Por Irene Benito
29 Marzo 2017
Los derechos humanos, como las palabras indican, protegen a las personas del poder desbordado del Estado, a los individuos que se enfrentan al Leviatán, no a la inversa. Edmundo Jiménez emitió un dictamen en el caso “Aráoz” que reivindica esa tutela jurídica básica y del sentido común. Lo extraño es que el titular del Ministerio Público aplicó esta proposición indiscutible para convalidar una hipótesis inconcebible: la posibilidad de que el Gobierno tenga derechos humanos y de que estos estén siendo violados por la misma ley procesal que el Gobierno ha dictado. ¿No era que sólo los ciudadanos pueden alegar tal menoscabo? Esa certeza no rige para los expedientes de los gastos sociales legislativos, donde las autoridades estatales se presentan como víctimas de jueces “dispuestos a lesionar derechos y garantías fundamentales”. Este abuso sería perpetrado, según sus denunciantes, en el afán de desentrañar el destino dado a los $ 615,6 millones que el Poder Legislativo erogó en forma discrecional y con el máximo secretismo antes y después de las elecciones de 2015.
A esta altura del partido el Estado no sólo se ha negado reiteradas veces a proporcionar a la Justicia los comprobantes que dice tener bien guardados -el cancerbero es Claudio Pérez, secretario administrativo de la Legislatura-. También se ha permitido devolver la medida cautelar que colocaba los recibos al cuidado del vicegobernador Osvaldo Jaldo como si fuera un trozo de papel cualquiera y no una orden judicial. Y de impugnar a magistrados alegando -sin temor al ridículo- que estos sienten “odio visceral” por la institución a cargo de confeccionar las leyes. Más aún: la Fiscalía de Estado, órgano que debería custodiar la legalidad de los actos de la administración pública, directamente ha dinamitado los juicios iniciados por opositores (Oscar López, Eudoro Aráoz y Luis Brodersen) para saber de qué se trata esta caja de los truenos llamada “gastos sociales”. Un juez mortificado precisaba que cualquier chicana con el estilo de los bajos fondos tribunalicios sirve a la causa de los mentados derechos humanos del Gobierno y de sus gobernantes “intimidados por la judicatura politizada”.
Pese a que cinco de seis pleitos prosiguen (es un decir), el despliegue de artillería procesal pesada y a mansalva (recusaciones; planteos de nulidad y de inconstitucionalidad; recursos de revocatoria, de casación y de queja, y oposiciones de toda laya) ya rindió frutos para el poder político. Para empezar, cada día la discusión se aleja más de las cuestiones de fondo -quién se llevó las valijas de los millones y si podía hacerlo-, y desde la caída de Carlos Albaca, el ex fiscal que bloqueó el caso “Lebbos”, a esta parte ya se sabe que el tiempo que pasa es la verdad que huye. La segunda conquista se desprende de la primera: en los expedientes se ha amputado la posibilidad del raciocinio. Si ni siquiera los entienden quienes armaron el zafarrancho, como admitió este lunes uno de los “cerebros” del Estado, y los Tribunales que deberían esclarecer el entrevero, ¿cómo podrá comprenderlos la ciudadanía que asiste indefensa a este espectáculo del género del absurdo? Con un ejemplo sobra: en su dictamen en el litigio del legislador Aráoz, el jefe de los fiscales sugirió a la Corte que despachara una resolución favorable al Gobierno, y que, además, aplicara lo resuelto a un incidente ya decidido en contra de los intereses de Jaldo y del gobernador-ex ministro nacional más acaudalado de la era kirchnerista. Capisci? Los fallos ya no son conclusiones de nada si el oficialismo así no lo quiere.
