Por Roberto Delgado
08 Abril 2017
Una gran brecha separa las estimaciones optimistas del 1 de marzo del gobernador, Juan Manzur, sobre la seguridad y la profesionalización policial y las recientes denuncias de la fiscala Adriana Giannoni por intimidación, que involucran a policías, y del mismo presidente de la Corte, Antonio Gandur, contra un oficial de Banda del Río Salí. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Los datos son poco claros y aparecen de vez en cuando en denuncias aisladas que rara vez se resuelven. El 9 de marzo, en su descargo ante la acusación de Gandur contra ese oficial bandeño, el jefe de Policía, comisario Dante Bustamante, dijo que “a la Policía la controla la sociedad” y mencionó a la prensa, el Poder Legislativo, la Justicia y la misma oficina policial de sumarios. Añadió que hay 32 agentes presos y que varios quedaron en libertad por haber estado más de dos años sin condena, y que fueron separados de la fuerza de seguridad.
Liviandad en los controles
Hace unos días, el mismo oficial acusado por el juez Gandur fue liberado por decisión del juez Francisco Pisa. El oficial, César Juárez, y otros dos policías, habían sido acusados por una vecina de Banda del Río Salí de detener a ella y sus hijos; de armarles una causa; de golpearlos (también denunció abuso a uno de los hijos) y de coimearlos con $ 15.000 para dejarlos en libertad. ¿La decisión del juez Pisa significa que Gandur estaba equivocado? Aquel 9 de marzo, en la comisión legislativa, el presidente de la Corte fue enfático: “nosotros observamos que hay una falta o una liviandad en los controles internos. No necesitamos explayarnos (sobre) la crónica diaria de todas las irregularidades e ilícitos cometidos por el personal policial”, dijo, y propuso la creación de una Auditoría de Asuntos Internos. Con respecto a la liberación del oficial acusado, lo único que se sabe es que la causa en su contra sigue: la investiga la fiscala Giannoni, casualmente la que está catalogada en las redes sociales policiales como la “antipolicía” o “el hada madrina de los delincuentes”, según figura en la denuncia que ella misma hizo tras las amenazas recibidas en esas redes sociales (LA GACETA, 6/4).
Un campo difícil
Se trata de un asunto complejo, y los mismos funcionarios judiciales tienen miradas diferentes. El fiscal IV, Diego López Ávila, explica que “un 70% de las personas detenidas dicen que la Policía les inventó la causa o las golpeó” y que también hay casos en que los detenidos son golpeados en aprehensiones civiles. Por ello -agrega- “es un campo bastante difícil” y no hay estadísticas específicas de denuncias por agresiones, abusos, golpes o amenazas. “Creo que hay que ver cada caso concreto”, añade.
Lo cierto es que la que termina revisando estas denuncias es Giannoni. Sus casos concretos son dos uniformados denunciados por violencia de género, otro acusado de haberse quedado con $ 8.000 de una pareja detenida por supuesto robo de un celular; otro por atacar a sus colegas para impedir un procedimiento en San Pablo y otro por balear a una vecina de la Costanera durante una pelea. Giannoni, el año pasado, pidió que se investigue si 31 policías habían consumido drogas durante un violento procedimiento (aún no hay resultados). Ante las amenazas en las redes sociales, la fiscala se vio en la circunstancia extraña de tener que hacer la denuncia en la Fiscalía IX, que ella subroga, y luego inhibirse para que pase el caso a la fiscala III, Adriana Reuter.
En la organización de derechos humanos Andhes, que sigue casos de abusos, tampoco hay registros de muchas denuncias. Matías Lorenzo recuerda el caso de Julio César López, golpeado y trasladado a la comisaría 5a tras una discusión en la vía pública con agentes y el de Yonatan Marcelo Delgado, golpeado en la alcaidía de los Tribunales Federales (dos casos de 2016). Lorenzo explica que las víctimas de abusos sienten que es complicado denunciar a policías en la misma Policía. “La gente no sabe que se puede hacer la denuncia en las fiscalías”, dice Lourdes Bascary, de la oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema, quien señala que la Ley de Protección contra la Tortura contempla esta posibilidad. Según dijo Érica Brunotto, la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, esa norma, sancionada en 2012, ya está reglamentada y resta que se forme la comisión que debe actuar.
