Por Álvaro José Aurane
24 Marzo 2017
La decisión del poder político de seguir la senda alperovichista en materia institucional, como era de esperarse, ha comenzado a obtener los mismos pésimos resultados que logró el alperovichismo. Era previsible que a los bólidos legales para colisionar contra los Tribunales la propia Justicia los frenaría en seco. Hace tres meses, en LA GACETA del 24 de diciembre, se avisó aquí que el oficialismo había preparado un brebaje asfaltador contra la institucionalidad, y que debía esperar a cambio una resaca alquitranada.
El bloqueo de la Corte a la suspensión automática de jueces es el primer cólico. El triunfo logrado por la Asociación de Magistrados (en su debut efectivo como protagonista institucional) frena una norma de efectos persecutorios y, sustancialmente, de una irracionalidad e inconstitucionalidad escandalosas.
Juan Manzur, cuando presidió el Poder Constituyente que reformó la Carta Magna en 2006, fijó en el artículo 47 que los vocales de la Corte y el ministro fiscal (además del gobernador, el vice, los miembros del Tribunal de Cuentas y el ombudsman) pueden ser removidos por la Legislatura, mediante juicio político. Pero mientras dure ese proceso de destitución “por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por delitos comunes o falta de cumplimiento de los deberes de su cargo”, estos “acusados no podrán ser suspendidos en sus funciones”. Y eso es así porque sí.
¿Por qué, ahora, una ley promulgada por Juan Manzur como titular del Poder Ejecutivo, dice que hay magistrados que, cuando enfrenten procesos de destitución “por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por delitos comunes o falta de cumplimiento de los deberes de su cargo”, quedarán automáticamente suspendidos en sus funciones?
¿En la cabeza de los poderes hay ciudadanos de primera; y el resto de los miembros son ciudadanos de segunda?
El Estado no puede ser incoherente. Para que haya seguridad jurídica, debe haber previsibilidad. Eso reclama la doctrina de los actos propios: en circunstancias similares, las decisiones oficiales serán similares. O serán nulas.
Sin falsas dicotomías
La irracionalidad se profundiza por una doble vía. La primera jamás ha sido vista: la ley bloqueada le impide al juez acusado ejercer el derecho de recusar a los miembros del jurado. O sea, puede ser juzgado por quienes tengan enemistad manifiesta en su contra. Una “ametralladora”, para usar la imagen del abogado Julio Rougés en la presentación de la Asociación de Magistrados.
La segunda vía irracional es conocida y reaparece con la automaticidad de la suspensión de los jueces. En el Estado de Derecho, todo debe ser fundamentado. Lo estableció con meridiana conciencia republicana el camarista Rodolfo Novillo cuando, mediante una cautelar, suspendió la designación de jueces porque Carlos López, el secretario de la extinta Fiscalía Anticorrupción, había sido vetado sistemáticamente por el Poder Ejecutivo en el acceso a un cargo de magistrado, luego de concursar y quedar ternado siete veces. El alperovichismo (del cual formaron parte, en primera línea, las actuales cabezas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Ministerio Público) excluyó a este profesional de idoneidad reincidente, sin dar explicación.
Entonces, Novillo advirtió que en la república no puede existir el “no, porque no”: el Gobierno tenía que brindar razones. Casi de inmediato, la Corte dejó sin efecto la cautelar (y el Poder Ejecutivo se vio librado de confesar lo inconfesable): determinó que el secretario judicial no había demostrado que fuera víctima de segregación. Por desgracia, el alto tribunal no fijó la cantidad suficiente de concursos ganados y de exclusiones: ¿con cincuenta hubiera alcanzado?
La suspensión de un juez debe ser profusamente fundamentada, como deben serlo todos los actos del Gobierno (la razonabilidad es primerísima fuente del derecho). Ello, aunque este año se cumpla el quinto aniversario de la vez en que a la cúpula de la Justicia (ese poder que jamás investigó al alperovichismo) esa cuestión le pareció secundaria. “Según la Corte, López no probó que Alperovich lo discrimina” fue el título de la página 7 de LA GACETA el 30 de junio de 2012.
