“Le hemos pedido desesperadamente ayuda a la Nación”, dice Vargas Aignasse

La situación carcelaria atraviesa un periodo complicado y sin principio de solución a corto plazo. Ayer, voceros de la Corte Suprema de Justicia, informaron en las comisarías de toda la provincia existen unos 700 detenidos, casi la misma cantidad de presos que se encuentran alojados en el penal de Villa Urquiza, unos 800.

Pese a los intentos de LA GACETA, no se pudo establecer qué tipo de seguimiento hay sobre esta situación, tarea que se encuentra a cargo de la Oficina de Derechos Humanos del máximo tribunal. Tampoco se emitieron respuestas ni se dieron balances sobre la situación actual de la crisis. Sin embargo, sí se supo que el vocal Antonio Estofán elaboró un proyecto conjunto con las autoridades de Seguridad como paliativo de esta situación.

“Le hemos pedido desesperadamente ayuda a la Nación y la hemos planteado en varios programas para poder acatar lo que el Poder Judicial nos ha ordenado sobre las detenciones en 2015. Es un tema que se lleva gran parte de las preocupaciones cotidianas. El ministro (Regino) Amado está intentando conseguir los fondos que necesitamos, ya que la provincia hizo un aporte económico importante para las nuevas instalaciones en Villa Urquiza”, advirtió ayer la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse.

La funcionaria se refirió al nuevo pabellón que será inaugurado en, principio el 10 de abril. Tendrá capacidad para unos 200 reclusos, según explicaron los funcionarios del área de Seguridad.

En consonancia con lo que había expresado ayer Amado a LA GACETA, la funcionaria aseveró que jamás recibieron respuestas de la Nación. “Se nos pidió la suscripción de algunas actas y convenios en borrador para analizarlas. Hemos cumplido con el envío de toda la documentación, pero hasta el momento la provincia no recibió fondos”, dijo.

Ante las acusaciones de Regino y de Vargas Aignasse, el coordinador del ministerio de Seguridad de la Nación en Tucumán, Héctor Monayer, afirmó que los $ 40 millones que la provincia había invertido en el penal era dinero girado por la Nación.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer, confirmó que $ 20 millones habían sido girados desde la Casa Rosada durante el gobierno kirchnerista, y que Tucumán los está devolviendo al no cobrarle al Estado las cuotas mensuales del alojamiento de presos federales en Villa Urquiza. Sobre la otra mitad de la inversión, Hofer informó que es dinero de la provincia.

Monayer también advirtió que en la Nación ya tienen el anteproyecto que se confeccionó para levantar una alcaidía federal en la provincia. “El juez Daniel Bejas me dijo que tenía que servir para gente capturada que queda detenida hasta que se decide su situación. Si bien nos dijo que pensáramos en un promedio de 35 personas, la vamos a hacer de 50, con todas las características que requieren las normas de seguridad y los derechos humanos. Se nos pidió que no estuviera en el centro pero tampoco a más de 15 minutos. Creo que el mejor lugar es un predio ubicado en Santa Bárbara, que será visitado por técnicos dentro de poco tiempo”, adelantó.

Fuentes informaron que sólo en el penal de Villa Urquiza hay más de 60 personas con causas federales, y que sólo el 10% de ellas recibió una condena. Además, se estima que en el resto de las comisarías de la provincia y en el escuadrón 55° de Gendarmería, hay cerca 20 personas privadas de su libertad por delitos que deben ser juzgado en ese fuero.

"Este problema también alimenta la inseguridad"

El ministro fiscal Edmundo Jiménez reconoció que existe un fuerte reproche de la sociedad hacia quienes intentan mejorar las condiciones de detención de los presos en la provincia, pero también explicó que las malas estructuras edilicias y la superpoblación carcelaria son cuestiones que alimentan a la inseguridad en la provincia.

“El sistema de seguridad empieza desde la prevención y continúa hasta el cumplimiento de la pena y la contención suficiente. Todo ese trámite tiene vinculación con la seguridad. Nada de esto se puede cumplir si no hay lugares adecuados. Nuestro país adoptó un Ley en la que la pena contiene la intención de reintegrar al delincuente a la sociedad”, informó.

Además, recordó que la postura del Ministerio Público Fiscal quedó en claro cuando los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni presentaron un hábeas corpus para que todos los detenidos pasaran de las comisarías al sistema carcelario, y que existe un punto que se planteó que no siempre se recuerda. “El amparo también es en favor de la gente que vive cerca de las comisarías, para evitar situaciones como la que ocurrió el sábado con la fuga de un detenido. Las comisarías no son los lugares apropiados ni tienen el personal adecuado para cumplir esta tarea”, advirtió.

El jefe de los fiscales, además, señaló que este es un problema crónico en Tucumán y que requiere soluciones inmediatas e integrales. “Creo que es algo que se viene demorando demasiado y es esencial arreglarlo para el esquema de seguridad. Todos tenemos que poner de nuestra parte en esta tarea preocupante. Por algo ya se ocupó la Corte de realizar una resolución en ese sentido”, finalizó.