Por Juan Manuel Asis
26 Marzo 2017
El corazón del país parece que late en las calles de la CABA, se podría decir parafraseando a senadores romanos de una película sobre gladiadores de Ridley Scott. Realidad para unos, sensación para otros; lo cierto es que las imágenes de los últimos tiempos muestran movilizaciones, concentraciones y piquetes en el epicentro de la Argentina, que algunos potencian y que otros minimizan con interpretaciones interesadas. Las redes sociales están jugando un rol esencial en este proceso.
La calle es el escenario elegido por todos y todas, y ganarla o perderla hace a la historia en estos tiempos de crisis -baste recordar la cifra de pobres para desalentar cualquier mirada optimista- y de acciones preelectorales. El espectáculo está allí, ahí lo instalan; y allí debe estar por el peso de la historia nacional.
Pero, ¿ganarla a quién y para qué? Hoy, ganar u ocupar la calle para algunos tiene lecturas políticas, para otros interpretaciones sociales; para unos cuantos implica muestras de poder, para otros tantos es la usurpación de un espacio público; para unos significa el fortalecimiento de la demanda social, para otros desestabilización del orden institucional; para unos es la visibilización del conflicto, para otros implica el desconocimiento de derechos de los terceros afectados; para unos es una acción totalmente legítima, para otros es una medida absolutamente ilegal.
Desacuerdos planeados
La perspectiva es distinta y vale según el lugar en el que se ponga el observador: protagonista o antagonista. Y si está o no en el poder, porque pueden rotar los nombres pero no los puntos de vista. Los espectadores de algunos de estos “agrietados” por conveniencias particulares, o por razones mezquinas, son los que siguen aguardando que los de arriba los beneficien con soluciones desde sus puestos políticos en los poderes institucionales.
Sin embargo, mientras se siga alimentando esa grieta por una especulación política el país seguirá engordando índices negativos.
Allí donde está el mostrador de Dios está más que clara esa disputa, es dramáticamente inevitable; lo lamentable es que se apueste más al “desacuerdo” que al acuerdo porque la estrategia marca que hay que tratar de imponer que en las urnas sólo choquen dos visiones políticas, cual si estuviésemos en 2015.
Ese año ya fue, pero el drama social se mantiene. Estamos en 2017 y la receta política se yergue inalterable.
En estos días, por ejemplo, circula por whatssap un mensaje “PRO” convocando a ganar la calle el 1 de abril en defensa del cambio. La voz anónima admite que es la única forma de enfrentar al peronismo, al que señala como el temible adversario.
En suma, en el medio, frente al reclamo, la chicana; frente a la respuesta, también la chicana. Veremos qué dicen las urnas en octubre.
Por estos lares
La existencia de casi 13 millones de pobres tornan justas todas las demandas sociales y salariales a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por eso vale preguntar, ya que la realidad es la misma para todos; ¿porque las calles tucumanas no tienen aquellos mismos latidos? Hubo protestas por el aumento de los sueldos, ollas populares y reclamos por ayuda social; pero no de la magnitud nacional. ¿Tenía que ser así? Distintos actores del panorama político y social aportaron información que llevan a concluir por la afirmativa.
Desde el Ejecutivo, en este aspecto, están más tranquilos que sus pares de la Nación, no porque no perdieran el manejo de la calle, sino porque nadie quiso tomarlas con alguna queja de magnitud de fronteras adentro. El oficialismo ya sabe lo es el rigor de una calle quejosa; lo sufrió tras los comicios de agosto de 2015, cuando una parte de la ciudadanía copó la plaza Independencia por irregularidades durante la jornada electoral.
El temblor, por ahora, se centra el la CABA. Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) señalan que sus demandas “medianamente fueron solucionadas” por la Provincia y que la mesa que integran con la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie “viene funcionando” respecto de las áreas de Desarrollo Social nacional y provincial.
Y admiten una circunstancia que no es menor respecto de aquella pregunta: si no nos bajan línea, no salimos. Si la orden de ocupar la calle no viene de la organización central, no hay iniciativa propia. La ebullición está, pero la tapa se levanta lejos, no por estos lares. ¿Por qué?
Los organismos sociales de la Nación que funcionan en la provincia también hacen lo suyo para sumar a esa tranquilidad local. Por ejemplo, manteniendo desde enero de 2016 los programas sociales Argentina Trabaja, Manos a la Obra y Ellas Hacen, que alcanzan a miles de tucumanos.
Dicho sea de paso, cabe advertir que los beneficiarios de estos planes también pueden gestionar la Asignación Universal por Hijo (AUH), aspecto sobre el que está trabajando la delegación local de la Anses ya que -como lo indicó Daniel Ponce, responsable de la repartición- los que reciben aquella ayuda creen que pueden perder ese beneficio si le pagan, además, la AUH. Dato anexo: en Tucumán hay 94.239 personas que cobran la AUH (169.344 hijos en total), por el que la Nación desembolsa $ 170,9 millones.
