Un ex candidato a jefe comunal clama por justicia

Participar en las elecciones de 2015 fue su ruina. “Me metí en política no porque me gustara, sino porque quería que en El Naranjo haya una plaza, un dispensario como la gente, alumbrado público y una comisaría. Pero la miseria sigue y yo, por querer que la realidad mejore, ahora estoy peor que nunca”, dice Luis Antonio Zelaya. Al ex candidato a comisionado comunal del Acuerdo para el Bicentenario (ApB) le sobran los pesares. No sólo perdió “como en la guerra” en los comicios: tampoco logró que las instituciones investigaran la adulteración del padrón que advirtió por su cuenta. Comenta que, después de las elecciones, su casa fue usurpada, y llovieron las represalias hasta el extremo de obligarlo a enviar a su familia a Buenos Aires y a vivir con una custodia policial. “Soy un pobre infeliz. Antes podía pagar un café a mi abogado (Alberto Pombo): ahora es él quien me lo paga a mí”, ilustra.

A la vista de los sucesos, Zelaya (52 años) parece víctima de un error de paralaje. No midió adecuadamente a qué o a quiénes se enfrentaba. No calibró el sistema. No calculó la impunidad. Su desgracia empezó en 2012, cuando se mudó a la comuna de El Naranjo y El Sunchal (Burruyacu, 35 km al Noreste de la capital). “Se trata de un pueblo que vive del Estado o del limón. La pobreza es inmensa”, define en LA GACETA, en presencia de Pombo. Zelaya asegura que la misma familia maneja el poder desde hace décadas. La ex jefa comunal Amanda Grau (Frente para la Victoria) sucedió a una parienta y en 2015, tras 12 años de gestión, pasó la lapicera a su hija, Maia Martínez.

Amén de la apelación a prácticas electorales controvertidas, Zelaya está persuadido de que el secreto del éxito del oficialismo radica en la existencia de una nómina de votantes “inflada”. A comienzos de 2015, se propuso probarlo con sus propios medios pese a que todo el mundo le avisaba que podía tener problemas. Él siguió adelante: “preguntábamos de lejos cuántos votaban y salíamos corriendo porque nadie quiere quedar mal con la Comuna. Es la necesidad: yo la entiendo. Pero nosotros sólo queríamos evitar que venga gente de afuera a llevarse todo”.

Después de censar casi 500 casas, Zelaya llegó a la conclusión de que había 1.333 votantes reales, 739 menos que los incluidos en el último padrón oficial. Según sus hallazgos, los empadronados “sobrantes” viven en otras localidades, provincias e, incluso, países. ¿Cómo se “invisibiliza” al 30% del electorado? Aparentemente es fácil anotar un domicilio en esta localidad: como las calles no tienen nombre ni numeración, todos “residen” en el kilómetro 7. “Todas las acusaciones son falsas”, retrucó Martínez en julio 2015, y dijo que su candidatura tenía el aval explícito de los entonces candidatos y hoy gobernador Juan Manzur y vicegobernador Osvaldo Jaldo.

“Me presenté en la Junta Electoral con tiempo suficiente para remediar la situación, pero no me dieron bolilla. Cuando la denuncia salió en LA GACETA fueron e hicieron una constatación superficial: no chequearon qué pasaba con los vecinos que faltaban”, recuerda. Zelaya y otros dirigentes habían identificado los domicilios de más de 60 votantes foráneos, pero la información no fue contrastada por las autoridades provinciales ni por las de la Justicia Federal, institución encargada de controlar la pureza del padrón. “Todo fue un verso”, resume. Y para abreviar, terminó pasando lo que Zelaya temía: el 23 de agosto de 2015 aparecieron los forasteros y el descontrol superó a los fiscales de mesa. Martínez ganó por goleada: 1.215 sufragios obtuvo.

Desventuras judiciales

Fabricante de llaveros, padre de cuatro hijos y esposo de una mujer con esclerosis múltiple, el ex candidato debutante no se quedó quieto. Mientras en el ApB maduraba la denuncia de un fraude estructural y sistémico, y comenzaban a sucederse las protestas que trascendieron en las redes sociales como #Tucumanazo2015, Zelaya insistía en la Justicia Federal. “Pero ni siquiera logré ser considerado querellante. ¡No podíamos acceder al expediente! En un momento, el juez Fernando Poviña acumuló las actuaciones con la causa de José Cano y Domingo Amaya contra la Gendarmería y el Correo, y quiso mandar el paquete entero a la Justicia Provincial. La Cámara Federal de Apelaciones avaló esa decisión”, informa con auxilio de Pombo.

“Estuvimos en el vacío hasta que, desde Buenos Aires, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró la competencia de la Justicia Federal de Tucumán”, precisa Pombo. Ello sucedió en septiembre, pero los efectos de la resolución de los Tribunales de Comodoro Py aún son imperceptibles. En el ínterin, Zelaya dice que lo amenazaron con autos polarizados sin patente, con patotas, con mensajes directos. “No tengo miedo por mí, sino por mis familiares. Fui a la Policía, pero no me hicieron caso. Ya sin esperanzas, hace cinco meses conseguimos una custodia gracias a la orden del camarista federal Ernesto Wayar”, relata.

La persecución incluye, según Zelaya, la usurpación de una propiedad en Yerba Buena, caso que tramita en los Tribunales ordinarios. El fabricante de llaveros liga todas sus cuitas a la aventura electoral. “Un don nadie como yo se metió donde no debía. No me perdonan que haya destapado la olla”, ensaya. Y clama por justicia. “En cualquier momento me encadenaré para que las instituciones me escuchen y hagan algo porque la miseria nos está matando. No estoy loco: es que no se puede seguir viviendo así”, postula. ¿En cuál de todas las instituciones a las que acudió se encadenaría? Sin titubear contesta: “en la Junta Electoral. Allí empezó mi ruina”.