Autodepuración
Así las cosas, es difícil hacer denuncias y sostenerlas. Una fuente judicial dijo, según se informó ayer, que la vecina de Banda del Río Salí, que hizo la denuncia contra los tres policías, ahora reclamó que uno de sus hijos fue agredido nuevamente y lo vinculó con la libertad del policía acusado. ¿Será así? En el área de la Corte Suprema piensan que es tan complicado el asunto que los fiscales no quieren meterse y por eso las denuncias sólo se ven en los turnos de Giannoni. Ella, que está actuando en este momento, dice que cuando comienza su tarea cita a los jefes policiales y les da “pautas claras al respecto”.
Los funcionarios están en silencio. El secretario de Seguridad, Paul Hofer, confía ciegamente en los 8.000 uniformados y hasta quiere que en la ley contra motochorros -si llega a salir- se incluya el aumento de las penas contra los que insulten o agredan a policías. El jefe Bustamante, por su parte, aseveró en la reunión del 16 de diciembre de la comisión legislativa que “la Policía debe ser el único organismo que se autodepura porque los reglamentos internos nuestros son demasiado estrictos. ¿Qué significa eso? Que un personal que se encuentra sometido a un proceso judicial, haya o no resolución, y hayan transcurrido dos años en situación pasiva, nosotros lo separamos y generamos el trámite”.
Un modelo vetusto
Pero el asunto va más allá. Es la cultura policial, determinada por una ley surgida en la época de Onganía. Lo dijo el mismo Bustamante el 9 de marzo: “he nacido con la democracia, pero desde la democracia nos han castigado, porque el modelo policial venía con ese modelo militarizado”. Con ese modelo se explica la falta de atención a detenidos -el 27 de marzo se publicó que en la comisaría 13a había 38 detenidos en un lugar donde sólo caben 15, y que en el escuadrón 55 de Gendarmería había 11 presos en una celda donde sólo cabía uno) y la indiferencia social hacia la falta de definición sobre la inconstitucional ley de Contravenciones (se detiene a 22 personas por día con esta norma, dijo Bustamante).
Y esa cultura policial, pese a haber sido cuestionada, nunca ha sido modificada, ni siquiera atenuada. Se acaba de ver un caso inquietante en la Escuela de Policía, hoy llamada Instituto de Enseñanza Superior General San Martín. Un cadete, Luis Ramón Serra (de 28 años), fue internado en el hospital en estado grave, con una crisis convulsiva causada por ejercicios fuertes a los que habría sido obligado en la instrucción. Sus padres no hicieron denuncia (trascendió que es hijo de un guardiacárcel) pero el caso está investigado precisamente por Giannoni, y trascendió, además, que otros 20 aspirantes a policías renunciaron por los tratos a los que los someten. El jefe de la escuela, comisario Jorge Cruz, negó que haya habido malos tratos. “Los que se retiran, lo hacen porque no les gusta. Acá puede estar el futuro jefe de Policía y por eso se necesita sacrificio. Los movimientos que se hacen son los que necesita un efectivo para un allanamiento o un tiroteo. Acá no hay nada que esconder. A mí me mandan gente sana y nosotros tenemos que devolver gente sana. Hay 30 señoritas y varios hombres que hacen la misma actividad que el cadete y nadie mostró ningún problema” (LA GACETA, 3/4).