En el enfrentamiento entre el poder político y el Poder Judicial no se puede caer en la trampa de las falsas antinomias. Es inadmisible la postura de que por lo que “uno” hizo hay que preferir al “otro”, o que por lo que el “otro” no hizo hay que preferir a “uno”. Lo único por preferir es la república. Esa criatura fabulosa (capaz de contener a esa magnífica bestia que es el poder), cuya especie se encuentra en peligro en Tucumán.
Manifiestas desigualdades
Siguiendo la senda de la república, y como también se avisó, crear juzgados para establecer una doble instancia en lo Contencioso Administrativo es otra norma de la “reforma judicial” con serias chances de estrellarse.
Esa ley comporta tres oprobios. El primero se circunscribe al plano legal. Ese es el fuero en cual se litiga contra ese monstruo grande que es el Estado y el hecho de que sólo haya una cámara (con lo cual, la Corte actúa como segunda instancia) refiere a la necesidad de abreviar el proceso para los ciudadanos, que para reclamar derechos conculcados deben enfrentar toda una maquinaría de abogados estatales. El manzurismo, cuyo ADN cultural es 99,9% alperovichista, otra vez violenta la doctrina de los actos propios: este Gobierno, durante 2016, reformó el Código Procesal Penal y pregonó las bondades de abreviar el trámite de las causas. ¿Para el fuero en lo Contencioso Administrativo conviene aplazarlas hasta la eternidad?
El segundo se anota en el plano político. En la Cámara en lo Contencioso Administrativo fueron cayendo, una tras otra, todas las intentonas monárquicas del alperovichismo. Ahora, el manzurismo busca trampear la instancia que ha frenado los atropellos del poder. Desde las abominaciones de la Anti-Constitución alperovichista hasta la nulidad de los comicios provinciales de agosto de 2015. Esas elecciones estragadas de delitos electorales y de maniobras fraudulentas, que luego la Corte validó…
Si el interés del oficialismo fuera hacer más eficiente la administración de justicia, podría haber propuesto crear más salas dentro de la misma cámara. Pero los tucumanos son lo último que importa en esta pelea. Eso refiere al tercer oprobio.
Crear esta doble instancia es tremendamente lesivo para la sociedad. Hay generaciones completas de proveedores del Estado, empleados públicos, particulares y jubilados (o sus viudas, o sus huérfanos) que vieron sus derechos revolcados por la administración pública y pasaron años pleiteando contra a un Estado que sólo sabe apelar. Luego, cuando obtuvieron los fallos definitorios, ese Estado se declaró en Emergencia Económica y contestó que no honraría sus compromisos. A ese infierno de injusticia le sumaron un purgatorio más.
La doble instancia es indispensable cuando el Estado lleva a las personas a los estrados judiciales, como en el derecho penal. Pero es una desigualdad manifiesta cuando el particular debe llevar al Estado al banquillo.
Los ciudadanos no pueden ser variable de ajuste de las internas del poder. Si la democracia es sinónimo de gobierno del pueblo, dudosamente democrático es un gobierno para el cual las personas y la tutela de sus derechos son superfluos.
Lo que no se puede mover
La todavía no parida ley de subrogancias también va a tener pronóstico reservado cuando vea la luz. Sustancialmente, porque la pretensión de cubrir las vacantes tribunalicias con jueces de designación precaria choca frontalmente con la garantía constitucional de inamovilidad de los jueces. Claro que es discutible, a estas alturas de la democracia, si las magistraturas deben ser vitalicias (no pocas son hereditarias y todas están libres de impuestos, a despecho de la republicana igualdad ante la ley). Pero aun así, la inamovilidad es la norma constitucional vigente y las leyes que se dicten deben subordinarse a ese principio.
Todo esto, dicho sea de paso, mirando los fragmentos de un cuadro institucional que pinta ser espeluznante. ¿Van a nombrar como jueces precarios a abogados del foro, a los que les darán sueldos de seis cifras, en despachos como los juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo, en el marco de un sistema donde hasta los jueces constitucionales son suspendidos automáticamente? Ya no resta nada del jardín. De la república sólo quedará un mito.
