Por Álvaro José Aurane
31 Marzo 2017
A finales del siglo XVIII, Inmanuel Kant estableció un principio de claridad fundacional para los tiempos por venir, que eran los tiempos de la república. El filósofo (uno de los más influyentes de la historia de occidente) puntualizó que el instrumento para distinguir lo bueno de lo malo en la política era la publicidad de los actos del gobernante. Su principio de la esfera pública postula que la política valiosa (él no duda en calificarla de moral) es la que se necesita hacer pública para ser realizada. Por el contrario, una política que no soporta la exposición se vuelve repudiable. El filósofo argentino José Fernández Vega enseña, entonces, que el principio de publicidad tiene una función negativa: que una política se someta al examen público no la convierte en justa; pero sí liquida como injusta a una política que no puede ser sometida al escrutinio de todos.
La mirada bicentenaria de Kant, que hoy debería parecer obvia, resulta inquietante en la Cuna de la Independencia. El nada claro manejo de los fondos públicos nada menos que durante 2015 (el año durante el cual el pueblo renovó a la totalidad de sus representantes provinciales) es la inagotable mala noticia de la democracia tucumana.
Marzo se despide con nuevos ecos oprobiosos en esa materia oscura. El legislador opositor Eudoro Aráoz detectó que en septiembre de 2015 (un mes después de los comicios), el entonces vicegobernador Juan Manzur giró $ 112 millones presupuestados como Gastos de Personal (partida 100) a la subpartida 151 de Ayuda Social al Personal. El opositor ha manifestado su “plena certeza” de que “esa suma extraordinaria fue utilizada para financiar la campaña del oficialismo”.
La matemática de Aráoz se asienta en dos comparaciones. La primera consiste en que, durante 2014, la partida de Transferencias (500) de la Legislatura, que financiaba las Ayudas Sociales a Personas (la subpartida 514, mejor conocida como “Gastos Sociales”, eliminada por el ahora vicegobernador Osvaldo Jaldo el año pasado), fue de 156 millones para asistir (figurativamente) a toda la población de toda la Provincia. Al año siguiente, para asistir sólo a la “población legislativa”, destinaron $ 112 millones.
La segunda versa en que, hace dos años, la planta de personal (permanente y temporaria) de la Cámara sumaba unos 2.000 trabajadores. Léase, hubo un giro para cubrir ayudas sociales a esos asalariados por $ 56.000 a cada uno.
La Legislatura no le dio una respuesta de fondo a Aráoz. El titular del parlamento (que, llamativamente, ha decidido hacerse cargo del costo político de poner la cara por los “Gastos Sociales” que él despeñó y por los que debería contestar el actual gobernador) sostuvo que el pedido de informes de Aráoz no reúne los requisitos procedimentales.
Desde el oficialismo sí hay una respuesta, pero es por lo bajo. Afirman que desde la subpartida de Ayuda Social al Personal se pagan todas las sumas en negro que la Provincia viene asignándoles a los estatales. Es decir, los famosos “aportes no remunerativos, no bonificables” con que vienen empatando a los estatales desde la “Década Ganada” por el Estado evasor.
Aseguran, además, que desde ahí se liquida, también, el 20% del sueldo que los empleados públicos cobran de manera anticipada (en efectivo durante el alperovichismo, con tickets alimentarios en el mirandismo).
En ese choque entre la denuncia pública del opositor y la respuesta privada del oficialismo es donde se anuda el cáncer de la “cosa pública” tucumana. ¿Por qué la Administración Pública no contesta con pruebas la denuncia de Aráoz?
Acaso porque, de mostrar la documentación sobre la liquidación de salarios de 2015, correspondería que hiciera lo mismo con la liquidación de los “Gastos Sociales” de ese mismo año. Y eso es algo que la gestión que lidera Manzur, decididamente, no está dispuesta a hacer.
