Por Marcelo Aguaysol
01 Abril 2017
Hay nubes negras por todo el cielo tucumano. Llueve. Y mucho. Un tornado amenaza a pueblos enteros del interior profundo. Todo es poco. Mucho es lo que falta. No hay con qué darle a la madre naturaleza y a sus fenómenos. O tal vez sí: la previsión. Las luces de alerta se encienden cuando la emergencia está declarada. Miles de tucumanos miran absortos cómo a sus pertenencias se las lleva la corriente. Las inundaciones no distinguen clases sociales ni condición económica. Arrasó viviendas, destruyó caminos, incomunicó a pueblos enteros y se llevó el trabajo del año a los pequeños productores y a los minifundistas. La política no tiene respuestas a tanta urgencia. ¿De qué vale pelearse hoy por la paternidad de tal o cual obra que se hizo o no se ejecutó? ¿Quién puede sacar los pies del plato para decir que tiene menos responsabilidad que el otro? ¿Quién da la cara frente a tanta angustia ciudadana? ¿Qué es más inquietante, el cambio climático, la tala indiscriminada o la falta de prioridad en la ejecución de obras? ¿Tal vez el mix de esas tres situaciones?
La unanimidad demostrada ayer en la Legislatura para ratificar el decreto de necesidad y urgencia que declara la emergencia social, comunitaria, hídrica y agropecuaria es un gesto en el buen camino. Lo mismo que el llamado entre el gobernador Juan Manzur y el director del Plan Belgrano, el radical José Cano, para coordinar trabajos con el fin de llevar soluciones a tantos problemas.
Públicamente, el Gobierno nacional no ha dado señales acerca de cuál será su asistencia ante el fenómeno desatado en localidades tucumanas. No obstante, el ministro del Interior Rogelio Frigerio habló con el mandatario para ponerse a disposición de lo que haga falta. Todavía no se pudo establecer la intensidad del daño. La Provincia elevará a la Casa Rosada un informe pormenorizado acerca de las necesidades sociales. Más llamativo fue el contacto del ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay, Joaquín Daniel Roa Burgos, que se puso a disposición de Tucumán para ayudar a atender las contingencias. Fue el jueves cuando se anunció la postergación del viaje de Manzur a la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Asunción.
El día después marcará la agenda. De un lado, las prioridades que deberá fijar el Poder Ejecutivo para atender tanto desastre. Tal vez cuando paren las lluvias, las máquinas podrán entrar a los terrenos para comenzar la reconstrucción de localidades. Quizás los pobladores de las zonas más afectadas por las inundaciones, aquellos que viven cerca de acequias o arroyos, deban ser reubicados en otras zonas para no volver a quedar expuestos a las crecidas.
El Gobierno está convencido de que el Plan Prelluvia contribuyó a paliar la situación en ríos, con la colocación de gaviones y otras defensas. La oposición tiene certezas de que lo realizado en esta y en la anterior gestión no ha sido eficaz para prevenir. Ese debate también será para la agenda del día después.
Debajo del puente
Mientras la solidaridad se extiende entre los tucumanos para mitigar los efectos de las inundaciones entre los sectores más comprometidos, el agua de los reajustes fluye por debajo del puente.
Los incrementos tarifarios no se detienen. El ministro Juan José Aranguren le puso energía a la actualización de los valores del servicio de gas. En Tucumán, el incremento será del 30%, en promedio, pero el impacto pleno recién se observará en junio. La suba llegará justo en el momento crítico, cuando el frío ataque con toda su fuerza. El uso racional se dará en la medida que la temperatura lo permita.
El agua también acecha a los usuarios del servicio que presta la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) que reclama un aumento del 40%. La suspensión de la audiencia pública prevista para este lunes puso en “stand by” aquel planteo de la empresa con participación estatal mayoritaria; pero sigue latente. Los aumentos no están a tono con la inflación que proyecta, como meta para este año, la Casa Rosada. Están muy lejos del 17% estimado y también del 25% que los analistas consideran que cerrará el nivel de precios al consumidor de este 2017.