¿Será así o será como el “orden cerrado” que imperaba en el servicio militar del Ejército hasta 1994, cuando ocurrió la muerte del conscripto Omar Carrasco? El caso Carrasco no sólo terminó con la conscripción obligatoria, sino que llevó a una ley que cambió las brutales normas castrenses que denigraban a sus propios soldados, con la idea de que la violencia y la injusticia los harían hombres. Cualquier teoría pedagógica diría que educar con la violencia sólo genera violencia. ¿Alguien sabe cómo se educan los policías? Nadie los cuestiona y al mismo tiempo nadie los defiende. La fiscala Giannoni, que está investigando el caso del cadete, es cauta: “estoy esperando la historia clínica”, dice.
Liviandad en los controles
Hace unos días, el mismo oficial acusado por el juez Gandur fue liberado por decisión del juez Francisco Pisa. El oficial, César Juárez, y otros dos policías, habían sido acusados por una vecina de Banda del Río Salí de detener a ella y sus hijos; de armarles una causa; de golpearlos (también denunció abuso a uno de los hijos) y de coimearlos con $ 15.000 para dejarlos en libertad. ¿La decisión del juez Pisa significa que Gandur estaba equivocado? Aquel 9 de marzo, en la comisión legislativa, el presidente de la Corte fue enfático: “nosotros observamos que hay una falta o una liviandad en los controles internos. No necesitamos explayarnos (sobre) la crónica diaria de todas las irregularidades e ilícitos cometidos por el personal policial”, dijo, y propuso la creación de una Auditoría de Asuntos Internos. Con respecto a la liberación del oficial acusado, lo único que se sabe es que la causa en su contra sigue: la investiga la fiscala Giannoni, casualmente la que está catalogada en las redes sociales policiales como la “antipolicía” o “el hada madrina de los delincuentes”, según figura en la denuncia que ella misma hizo tras las amenazas recibidas en esas redes sociales (LA GACETA, 6/4).
Un campo difícil
Se trata de un asunto complejo, y los mismos funcionarios judiciales tienen miradas diferentes. El fiscal IV, Diego López Ávila, explica que “un 70% de las personas detenidas dicen que la Policía les inventó la causa o las golpeó” y que también hay casos en que los detenidos son golpeados en aprehensiones civiles. Por ello -agrega- “es un campo bastante difícil” y no hay estadísticas específicas de denuncias por agresiones, abusos, golpes o amenazas. “Creo que hay que ver cada caso concreto”, añade.
Lo cierto es que la que termina revisando estas denuncias es Giannoni. Sus casos concretos son dos uniformados denunciados por violencia de género, otro acusado de haberse quedado con $ 8.000 de una pareja detenida por supuesto robo de un celular; otro por atacar a sus colegas para impedir un procedimiento en San Pablo y otro por balear a una vecina de la Costanera durante una pelea. Giannoni, el año pasado, pidió que se investigue si 31 policías habían consumido drogas durante un violento procedimiento (aún no hay resultados). Ante las amenazas en las redes sociales, la fiscala se vio en la circunstancia extraña de tener que hacer la denuncia en la Fiscalía IX, que ella subroga, y luego inhibirse para que pase el caso a la fiscala III, Adriana Reuter.
En la organización de derechos humanos Andhes, que sigue casos de abusos, tampoco hay registros de muchas denuncias. Matías Lorenzo recuerda el caso de Julio César López, golpeado y trasladado a la comisaría 5a tras una discusión en la vía pública con agentes y el de Yonatan Marcelo Delgado, golpeado en la alcaidía de los Tribunales Federales (dos casos de 2016). Lorenzo explica que las víctimas de abusos sienten que es complicado denunciar a policías en la misma Policía. “La gente no sabe que se puede hacer la denuncia en las fiscalías”, dice Lourdes Bascary, de la oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema, quien señala que la Ley de Protección contra la Tortura contempla esta posibilidad. Según dijo Érica Brunotto, la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, esa norma, sancionada en 2012, ya está reglamentada y resta que se forme la comisión que debe actuar.