Polarizados
Aráoz pide informes porque duda y, en rigor, toda la ejecución de los fondos parlamentarios del Gobierno anterior será dudosa mientras los tres grandes misterios de la humanidad sean el origen del cosmos, el principio de la vida y el fin de los “Gastos Sociales”. También es el parlamentario radical el que reclama la documentación sobre el destino de esos millonarios subsidios.
Hace falta que el oficialismo explique, documentadamente, cuál fue la razón por la que el Presupuesto de la Legislatura, que el 1 de enero de 2015 ya era de $ 959 millones, en septiembre de ese año fue ampliado a $ 1.529 millones. Eso se sabrá cuando se vea la ejecución mediante la probada rendición de cuentas. Para que se entienda: durante el alperovichismo, las ampliaciones presupuestarias para la administración pública nunca superaron el 15% hasta ese año: hace dos años, la ampliación fue del 60% para la Cámara.
Hace falta que el oficialismo explique, documentadamente, por qué la partida de Transferencias legislativas, para financiar los “Gastos Sociales”, se incrementó de un año para otro un 324% y trepó a $ 505 millones en 2015. Eso se sabrá cuando se vea la ejecución mediante la probada rendición de cuentas. Para que se entienda: de la cuenta bancaria de la Legislatura fueron retirados $ 48 millones en junio; $ 53 millones en julio; y $ 92 millones en agosto. Todo ello, prolijamente empacado en valijas, tiernamente cargadas en camionetas oficiales del parlamento.
Ahumados
Pero para que se dimensione mejor, hace falta que el oficialismo explique, documentadamente, qué pasó con todo ese dineral, también, para que los miembros del propio oficialismo sepan qué destino se dio a esa multimillonaria masa de recursos estatales. Porque el manejo oscurantista de los dineros públicos fue tal que ni los propios acólitos saben, a ciencia cierta, qué pasó con ellos.
Hay una primera certeza desde la cual partir: el Presupuesto legislativo de 2015 fue “inflado” salvajemente para financiar campañas. Hubo cuatro ese año: las PASO, las provinciales, las nacionales y el balotaje.
Hay una segunda verdad, perfectamente lógica aunque un poco menos notoria: los recursos para todo ese proselitismo van siendo retirados durante todo el año (supuestamente, claro está). La mejor prueba de ello es que no hay prueba de ello: nunca antes hubo un escándalo de valijas, a pesar de que el alperovichismo enfrentó durante 12 años comicios bienales, más la elección de convencionales para reformar la Constitución en 2006.
En el año de los cuatro comicios pasó exactamente lo mismo. Para advertirlo, conviene, por un instante, poner las valijas a un costado. Es decir: al Presupuesto de ese año de la Legislatura lo incrementaron en septiembre en $ 570 millones. Si se descuenta de esa suma los $ 193 millones sacados en maletas, a la ampliación aún le quedan $ 380 millones. ¿Adónde fueron? En principio, estos son los recursos usados para el proselitismo (hipotéticamente, se entiende).
O sea, a los $ 959 millones del Presupuesto 2015 original se los fueron gastando bancarizadamente con el pago de salarios, de servicios y de proveedores. Mientras tanto, los $ 380 millones que no entraron en las maletas fueron saliendo “discretamente” (según parece, vale decir). Claro que no se los retiraba en valijas ni tampoco del banco oficial: en todo caso, pretenden las fuentes informadas, se libraba cada tanto una decena de cheques para diferentes entidades bancarias. Tal vez sea un mito para explicar que todo estaba fríamente calculado, porque siempre se supo que había elecciones en agosto. ¿En la Legislatura lo habían olvidado y fueron a sacar de golpe 193 millones en valijas en los 90 días previos a la elección?
Luego, ¿el contenido de esas valijas fue para los comicios? Supóngase que todo el dinero “valijeado” fue destinado a cada uno de los 49 parlamentarios. De ser así, en junio de 2015 les dieron $ 1 millón a cada uno. En julio, otra vez $ 1 millón para cada cual. ¿Y en agosto les dieron, además, otros $ 2 millones? ¿Incluyendo a los que no podían volver a postularse? ¿Abarcando también a familiares de intendentes, con presupuestos propios? Asúmase por un momento que sí: que a cada legislador le dieron en los últimos tres meses $ 4 millones. ¿Además les dieron dinero, durante el año, con los otros $ 380 millones de la ampliación?
