En la selva que Goane vaticinó
Hubo un tiempo en el que al Gobierno no se le ocurría intentar apartar al juez que iba a juzgarlo, mucho menos a un tribunal entero. Aunque las máximas autoridades políticas se llenen la boca con el latiguillo de que respetan al Poder Judicial y a su independencia, los hechos indican lo contrario. En el presente basta conque un juez dé signos de que podría llegar a poner límites para que sobre él caiga el yunque de la recusación. Esas impugnaciones son cada vez más sanguíneas y descalificatorias: buenas lenguas dicen que en la Fiscalía de Estado tienen a la vista un cuadro sinóptico que sintetiza los flancos débiles (léase presuntos papeles flojos) de la judicatura considerada “opositora”. Tal pizarrita, si existe, constataría la institucionalización de los “carpetazos” y de que cualquier golpe bajo es bienvenido con tal de impedir el control de los jueces.

La normalización del Gobierno “recusador” va de la mano de la desaparición de la Fiscalía de Estado como órgano de fiscalización interna de la legalidad de los actos administrativos. Quien advirtió este declive fue, precisamente, el administrativista de verba incendiaria René Goane. En 2011, el vocal decano de la Corte estalló en ira porque la Provincia había logrado apartarlo del alto tribunal que debía revisar la sentencia que desbarató la Junta Electoral con hegemonía oficialista que el propio oficialismo había diseñado en la fatídica reforma constitucional de 2006. “El Estado no puede comportarse como un particular”, disparó. En un acceso pedagógico, Goane explicó que la recta administración pública tenía vedado especular con el resultado de un pleito porque debía procurar la vigencia del ordenamiento jurídico según la interpretación de los jueces y dar el ejemplo ético. Además, precisó qué implicaba ser fiscal de Estado: “es un funcionario independiente e inamovible porque tiene que decir el Derecho aún en contra de la voluntad del mandamás (sic). No recibe órdenes del gobernador, no puede invocarlas; no tiene relación de subordinación. No es, en definitiva, un abogado de José Alperovich”. El comentario concluyó con una advertencia que hace seis años parecía exagerada y hoy se antoja premonitoria: “si el Gobierno se alza contra las resoluciones de la Justicia, desaparece el Estado de Derecho. Los jueces estamos de más y todo queda librado a la ley de la selva”.

Borrar la Justicia es el camino seguro hacia una sociedad selvática dominada por poderes salvajes. Pero para la Fiscalía de Estado de Daniel Leiva, recusar a cinco de los seis camaristas en lo contencioso administrativo que hay en la provincia hace al ejercicio de los “derechos humanos del Poder Ejecutivo”. El pasado nunca se priva de mandar tarjetas postales: durante la gestión anterior, el funcionario Leiva se hizo célebre por “asistir al patoteo” de los médicos autoconvocados que protestaban en la plaza Independencia.

El Gobierno se hizo “recusador” en los procesos que pretenden esclarecer el destino dado a $ 615,6 millones erogados en concepto de gastos sociales legislativos antes y después de las elecciones de 2015. El caso paradigmático de impugnaciones es el que prosperó hasta el punto de la emisión de una medida cautelar que coloca los presuntos recibos al cuidado de Osvaldo Jaldo, vicegobernador y superior político de Leiva. Esa orden judicial fue devuelta por el mismo Gobierno que, en simultáneo y sucesivamente, impugnó a los camaristas Rodolfo Novillo (autor de la cautelar) y Carlos Giovanniello; a los jueces que rechazaron esa recusación, Ebe López Piossek y Sergio Gandur, y a Salvador Ruiz, uno de los vocales que debía desfacer el entuerto, como diría Cervantes. Sólo quedó en pie Horacio Castellanos, que desde el mes pasado adeuda un pronunciamiento. ¿Incidirá en su parsimonia la denuncia penal que empresarios del transporte público perjudicados por un fallo interpusieron en contra suyo, y de Ruiz y de Gandur, y que maneja con máximo secretismo Washington Navarro Dávila, un fiscal que jamás incomodó al poder político? Como único avance consta la integración del tribunal con Laura David, camarista civil que cayó en el ring porque ya no quedan jueces del fuero natural en condiciones de intervenir en el litigio del opositor Luis Brodersen.

El Estado sospecha de la imparcialidad de Novillo y de López Piossek porque la hija del primero es asesora técnica de la senadora opositora Silvia Elías de Pérez, y porque la de la segunda fue trasladada a la sala de Novillo y de Giovanniello en la época de la emisión de la cautelar. Llama la atención el doble estándar: el Estado no sospecha del ministro público y ex secretario del Partido Justicialista, Edmundo Jiménez, cuyo hijo sería uno de los legisladores oficialistas que ejecutó gastos sociales, ni del vocal Daniel Posse, cuyo hijo asesora a Silvia Rojkés, la parlamentaria de la mayoría que es cuñada del ex gobernador-hoy senador. Jiménez ya intervino en dos procesos relativos a las erogaciones enigmáticas de la Legislatura. La primera vez desarchivó el caso “López” que Navarro Dávila había cerrado con una explicación del Tribunal de Cuentas; la segunda, dictaminó a favor de “los derechos humanos del Poder Ejecutivo”. Por su parte, Posse se dispone a resolver las impugnaciones que el Gobierno presentó contra los tres vocales de la Corte (Antonio Gandur, Goane y Claudia Sbdar) que hicieron respetar la ley con 26 años de antigüedad que veda la revisión de las sentencias relativas a la recusación. Paradójicamente, los que defendieron la “irrecurribilidad” de esas decisiones terminaron recusados. ¿Dónde? En un incidente del juicio que inició el legislador Eudoro Aráoz (UCR) para acceder a información detallada sobre los gastos sociales.

Puede que, como vaticina un príncipe del foro, esta catarata incontenible de planteos a la larga termine desestimada pero, mientras tanto, sus promotores ganan aire estratégico en un año electoral; pinchan el interés de la comunidad y desgastan a la judicatura. Si Odebrecht, Petrobras, y el Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff y de Lula da Silva hubiesen implementado el mismo método “recusador” sobre el juez Sergio Moro, quizá nunca habría prosperado esa megacausa de corrupción llamada Lava Jato. Hubo un tiempo en el que tal desenlace era posible en Brasil: dijo Moro, ícono de la lucha anticorrupción, en una entrevista indispensable con Jorge Fontevecchia que el escenario de impunidad cambió cuando, tras décadas de insatisfacción ciudadana, la Justicia comenzó a aplicar a rajatabla el principio de que los expedientes son públicos y a ejercer la independencia que garantiza la Constitución.

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