14 Marzo 2017
Las grandes concentraciones de público, generadas con ocasión de recitales de música, constituyen algo frecuente y habitual en nuestra actualidad. Miles y miles de personas, sobre todo jóvenes, aplauden y se enfervorizan al ritmo de los cantantes. La droga y el alcohol también suelen tener su inquietante participación en esa euforia. Y hace subir aún más el clima esa impresionante parafernalia de luces y de efectos especiales que se despliega.
Como informamos, ha conmocionado al país un muy penoso acontecimiento, ocurrido en la localidad bonaerense de Olavarría. Durante ese recital dos personas murieron y otras resultaron heridas. Todo en el marco de un indescriptible caos de corridas, enfrentamientos con la policía y vehículos atascados, esto además de diversos saqueos y daños a la propiedad.
No en la primera vez que este tipo de reuniones multitudinarias terminan de modo trágico, y que personas que concurrieron con la finalidad de disfrutar las actuación de sus artistas favoritos terminan muertas o gravemente heridas. Evidentemente, esto ocurre porque hay serias fallas en la organización del espectáculo.
No puede argumentarse que resulta prácticamente imposible ejercer algún control, cuando la concentración es demasiado numerosa. Aceptar esa tesitura equivaldría a admitir que, periódicamente, alguien queda autorizado, en una ciudad, para armar un espectáculo de multitudes, sin garantía alguna contra los percances que podrían derivarse.
Se han difundido en abundancia las deficiencias de control que presentaba el recital de Olavarría. Había mucho más del doble de las 155.000 personas que constituían la capacidad del predio, gran número de las cuales ingresaron sin pagar entrada. Los responsables del espectáculo no se preocuparon por la seguridad, como tampoco intervino la Municipalidad para verificarla debidamente.
El caso no ha podido menos que convocar el recuerdo de aquella tragedia de 2004, en el boliche porteño Cromañón, que dejó un saldo de casi dos centenares de muertos. Olavarría queda lejos de Tucumán, pero no debemos considerar que el caso nos es ajeno, sino todo lo contrario.
En efecto, con frecuencia tienen lugar, en nuestra capital o en la provincia esas concentraciones originadas por un recital o por algún tipo de fiesta. No debemos desoír las advertencias que sugiere lo ocurrido en la localidad bonaerense. A todo festival que convoque asistencia masiva debe exigírsele el cumplimiento de los máximos requisitos de seguridad, tanto en el ingreso, como en el desarrollo y en la desconcentración.
Requisitos que deberán ir desde el respeto más riguroso de la capacidad de los predios, hasta la más severa vigilancia sobre la conducta de los concurrentes; esto además de disponer los equipos sanitarios que pudieran necesitarse para cualquier emergencia.
Miles de personas congregadas en un lugar representan la amenaza potencial de una tragedia que podría desencadenarse del modo y en el momento más impensados. En suma, el caso de Olavarría debe servirnos de advertencia para tomar medidas, dirigidas a que una fiesta no se torne súbitamente en drama. Y las reglamentaciones vigentes debieran usar esta experiencia para incluir situaciones no calculadas. Más vale prevenir.
Como informamos, ha conmocionado al país un muy penoso acontecimiento, ocurrido en la localidad bonaerense de Olavarría. Durante ese recital dos personas murieron y otras resultaron heridas. Todo en el marco de un indescriptible caos de corridas, enfrentamientos con la policía y vehículos atascados, esto además de diversos saqueos y daños a la propiedad.
No en la primera vez que este tipo de reuniones multitudinarias terminan de modo trágico, y que personas que concurrieron con la finalidad de disfrutar las actuación de sus artistas favoritos terminan muertas o gravemente heridas. Evidentemente, esto ocurre porque hay serias fallas en la organización del espectáculo.
No puede argumentarse que resulta prácticamente imposible ejercer algún control, cuando la concentración es demasiado numerosa. Aceptar esa tesitura equivaldría a admitir que, periódicamente, alguien queda autorizado, en una ciudad, para armar un espectáculo de multitudes, sin garantía alguna contra los percances que podrían derivarse.
Se han difundido en abundancia las deficiencias de control que presentaba el recital de Olavarría. Había mucho más del doble de las 155.000 personas que constituían la capacidad del predio, gran número de las cuales ingresaron sin pagar entrada. Los responsables del espectáculo no se preocuparon por la seguridad, como tampoco intervino la Municipalidad para verificarla debidamente.
El caso no ha podido menos que convocar el recuerdo de aquella tragedia de 2004, en el boliche porteño Cromañón, que dejó un saldo de casi dos centenares de muertos. Olavarría queda lejos de Tucumán, pero no debemos considerar que el caso nos es ajeno, sino todo lo contrario.
En efecto, con frecuencia tienen lugar, en nuestra capital o en la provincia esas concentraciones originadas por un recital o por algún tipo de fiesta. No debemos desoír las advertencias que sugiere lo ocurrido en la localidad bonaerense. A todo festival que convoque asistencia masiva debe exigírsele el cumplimiento de los máximos requisitos de seguridad, tanto en el ingreso, como en el desarrollo y en la desconcentración.
Requisitos que deberán ir desde el respeto más riguroso de la capacidad de los predios, hasta la más severa vigilancia sobre la conducta de los concurrentes; esto además de disponer los equipos sanitarios que pudieran necesitarse para cualquier emergencia.
Miles de personas congregadas en un lugar representan la amenaza potencial de una tragedia que podría desencadenarse del modo y en el momento más impensados. En suma, el caso de Olavarría debe servirnos de advertencia para tomar medidas, dirigidas a que una fiesta no se torne súbitamente en drama. Y las reglamentaciones vigentes debieran usar esta experiencia para incluir situaciones no calculadas. Más vale prevenir.
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