Autodepuración
Así las cosas, es difícil hacer denuncias y sostenerlas. Una fuente judicial dijo, según se informó ayer, que la vecina de Banda del Río Salí, que hizo la denuncia contra los tres policías, ahora reclamó que uno de sus hijos fue agredido nuevamente y lo vinculó con la libertad del policía acusado. ¿Será así? En el área de la Corte Suprema piensan que es tan complicado el asunto que los fiscales no quieren meterse y por eso las denuncias sólo se ven en los turnos de Giannoni. Ella, que está actuando en este momento, dice que cuando comienza su tarea cita a los jefes policiales y les da “pautas claras al respecto”.
Los funcionarios están en silencio. El secretario de Seguridad, Paul Hofer, confía ciegamente en los 8.000 uniformados y hasta quiere que en la ley contra motochorros -si llega a salir- se incluya el aumento de las penas contra los que insulten o agredan a policías. El jefe Bustamante, por su parte, aseveró en la reunión del 16 de diciembre de la comisión legislativa que “la Policía debe ser el único organismo que se autodepura porque los reglamentos internos nuestros son demasiado estrictos. ¿Qué significa eso? Que un personal que se encuentra sometido a un proceso judicial, haya o no resolución, y hayan transcurrido dos años en situación pasiva, nosotros lo separamos y generamos el trámite”.
Un modelo vetusto
Pero el asunto va más allá. Es la cultura policial, determinada por una ley surgida en la época de Onganía. Lo dijo el mismo Bustamante el 9 de marzo: “he nacido con la democracia, pero desde la democracia nos han castigado, porque el modelo policial venía con ese modelo militarizado”. Con ese modelo se explica la falta de atención a detenidos -el 27 de marzo se publicó que en la comisaría 13a había 38 detenidos en un lugar donde sólo caben 15, y que en el escuadrón 55 de Gendarmería había 11 presos en una celda donde sólo cabía uno) y la indiferencia social hacia la falta de definición sobre la inconstitucional ley de Contravenciones (se detiene a 22 personas por día con esta norma, dijo Bustamante).
Y esa cultura policial, pese a haber sido cuestionada, nunca ha sido modificada, ni siquiera atenuada. Se acaba de ver un caso inquietante en la Escuela de Policía, hoy llamada Instituto de Enseñanza Superior General San Martín. Un cadete, Luis Ramón Serra (de 28 años), fue internado en el hospital en estado grave, con una crisis convulsiva causada por ejercicios fuertes a los que habría sido obligado en la instrucción. Sus padres no hicieron denuncia (trascendió que es hijo de un guardiacárcel) pero el caso está investigado precisamente por Giannoni, y trascendió, además, que otros 20 aspirantes a policías renunciaron por los tratos a los que los someten. El jefe de la escuela, comisario Jorge Cruz, negó que haya habido malos tratos. “Los que se retiran, lo hacen porque no les gusta. Acá puede estar el futuro jefe de Policía y por eso se necesita sacrificio. Los movimientos que se hacen son los que necesita un efectivo para un allanamiento o un tiroteo. Acá no hay nada que esconder. A mí me mandan gente sana y nosotros tenemos que devolver gente sana. Hay 30 señoritas y varios hombres que hacen la misma actividad que el cadete y nadie mostró ningún problema” (LA GACETA, 3/4).
¿Será así o será como el “orden cerrado” que imperaba en el servicio militar del Ejército hasta 1994, cuando ocurrió la muerte del conscripto Omar Carrasco? El caso Carrasco no sólo terminó con la conscripción obligatoria, sino que llevó a una ley que cambió las brutales normas castrenses que denigraban a sus propios soldados, con la idea de que la violencia y la injusticia los harían hombres. Cualquier teoría pedagógica diría que educar con la violencia sólo genera violencia. ¿Alguien sabe cómo se educan los policías? Nadie los cuestiona y al mismo tiempo nadie los defiende. La fiscala Giannoni, que está investigando el caso del cadete, es cauta: “estoy esperando la historia clínica”, dice.
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