Cartas de lectores

El Parque Avellaneda

Hace 88 años de un 24 de marzo de 1929, el diario El Orden rezaba: “Con gran solemnidad se inauguró hoy el Parque Nicolás Avellaneda”. En “Apenas ayer” del 22 de abril de 1999, se destacaba la figura del primer Ingeniero Agrónomo con título argentino que pisó suelo tucumano.Se trata de José Bonifacio Gonzalez, quién por muchos años y a través de varias intendencias asumió la entonces Dirección de Parques y Paseos Públicos. Muchas fueron las obras proyectadas y dirigidas por este profesional, destacándose el inicio de la ejecución del plano de Carlos Thays para el Parque 9 de Julio y el diseño del Parque Avellaneda. En una jornada a la que asistieron miles de personas, el intendente Juan Luis Nougués, en su discurso inaugural, dijo: “La Municipalidad de Tucumán ha creído conveniente transformar estos terrenos que constituían el antiguo zoológico y el criadero de plantas, en un parque a cuya inauguración asistimos. Ha puesto en ello toda su buena voluntad y con la cooperación de autoridades y pueblo ha podido realizar este paseo por el que no siente vanidad sino únicamente el amor de las cosas hechas con esfuerzo y dedicación constante”. Hoy, este parque es sin duda un importante pulmón verde de nuestra ciudad, creado por la visión de futuro de quienes nos precedieron.

Raimundo Pedro Buiatti
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PAMI

Quiero expresar mi descontento con la obra social PAMI, ya que desde noviembre de 2016 vengo peregrinando detrás del expediente N° 0220 2016- 0018508-6, referido a la obtención de insumos para poder realizarme una operación de columna. Soy una jubilada que percibe el haber mínimo, motivo por el cual me resulta imposible afrontar los gastos que demanda dicha intervención quirúrgica. Cada día que pasa, mi salud se va deteriorando y lo único que recibo del personal que presta servicio en el PAMI son mentiras, negativas y un total desinterés por mi situación. Cabe aclarar que he agotado todas las instancias administrativas, sin poder llegar a una solución, motivo por el cual llegaré hasta las últimas consecuencias, hasta obtener una respuesta clara desde la entidad. Espero que alguien tome cartas en el asunto y me brinde una solución urgente que me permita mejorar mi calidad de vida.

Beatriz Susana Grimberg
Bolívar 195 - 4° piso departamento 1
San Miguel de Tucumán

Día de la Memoria por la Verdad

Hice el servicio militar obligatorio en la ESMA, desde el 3 de septiembre de 1977 hasta el 5 de febrero de 1979. Mi matrícula de revista fue 461.828 y el número de TIN (Tarjeta de Identificación Naval) fue 023896. Pertenecí a la Agrupación Vigilancia y Seguridad, encargada de velar por el cuidado de la mencionada unidad. Mi jefe de división, durante todo el año 1978, fue el entonces teniente Adolfo Donda Tigel, actualmente detenido por gravísimas imputaciones, pero respetuoso y de correcto trato con los conscriptos, a cuyas órdenes estuve como pañolero. Escribo esta carta a fin de hacer un aporte para llegar a la verdad de los hechos ocurridos en dicho lugar, que son de público conocimiento y que dividen tanto a los argentinos. En rigor a la verdad y a la justicia que todos los años conmemoramos, hago constar que durante los 18 meses de mi permanencia en la ESMA, sólo una vez un compañero me señaló hacia la Avenida Libertador y me dijo “dicen que ahí hacen torturas”. Personalmente, yo no fui testigo de ningún hecho de violencia y ningún otro de mis compañeros me comentó haber visto o vivido algo así, siendo que muchos de ellos integraban las patrullas que operaban al mando de Donda Tigel. Obviamente, con esta exposición no pretendo negar lo que allí se dice que ocurrió, hechos que lamento, pero sí brindar mi parecer de que habiendo sido tantos los casos de secuestro, tortura y muerte acontecidos, como hasta ahora se ha informado, es extraño que en un año y medio de permanencia, yo haya oído hablar de ello solamente a un conscripto que sólo conocía de oídas lo que acontecía.

Daniel E. Chavez

Pasaje Benjamín Paz 308

San Miguel de Tucumán

Banda del Río Salí

En el Panorama Tucumano del martes, el periodista Gustavo Rodríguez alude a hechos ligados al narcoráfico. Refiere que “los políticos arrastran a otros a cumplir un papel que roza con lo ridículo” y menciona la investigación de la fiscala Adriana Giannoni sobre “presuntos” abusos de autoridad y delitos que “hubieran cometido” vigías y policías de Banda del Río Salí. Critica al intendente Darío Monteros, objeta que le dio fuerzas a un acusado de abuso sexual, cita a sacerdotes, empresarios y a concejales. Y pregunta: ¿qué mensajes recibieron los bandeños?, ¿se debe proteger a los que cometen ilícitos? Al periodista le pedimos que aclare si el papel de ridículo lo está cumpliendo la fiscala, el intendente o todas las personas que conforman la sociedad de Banda del Río Salí. Señor Rodríguez, ni la fiscala que cumple con su trabajo, ni el intendente que tambien cumple con el suyo hacen el ridículo. La fiscala investiga la denuncia de personas que durante una llanamiento en su domiclio denunciaron a los policías, pero el hecho de que allanen su casa no los convierte en delincuentes; y el hecho de que estas personas acusen a un policía no lo hace abusador. Después del proceso judicial y con una sentencia firme diremos si son delincuentes o si es un abusador. Como ciudadanos de Banda del Río Salí le exigimos que se retracte, si lo que está insinuando es que nuestra sociedad es ridícula. Admitimos que en estos tiempos, donde se habla de la “grieta”, cause sorpresa que todos los estamentos de la sociedad, incluido el político (peronismo, PRO y radicalismo) estén unidos. Para nosotros eso es un orgullo. Apoyamos a los vigías.

