29 Marzo 2017
El bloque oficialista tomó nota de la cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) para “paralizar” la ley que habilitaba la suspensión inmediata de los magistrados cuyos procesos de remoción llegaran al Jurado (o Jury) de Enjuiciamiento.
Tres legisladores afines a la Casa de Gobierno, Marcelo Caponio, Guillermo Gassenbauer y Julio Silman, presentaron un proyecto para reformar la ley 8.734 con el fin de regular una instancia clave en el trámite que deben afrontar jueces, fiscales y defensores oficiales que son acusados ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Ese comité parlamentario, según esta propuesta, “podrá disponer en forma fundada la suspensión del magistrado acusado con el voto de la mayoría simple de sus miembros”. “Consideramos que resulta apropiado conferirle (a esa comisión) la posibilidad de evaluar las particulares circunstancias del caso concreto y la contundencia de las pruebas que se acompañen con las acusaciones, a fin de poder disponer la suspensión en el ejercicio de sus funciones del magistrado acusado (de mal desempeño), durante la tramitación del procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento”, expresa la propuesta oficialista en los fundamentos.
Este proyecto de ley se suma a otro aportado con anterioridad por los radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf, quienes rechazaron cualquier tipo de interrupción en el ejercicio del cargo de los funcionarios judiciales objetados. “La normativa que regula el procedimiento de remoción de magistrados mediante el Jurado de Enjuiciamiento no puede de ninguna manera sostener la suspensión de los denunciados de manera automática ni utilizando mayorías especiales. Cualquier hipótesis de suspensión es contraria a la Carta Magna y, por lo tanto, deviene en inconstitucional”, remarcaron los opositores en los fundamentos de la iniciativa.
La semana pasada, la Corte de Tucumán dictó la cautelar a favor de los jueces a instancias de un planteo de la Asociación de Magistrados de Tucumán y de las demandas -por separado- de los radicales Silvia Elías de Pérez y Canelada y del macrista Luis Brodersen.
Tres legisladores afines a la Casa de Gobierno, Marcelo Caponio, Guillermo Gassenbauer y Julio Silman, presentaron un proyecto para reformar la ley 8.734 con el fin de regular una instancia clave en el trámite que deben afrontar jueces, fiscales y defensores oficiales que son acusados ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Ese comité parlamentario, según esta propuesta, “podrá disponer en forma fundada la suspensión del magistrado acusado con el voto de la mayoría simple de sus miembros”. “Consideramos que resulta apropiado conferirle (a esa comisión) la posibilidad de evaluar las particulares circunstancias del caso concreto y la contundencia de las pruebas que se acompañen con las acusaciones, a fin de poder disponer la suspensión en el ejercicio de sus funciones del magistrado acusado (de mal desempeño), durante la tramitación del procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento”, expresa la propuesta oficialista en los fundamentos.
Este proyecto de ley se suma a otro aportado con anterioridad por los radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf, quienes rechazaron cualquier tipo de interrupción en el ejercicio del cargo de los funcionarios judiciales objetados. “La normativa que regula el procedimiento de remoción de magistrados mediante el Jurado de Enjuiciamiento no puede de ninguna manera sostener la suspensión de los denunciados de manera automática ni utilizando mayorías especiales. Cualquier hipótesis de suspensión es contraria a la Carta Magna y, por lo tanto, deviene en inconstitucional”, remarcaron los opositores en los fundamentos de la iniciativa.
La semana pasada, la Corte de Tucumán dictó la cautelar a favor de los jueces a instancias de un planteo de la Asociación de Magistrados de Tucumán y de las demandas -por separado- de los radicales Silvia Elías de Pérez y Canelada y del macrista Luis Brodersen.
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