Primer principio y fin último
El oficialismo siempre barajó toparse con escollos judiciales insalvables contra sus iniciativas. Y siempre planteó una pelea de varios rounds.
En la tarjeta donde lleva los puntos, en las cumbres del poder político dan como perdido el round de la suspensión automática de jueces. Al de la doble instancia en lo Contencioso Administrativo lo dan aún como empatado. Consideran que ya ganaron el de los juzgados laborales. Y reivindican el triunfo en la reforma del Ministerio Público Fiscal y en la negativa a ampliar el Presupuesto judicial para las paritarias. Ahora se calzan los guantes para las subrogancias…
Ninguna de esas es la pelea de fondo. El Gobierno lo sabe. Todo empieza con la decisión tribunalicia de investigar el destino de los $ 600 millones de la partida “Transferencias” de la Legislatura en el electoralísimo 2015. Con esos recursos se financiaron los “gastos sociales”. La tercera parte salió en valijas del banco oficial a camionetas del parlamento, con rumbo desconocido, en los tres meses previos a los comicios provinciales.
Todo termina también con el pronunciamiento judicial que sobrevenga. Si se determinara que con ese dinero del Estado pagó la campaña del oficialismo, el camino hacia la intervención federal estaría libre. Sobre todo porque el manzurismo no ha movido un músculo por la reforma política que la Nación le ha reclamado a viva voz, a fin de conjurar toda posibilidad de reeditar la vergüenza nacional de la última elección local.
También la Justicia sabe que todo comienza y se acaba en ese proceso. Cuando el 16 de septiembre de 2015 la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró nulos los comicios y ordenó llamar a una nueva votación, el poder político echó a andar el fantasma del remedio federal. El Ejecutivo y el Legislativo estarían acéfalos el 29 de octubre porque no habría autoridades electas, así que a ese vacío de poder le sobrevendría la intervención para todos y todas. En sólo 72 horas, se constituyó una Corte ad hoc, que falló en favor de la legitimidad de las elecciones, con los mismos argumentos con los que se las había fulminado.
El título por la república se juega en ese cuadrilátero.
El bloqueo de la Corte a la suspensión automática de jueces es el primer cólico. El triunfo logrado por la Asociación de Magistrados (en su debut efectivo como protagonista institucional) frena una norma de efectos persecutorios y, sustancialmente, de una irracionalidad e inconstitucionalidad escandalosas.
Juan Manzur, cuando presidió el Poder Constituyente que reformó la Carta Magna en 2006, fijó en el artículo 47 que los vocales de la Corte y el ministro fiscal (además del gobernador, el vice, los miembros del Tribunal de Cuentas y el ombudsman) pueden ser removidos por la Legislatura, mediante juicio político. Pero mientras dure ese proceso de destitución “por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por delitos comunes o falta de cumplimiento de los deberes de su cargo”, estos “acusados no podrán ser suspendidos en sus funciones”. Y eso es así porque sí.
¿Por qué, ahora, una ley promulgada por Juan Manzur como titular del Poder Ejecutivo, dice que hay magistrados que, cuando enfrenten procesos de destitución “por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por delitos comunes o falta de cumplimiento de los deberes de su cargo”, quedarán automáticamente suspendidos en sus funciones?
¿En la cabeza de los poderes hay ciudadanos de primera; y el resto de los miembros son ciudadanos de segunda?
El Estado no puede ser incoherente. Para que haya seguridad jurídica, debe haber previsibilidad. Eso reclama la doctrina de los actos propios: en circunstancias similares, las decisiones oficiales serán similares. O serán nulas.
Sin falsas dicotomías
La irracionalidad se profundiza por una doble vía. La primera jamás ha sido vista: la ley bloqueada le impide al juez acusado ejercer el derecho de recusar a los miembros del jurado. O sea, puede ser juzgado por quienes tengan enemistad manifiesta en su contra. Una “ametralladora”, para usar la imagen del abogado Julio Rougés en la presentación de la Asociación de Magistrados.
