Por Gustavo Rodríguez
28 Marzo 2017
El “Cambiemos”, en materia de seguridad, sigue siendo una utopía en nuestra región. Las pocas políticas encaradas por la Nación no están dando el resultado esperado y la situación se agrava con el correr de los días. Lo anticipó el juez federal Fernando Poviña: la frontera con Bolivia ya no está en Salta ni en Jujuy, sino en Trancas, en el norte de Tucumán. También es preocupante la inacción del Estado nacional para fortalecer los controles en la zona limítrofe.
Es indiscutible que se llegó a esta situación por décadas de abandono. Pero también es cierto que aún no se hizo un diagnóstico para proponer acciones concretas para frenar el avance de los “señores de la muerte” que se están adueñando de las calles y de la vida de muchísimas personas de la región. Les ofrecen dinero fácil para cometer ilícitos y los matan sin piedad cuando los traicionan. También asesinan a generaciones enteras con las drogas que venden. Cualquier semejanza con lo sucedido en Colombia o México, no es mera coincidencia, es pura realidad.
Drogas
La gestión del presidente Mauricio Macri decidió declararle la guerra al narcotráfico y, hasta el momento, va perdiendo la batalla. Los resultados de las investigaciones exitosas como la desarticulación de las bandas del “Gordo” Rogelio (acusado de ser el rey del “paco” en La Costanera), la del “Gordo” Vaca (organización que tenía base en el sur de la ciudad) y la de Itatí (que habría enviado marihuana en grandes cantidades a la provincia) le dieron títulos importantes, que no alcanzaron a tapar lo que está sucediendo.
Las fuerzas que se dedican a luchar contra los “señores de la muerte”, al menos en esta provincia, siguen huérfanas de recursos humanos y tecnológicos. A meses de haber asumido este Gobierno, se tomó la decisión de fortalecer la división Drogas Peligrosas de la Policía Federal. De 10 hombres pasaron a 80; de tener un Fiat Duna como medio de movilidad, a varias camionetas y hasta un helicóptero. Pero todo quedó ahí. Pese a los buenos resultados que consiguió esta fuerza, la nave se averió, voló a Buenos Aires para ser reparada y nunca regresó. Hace menos de un mes le entregaron un automóvil (secuestrado a un grupo narco) para hacer tareas de inteligencia. Era un BMW 530, ideal para recorrer los barrios de la periferia y pasar inadvertido.
Gendarmería Nacional sigue padeciendo la falta de hombres. Pese a los anuncios que hizo el Gobierno, aún no volvieron los efectivos que dejaron las fronteras -lugar donde deben cumplir su misión- para hacer tareas de prevención en los barrios rojos del conurbano bonaerense y en Puerto Madero. Ahora se anunció que volverán después de las elecciones nacionales del 22 de octubre.
El sábado pasado, Tucumán apareció como el punto de partida y de llegada de 26 kilos de cocaína. Los investigadores sospechan que esa “merca” era para grupos dedicados al narcomenudeo. Siguen investigando cuál era el destino, pero no tienen dudas de que la estirarían unas siete veces hasta llegar a transformarla en 182 kilos y así lanzar a las calles unas 91.000 dosis para seguir matando a los jóvenes.
Contrabando
El domingo se publicó en LA GACETA se informó que la provincia se había transformado en el depósito de los contrabandistas que ingresan mercadería ilegal de Bolivia para distribuirla a todo el país. Los empresarios aplaudieron que en menos de 40 días se hayan secuestrado alrededor de $100 millones en productos que tenían como destino Buenos Aires y Mendoza. Pero saben que con eso no alcanza, que hacen falta muchos operativos más para desactivar a estas organizaciones que -según las estimaciones oficiales- el año pasado le generaron al fisco pérdidas por unos $ 60.000 millones.
Los comerciantes miran escandalizados cómo crecen las “saladitas” a nivel provincial y nacional. El modus operandi es más o menos así: un empresario arrienda un local de grandes dimensiones, lo divide en varios locales y los alquila semanalmente. Sin ningún tipo de control de la Afip o de Aduana, venden sin problemas ropa, calzado, juguetes y hasta electrodomésticos que pueden ser provistos por los mismos arrendatarios. Los empresarios se preguntan si no existe una connivencia política, puesto que creen que los municipios y la Dirección General de Rentas no realizan los controles necesarios para determinar si facturan como corresponde o si tienen empleados en regla.
Reclamos
Los jueces federales de la región siguen engrosando la lista de reclamos. Desde hace meses, los magistrados Poviña y Guillermo Molinari (Santiago del Estero) insisten que se destinen más hombres para luchar contra el tráfico de drogas y mercaderías. Saben que los efectivos no alcanzan para luchar contra el contrabando. Pidieron radares para tratar de neutralizar la lluvia de drogas en el este tucumano y solicitaron escáneres para revisar a los centenares de camiones que transitan por las rutas que vienen desde el norte del país. Ninguno de esos planteos fueron atendidos.
El juez Daniel Bejas destapó una olla tan aberrante como las celdas superpobladas y malolientes de las comisarías de la provincia. A través de un hábeas corpus le ordenó al jefe del Escuadrón 55° de Gendarmería que trasladara a los 11 detenidos que tenía en una celda que tiene capacidad para albergar a tan sólo una persona. Y lo más grave es que no puede hacerlo aún, porque no hay celdas para alojarlos.