Esmerilados
No es que los oficialistas no lo puedan creer. Ellos no inventaron el financiamiento electoral con fondos públicos, pero sí lo perfeccionaron. Hasta el más excelso paraíso clientelar. Lo que pasa, en realidad, es que lo dudan. Tal vez el común de los ciudadanos ya lo olvidó, pero los caciques políticos lo recuerdan. Apenas asumió el nuevo Gobierno, en las municipalidades de Concepción, de Bella Vista y de Yerba Buena, la oposición ganó, asumió y denunció que el oficialismo había pagado el proselitismo con la designación de centenares de contratados.
Entonces: si hubo nombramientos masivos; parafernalia de planes sociales; contrataciones a granel (hay quienes arriesgan que los “contratados” pasaron de 8.000 a 20.000 ese año); lluvia de subsidios y, además, un presupuesto legislativo de $ 127 millones por mes, ¿por qué las valijas? ¿Hacía falta retirar $ 200 millones en 90 días? O lo que es igual, ¿fueron para la campaña?
En la incredulidad oficialista radica la médula de las políticas oscuras en el manejo del dinero público. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Asumir que se usaron millones y millones, disfrazados de “Gastos Sociales”, para financiar la campaña electoral de 2015, lo que fulminaría la legitimidad de esos comicios y colocaría a la provincia al borde de la intervención federal? ¿O aceptar que, en realidad, ni un peso del Estado fue para las elecciones, sino que todo ese dineral fue extraído para ir a parar a los bolsillos equivocados, porque a juzgar por la pobreza que desnudan las inundaciones del sur, la redistribución de la riqueza mediante los “Gastos Sociales” no fue para los desposeídos?
Si frente a la disyuntiva no se sabe que es peor, la única respuesta lógica es que seguimos viviendo la hora de lo peor.
Kant tenía razón, mucho más allá incluso de los límites de la ilustración y de la filosofía de la historia. Cuando se torna crónica, la política que no resiste ser examinada a luz de la mirada pública es injusta hasta para los propios oscurantistas. Es la peor política en sí.
La mirada bicentenaria de Kant, que hoy debería parecer obvia, resulta inquietante en la Cuna de la Independencia. El nada claro manejo de los fondos públicos nada menos que durante 2015 (el año durante el cual el pueblo renovó a la totalidad de sus representantes provinciales) es la inagotable mala noticia de la democracia tucumana.
Marzo se despide con nuevos ecos oprobiosos en esa materia oscura. El legislador opositor Eudoro Aráoz detectó que en septiembre de 2015 (un mes después de los comicios), el entonces vicegobernador Juan Manzur giró $ 112 millones presupuestados como Gastos de Personal (partida 100) a la subpartida 151 de Ayuda Social al Personal. El opositor ha manifestado su “plena certeza” de que “esa suma extraordinaria fue utilizada para financiar la campaña del oficialismo”.
La matemática de Aráoz se asienta en dos comparaciones. La primera consiste en que, durante 2014, la partida de Transferencias (500) de la Legislatura, que financiaba las Ayudas Sociales a Personas (la subpartida 514, mejor conocida como “Gastos Sociales”, eliminada por el ahora vicegobernador Osvaldo Jaldo el año pasado), fue de 156 millones para asistir (figurativamente) a toda la población de toda la Provincia. Al año siguiente, para asistir sólo a la “población legislativa”, destinaron $ 112 millones.
La segunda versa en que, hace dos años, la planta de personal (permanente y temporaria) de la Cámara sumaba unos 2.000 trabajadores. Léase, hubo un giro para cubrir ayudas sociales a esos asalariados por $ 56.000 a cada uno.
