Por Irene Benito
22 Marzo 2017
La rectificación de leyes puede ser interpretada como un gesto de humildad y de sensatez, pero la repetición de fe de erratas delata la impericia y la propensión al caos de una mayoría política que se siente inmune a la intervención federal. Así como hoy dice negro y ayer dijo blanco, sin despeinarse, el oficialismo se apresta a “re-reformar” su tanque, el Ministerio Público a imagen y semejanza de Edmundo Jiménez, sin buscar un cambio real. Se va la segunda “enmienda de enmienda” desde que el progreso de algunos expedientes relativos a los gastos sociales legislativos desencadenara en el Gobierno la fiebre remodeladora de la Justicia. Ese tren frenético arrancó en diciembre, a posteriori de que el Poder Ejecutivo y la Legislatura repeliesen la medida cautelar que colocó los presuntos recibos de los subsidios al cuidado del vicegobernador Osvaldo Jaldo. La máquina reformadora volvió sobre sus pasos por primera vez en febrero, cuando corrigió la mayor parte de las imperfecciones detectadas en la modificación de la esfera judicial de los trabajadores. Pese al alboroto que generó esta cirugía menor -en el conjunto-, la ecuación del fuero laboral no salió tan mal para sus promotores puesto que desvió la atención sobre la “licuación” del poder de la estratégica Cámara en lo Contencioso Administrativo, ley cuya aplicación demanda la puesta en marcha de los juzgados de primera instancia ¿encabezados por magistrados subrogantes?
“El Gobierno va por todo para, aún con retrocesos, quedarse con más de lo que le corresponde”, interpretó un príncipe del foro con el diario del martes. En las últimas semanas, la ejecución de ese juego de intensidades distintas corrió por cuenta de dos jugadores del sector gobernante: los legisladores Marcelo Caponio y Fernando Juri. Mientras el primero va al choque, el segundo recompone. En los últimos tiempos, ambos se fatigaron de entrar y de salir de los despachos de los Tribunales. Este espectáculo de gestiones y gestores se desarrolló mientras el alto tribunal tramitaba sin prisas -al ritmo que impusieron los vocales Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse- los ocho expedientes que iniciaron opositores y entidades intermedias para frenar las reformas judiciales mediante fallos emitidos por la cabeza de la institución retocada. No hubo sentencias: sí una acordada (acto administrativo) que declaró impracticable la ley que dio máximos atributos de caja a Jiménez.
El “no” posible de la Corte fue suficiente para que la Legislatura y el Poder Ejecutivo recularan. “Alguien o algo los paró: habrá que ver qué fue, pero no basta con una pantomima de reversa para que haya una reversa verdadera”, advirtió un abogado desconfiado. En el alto tribunal celebraron como victoria simbólica que haya quedado fuera de discusión su superintendencia sobre el Poder Judicial -incluidos los ministerios públicos- según los parámetros del artículo 121 de la Constitución de Tucumán. Pero el entusiasmo comenzó a decaer tras constatar que la “re-reforma” con dictamen favorable de la mayoría es capaz de todo al mismo tiempo: rendir pleitesía a la cláusula constitucional desconocida en febrero; expresar que habrá un esquema salarial único y que las designaciones de personal procederán por concursos similares a los vigentes; sostener fiscales sin estabilidad en el cargo; mantener principios de independencia funcional contradictorios con el rol supremo de la Corte y establecer zonas grises de cogobierno.
La regla de tres que corrobora que este paso hacia atrás en la letra resulta un paso chiquito sin concesiones es la disposición transitoria que reconoce la validez de la administración del alto tribunal hasta que los ministerios públicos organicen sus burocracias y “comuniquen” que están listos para asumir sus funciones plenamente. Para que no quepan dudas sobre la temporalidad de esa situación, el proyecto estatuye que la transición se prolongará durante un año como máximo. Si no hay otras vueltas en el trayecto hacia la nueva ley, en 12 meses o antes el Poder Judicial estará más o menos frente a las mismas incertidumbres del presente.
Una inseguridad jurídica que cruje por donde se la mire, y que augura más y más conflictividad. A comienzos de este mes, Jiménez aseguró a la prensa que no iba a concretar nombramientos discrecionales; que publicaría todas sus resoluciones y que no lo había hecho antes porque el alto tribunal manejaba incluso las palancas de su página web; que no ejecutaría la enmienda legal judicializada por la oposición hasta disponer de la estructura apropiada y que reviviría la difunta Fiscalía Anticorrupción. El 14 de marzo, la Corte declaró inaplicable la reforma por unanimidad. Un día después, el jefe de los fiscales de la gioconda sonrisa oficializó la apertura de un concurso para seleccionar a un psicólogo: la resolución 74/17 aplica la ley que el alto tribunal había “inaplicado” y su divulgación en internet da cuenta de la existencia de al menos 73 actos previos sin publicidad. ¿Cómo debe ser interpretado este concurso convocado a sabiendas de que la Corte había reasumido las funciones administrativas? ¿Qué pasará con los inscriptos y eventuales ganadores del proceso? ¿Y a qué razones obedece la difusión selectiva de decisiones? Para más inri, en un escritorio de la Corte existe una nómina con al menos 20 designaciones temporarias “a dedo” concretadas por Jiménez durante las últimas semanas. ¿Tales nombramientos habrán beneficiado a familiares y a amigos deseosos de inaugurar la fase del Ministerio Fiscal todopoderoso?