Carlos H. A. Ibarra
Avenida Indpendencia 10
Banda del Río Salí

Linea 121

Un servicio cuando deja de ser eficiente deja de ser servicio. Eso está ocurriendo hace años con la línea 121, cuyos choferes están perdiendo su dignidad laboral por conducir vehículos en tan mal estado. Micros devastados, los pasillos con chapas agujereadas y sueltas, ventanillas rotas y asientos con tapizados sucios y destruidos en cada rincón del interior y lo peor, frecuencias de hasta 40 minutos en horario comercial son algunas de las realidades cotidianas que los pasajeros debemos soportar con impotencia y bronca. No existen siquiera inspectores que verifiquen los recorridos, viendo los increíbles trencitos cuando dos unidades juntas van una atrás de otra, o cuando van demoradas, pasan las paradas sin detenerse y tener que esperar al próximo micro o simplemente cortan el recorrido cuando van vacíos y retoman el regreso. Esta acumulación de ineficiencias de la infortunada empresa está vaciándose de pasajeros, cuyas vidas y costumbres laborales se vieron seriamente afectadas por las impuntualidades. Simplemente cada vez menos gente la utiliza, sentenciando lentamente la rentabilidad y los puestos de trabajo de los choferes en una siniestra entropía sin fin. El bálsamo del aumento del boleto no ayudó en nada al dueño de esta concesionada empresa. No sólo esta empresa no compró ninguna unidad nueva sino que graciosamente pintaron algunos micros para que “parezcan” nuevos. La Municipalidad no dudó en aprobar el aumento del boleto. Ojalá sus funcionarios pudieran tener la misma determinación para revisar la calidad de las concesiones de las empresas de micros de sus sufridos habitantes que están hartos de tanta ineficiencia e indiferencia por sus derechos.

Alejandro Báscolo
La Rioja 719
San Miguel de Tucumán

¿Tenemos democracia?

Hay dos principios claves en un auténtico régimen democrático. Primero, debe existir legitimidad de origen.Las autoridades deben elegirse y renovarse periódicamente en comicios “auténticos”, definidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como aquellos celebrados “libres de indebidas presiones y ventajas del oficialismo de turno”. En 2015, el proceso electoral que culminó en la elección del binomio “Manzur-Jaldo” fue nulificado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Aunque luego este fallo fue revocado por la Corte Suprema local, se comprobaron hechos gravísimos: urnas quemadas, otras “embarazadas” (cargadas de antemano con votos aún no emitidos), “refajadas” (modificándose su contenido cuando llegaron al lugar en que debían ser custodiadas, con sospechosos “cortes de electricidad” donde se depositaban las urnas, nunca acreditados en la causa).En 2016, un nuevo escándalo sacudió a los tucumanos: denuncias públicas de LA GACETA, introdujo una gravísima sospecha: el oficialismo, en apariencia, repartió dinero público por centenares de millones de pesos en ese proceso electoral. Posteriores denuncias judiciales de legisladores de la oposición, requiriendo la investigación sobre la aplicación de los llamados “gastos sociales” en esos comicios,generaron un gravísimo conflicto de poderes: el Ejecutivo y el Legislativo se negaron a remitir a la Justicia los comprobantes de esos “gastos”, como lo había solicitado un órgano judicial. A raíz de estos últimos hechos, sobrevino, por parte del oficialismo legislativo, una “fiebre” intervencionista sobre el Poder Judicial, que funcionó como un típico amedrentamiento institucional, condicionándolo en su estabilidad, buscando simultáneamente debilitar a la Corte Suprema. El otro principio de la democracia refiere al respeto por el conjunto de normas constitucionales en las cuales se prevé la participación de las minorías legislativas, conforme el reparto de competencias constitucionales entre el Ejecutivo y el Legislativo.El respeto por esas reglas es clave para descartar que el adversario político sea un enemigo (que deba ser destruido), sino un opositor que en la próxima contienda electoral puede ser mayoría. El principio mayoritario de la democracia no se identifica con el dominio absoluto o dictadura de la mayoría sobre la minoría. El principio mayoritario democrático no puede ni debe excluir a la minoría del proceso de creación del orden jurídico.La Corte IDH, órgano del Pacto de S.J. de Costa Rica lo dijo claramente en su Opinión Consultiva OC-6/86: “el efectivo ejercicio de la democracia representativa requiere el respeto a la participación de las minorías”. En la reforma constitucional local del 2006 se facultó al Gobernador a legislar por “decreto de necesidad y urgencia”, resolviendo temas que la constitución atribuye en exclusividad a la Legislatura, quien puede, por la voluntad exclusiva del Vicegobernador, guardar “silencio” ante ese decreto y, de ese modo, quedar convalidado como “ley”, eliminando la participación de las minorías en un debate que les compete. En Tucumán está destruida la democracia republicana. Está seriamente cuestionada la “legitimidad de origen” del actual gobierno, y claramente evidenciada la ilegitimidad del ejercicio del poder, producto de la connivencia institucional que se cristaliza entre las facultades constitucionales del gobernador (art.101,inc.2) y del Vicegobernador, conforme art.20 del Reglamento de la Legislatura.

Luis Iriarte
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