En Tucumán, hay 25.000 beneficiarios entre los programas Ellas Hacen y Argentina Trabaja; iniciativas del kirchnerismo que el poder central decidió mantener en Tucumán pese a las denuncias de algunos cooperativistas respecto de que había algunas personas que le cobraban dinero por ser parte del proyecto, que les hacían poner pecheras con identificaciones políticas o que los obligaban a hacer trabajos por fuera de los objetivos de la cooperativa. Muchos de estas personas fueron reubicadas en otras cooperativas.
De cualquier manera, en el Gobierno provincial señalan en tono crítico que el poder central ordenó que las bajas de esos programas no se cubrían, y que tampoco habría altas. El factor “clientelismo” seguramente habrá tenido algo que ver en la decisión nacional, a partir de aquellas denuncias. Cabe recordar que se crearon tres unidades para el manejo de los planes sociales a comienzos de 2016; el de la Provincia, el de Yerba Buena y el de la intendencia capitalina. El malo de la película es el otro.
Cuando se plantea en la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por qué si la ministra del área, Carolina Stanley, aprobó la distribución de $ 30.000 millones entre organizaciones piqueteras e igual cortan allí las calles y eso aquí no se repite, se contesta que, en parte, puede deberse a que respondieron favorablemente a lo que pidieron la CCC, Barrios de Pie e integrantes de la agrupación Darío Santillán. Estos grupos habrían recibido 1.400 altas desde la Nación; lo que ayudaría a evitar o posponer la taquicardia social en la provincia.
Subsidios y aliados
Desde la provincia, además de observar que recrudecieron los discursos de los funcionarios del Ejecutivo contra el macrismo; también hacen su aporte a la “tranquilidad” social.
A diferencia de la Legislatura que eliminó las ayudas sociales a personas (los polémicos gastos sociales), el PE mantuvo los subsidios; así es como mensualmente se publican en el Boletín Oficial los subsidios a agrupaciones sociales, como la CCC y otras cuyos nombres no se identifican; pero que alcanzan a cientos de personas y con valores que van desde los $ 400 hasta los $ 6.000.
Hace poco se conoció el decreto 603/3, por el que se liberaron $ 6 millones a cuenta de la cuota compromiso del cuarto trimestre del rubro ayudas sociales a personas. Recursos para la contención social, necesarios frente a los índices sociales, frente a la crisis y la creciente pobreza; oportunos si se lo mira desde una mezquina perspectiva política.
El ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, destaca la continuidad de los programas nacionales, pero apunta que es necesaria una actualización de los montos porque la inflación se comió el último aumento. A la hora de responder a la pregunta sobre por qué los latidos sociales son más fuertes a 1.200 kilómetros de distancia que en Tucumán, apunta que con las organizaciones sociales son aliados en las demandas a la Nación. Toda una definición política que explica un poco aquella pregunta inicial.
La calle es el escenario elegido por todos y todas, y ganarla o perderla hace a la historia en estos tiempos de crisis -baste recordar la cifra de pobres para desalentar cualquier mirada optimista- y de acciones preelectorales. El espectáculo está allí, ahí lo instalan; y allí debe estar por el peso de la historia nacional.
Pero, ¿ganarla a quién y para qué? Hoy, ganar u ocupar la calle para algunos tiene lecturas políticas, para otros interpretaciones sociales; para unos cuantos implica muestras de poder, para otros tantos es la usurpación de un espacio público; para unos significa el fortalecimiento de la demanda social, para otros desestabilización del orden institucional; para unos es la visibilización del conflicto, para otros implica el desconocimiento de derechos de los terceros afectados; para unos es una acción totalmente legítima, para otros es una medida absolutamente ilegal.
Desacuerdos planeados
La perspectiva es distinta y vale según el lugar en el que se ponga el observador: protagonista o antagonista. Y si está o no en el poder, porque pueden rotar los nombres pero no los puntos de vista. Los espectadores de algunos de estos “agrietados” por conveniencias particulares, o por razones mezquinas, son los que siguen aguardando que los de arriba los beneficien con soluciones desde sus puestos políticos en los poderes institucionales.
Sin embargo, mientras se siga alimentando esa grieta por una especulación política el país seguirá engordando índices negativos.
Allí donde está el mostrador de Dios está más que clara esa disputa, es dramáticamente inevitable; lo lamentable es que se apueste más al “desacuerdo” que al acuerdo porque la estrategia marca que hay que tratar de imponer que en las urnas sólo choquen dos visiones políticas, cual si estuviésemos en 2015.
Ese año ya fue, pero el drama social se mantiene. Estamos en 2017 y la receta política se yergue inalterable.
En estos días, por ejemplo, circula por whatssap un mensaje “PRO” convocando a ganar la calle el 1 de abril en defensa del cambio. La voz anónima admite que es la única forma de enfrentar al peronismo, al que señala como el temible adversario.
En suma, en el medio, frente al reclamo, la chicana; frente a la respuesta, también la chicana. Veremos qué dicen las urnas en octubre.
