Por Juan Manuel Asis
12 Marzo 2017
Parece una mise en scène que tiene como protagonista al Poder Judicial y, lo que es peor, en el marco de la campaña electoral y de disputas por espacios de poder a futuro. Una puesta en escena de varios: de unos enancándose en la necesidad de reformas estructurales y de otros subiéndose a justificados rechazos a los promovidos cambios. En el medio de ese distanciamiento -que se intensificó en los últimos meses- hay terceros en discordia que demandan un mejor servicio de la Justicia y que observan -sin voz, ni voto aún- cómo los funcionarios públicos prefieren enfrascarse en una pelea de diferenciaciones antes que avanzar en mesas de consensos en pos de una comunidad organizada.
No se entiende por qué el diálogo incomoda cuando el destinatario de los beneficios es la ciudadanía que los mira esperanzada, aunque atónita. ¿Sucede porque al ser un año electoral el sistema de confrontación para la obtención de voluntades es el único método posible (o conocido)? De hecho, el calendario electoral profundiza las peleas, apura las chicanas y divide las aguas; embarra. Y hay expertos en jugar en lodazales. El método confrontativo gobierna las conductas, se naturalizó; por eso los comicios separan, alejan, y aturden.
Que lo diga el otro
En ese marco no resulta paradójico que si todos -desde sus respectivas trincheras-, piensan y se embanderan en defensa de la calidad institucional y en agilizar el funcionamiento tribunalicio; en vez de sumar, dividan. Atendiendo a las circunstancias es lógico que no dialoguen, que no se escuchen -menos que se entiendan- y que se envíen mensajes a través de los medios y que traten de imponer sus opiniones a través de la judicialización de las iniciativas. Suena a cobardía esperar que un tercero resuelva por sí o por no los temas centrales porque no se atreven a una charla de auténticos dirigentes. No cabe hoy. Tampoco es lo más conveniente para una sociedad que exige que los de arriba acuerden para que los de abajo estén mejor. Está claro que no quieren comprender al otro y que prefieren seguir defendiendo sus posiciones, sean cuales sean, potenciando las diferencias en el año electoral. O bien, lo que hacen en el fondo es defender sus espacios de poder, o quintitas; como le dicen, y tratando de ampliar esas fronteras debilitando estructuralmente al adversario.
Así puede comprenderse en parte el conflicto político-judicial generado por las reformas impulsadas para modificar el Poder Judicial: por los intereses particulares y sectoriales en juego. Nadie quiere resignar nada y cualquier propuesta de cambio se defiende desde las necesidades sociales o se la rechaza desde las interpretaciones políticas. Y las argumentaciones de ambos lados resultan atendibles, aunque enmascaren las verdaderas intenciones. Tras bambalinas hay historias puntuales, enmarcadas en la necesidad de fortalecer a unos y de debilitar a otros.
Los pícaros
Un referente de la capital, por ejemplo, sintetizó brutalmente el trasfondo de todo: no puede ser que 10 pícaros manejen la Justicia. Cinco miembros de la Corte, dos camaristas y tres abogados. El “manejo” de esos “otros” molesta, interfiere. Y lo que más disgusta -desde esta perspectiva- es que la manejan al margen del poder político. Y por principio si alguien maneja -o conduce- es porque otros responden. He ahí parte de la clave. En cierta forma se trata de imponerse en la disputa, para que algunos sepan a quién o a quiénes tienen que responder. Y de qué manera tienen que hacerlo.
El runrún de que se puede llevar el número de integrantes de la Corte de cinco a nueve es un mensaje con destinatarios especiales -para algunos queda más claro que para otros-. ¿Una advertencia para que obren respecto de la reforma judicial según el interés particular del poder político y no de aquellos pícaros manejadores? En suma, esta disputa de intereses políticos -no institucionales-, en base al impulso de propuestas de cambios en la estructura de la Justicia está exponiendo a la Justicia como un poder que tiene los mismos pecados y deficiencias de origen que los restantes poderes del Estado. Algo que va más allá de las afirmaciones del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, que sacuden la estantería cuando dice que la Justicia no funciona, alterando a propios y a extraños.