La segunda vía irracional es conocida y reaparece con la automaticidad de la suspensión de los jueces. En el Estado de Derecho, todo debe ser fundamentado. Lo estableció con meridiana conciencia republicana el camarista Rodolfo Novillo cuando, mediante una cautelar, suspendió la designación de jueces porque Carlos López, el secretario de la extinta Fiscalía Anticorrupción, había sido vetado sistemáticamente por el Poder Ejecutivo en el acceso a un cargo de magistrado, luego de concursar y quedar ternado siete veces. El alperovichismo (del cual formaron parte, en primera línea, las actuales cabezas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Ministerio Público) excluyó a este profesional de idoneidad reincidente, sin dar explicación.
Entonces, Novillo advirtió que en la república no puede existir el “no, porque no”: el Gobierno tenía que brindar razones. Casi de inmediato, la Corte dejó sin efecto la cautelar (y el Poder Ejecutivo se vio librado de confesar lo inconfesable): determinó que el secretario judicial no había demostrado que fuera víctima de segregación. Por desgracia, el alto tribunal no fijó la cantidad suficiente de concursos ganados y de exclusiones: ¿con cincuenta hubiera alcanzado?
La suspensión de un juez debe ser profusamente fundamentada, como deben serlo todos los actos del Gobierno (la razonabilidad es primerísima fuente del derecho). Ello, aunque este año se cumpla el quinto aniversario de la vez en que a la cúpula de la Justicia (ese poder que jamás investigó al alperovichismo) esa cuestión le pareció secundaria. “Según la Corte, López no probó que Alperovich lo discrimina” fue el título de la página 7 de LA GACETA el 30 de junio de 2012.
En el enfrentamiento entre el poder político y el Poder Judicial no se puede caer en la trampa de las falsas antinomias. Es inadmisible la postura de que por lo que “uno” hizo hay que preferir al “otro”, o que por lo que el “otro” no hizo hay que preferir a “uno”. Lo único por preferir es la república. Esa criatura fabulosa (capaz de contener a esa magnífica bestia que es el poder), cuya especie se encuentra en peligro en Tucumán.
Manifiestas desigualdades
Siguiendo la senda de la república, y como también se avisó, crear juzgados para establecer una doble instancia en lo Contencioso Administrativo es otra norma de la “reforma judicial” con serias chances de estrellarse.
Esa ley comporta tres oprobios. El primero se circunscribe al plano legal. Ese es el fuero en cual se litiga contra ese monstruo grande que es el Estado y el hecho de que sólo haya una cámara (con lo cual, la Corte actúa como segunda instancia) refiere a la necesidad de abreviar el proceso para los ciudadanos, que para reclamar derechos conculcados deben enfrentar toda una maquinaría de abogados estatales. El manzurismo, cuyo ADN cultural es 99,9% alperovichista, otra vez violenta la doctrina de los actos propios: este Gobierno, durante 2016, reformó el Código Procesal Penal y pregonó las bondades de abreviar el trámite de las causas. ¿Para el fuero en lo Contencioso Administrativo conviene aplazarlas hasta la eternidad?
El segundo se anota en el plano político. En la Cámara en lo Contencioso Administrativo fueron cayendo, una tras otra, todas las intentonas monárquicas del alperovichismo. Ahora, el manzurismo busca trampear la instancia que ha frenado los atropellos del poder. Desde las abominaciones de la Anti-Constitución alperovichista hasta la nulidad de los comicios provinciales de agosto de 2015. Esas elecciones estragadas de delitos electorales y de maniobras fraudulentas, que luego la Corte validó…
Si el interés del oficialismo fuera hacer más eficiente la administración de justicia, podría haber propuesto crear más salas dentro de la misma cámara. Pero los tucumanos son lo último que importa en esta pelea. Eso refiere al tercer oprobio.