Por estos lares
La existencia de casi 13 millones de pobres tornan justas todas las demandas sociales y salariales a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por eso vale preguntar, ya que la realidad es la misma para todos; ¿porque las calles tucumanas no tienen aquellos mismos latidos? Hubo protestas por el aumento de los sueldos, ollas populares y reclamos por ayuda social; pero no de la magnitud nacional. ¿Tenía que ser así? Distintos actores del panorama político y social aportaron información que llevan a concluir por la afirmativa.
Desde el Ejecutivo, en este aspecto, están más tranquilos que sus pares de la Nación, no porque no perdieran el manejo de la calle, sino porque nadie quiso tomarlas con alguna queja de magnitud de fronteras adentro. El oficialismo ya sabe lo es el rigor de una calle quejosa; lo sufrió tras los comicios de agosto de 2015, cuando una parte de la ciudadanía copó la plaza Independencia por irregularidades durante la jornada electoral.
El temblor, por ahora, se centra el la CABA. Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) señalan que sus demandas “medianamente fueron solucionadas” por la Provincia y que la mesa que integran con la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie “viene funcionando” respecto de las áreas de Desarrollo Social nacional y provincial.
Y admiten una circunstancia que no es menor respecto de aquella pregunta: si no nos bajan línea, no salimos. Si la orden de ocupar la calle no viene de la organización central, no hay iniciativa propia. La ebullición está, pero la tapa se levanta lejos, no por estos lares. ¿Por qué?
Los organismos sociales de la Nación que funcionan en la provincia también hacen lo suyo para sumar a esa tranquilidad local. Por ejemplo, manteniendo desde enero de 2016 los programas sociales Argentina Trabaja, Manos a la Obra y Ellas Hacen, que alcanzan a miles de tucumanos.
Dicho sea de paso, cabe advertir que los beneficiarios de estos planes también pueden gestionar la Asignación Universal por Hijo (AUH), aspecto sobre el que está trabajando la delegación local de la Anses ya que -como lo indicó Daniel Ponce, responsable de la repartición- los que reciben aquella ayuda creen que pueden perder ese beneficio si le pagan, además, la AUH. Dato anexo: en Tucumán hay 94.239 personas que cobran la AUH (169.344 hijos en total), por el que la Nación desembolsa $ 170,9 millones.
En Tucumán, hay 25.000 beneficiarios entre los programas Ellas Hacen y Argentina Trabaja; iniciativas del kirchnerismo que el poder central decidió mantener en Tucumán pese a las denuncias de algunos cooperativistas respecto de que había algunas personas que le cobraban dinero por ser parte del proyecto, que les hacían poner pecheras con identificaciones políticas o que los obligaban a hacer trabajos por fuera de los objetivos de la cooperativa. Muchos de estas personas fueron reubicadas en otras cooperativas.
De cualquier manera, en el Gobierno provincial señalan en tono crítico que el poder central ordenó que las bajas de esos programas no se cubrían, y que tampoco habría altas. El factor “clientelismo” seguramente habrá tenido algo que ver en la decisión nacional, a partir de aquellas denuncias. Cabe recordar que se crearon tres unidades para el manejo de los planes sociales a comienzos de 2016; el de la Provincia, el de Yerba Buena y el de la intendencia capitalina. El malo de la película es el otro.
Cuando se plantea en la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por qué si la ministra del área, Carolina Stanley, aprobó la distribución de $ 30.000 millones entre organizaciones piqueteras e igual cortan allí las calles y eso aquí no se repite, se contesta que, en parte, puede deberse a que respondieron favorablemente a lo que pidieron la CCC, Barrios de Pie e integrantes de la agrupación Darío Santillán. Estos grupos habrían recibido 1.400 altas desde la Nación; lo que ayudaría a evitar o posponer la taquicardia social en la provincia.
Subsidios y aliados
Desde la provincia, además de observar que recrudecieron los discursos de los funcionarios del Ejecutivo contra el macrismo; también hacen su aporte a la “tranquilidad” social.
A diferencia de la Legislatura que eliminó las ayudas sociales a personas (los polémicos gastos sociales), el PE mantuvo los subsidios; así es como mensualmente se publican en el Boletín Oficial los subsidios a agrupaciones sociales, como la CCC y otras cuyos nombres no se identifican; pero que alcanzan a cientos de personas y con valores que van desde los $ 400 hasta los $ 6.000.
Hace poco se conoció el decreto 603/3, por el que se liberaron $ 6 millones a cuenta de la cuota compromiso del cuarto trimestre del rubro ayudas sociales a personas. Recursos para la contención social, necesarios frente a los índices sociales, frente a la crisis y la creciente pobreza; oportunos si se lo mira desde una mezquina perspectiva política.
El ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, destaca la continuidad de los programas nacionales, pero apunta que es necesaria una actualización de los montos porque la inflación se comió el último aumento. A la hora de responder a la pregunta sobre por qué los latidos sociales son más fuertes a 1.200 kilómetros de distancia que en Tucumán, apunta que con las organizaciones sociales son aliados en las demandas a la Nación. Toda una definición política que explica un poco aquella pregunta inicial.
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