Las inversiones que no se capitalizan políticamente

Las inversiones que no se capitalizan políticamente

La plata atrae la plata. Las inversiones otras inversiones. Tantos millones de dólares que se barajaron esta semana en operaciones concretadas en Tucumán llaman la atención. No sólo porque implicará una inyección dineraria con preservación de puestos laborales, por un lado, y la generación de nuevos empleos, por el otro. También porque la política no capitalizó esos anuncios.

YPF y General Electric trajeron a la estación de El Bracho turbinas que cuestan alrededor de U$S 170 millones, una ola demasiado grande para dejar que pase desapercibido. Siendo la petrolera estatal, llama la atención que la gestión del presidente Mauricio Macri no haya dicho nada al respecto. Es una inversión, a escala, importante para que el norte argentino incluya a no menos de 300.000 hogares más a la red interconectada eléctrica. Pero, además, pudo haber sido un argumento para expresar, oficialmente, que se está retomando el rumbo en materia energética y que, después de 2018, es posible que el sistema responda con mucha más potencia a los veranos cada vez más calurosos. En otras palabras, que los cortes de electricidad vayan disminuyendo. El macrismo no supo gritar el gol o, tal vez, quedó en off side, mirando sólo el conflicto que tiene en territorio bonaerense.

El otro anuncio que, desde las esferas gubernamentales, todavía no ha sido capitalizado electoralmente (eso no quiere decir que no se lo haga en el futuro mediato como otro logro de gestión) fue la compra del ingenio Concepción por parte de Emilio Luque a Atanor, la empresa que depende del grupo estadounidense Albaugh. Fue tan rápida como silenciosa. ¿Cuáles fueron las condiciones que cambiaron para que un inversor como Luque se incline por apostar fuerte en una actividad que, hasta hace algunos meses, no era del todo rentable? Las respuestas tal vez puedan encontrarse más en la diversificación del negocio azucarero, pero no en las políticas fiscales, por ejemplo. No hubo leyes de promoción a medida; tampoco regímenes especiales para promover la radicación de capitales. Fue el momento.

Dentro de la Casa de Gobierno, gran parte de los funcionarios vinculados a la economía y a la actividad productiva observan con buenos ojos el desembarco del supermercadista en la industria madre de la provincia. Es tucumano, responden casi con unanimidad acerca de la preferencia. Un jugador como Ledesma ha causado cierta resistencia entre los factores azucareros por su magnitud para los negocios y, también, por la forma de encararlo, con una trazabilidad que varios actores locales no estarían en condiciones de abastecerlo. Un argumento: el volumen de caña que hubiese requerido para desarrollar la zafra.

Por las cláusulas que suelen existir en esto tipo de negociaciones, hasta ahora no se pudo establecer, con certeza, el total del capital que ha significado la venta del Concepción a Emilio Luque. No obstante, en el mercado se menciona que la compra del establecimiento podría haber demandado entre U$S 60 millones y U$S 80 millones, incluyendo las tierras. Otra cláusula que se habría colocado en el contrato firmado entre Atanor y el supermercadista es que este último no podría tener socios directos. No obstante, el mismo Luque ha reconocido a LA GACETA que, para cerrar el acuerdo, ha sido necesaria la asistencia de, al menos, dos entidades bancarias, pero también del aporte para futuras producciones de Edasa, la embotelladora instalada en Córdoba de una de las marcas líderes en aguas gaseosas. Esa compañía le comprará el endulzante a cambio de una capitalización.

En algún momento a Luque se lo vinculó políticamente con José Cano, el director del Plan Belgrano, que visitó uno de sus complejos industriales. El supermercadista responde que no había cercanía. No obstante, el alperovichismo lo colocó como uno de los empresarios no afines a la Casa de Gobierno. Y ese rótulo lo llevó durante gran parte de los 12 años de la gestión gubernamental de José Alperovich. Juan Manzur sigue en esa línea, esgrimen los allegados a Luque cuando son consultados acerca de las razones por las cuales el actual gobernador no tomó nota de sus inversiones. Pese a ello, su hijo Martín ha sido invitado a varias misiones comerciales encaradas por el Poder Ejecutivo a países vecinos.

Como Luque, hay varios históricos referentes del empresariado tucumano que silenciosamente están promoviendo nuevos negocios; en San Miguel de Tucumán y en Yerba Buena. También fuera de los límites provinciales. El Gobierno sabe de algunos proyectos en marcha, pero ha demorado una convocatoria amplia para establecer de qué manera puede facilitar la inyección de capitales, tal como lo pronuncia en los mensajes anuales. Tampoco ha convocado, hasta ahora, a una suerte de Consejo Económico y Social para preservar el empleo y generar nuevos puestos. Muchas veces los esfuerzos privados requieren del acompañamiento de medidas oficiales que tiendan a reducir el costo laboral. Paralelamente, es fundamental que el sector público y la actividad privada promuevan acciones para la erradicación de la informalidad. Una de las bombas que le estalló esta semana en las narices a la economía tucumana fue la de los índices de trabajo no registrado. El Gran Tucumán-Tafí Viejo exhibió, en las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una escandalosa tasa del 45,6% de empleo no registrado; la más alta entre los aglomerados urbanos del país con más de 500.000 habitantes. El porcentaje es asimilable a decir que, por cada empleo formal, hay uno informal. Que los trabajadores en negro son más numerosos que los empleados públicos, todo un logro en una provincia altamente dependiente en el Estado para generar puestos de trabajo. A la inacción de control del Gobierno se le suma la inconducta del empresariado que cercena derechos laborales para que el negocio sea rentable.

La economía provincial no resiste a tener el 40% de su actividad en la plena informalidad. El efecto negativo no sólo es en el mercado laboral, que expulsa a 120.000 tucumanos hacia la precariedad; también puede llegar a alimentar la pobreza, actualmente en un 33% del total de la población. Los salarios que se pagan en negro equivalente a entre un 60% y un 70% del límite de ingresos que se requieren para superar el umbral de la pobreza. Con aquella informalidad, el mismo Estado pierde. Sólo para tirar un dato, por el “negro” de la economía, el fisco provincial deja de recaudar no menos de $ 3.500 millones. La formalización de la economía, en consecuencia, podría llegar a pagar una planilla salarial mensual del sector público; también contribuiría a mejorar la infraestructura para que la provincia sea más competitiva y, además, marcaría que Tucumán es una provincia ideal para hacer negocios. El esfuerzo es compartido; colectivo. Nadie está en condiciones de sacar los pies del plato, mucho menos de señalar con el dedo acusar a las actividades que promueven las prácticas informales.

Nunca es tarde para cambiar las conductas. Pero en algún momento hay que hacerlo. Tucumán no solo necesita ser una provincia de destino de los capitales, sino estar en el radar, permanentemente, en el radar de las inversiones, y parecer que es un distrito serio.

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