Todo avanza menos la investigación del manejo irregular del patrimonio público. El desmadre ligado a la superposición de prerrogativas de las autoridades es potenciado por la catarata de recusaciones que abrió el Gobierno para librarse de los jueces que puedan fallar en contra de sus intereses en la serie de pleitos sensibles que comprende a los de los gastos sociales legislativos. Las impugnaciones empezaron por Rodolfo Novillo, camarista en lo contencioso administrativo; siguieron por sus pares Carlos Giovanniello, Ebe López Piossek, Sergio Gandur y Salvador Ruiz, y ya alcanzaron a los vocales supremos Sbdar, René Goane y Antonio Gandur. Al contemplar esa enredadera de cuestionamientos, un pícaro opinó que los jueces no recusados han de gozar de la confianza y el agrado del poder político. Para este principio ordenador del caos, bastaría a los fines de la parcialidad judicial con identificar a los magistrados que el oficialismo exima de reparos.
“El Gobierno va por todo para, aún con retrocesos, quedarse con más de lo que le corresponde”, interpretó un príncipe del foro con el diario del martes. En las últimas semanas, la ejecución de ese juego de intensidades distintas corrió por cuenta de dos jugadores del sector gobernante: los legisladores Marcelo Caponio y Fernando Juri. Mientras el primero va al choque, el segundo recompone. En los últimos tiempos, ambos se fatigaron de entrar y de salir de los despachos de los Tribunales. Este espectáculo de gestiones y gestores se desarrolló mientras el alto tribunal tramitaba sin prisas -al ritmo que impusieron los vocales Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse- los ocho expedientes que iniciaron opositores y entidades intermedias para frenar las reformas judiciales mediante fallos emitidos por la cabeza de la institución retocada. No hubo sentencias: sí una acordada (acto administrativo) que declaró impracticable la ley que dio máximos atributos de caja a Jiménez.
El “no” posible de la Corte fue suficiente para que la Legislatura y el Poder Ejecutivo recularan. “Alguien o algo los paró: habrá que ver qué fue, pero no basta con una pantomima de reversa para que haya una reversa verdadera”, advirtió un abogado desconfiado. En el alto tribunal celebraron como victoria simbólica que haya quedado fuera de discusión su superintendencia sobre el Poder Judicial -incluidos los ministerios públicos- según los parámetros del artículo 121 de la Constitución de Tucumán. Pero el entusiasmo comenzó a decaer tras constatar que la “re-reforma” con dictamen favorable de la mayoría es capaz de todo al mismo tiempo: rendir pleitesía a la cláusula constitucional desconocida en febrero; expresar que habrá un esquema salarial único y que las designaciones de personal procederán por concursos similares a los vigentes; sostener fiscales sin estabilidad en el cargo; mantener principios de independencia funcional contradictorios con el rol supremo de la Corte y establecer zonas grises de cogobierno.
La regla de tres que corrobora que este paso hacia atrás en la letra resulta un paso chiquito sin concesiones es la disposición transitoria que reconoce la validez de la administración del alto tribunal hasta que los ministerios públicos organicen sus burocracias y “comuniquen” que están listos para asumir sus funciones plenamente. Para que no quepan dudas sobre la temporalidad de esa situación, el proyecto estatuye que la transición se prolongará durante un año como máximo. Si no hay otras vueltas en el trayecto hacia la nueva ley, en 12 meses o antes el Poder Judicial estará más o menos frente a las mismas incertidumbres del presente.
Una inseguridad jurídica que cruje por donde se la mire, y que augura más y más conflictividad. A comienzos de este mes, Jiménez aseguró a la prensa que no iba a concretar nombramientos discrecionales; que publicaría todas sus resoluciones y que no lo había hecho antes porque el alto tribunal manejaba incluso las palancas de su página web; que no ejecutaría la enmienda legal judicializada por la oposición hasta disponer de la estructura apropiada y que reviviría la difunta Fiscalía Anticorrupción. El 14 de marzo, la Corte declaró inaplicable la reforma por unanimidad. Un día después, el jefe de los fiscales de la gioconda sonrisa oficializó la apertura de un concurso para seleccionar a un psicólogo: la resolución 74/17 aplica la ley que el alto tribunal había “inaplicado” y su divulgación en internet da cuenta de la existencia de al menos 73 actos previos sin publicidad. ¿Cómo debe ser interpretado este concurso convocado a sabiendas de que la Corte había reasumido las funciones administrativas? ¿Qué pasará con los inscriptos y eventuales ganadores del proceso? ¿Y a qué razones obedece la difusión selectiva de decisiones? Para más inri, en un escritorio de la Corte existe una nómina con al menos 20 designaciones temporarias “a dedo” concretadas por Jiménez durante las últimas semanas. ¿Tales nombramientos habrán beneficiado a familiares y a amigos deseosos de inaugurar la fase del Ministerio Fiscal todopoderoso?
Todo avanza menos la investigación del manejo irregular del patrimonio público. El desmadre ligado a la superposición de prerrogativas de las autoridades es potenciado por la catarata de recusaciones que abrió el Gobierno para librarse de los jueces que puedan fallar en contra de sus intereses en la serie de pleitos sensibles que comprende a los de los gastos sociales legislativos. Las impugnaciones empezaron por Rodolfo Novillo, camarista en lo contencioso administrativo; siguieron por sus pares Carlos Giovanniello, Ebe López Piossek, Sergio Gandur y Salvador Ruiz, y ya alcanzaron a los vocales supremos Sbdar, René Goane y Antonio Gandur. Al contemplar esa enredadera de cuestionamientos, un pícaro opinó que los jueces no recusados han de gozar de la confianza y el agrado del poder político. Para este principio ordenador del caos, bastaría a los fines de la parcialidad judicial con identificar a los magistrados que el oficialismo exima de reparos.
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