Aquel debate que instaló el kirchnerismo a partir de hablar de un “partido judicial” y a su vez fomentar una agrupación afín como “Justicia Legítima”, el de que hay magistrados propios y ajenos en la Justicia; se recreó en la provincia con estas iniciativas reformistas. Algunos apuestan a que tome vuelo, a que se instale en la sociedad, y que las dudas sobre la honorabilidad de los jueces se acrecienten, aún más. Tal como lo planteó un peronista con la siguiente pregunta: ¿por qué ellos son los señores y nosotros los corruptos? O todos, o ninguno. Tremendo.
Se los quiere bajar al barro; y para eso nada mejor que el marco electoral, donde los dirigentes políticos se mueven con presteza. Un objetivo es mostrar que las iniciativas “para mejorar el funcionamiento del sistema judicial” son generadas desde el Ejecutivo y desde la Legislatura y exponer que desde el propio Poder Judicial se las frena para que nada cambie, porque las eventuales modificaciones alterarían los espacios de poder, las influencias y las quintitas armadas a la sombra de años de práctica judicial. Se aspira a instalar que nadie es buenito y que si obra de determinada forma obedece a intereses personales y no en defensa del interés general.
Por eso desde el oficialismo se festejó, aunque nadie en forma pública, la denuncia de la empresa de transporte de pasajeros Leagas SA contra el magistrado Salvador Ruiz, entre otros. Un letrado peronista se refregaba las manos esta semana en la Casa de Gobierno y sostenía que el tiempo mostró la parcialidad con la que obró el camarista cuando determinó la suspensión de los comicios de 2015. En ese sentido recordó que el abogado defensor de Ruiz en la causa Leagas, Arnaldo Ahumada, fue el mismo que firmó el planteo del Acuerdo para el Bicentenario en contra de los comicios provinciales. Lentamente, todo va saliendo a la luz; agregó el personaje cual si fuera una confirmación de las denuncias realizadas desde el Frente para la Victoria contra Ruiz.
Pero, ¿qué estaba diciendo realmente?: que este botón revela que en el sistema judicial hay quienes manejan y quiénes responden según sus propios intereses y que, por lo tanto, no sólo hay que introducir reformas en el sistema judicial sino, además, mejorar el sistema de justicia extirpando las posibles corruptelas.
Al margen, en forma tardía -ante una consulta-, algunos de los involucrados en los planteos judiciales por aquellos comicios provinciales reconocen la picardía opositora al hacer que Ahumada firme la demanda del ApB, ya que sacó de la cancha a los vocales de la Corte nombrados por el alperovichismo -Sbdar y Estofán-, uno por enemistad y a otro por amistad manifiesta. ¿Manejadores?, ¿respondedores? Quién no recuerda las pintadas en las paredes de los tribunales, acusando a algunos de “traidores”, aunque sin dar nombres. Los nuestros no se jugaron, se deslizó en voz baja en aquellos tiempos desde el alperovichismo. Ahora le dicen conflicto de intereses para atenuar las sospechas.
Trámite que avanza
Un dato al margen, pero referido a las elecciones judicializadas en 2015. Desde el 14 de febrero tuvo un inusitado movimiento en la Corte de Justicia de la Nación el expediente por el recurso federal presentado por el ApB contra el fallo de la Corte provincial que avaló el resultado de los comicios. El viernes, Lorenzetti lo pasó a la vocalía 4, luego de recibirlo de Maqueda. Ya tiene varias idas y vueltas el trámite y se estima que antes de fin de mes podría conocerse la decisión del máximo tribunal sobre las elecciones. O declara admisible el planteo para debatir sobre la nulidad o bien no le haga lugar, con lo que todo se cerraría.
Retomando el hilo original; esta semana, como abonando tácitamente que hay jugadores para todos los gustos en la Justicia, la Asociación de Magistrados usó conceptos que dan lugar a curiosas interpretaciones. Señaló, en un planteo contra la reforma del régimen de destitución de jueces, que hay “muchos magistrados díscolos” respecto del poder político, que no se someten a sus presiones. Aplausos a la independencia judicial. Pero el párrafo, en forma tácita, admite la existencia de jueces y fiscales no díscolos; ya que no sostiene que son “todos” díscolos, sino sólo “muchos”. Las palabras entrampan.