Los incrementos salariales tampoco crecen al mismo ritmo. Si se toma en cuenta la pauta estatal, los aumentos, en dos partes, que se darán en la mayoría de las actividades rozan el 23%.
La aceleración de la inflación y el estancamiento de la economía real han generado un aumento del pesimismo, y de la conflictividad social. Sin cambios esperables de funcionarios, ni de política económica, esta dinámica puede erosionar la credibilidad en las autoridades y reducir la probabilidad de un triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de este año, señala el reporte mensual elaborado por el Instituto de Investigación de la Universidad del Salvador (USAL).
Claramente los incrementos tarifarios no contribuyen al cumplimiento de las metas trazadas por el Banco Central. En el escenario ideal, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) debería promediar el 1,22% mensual. La realidad está mostrando que el sendero es más profundo y que aquella meta está cada vez más alejada de la realidad cotidiana. La inflación no espanta como en 2016, pero hay que seguir de cerca su evolución. Una suba por más mínima que sea termina impactando en uno de los indicadores socioeconómicos más sensibles: el de la pobreza, esa que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ha medido que en el Gran Tucumán-Tafí Viejo hay 243.500 habitantes que no lograron reunir, a fines de 2016, los casi $ 11.500 que se requieren para no caer en el penúltimo peldaño de la pirámide social.
Reacomodamientos
Se fue marzo. Llega otro mes traumático para la gestión: abril traerá el primer paro nacional contra la gestión del presidente Mauricio Macri. La CGT y otras centrales sindicales intentarán marcarle la cancha a Cambiemos. Detrás de ese reclamo están algunos gobernadores peronistas, que esperan volver a posicionarse en el tablero político nacional. Manzur es uno de ellos. Se reúne con dirigentes bonaerenses de su partido y trata de tallar en el nuevo juego de naipes que se planteó en el peronismo nacional. Él también espera el día después de la movilización cegetista. Por las dudas, mandó a realizar una serie de encuestas de imagen para saber dónde arranca la campaña y cuál es la meta que querrá lograr.
La virulencia de la campaña dependerá, en gran medida, de la necesidad de la dirigencia gobernante para posicionarse con vistas a 2019. A partir de este mes comenzará a visualizarse la verdadera pelea por los espacios de poder, por la conformación de la lista de postulantes al Congreso de la Nación. En Tucumán, la lucha por aquellos lugares será traumática, incluso entre pares.
El día después de las elecciones parlamentarias de octubre marcará si realmente los gobernantes de turno hicieron bien los deberes o si, por el contrario, tendrán que replantear sus políticas obligados por la presión social por promesas incumplidas o por yerros de gestión.
La unanimidad demostrada ayer en la Legislatura para ratificar el decreto de necesidad y urgencia que declara la emergencia social, comunitaria, hídrica y agropecuaria es un gesto en el buen camino. Lo mismo que el llamado entre el gobernador Juan Manzur y el director del Plan Belgrano, el radical José Cano, para coordinar trabajos con el fin de llevar soluciones a tantos problemas.
Públicamente, el Gobierno nacional no ha dado señales acerca de cuál será su asistencia ante el fenómeno desatado en localidades tucumanas. No obstante, el ministro del Interior Rogelio Frigerio habló con el mandatario para ponerse a disposición de lo que haga falta. Todavía no se pudo establecer la intensidad del daño. La Provincia elevará a la Casa Rosada un informe pormenorizado acerca de las necesidades sociales. Más llamativo fue el contacto del ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay, Joaquín Daniel Roa Burgos, que se puso a disposición de Tucumán para ayudar a atender las contingencias. Fue el jueves cuando se anunció la postergación del viaje de Manzur a la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Asunción.
El día después marcará la agenda. De un lado, las prioridades que deberá fijar el Poder Ejecutivo para atender tanto desastre. Tal vez cuando paren las lluvias, las máquinas podrán entrar a los terrenos para comenzar la reconstrucción de localidades. Quizás los pobladores de las zonas más afectadas por las inundaciones, aquellos que viven cerca de acequias o arroyos, deban ser reubicados en otras zonas para no volver a quedar expuestos a las crecidas.