La Legislatura no le dio una respuesta de fondo a Aráoz. El titular del parlamento (que, llamativamente, ha decidido hacerse cargo del costo político de poner la cara por los “Gastos Sociales” que él despeñó y por los que debería contestar el actual gobernador) sostuvo que el pedido de informes de Aráoz no reúne los requisitos procedimentales.
Desde el oficialismo sí hay una respuesta, pero es por lo bajo. Afirman que desde la subpartida de Ayuda Social al Personal se pagan todas las sumas en negro que la Provincia viene asignándoles a los estatales. Es decir, los famosos “aportes no remunerativos, no bonificables” con que vienen empatando a los estatales desde la “Década Ganada” por el Estado evasor.
Aseguran, además, que desde ahí se liquida, también, el 20% del sueldo que los empleados públicos cobran de manera anticipada (en efectivo durante el alperovichismo, con tickets alimentarios en el mirandismo).
En ese choque entre la denuncia pública del opositor y la respuesta privada del oficialismo es donde se anuda el cáncer de la “cosa pública” tucumana. ¿Por qué la Administración Pública no contesta con pruebas la denuncia de Aráoz?
Acaso porque, de mostrar la documentación sobre la liquidación de salarios de 2015, correspondería que hiciera lo mismo con la liquidación de los “Gastos Sociales” de ese mismo año. Y eso es algo que la gestión que lidera Manzur, decididamente, no está dispuesta a hacer.
Polarizados
Aráoz pide informes porque duda y, en rigor, toda la ejecución de los fondos parlamentarios del Gobierno anterior será dudosa mientras los tres grandes misterios de la humanidad sean el origen del cosmos, el principio de la vida y el fin de los “Gastos Sociales”. También es el parlamentario radical el que reclama la documentación sobre el destino de esos millonarios subsidios.
Hace falta que el oficialismo explique, documentadamente, cuál fue la razón por la que el Presupuesto de la Legislatura, que el 1 de enero de 2015 ya era de $ 959 millones, en septiembre de ese año fue ampliado a $ 1.529 millones. Eso se sabrá cuando se vea la ejecución mediante la probada rendición de cuentas. Para que se entienda: durante el alperovichismo, las ampliaciones presupuestarias para la administración pública nunca superaron el 15% hasta ese año: hace dos años, la ampliación fue del 60% para la Cámara.
Hace falta que el oficialismo explique, documentadamente, por qué la partida de Transferencias legislativas, para financiar los “Gastos Sociales”, se incrementó de un año para otro un 324% y trepó a $ 505 millones en 2015. Eso se sabrá cuando se vea la ejecución mediante la probada rendición de cuentas. Para que se entienda: de la cuenta bancaria de la Legislatura fueron retirados $ 48 millones en junio; $ 53 millones en julio; y $ 92 millones en agosto. Todo ello, prolijamente empacado en valijas, tiernamente cargadas en camionetas oficiales del parlamento.
Ahumados
Pero para que se dimensione mejor, hace falta que el oficialismo explique, documentadamente, qué pasó con todo ese dineral, también, para que los miembros del propio oficialismo sepan qué destino se dio a esa multimillonaria masa de recursos estatales. Porque el manejo oscurantista de los dineros públicos fue tal que ni los propios acólitos saben, a ciencia cierta, qué pasó con ellos.
Hay una primera certeza desde la cual partir: el Presupuesto legislativo de 2015 fue “inflado” salvajemente para financiar campañas. Hubo cuatro ese año: las PASO, las provinciales, las nacionales y el balotaje.
Hay una segunda verdad, perfectamente lógica aunque un poco menos notoria: los recursos para todo ese proselitismo van siendo retirados durante todo el año (supuestamente, claro está). La mejor prueba de ello es que no hay prueba de ello: nunca antes hubo un escándalo de valijas, a pesar de que el alperovichismo enfrentó durante 12 años comicios bienales, más la elección de convencionales para reformar la Constitución en 2006.
