Por Irene Benito
15 Marzo 2017
Las dudas burocráticas relativas a la liquidación de los sueldos del personal del Ministerio Público fueron el puntapié de la decisión administrativa que bloqueó la aplicación de la ley que dio máximos poderes al jefe de los fiscales Edmundo Jiménez, aunque en los pasillos de las fiscalías también se hable de una avalancha de nombramientos “a dedo”. El alto tribunal recuperó el control sobre los recursos materiales y humanos: primera lectura. Segunda lectura: la Corte pudo haber llegado a un resultado todavía más amplio librando las medidas cautelares que le había solicitado la oposición en sus respectivos juicios, pero sólo logró emitir una acordada que reafirma la facultad de superintendencia que le confirió la Constitución. Es un “no” posible y unánime en medio de una tempestad. Tercera lectura: esta salida potenció el clima de especulaciones que cobija a los supremos. Mientras Antonio Estofán, Claudia Sbdar (dueña del voto decisivo) y Daniel Posse, los vocales nombrados por el ex gobernador-senador, coincidieron en la posición que difirió un pronunciamiento precautorio en los pleitos “Elías de Pérez y otros”, y “Partido Fe”, los veteranos del cuerpo, el presidente Antonio Gandur y el vocal decano René Goane no sólo exteriorizaron que había que dictar las cautelares sino que adelantaron su formato. Los cinco se animaron a un punto intermedio, tres no se animaron a tanto.
El escenario institucional se enfrenta a una complejidad inesperada. La desorientación aqueja a oficialistas y a opositores por igual porque, a primera vista, ningún sector obtuvo las seguridades que anhelaba. “Triunfó la célebre patada hacia adelante: o sea, nadie o la propia Corte con sus graves internas a cuestas”, ensayó un príncipe del foro sin la contundencia de antaño. Otro, más optimista, juzgó que el alto tribunal había dado un paso decisivo hacia la recuperación de las instituciones lesionadas. “Hablaron así y ahora porque tal vez ya no puedan decir nada más después”, matizó el juez que vio en la acordada un gesto de dignidad. Una tercera vía planteó que la postura abre una instancia de negociación en la trama interminable de tensiones que involucra a las tres esferas del Estado.
¿Acaso no quedaron abiertas también las compuertas para que el Gobierno, que ha hecho una marca registrada de la recusación de jueces, proceda a exigir el apartamiento de los vocales en los litigios relativos al Ministerio Público? Cabe hacerse esa pregunta máxime cuando, grosso modo, Jiménez dijo a la prensa que la Corte entera debía excusarse porque, de lo contrario, estaría juzgando sobre las atribuciones que el oficialismo le había quitado. ¿Acaso ser sacado de estas causas no implicaría un alivio para algunos jueces que se sienten entre la espada y la pared; que quieren y no quieren disgustar al Gobierno, y que preferirían que otros pongan “el cuerpo” a las balas del poder?
La respuesta no convencional de la Corte -la “inaplicabilidad” declarada por acordada- desencadena un aluvión de interrogantes. Para comprobarlo basta con tratar de interpretar los alcances del nuevo orden: amén de la discusión relativa a si el Poder Judicial tiene o no potestades para regular la vigencia de una ley por fuera de los juicios que la impugnan y al conflicto de poderes, el freno no alcanzaría, en principio, a la serie de disposiciones cuestionadas por la oposición que no están ligadas a la administración de la Justicia. Dicho análisis toleraría, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo designe en forma discrecional al titular del Ministerio Público de la Defensa, o que los fiscales y defensores regionales (coordinadores) carezcan de estabilidad. Tal lógica podría llevar a la configuración de órganos híbridos o de “absurdos institucionales” cuyo ulterior desmantelamiento implicaría chocar contra derechos adquiridos. Este cuadro apocalíptico, como en un acceso bíblico lo definió un vocal de la Corte, se completa con las pinceladas negras de Jiménez, que sin mosquearse asegura que no hay justicia en Tucumán.
El paspartú de ese lienzo indescifrable está signado por las teorías sobre el regreso a los “carpetazos”, a los ataques en la vía pública y a las difamaciones que ya soportaron los magistrados que anularon los comicios de 2015, particularmente una mujer: la camarista Ebe López Piossek. Una muestra de ese modus operandi de la Cosa Nostra emergió durante la semana pasada con pintadas en la zona de Tribunales que corroboran la importancia de los intereses en pugna detrás de la judicialización de las leyes que reformaron la Justicia mediante el empoderamiento del Ministerio Público, y la incorporación de la doble instancia en los fueros laborales y en lo contencioso administrativo, y de la suspensión automática de los jueces acusados de mal desempeño también llamada “destitución anticipada”. El mensaje penetró con esta clave: las decisiones que los jueces adopten en estas cuestiones serán interpretadas como “algo personal” y facturadas en tal concepto. ¿A estas presiones habrá que atribuir la circulación de versiones sobre “dimisiones inminentes” de miembros de la cúpula judicial, y las acciones y omisiones recientes?