El bombardeo de defensas descerrajado por los poderes que se resisten a ser controlados si no es por el Tribunal de Cuentas tuvo un pico desopilante este mes cuando Leonardo Francisco Debono, letrado de la Fiscalía de Estado, impartió una clase de ética a los vocales de la Corte recusados con el argumento de que habían adelantado su parecer respecto de un recurso pendiente en el juicio de Aráoz. La impudicia de duplicar planteos sobre el mismo asunto (otro ejemplo de la lluvia de sinsentido que inunda los expedientes de los gastos sociales) pasó a segundo plano por la diatriba de Debono. En su ataque a Antonio Gandur, René Goane y Claudia Sbdar, el abogado les advirtió que debían “guardar las apariencias” de imparcialidad tanto como ser imparciales. “Rompió los límites del cinismo”, concluyó con sorna un príncipe del foro capaz de citar hasta el hastío antecedentes de ruptura de la distancia debida entre jueces y políticos. Para este memorioso, el prontuario de desaires a la república alcanzó el summum con la reunión que el presidente de la Corte, el vice Jaldo y el sucesor del contador mantuvieron en la casa del primero a propósito del caso “Aráoz”. Ese té para tres ocurrió en la víspera del primer aniversario de la crisis electoral y política que las redes sociales denominaron #Tucumanazo2015, el mismo día en que Gandur rechazó la pretensión de Daniel Leiva, fiscal de Estado, de quitar el expediente “Aráoz” a la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. ¿Qué fundamentos daba Leiva para exigir semejante desvío del proceso natural? Que aquel órgano judicial “atropella” al Poder Ejecutivo.
En el planeta en el que habitan el fiscal de Estado y Debono los Tribunales no juzgan al poder político: lo sojuzgan. Lástima que la realidad clame y reclame una y otra vez ante la falta de voluntad sincera para investigar la corrupción. Jiménez, quien perteneció a la casta gobernante hasta el minuto previo a convertirse en comandante de los fiscales, adhirió al relato victimista. En términos institucionales ello implica que quien debería representar los intereses de la sociedad en la Justicia comulga con un oficialismo que considera que rendir cuentas sobre el erario según el criterio de los jueces equivale a padecer una violación de derechos humanos. ¿Qué clase de bienes y valores defiende el ministro fiscal cuyas prerrogativas acaban de ser potenciadas y repotenciadas por sus ex compañeros de la política? La respuesta se cae de madura. Así como pretenden que los derechos humanos ya no sean humanos, el Estado -ente de todos y de nadie por definición- parece haber pasado a formar parte del patrimonio de las autoridades. Para esa cosmovisión, los juicios de los gastos sociales nunca podrían ser intentos legítimos de acceder a la información pública y de debatir sobre la discrecionalidad del Gobierno sino actos inadmisibles de insolencia ciudadana.
A esta altura del partido el Estado no sólo se ha negado reiteradas veces a proporcionar a la Justicia los comprobantes que dice tener bien guardados -el cancerbero es Claudio Pérez, secretario administrativo de la Legislatura-. También se ha permitido devolver la medida cautelar que colocaba los recibos al cuidado del vicegobernador Osvaldo Jaldo como si fuera un trozo de papel cualquiera y no una orden judicial. Y de impugnar a magistrados alegando -sin temor al ridículo- que estos sienten “odio visceral” por la institución a cargo de confeccionar las leyes. Más aún: la Fiscalía de Estado, órgano que debería custodiar la legalidad de los actos de la administración pública, directamente ha dinamitado los juicios iniciados por opositores (Oscar López, Eudoro Aráoz y Luis Brodersen) para saber de qué se trata esta caja de los truenos llamada “gastos sociales”. Un juez mortificado precisaba que cualquier chicana con el estilo de los bajos fondos tribunalicios sirve a la causa de los mentados derechos humanos del Gobierno y de sus gobernantes “intimidados por la judicatura politizada”.