El debate que se abrió sobre la Justicia es necesario, tal vez no oportuno por el año electoral -que todo lo ensucia-; pero exige de mayor honestidad intelectual a la hora de pelear por la calidad del servicio judicial. Pero de un lado y del otro defienden sus posturas a través de la palabra de terceros o de planteos judiciales. En este aspecto hay preguntas a hacer: ¿a quién quieren convencer respecto de sus posiciones los reformistas y los que la rechazan? ¿Quieren obtener la simpatía de la ciudadanía, traducida luego en votos?, ¿quieren reforzar espacios de poder a costa de debilitar el de los otros? Y la peor de todas: ¿se quiere realmente mejorar el sistema judicial?
Pocos aplausos
En el medio del debate abierto hay algunas coincidencias que apuntan a la calidad institucional más allá de las chicanas, como por ejemplo que hay que acelerar la cobertura de vacantes en la Justicia, que hay que avanzar en un régimen de subrogancias más transparente y que hay pocos jueces. Aplausos. Sin embargo, también están las acusaciones políticas, las advertencias disfrazadas y los rumores referidos a la ampliación del número de integrantes de la Corte. No todo puede ser bueno.
Con la fuerte dosis de pragmatismo, un parlamentario soltó hace unos días: si voltean el desdoblamiento del Ministerio Fiscal, se viene la ley de los nueve. Algo parecido a lo de Kunkel y la intervención a la provincia si llegaban a anular los comicios de 2015. De nuevo, el oficialismo mira con atención a la Corte, especialmente a los que considera “sus” tres. Nos vienen jugando mal; dijo la misma voz.
Otra vez, la necesidad va por el lado de un serio debate por la reforma judicial, pero todo hoy suena más a una mise en scène, donde detrás deambulan manejadores y respondedores. Es el juego subterráneo; barroso, los hombres por sobre el sistema. Pésimo para la democracia.
No se entiende por qué el diálogo incomoda cuando el destinatario de los beneficios es la ciudadanía que los mira esperanzada, aunque atónita. ¿Sucede porque al ser un año electoral el sistema de confrontación para la obtención de voluntades es el único método posible (o conocido)? De hecho, el calendario electoral profundiza las peleas, apura las chicanas y divide las aguas; embarra. Y hay expertos en jugar en lodazales. El método confrontativo gobierna las conductas, se naturalizó; por eso los comicios separan, alejan, y aturden.
Que lo diga el otro
En ese marco no resulta paradójico que si todos -desde sus respectivas trincheras-, piensan y se embanderan en defensa de la calidad institucional y en agilizar el funcionamiento tribunalicio; en vez de sumar, dividan. Atendiendo a las circunstancias es lógico que no dialoguen, que no se escuchen -menos que se entiendan- y que se envíen mensajes a través de los medios y que traten de imponer sus opiniones a través de la judicialización de las iniciativas. Suena a cobardía esperar que un tercero resuelva por sí o por no los temas centrales porque no se atreven a una charla de auténticos dirigentes. No cabe hoy. Tampoco es lo más conveniente para una sociedad que exige que los de arriba acuerden para que los de abajo estén mejor. Está claro que no quieren comprender al otro y que prefieren seguir defendiendo sus posiciones, sean cuales sean, potenciando las diferencias en el año electoral. O bien, lo que hacen en el fondo es defender sus espacios de poder, o quintitas; como le dicen, y tratando de ampliar esas fronteras debilitando estructuralmente al adversario.
Así puede comprenderse en parte el conflicto político-judicial generado por las reformas impulsadas para modificar el Poder Judicial: por los intereses particulares y sectoriales en juego. Nadie quiere resignar nada y cualquier propuesta de cambio se defiende desde las necesidades sociales o se la rechaza desde las interpretaciones políticas. Y las argumentaciones de ambos lados resultan atendibles, aunque enmascaren las verdaderas intenciones. Tras bambalinas hay historias puntuales, enmarcadas en la necesidad de fortalecer a unos y de debilitar a otros.