Mientras unos y otros se rebanan los sesos escrutando reputaciones manchadas y motivaciones torcidas que resultan inaccesibles al menos por el momento, tres de los cinco vocales de la Corte -Gandur, Sbdar y Estofán- están afuera de la provincia, o tienen previsto viajar en estos días por licencias médicas y comisiones atinentes a sus funciones. Ergo, hasta la semana próxima no habrá votos suficientes para emitir los fallos que mantienen la institucionalidad en suspenso por involucrar materias que inciden sobre la república; la distribución del poder y la capacidad de la judicatura para ejercer su función elemental de establecer límites. Parecen abstracciones, pero las definiciones pendientes repercuten sobre asuntos tan concretos como la posibilidad de detener los abusos de la mayoría política, y de investigar los hechos de corrupción con libertad e independencia, cuestiones que interpelan directamente a la Corte y hasta nuevo aviso transitan por limbos deletéreos.
El escenario institucional se enfrenta a una complejidad inesperada. La desorientación aqueja a oficialistas y a opositores por igual porque, a primera vista, ningún sector obtuvo las seguridades que anhelaba. “Triunfó la célebre patada hacia adelante: o sea, nadie o la propia Corte con sus graves internas a cuestas”, ensayó un príncipe del foro sin la contundencia de antaño. Otro, más optimista, juzgó que el alto tribunal había dado un paso decisivo hacia la recuperación de las instituciones lesionadas. “Hablaron así y ahora porque tal vez ya no puedan decir nada más después”, matizó el juez que vio en la acordada un gesto de dignidad. Una tercera vía planteó que la postura abre una instancia de negociación en la trama interminable de tensiones que involucra a las tres esferas del Estado.
¿Acaso no quedaron abiertas también las compuertas para que el Gobierno, que ha hecho una marca registrada de la recusación de jueces, proceda a exigir el apartamiento de los vocales en los litigios relativos al Ministerio Público? Cabe hacerse esa pregunta máxime cuando, grosso modo, Jiménez dijo a la prensa que la Corte entera debía excusarse porque, de lo contrario, estaría juzgando sobre las atribuciones que el oficialismo le había quitado. ¿Acaso ser sacado de estas causas no implicaría un alivio para algunos jueces que se sienten entre la espada y la pared; que quieren y no quieren disgustar al Gobierno, y que preferirían que otros pongan “el cuerpo” a las balas del poder?
La respuesta no convencional de la Corte -la “inaplicabilidad” declarada por acordada- desencadena un aluvión de interrogantes. Para comprobarlo basta con tratar de interpretar los alcances del nuevo orden: amén de la discusión relativa a si el Poder Judicial tiene o no potestades para regular la vigencia de una ley por fuera de los juicios que la impugnan y al conflicto de poderes, el freno no alcanzaría, en principio, a la serie de disposiciones cuestionadas por la oposición que no están ligadas a la administración de la Justicia. Dicho análisis toleraría, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo designe en forma discrecional al titular del Ministerio Público de la Defensa, o que los fiscales y defensores regionales (coordinadores) carezcan de estabilidad. Tal lógica podría llevar a la configuración de órganos híbridos o de “absurdos institucionales” cuyo ulterior desmantelamiento implicaría chocar contra derechos adquiridos. Este cuadro apocalíptico, como en un acceso bíblico lo definió un vocal de la Corte, se completa con las pinceladas negras de Jiménez, que sin mosquearse asegura que no hay justicia en Tucumán.
El paspartú de ese lienzo indescifrable está signado por las teorías sobre el regreso a los “carpetazos”, a los ataques en la vía pública y a las difamaciones que ya soportaron los magistrados que anularon los comicios de 2015, particularmente una mujer: la camarista Ebe López Piossek. Una muestra de ese modus operandi de la Cosa Nostra emergió durante la semana pasada con pintadas en la zona de Tribunales que corroboran la importancia de los intereses en pugna detrás de la judicialización de las leyes que reformaron la Justicia mediante el empoderamiento del Ministerio Público, y la incorporación de la doble instancia en los fueros laborales y en lo contencioso administrativo, y de la suspensión automática de los jueces acusados de mal desempeño también llamada “destitución anticipada”. El mensaje penetró con esta clave: las decisiones que los jueces adopten en estas cuestiones serán interpretadas como “algo personal” y facturadas en tal concepto. ¿A estas presiones habrá que atribuir la circulación de versiones sobre “dimisiones inminentes” de miembros de la cúpula judicial, y las acciones y omisiones recientes?
Mientras unos y otros se rebanan los sesos escrutando reputaciones manchadas y motivaciones torcidas que resultan inaccesibles al menos por el momento, tres de los cinco vocales de la Corte -Gandur, Sbdar y Estofán- están afuera de la provincia, o tienen previsto viajar en estos días por licencias médicas y comisiones atinentes a sus funciones. Ergo, hasta la semana próxima no habrá votos suficientes para emitir los fallos que mantienen la institucionalidad en suspenso por involucrar materias que inciden sobre la república; la distribución del poder y la capacidad de la judicatura para ejercer su función elemental de establecer límites. Parecen abstracciones, pero las definiciones pendientes repercuten sobre asuntos tan concretos como la posibilidad de detener los abusos de la mayoría política, y de investigar los hechos de corrupción con libertad e independencia, cuestiones que interpelan directamente a la Corte y hasta nuevo aviso transitan por limbos deletéreos.
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