El Gobierno distiende el reclamo salarial de los judiciales

La protesta salarial de los empleados y funcionarios del Poder Judicial provincial ingresó en un paréntesis. Una nueva oferta frenó la decisión de adoptar medidas de fuerza para corregir lo que los judiciales entendían como un trato discriminatorio: que en la negociación de este año los otros gremios estatales hayan obtenido el aumento estandarizado del 23% y ellos sólo hayan logrado el 16%. El último ofrecimiento del Gobierno acogió esa petición: en las conversaciones más recientes se habló de cerrar en agosto la brecha de siete puntos porcentuales.

“Estamos esperando que el Gobierno formalice la propuesta. Entendemos que no lo hizo aún por las inundaciones”, explicó ayer Alejandra Martínez, secretaria general de la filial local de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN). La oferta implicaría la incorporación al sueldo básico del monto extra de $ 700 que recibieron las categorías más bajas: ordenanzas, personal de maestranza, ayudantes judiciales y encargados auxiliares.

Si bien los jueces no participaron en la asamblea del 23 de marzo que convocaron empleados y funcionarios, el incremento del 16% había logrado unir en el malestar a todos los estamentos de la familia judicial. En aquel encuentro convocado para repudiar la suba “insatisfactoria” participaron los dirigentes Martínez; Omar Maldonado (Agrupación “16 de Noviembre”); Enrique Vergara Altuve (Asociación Gremial de Empleados Judiciales) y Delia Agüero (Agremiación Tucumana de Empleados Judiciales). Además, estuvo presente Cristian Schurig, presidente del Centro de Funcionarios Judiciales.

La actualización lograda en 2017 es la más baja de la última década o, quizá, de los últimos 15 años. Los incrementos obtenidos durante ese período convirtieron a los trabajadores de la Justicia en los agentes con mejores retribuciones en blanco de la administración pública provincial. En aquella época, el Poder Ejecutivo cerraba los aumentos con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en negociaciones cuyos términos no trascendían. Incluso era difícil determinar la entidad de los incrementos, y si estos eran iguales para jueces, funcionarios y empleados. Pero este año y en medio del clima de tensión que había generado la seguidilla de reformas judiciales impulsada por el oficialismo, el gobernador Juan Manzur advirtió que los trabajadores de los Tribunales iban a tener que ajustarse a las previsiones de su presupuesto.

Esas pautas, según el Poder Ejecutivo, sólo permitían una suba del 15%, que a continuación fue estirada hasta la actualización del 16% liquidada este mes. Los números fueron oficializados horas después de que Antonio Gandur, presidente de la Corte, visitara la Casa de Gobierno para, según dijo, tratar la cuestión salarial. A partir de entonces, los gremios empezaron a negociar directamente con el Poder Ejecutivo. Según se supo, el vicegobernador Osvaldo Jaldo intermedió para “aplacar” los ánimos.