Tucumán es la única provincia del NOA que no tiene un penal federal. Y en lo único que se pusieron de acuerdo los tres poderes del Estado, más la Justicia Federal, es reclamarle a la Nación que construya uno aquí. En este caso, sí hubo una respuesta: no está prevista esa obra. Otra deuda más.
Es indiscutible que se llegó a esta situación por décadas de abandono. Pero también es cierto que aún no se hizo un diagnóstico para proponer acciones concretas para frenar el avance de los “señores de la muerte” que se están adueñando de las calles y de la vida de muchísimas personas de la región. Les ofrecen dinero fácil para cometer ilícitos y los matan sin piedad cuando los traicionan. También asesinan a generaciones enteras con las drogas que venden. Cualquier semejanza con lo sucedido en Colombia o México, no es mera coincidencia, es pura realidad.
Drogas
La gestión del presidente Mauricio Macri decidió declararle la guerra al narcotráfico y, hasta el momento, va perdiendo la batalla. Los resultados de las investigaciones exitosas como la desarticulación de las bandas del “Gordo” Rogelio (acusado de ser el rey del “paco” en La Costanera), la del “Gordo” Vaca (organización que tenía base en el sur de la ciudad) y la de Itatí (que habría enviado marihuana en grandes cantidades a la provincia) le dieron títulos importantes, que no alcanzaron a tapar lo que está sucediendo.
Las fuerzas que se dedican a luchar contra los “señores de la muerte”, al menos en esta provincia, siguen huérfanas de recursos humanos y tecnológicos. A meses de haber asumido este Gobierno, se tomó la decisión de fortalecer la división Drogas Peligrosas de la Policía Federal. De 10 hombres pasaron a 80; de tener un Fiat Duna como medio de movilidad, a varias camionetas y hasta un helicóptero. Pero todo quedó ahí. Pese a los buenos resultados que consiguió esta fuerza, la nave se averió, voló a Buenos Aires para ser reparada y nunca regresó. Hace menos de un mes le entregaron un automóvil (secuestrado a un grupo narco) para hacer tareas de inteligencia. Era un BMW 530, ideal para recorrer los barrios de la periferia y pasar inadvertido.
Gendarmería Nacional sigue padeciendo la falta de hombres. Pese a los anuncios que hizo el Gobierno, aún no volvieron los efectivos que dejaron las fronteras -lugar donde deben cumplir su misión- para hacer tareas de prevención en los barrios rojos del conurbano bonaerense y en Puerto Madero. Ahora se anunció que volverán después de las elecciones nacionales del 22 de octubre.
El sábado pasado, Tucumán apareció como el punto de partida y de llegada de 26 kilos de cocaína. Los investigadores sospechan que esa “merca” era para grupos dedicados al narcomenudeo. Siguen investigando cuál era el destino, pero no tienen dudas de que la estirarían unas siete veces hasta llegar a transformarla en 182 kilos y así lanzar a las calles unas 91.000 dosis para seguir matando a los jóvenes.
Contrabando
El domingo se publicó en LA GACETA se informó que la provincia se había transformado en el depósito de los contrabandistas que ingresan mercadería ilegal de Bolivia para distribuirla a todo el país. Los empresarios aplaudieron que en menos de 40 días se hayan secuestrado alrededor de $100 millones en productos que tenían como destino Buenos Aires y Mendoza. Pero saben que con eso no alcanza, que hacen falta muchos operativos más para desactivar a estas organizaciones que -según las estimaciones oficiales- el año pasado le generaron al fisco pérdidas por unos $ 60.000 millones.
Los comerciantes miran escandalizados cómo crecen las “saladitas” a nivel provincial y nacional. El modus operandi es más o menos así: un empresario arrienda un local de grandes dimensiones, lo divide en varios locales y los alquila semanalmente. Sin ningún tipo de control de la Afip o de Aduana, venden sin problemas ropa, calzado, juguetes y hasta electrodomésticos que pueden ser provistos por los mismos arrendatarios. Los empresarios se preguntan si no existe una connivencia política, puesto que creen que los municipios y la Dirección General de Rentas no realizan los controles necesarios para determinar si facturan como corresponde o si tienen empleados en regla.
Reclamos
Los jueces federales de la región siguen engrosando la lista de reclamos. Desde hace meses, los magistrados Poviña y Guillermo Molinari (Santiago del Estero) insisten que se destinen más hombres para luchar contra el tráfico de drogas y mercaderías. Saben que los efectivos no alcanzan para luchar contra el contrabando. Pidieron radares para tratar de neutralizar la lluvia de drogas en el este tucumano y solicitaron escáneres para revisar a los centenares de camiones que transitan por las rutas que vienen desde el norte del país. Ninguno de esos planteos fueron atendidos.
El juez Daniel Bejas destapó una olla tan aberrante como las celdas superpobladas y malolientes de las comisarías de la provincia. A través de un hábeas corpus le ordenó al jefe del Escuadrón 55° de Gendarmería que trasladara a los 11 detenidos que tenía en una celda que tiene capacidad para albergar a tan sólo una persona. Y lo más grave es que no puede hacerlo aún, porque no hay celdas para alojarlos.
Tucumán es la única provincia del NOA que no tiene un penal federal. Y en lo único que se pusieron de acuerdo los tres poderes del Estado, más la Justicia Federal, es reclamarle a la Nación que construya uno aquí. En este caso, sí hubo una respuesta: no está prevista esa obra. Otra deuda más.
Lo más popular
