El más joven en la Justicia quiere ser un ejemplo de transparencia

Al día siguiente de que se enteró que iba a ocupar un despacho en Tribunales, Agustín Eugenio Acuña reunió las declaraciones juradas de los últimos cuatro períodos fiscales y las mandó a LA GACETA. El futuro defensor oficial itinerante en lo Civil y del Trabajo de Concepción y Monteros explicó que ponía su información patrimonial a disposición de la prensa y de la comunidad porque deseaba “cosechar confianza”. Acuña no sólo será el primer miembro del Poder Judicial que publicita su manifestación de bienes antes de jurar: también será el integrante más joven. El jueves cumple 29 años.

“Pero en realidad me gustaría que me reconozcan por ser bueno y no sólo por mi edad. Mi papá siempre dice que ser joven no es una virtud sino únicamente un accidente”, agregó el letrado, y, como quien resta importancia al hecho más evidente, recordó que Horacio Poviña había sido defensor de Pobres a los 23 años y vocal de Corte Suprema de Justicia de Tucumán a los 37. La circunstancia inusitada es, en este caso, la difusión espontánea de datos patrimoniales protegidos por el secretismo que instauró en 1973 la Ley 3.981. “¿Por qué declinó este “privilegio?” Acuña, quien ingresó como empleado judicial en 2011 gracias al primer concurso para ayudantes, y ascendió a prosecretario en 2015, contestó: “una amiga me dijo que el acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos ya es indiscutible. Eso, sumado a que uno aspira a dar el ejemplo de transparencia, resultó suficiente para dar el paso”.

En términos concretos, la divulgación de las declaraciones juradas implica un salto más que un paso. Ocurre que en Tucumán es imposible elaborar un ranking de riqueza de las autoridades públicas al estilo de las tablas que periódicamente confeccionan la prensa y las organizaciones civiles respecto de los ocupantes de los cargos nacionales. La Ley 3.981 obliga a los funcionarios provinciales a especificar la composición de su patrimonio cuando asumen las funciones públicas y a actualizarlas en el supuesto de modificación sustancial del patrimonio declarado (artículo 5). Como no define qué se entiende por “sustancial”, la decisión de dar a conocer el cambio queda a criterio del agente. A contramano de lo que establecen la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) y la Ley Nacional 25.188, de Ética de la Función Pública (1999), el artículo 6 de la normativa tucumana excluye el control ciudadano al preceptuar: “las declaraciones juradas se presentarán en sobre cerrado, lacrado y firmado, y tendrán carácter secreto, pudiendo sólo ser abiertas en los casos de investigaciones por enriquecimiento ilícito; de pedidos de representantes o sucesores legales del declarante y por requerimiento del juez o autoridad competente”.

Sabedor de la existencia de este candado incompatible con las demandas actuales de la lucha anticorrupción pero norma vigente al fin, Acuña precisó que no violaba la ley porque sólo estaba entregando copias de las declaraciones juradas que permanecen cerradas en la Corte. Los documentos explicitan su situación patrimonial al 3 enero de 2017: resulta que Acuña tiene $ 289 en efectivo; $ 21.316 en una caja de ahorros; 340 euros; 1.930 dólares; un crédito por $ 11.000; inversiones en acciones y títulos públicos valuadas en $ 97.930; una casa de 150 metros cuadrados en Yerba Buena ($ 1 millón) y un auto Chevrolet Corsa Classic ($ 145.900). El pasivo exhibido consta de un crédito hipotecario por $ 729.599 con el Banco Nación y otro prendario por $ 128.295 con GPAT Compañía Financiera SA. Acuña dijo que su esposa y sus dos hijos no poseen activos ni deudas, con la excepción de los 200 dólares que recibió su primogénito. Y manifestó: “los ciudadanos deben confiar en la honestidad de los funcionarios a quienes pagan el sueldo con sus impuestos. Las declaraciones juradas son una pequeña herramienta para sembrar la transparencia que permitirá cosechar esa confianza”.