El Gobierno está convencido de que el Plan Prelluvia contribuyó a paliar la situación en ríos, con la colocación de gaviones y otras defensas. La oposición tiene certezas de que lo realizado en esta y en la anterior gestión no ha sido eficaz para prevenir. Ese debate también será para la agenda del día después.
Debajo del puente
Mientras la solidaridad se extiende entre los tucumanos para mitigar los efectos de las inundaciones entre los sectores más comprometidos, el agua de los reajustes fluye por debajo del puente.
Los incrementos tarifarios no se detienen. El ministro Juan José Aranguren le puso energía a la actualización de los valores del servicio de gas. En Tucumán, el incremento será del 30%, en promedio, pero el impacto pleno recién se observará en junio. La suba llegará justo en el momento crítico, cuando el frío ataque con toda su fuerza. El uso racional se dará en la medida que la temperatura lo permita.
El agua también acecha a los usuarios del servicio que presta la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) que reclama un aumento del 40%. La suspensión de la audiencia pública prevista para este lunes puso en “stand by” aquel planteo de la empresa con participación estatal mayoritaria; pero sigue latente. Los aumentos no están a tono con la inflación que proyecta, como meta para este año, la Casa Rosada. Están muy lejos del 17% estimado y también del 25% que los analistas consideran que cerrará el nivel de precios al consumidor de este 2017.
Los incrementos salariales tampoco crecen al mismo ritmo. Si se toma en cuenta la pauta estatal, los aumentos, en dos partes, que se darán en la mayoría de las actividades rozan el 23%.
La aceleración de la inflación y el estancamiento de la economía real han generado un aumento del pesimismo, y de la conflictividad social. Sin cambios esperables de funcionarios, ni de política económica, esta dinámica puede erosionar la credibilidad en las autoridades y reducir la probabilidad de un triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de este año, señala el reporte mensual elaborado por el Instituto de Investigación de la Universidad del Salvador (USAL).
Claramente los incrementos tarifarios no contribuyen al cumplimiento de las metas trazadas por el Banco Central. En el escenario ideal, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) debería promediar el 1,22% mensual. La realidad está mostrando que el sendero es más profundo y que aquella meta está cada vez más alejada de la realidad cotidiana. La inflación no espanta como en 2016, pero hay que seguir de cerca su evolución. Una suba por más mínima que sea termina impactando en uno de los indicadores socioeconómicos más sensibles: el de la pobreza, esa que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ha medido que en el Gran Tucumán-Tafí Viejo hay 243.500 habitantes que no lograron reunir, a fines de 2016, los casi $ 11.500 que se requieren para no caer en el penúltimo peldaño de la pirámide social.
Reacomodamientos
Se fue marzo. Llega otro mes traumático para la gestión: abril traerá el primer paro nacional contra la gestión del presidente Mauricio Macri. La CGT y otras centrales sindicales intentarán marcarle la cancha a Cambiemos. Detrás de ese reclamo están algunos gobernadores peronistas, que esperan volver a posicionarse en el tablero político nacional. Manzur es uno de ellos. Se reúne con dirigentes bonaerenses de su partido y trata de tallar en el nuevo juego de naipes que se planteó en el peronismo nacional. Él también espera el día después de la movilización cegetista. Por las dudas, mandó a realizar una serie de encuestas de imagen para saber dónde arranca la campaña y cuál es la meta que querrá lograr.
La virulencia de la campaña dependerá, en gran medida, de la necesidad de la dirigencia gobernante para posicionarse con vistas a 2019. A partir de este mes comenzará a visualizarse la verdadera pelea por los espacios de poder, por la conformación de la lista de postulantes al Congreso de la Nación. En Tucumán, la lucha por aquellos lugares será traumática, incluso entre pares.
El día después de las elecciones parlamentarias de octubre marcará si realmente los gobernantes de turno hicieron bien los deberes o si, por el contrario, tendrán que replantear sus políticas obligados por la presión social por promesas incumplidas o por yerros de gestión.
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