Pese a que cinco de seis pleitos prosiguen (es un decir), el despliegue de artillería procesal pesada y a mansalva (recusaciones; planteos de nulidad y de inconstitucionalidad; recursos de revocatoria, de casación y de queja, y oposiciones de toda laya) ya rindió frutos para el poder político. Para empezar, cada día la discusión se aleja más de las cuestiones de fondo -quién se llevó las valijas de los millones y si podía hacerlo-, y desde la caída de Carlos Albaca, el ex fiscal que bloqueó el caso “Lebbos”, a esta parte ya se sabe que el tiempo que pasa es la verdad que huye. La segunda conquista se desprende de la primera: en los expedientes se ha amputado la posibilidad del raciocinio. Si ni siquiera los entienden quienes armaron el zafarrancho, como admitió este lunes uno de los “cerebros” del Estado, y los Tribunales que deberían esclarecer el entrevero, ¿cómo podrá comprenderlos la ciudadanía que asiste indefensa a este espectáculo del género del absurdo? Con un ejemplo sobra: en su dictamen en el litigio del legislador Aráoz, el jefe de los fiscales sugirió a la Corte que despachara una resolución favorable al Gobierno, y que, además, aplicara lo resuelto a un incidente ya decidido en contra de los intereses de Jaldo y del gobernador-ex ministro nacional más acaudalado de la era kirchnerista. Capisci? Los fallos ya no son conclusiones de nada si el oficialismo así no lo quiere.
El bombardeo de defensas descerrajado por los poderes que se resisten a ser controlados si no es por el Tribunal de Cuentas tuvo un pico desopilante este mes cuando Leonardo Francisco Debono, letrado de la Fiscalía de Estado, impartió una clase de ética a los vocales de la Corte recusados con el argumento de que habían adelantado su parecer respecto de un recurso pendiente en el juicio de Aráoz. La impudicia de duplicar planteos sobre el mismo asunto (otro ejemplo de la lluvia de sinsentido que inunda los expedientes de los gastos sociales) pasó a segundo plano por la diatriba de Debono. En su ataque a Antonio Gandur, René Goane y Claudia Sbdar, el abogado les advirtió que debían “guardar las apariencias” de imparcialidad tanto como ser imparciales. “Rompió los límites del cinismo”, concluyó con sorna un príncipe del foro capaz de citar hasta el hastío antecedentes de ruptura de la distancia debida entre jueces y políticos. Para este memorioso, el prontuario de desaires a la república alcanzó el summum con la reunión que el presidente de la Corte, el vice Jaldo y el sucesor del contador mantuvieron en la casa del primero a propósito del caso “Aráoz”. Ese té para tres ocurrió en la víspera del primer aniversario de la crisis electoral y política que las redes sociales denominaron #Tucumanazo2015, el mismo día en que Gandur rechazó la pretensión de Daniel Leiva, fiscal de Estado, de quitar el expediente “Aráoz” a la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. ¿Qué fundamentos daba Leiva para exigir semejante desvío del proceso natural? Que aquel órgano judicial “atropella” al Poder Ejecutivo.
En el planeta en el que habitan el fiscal de Estado y Debono los Tribunales no juzgan al poder político: lo sojuzgan. Lástima que la realidad clame y reclame una y otra vez ante la falta de voluntad sincera para investigar la corrupción. Jiménez, quien perteneció a la casta gobernante hasta el minuto previo a convertirse en comandante de los fiscales, adhirió al relato victimista. En términos institucionales ello implica que quien debería representar los intereses de la sociedad en la Justicia comulga con un oficialismo que considera que rendir cuentas sobre el erario según el criterio de los jueces equivale a padecer una violación de derechos humanos. ¿Qué clase de bienes y valores defiende el ministro fiscal cuyas prerrogativas acaban de ser potenciadas y repotenciadas por sus ex compañeros de la política? La respuesta se cae de madura. Así como pretenden que los derechos humanos ya no sean humanos, el Estado -ente de todos y de nadie por definición- parece haber pasado a formar parte del patrimonio de las autoridades. Para esa cosmovisión, los juicios de los gastos sociales nunca podrían ser intentos legítimos de acceder a la información pública y de debatir sobre la discrecionalidad del Gobierno sino actos inadmisibles de insolencia ciudadana.
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