En el año de los cuatro comicios pasó exactamente lo mismo. Para advertirlo, conviene, por un instante, poner las valijas a un costado. Es decir: al Presupuesto de ese año de la Legislatura lo incrementaron en septiembre en $ 570 millones. Si se descuenta de esa suma los $ 193 millones sacados en maletas, a la ampliación aún le quedan $ 380 millones. ¿Adónde fueron? En principio, estos son los recursos usados para el proselitismo (hipotéticamente, se entiende).
O sea, a los $ 959 millones del Presupuesto 2015 original se los fueron gastando bancarizadamente con el pago de salarios, de servicios y de proveedores. Mientras tanto, los $ 380 millones que no entraron en las maletas fueron saliendo “discretamente” (según parece, vale decir). Claro que no se los retiraba en valijas ni tampoco del banco oficial: en todo caso, pretenden las fuentes informadas, se libraba cada tanto una decena de cheques para diferentes entidades bancarias. Tal vez sea un mito para explicar que todo estaba fríamente calculado, porque siempre se supo que había elecciones en agosto. ¿En la Legislatura lo habían olvidado y fueron a sacar de golpe 193 millones en valijas en los 90 días previos a la elección?
Luego, ¿el contenido de esas valijas fue para los comicios? Supóngase que todo el dinero “valijeado” fue destinado a cada uno de los 49 parlamentarios. De ser así, en junio de 2015 les dieron $ 1 millón a cada uno. En julio, otra vez $ 1 millón para cada cual. ¿Y en agosto les dieron, además, otros $ 2 millones? ¿Incluyendo a los que no podían volver a postularse? ¿Abarcando también a familiares de intendentes, con presupuestos propios? Asúmase por un momento que sí: que a cada legislador le dieron en los últimos tres meses $ 4 millones. ¿Además les dieron dinero, durante el año, con los otros $ 380 millones de la ampliación?
Esmerilados
No es que los oficialistas no lo puedan creer. Ellos no inventaron el financiamiento electoral con fondos públicos, pero sí lo perfeccionaron. Hasta el más excelso paraíso clientelar. Lo que pasa, en realidad, es que lo dudan. Tal vez el común de los ciudadanos ya lo olvidó, pero los caciques políticos lo recuerdan. Apenas asumió el nuevo Gobierno, en las municipalidades de Concepción, de Bella Vista y de Yerba Buena, la oposición ganó, asumió y denunció que el oficialismo había pagado el proselitismo con la designación de centenares de contratados.
Entonces: si hubo nombramientos masivos; parafernalia de planes sociales; contrataciones a granel (hay quienes arriesgan que los “contratados” pasaron de 8.000 a 20.000 ese año); lluvia de subsidios y, además, un presupuesto legislativo de $ 127 millones por mes, ¿por qué las valijas? ¿Hacía falta retirar $ 200 millones en 90 días? O lo que es igual, ¿fueron para la campaña?
En la incredulidad oficialista radica la médula de las políticas oscuras en el manejo del dinero público. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Asumir que se usaron millones y millones, disfrazados de “Gastos Sociales”, para financiar la campaña electoral de 2015, lo que fulminaría la legitimidad de esos comicios y colocaría a la provincia al borde de la intervención federal? ¿O aceptar que, en realidad, ni un peso del Estado fue para las elecciones, sino que todo ese dineral fue extraído para ir a parar a los bolsillos equivocados, porque a juzgar por la pobreza que desnudan las inundaciones del sur, la redistribución de la riqueza mediante los “Gastos Sociales” no fue para los desposeídos?
Si frente a la disyuntiva no se sabe que es peor, la única respuesta lógica es que seguimos viviendo la hora de lo peor.
Kant tenía razón, mucho más allá incluso de los límites de la ilustración y de la filosofía de la historia. Cuando se torna crónica, la política que no resiste ser examinada a luz de la mirada pública es injusta hasta para los propios oscurantistas. Es la peor política en sí.
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