguridad.

De lo que se ha hecho hablará Amado el 25 de abril ante la comisión de la Legislatura. Acaso también tenga que hablar del sistema educativo de la Policía. Hace dos semanas se conoció el caso de un cadete, Luis Ramón Serra, que debió ser internado a causa de una crisis convulsiva durante los ejercicios físicos de entrenamiento, asunto que investiga la fiscala Giannoni. No hubo una sola voz en la sociedad que se hiciera preguntas sobre lo sucedido. Ahora se supo de otro caso similar, el del cadete Luis Reales. ¿Los educan para enfrentar problemas o manifestaciones? ¿Los “gasean” para adaptarse al gas lacrimógeno? ¿Los someten al “orden cerrado” militar para resistir como a los protagonistas del film “G. I. Jane”?

Si fuera así, habría que plantear dónde está el límite entre la preparación para la resistencia física y el abuso. Y reflexionar sobre la función del policía, que más allá de buscar el orden y la protección del Estado (como señala la Ley Orgánica) tiene que ser capaz de resolver los problemas que se le presentan en la calle y para ello necesita mucho más capacitación psicológica que destreza física. Y muy a menudo, debe actuar sin la presencia y sin la orden de sus jefes.

Dos modelos

¿Quién va a ocuparse del paradigma policial? El presidente de la Corte, Antonio Gandur, ha pedido que se cree una Auditoría Interna para controlar que no haya excesos o desvíos de los policías. También pidió que se cree un defensor de los agentes acusados. El legislador radical Fernando Valdez dice que va a plantear la creación del ombudsman para los policías. Los funcionarios callan. El mes que viene van a venir, invitados por la comisión legislativa, un detective y un sargento de la policía de Los Ángeles, California, para explicar su propio proceso de reforma policial. La LAPD fue elegida porque muestra el proceso de cambio de una policía autoritaria (se recuerda los disturbios de 1992 a raíz del ataque al taxista Rodney King) a una policía comunitaria: su actual jefe, Charlie Beck, ha dado ejemplo de trabajo inclusivo con los inmigrantes mexicanos e incluso se opone a la política del muro de Donald Trump (ver:http://www.hoylosangeles.com/latimesespanol/hoyla-el-jefe-del-lapd-no-quiere-convertir-a-sus-oficiales-en-agentes-de-inmigracion-20170131-story.html).

Va a ser un encuentro interesante: esa policía, para una población de 4 millones de personas, tiene 9.858 agentes y 2.773 empleados civiles, con lo cual se puede analizar (y comparar) por qué Tucumán, con 8.126 policías, no puede dar seguridad a 1,6 millón de personas. Otra cosa: los policías de los Ángeles sí tienen sindicato. Los de Tucumán (y todos los de Argentina) por ahora no tienen quién los represente.

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