Crear esta doble instancia es tremendamente lesivo para la sociedad. Hay generaciones completas de proveedores del Estado, empleados públicos, particulares y jubilados (o sus viudas, o sus huérfanos) que vieron sus derechos revolcados por la administración pública y pasaron años pleiteando contra a un Estado que sólo sabe apelar. Luego, cuando obtuvieron los fallos definitorios, ese Estado se declaró en Emergencia Económica y contestó que no honraría sus compromisos. A ese infierno de injusticia le sumaron un purgatorio más.
La doble instancia es indispensable cuando el Estado lleva a las personas a los estrados judiciales, como en el derecho penal. Pero es una desigualdad manifiesta cuando el particular debe llevar al Estado al banquillo.
Los ciudadanos no pueden ser variable de ajuste de las internas del poder. Si la democracia es sinónimo de gobierno del pueblo, dudosamente democrático es un gobierno para el cual las personas y la tutela de sus derechos son superfluos.
Lo que no se puede mover
La todavía no parida ley de subrogancias también va a tener pronóstico reservado cuando vea la luz. Sustancialmente, porque la pretensión de cubrir las vacantes tribunalicias con jueces de designación precaria choca frontalmente con la garantía constitucional de inamovilidad de los jueces. Claro que es discutible, a estas alturas de la democracia, si las magistraturas deben ser vitalicias (no pocas son hereditarias y todas están libres de impuestos, a despecho de la republicana igualdad ante la ley). Pero aun así, la inamovilidad es la norma constitucional vigente y las leyes que se dicten deben subordinarse a ese principio.
Todo esto, dicho sea de paso, mirando los fragmentos de un cuadro institucional que pinta ser espeluznante. ¿Van a nombrar como jueces precarios a abogados del foro, a los que les darán sueldos de seis cifras, en despachos como los juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo, en el marco de un sistema donde hasta los jueces constitucionales son suspendidos automáticamente? Ya no resta nada del jardín. De la república sólo quedará un mito.
Primer principio y fin último
El oficialismo siempre barajó toparse con escollos judiciales insalvables contra sus iniciativas. Y siempre planteó una pelea de varios rounds.
En la tarjeta donde lleva los puntos, en las cumbres del poder político dan como perdido el round de la suspensión automática de jueces. Al de la doble instancia en lo Contencioso Administrativo lo dan aún como empatado. Consideran que ya ganaron el de los juzgados laborales. Y reivindican el triunfo en la reforma del Ministerio Público Fiscal y en la negativa a ampliar el Presupuesto judicial para las paritarias. Ahora se calzan los guantes para las subrogancias…
Ninguna de esas es la pelea de fondo. El Gobierno lo sabe. Todo empieza con la decisión tribunalicia de investigar el destino de los $ 600 millones de la partida “Transferencias” de la Legislatura en el electoralísimo 2015. Con esos recursos se financiaron los “gastos sociales”. La tercera parte salió en valijas del banco oficial a camionetas del parlamento, con rumbo desconocido, en los tres meses previos a los comicios provinciales.
Todo termina también con el pronunciamiento judicial que sobrevenga. Si se determinara que con ese dinero del Estado pagó la campaña del oficialismo, el camino hacia la intervención federal estaría libre. Sobre todo porque el manzurismo no ha movido un músculo por la reforma política que la Nación le ha reclamado a viva voz, a fin de conjurar toda posibilidad de reeditar la vergüenza nacional de la última elección local.
También la Justicia sabe que todo comienza y se acaba en ese proceso. Cuando el 16 de septiembre de 2015 la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró nulos los comicios y ordenó llamar a una nueva votación, el poder político echó a andar el fantasma del remedio federal. El Ejecutivo y el Legislativo estarían acéfalos el 29 de octubre porque no habría autoridades electas, así que a ese vacío de poder le sobrevendría la intervención para todos y todas. En sólo 72 horas, se constituyó una Corte ad hoc, que falló en favor de la legitimidad de las elecciones, con los mismos argumentos con los que se las había fulminado.
El título por la república se juega en ese cuadrilátero.
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