Los pícaros
Un referente de la capital, por ejemplo, sintetizó brutalmente el trasfondo de todo: no puede ser que 10 pícaros manejen la Justicia. Cinco miembros de la Corte, dos camaristas y tres abogados. El “manejo” de esos “otros” molesta, interfiere. Y lo que más disgusta -desde esta perspectiva- es que la manejan al margen del poder político. Y por principio si alguien maneja -o conduce- es porque otros responden. He ahí parte de la clave. En cierta forma se trata de imponerse en la disputa, para que algunos sepan a quién o a quiénes tienen que responder. Y de qué manera tienen que hacerlo.
El runrún de que se puede llevar el número de integrantes de la Corte de cinco a nueve es un mensaje con destinatarios especiales -para algunos queda más claro que para otros-. ¿Una advertencia para que obren respecto de la reforma judicial según el interés particular del poder político y no de aquellos pícaros manejadores? En suma, esta disputa de intereses políticos -no institucionales-, en base al impulso de propuestas de cambios en la estructura de la Justicia está exponiendo a la Justicia como un poder que tiene los mismos pecados y deficiencias de origen que los restantes poderes del Estado. Algo que va más allá de las afirmaciones del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, que sacuden la estantería cuando dice que la Justicia no funciona, alterando a propios y a extraños.
Aquel debate que instaló el kirchnerismo a partir de hablar de un “partido judicial” y a su vez fomentar una agrupación afín como “Justicia Legítima”, el de que hay magistrados propios y ajenos en la Justicia; se recreó en la provincia con estas iniciativas reformistas. Algunos apuestan a que tome vuelo, a que se instale en la sociedad, y que las dudas sobre la honorabilidad de los jueces se acrecienten, aún más. Tal como lo planteó un peronista con la siguiente pregunta: ¿por qué ellos son los señores y nosotros los corruptos? O todos, o ninguno. Tremendo.
Se los quiere bajar al barro; y para eso nada mejor que el marco electoral, donde los dirigentes políticos se mueven con presteza. Un objetivo es mostrar que las iniciativas “para mejorar el funcionamiento del sistema judicial” son generadas desde el Ejecutivo y desde la Legislatura y exponer que desde el propio Poder Judicial se las frena para que nada cambie, porque las eventuales modificaciones alterarían los espacios de poder, las influencias y las quintitas armadas a la sombra de años de práctica judicial. Se aspira a instalar que nadie es buenito y que si obra de determinada forma obedece a intereses personales y no en defensa del interés general.
Por eso desde el oficialismo se festejó, aunque nadie en forma pública, la denuncia de la empresa de transporte de pasajeros Leagas SA contra el magistrado Salvador Ruiz, entre otros. Un letrado peronista se refregaba las manos esta semana en la Casa de Gobierno y sostenía que el tiempo mostró la parcialidad con la que obró el camarista cuando determinó la suspensión de los comicios de 2015. En ese sentido recordó que el abogado defensor de Ruiz en la causa Leagas, Arnaldo Ahumada, fue el mismo que firmó el planteo del Acuerdo para el Bicentenario en contra de los comicios provinciales. Lentamente, todo va saliendo a la luz; agregó el personaje cual si fuera una confirmación de las denuncias realizadas desde el Frente para la Victoria contra Ruiz.
Pero, ¿qué estaba diciendo realmente?: que este botón revela que en el sistema judicial hay quienes manejan y quiénes responden según sus propios intereses y que, por lo tanto, no sólo hay que introducir reformas en el sistema judicial sino, además, mejorar el sistema de justicia extirpando las posibles corruptelas.
Al margen, en forma tardía -ante una consulta-, algunos de los involucrados en los planteos judiciales por aquellos comicios provinciales reconocen la picardía opositora al hacer que Ahumada firme la demanda del ApB, ya que sacó de la cancha a los vocales de la Corte nombrados por el alperovichismo -Sbdar y Estofán-, uno por enemistad y a otro por amistad manifiesta. ¿Manejadores?, ¿respondedores? Quién no recuerda las pintadas en las paredes de los tribunales, acusando a algunos de “traidores”, aunque sin dar nombres. Los nuestros no se jugaron, se deslizó en voz baja en aquellos tiempos desde el alperovichismo. Ahora le dicen conflicto de intereses para atenuar las sospechas.
Trámite que avanza
Un dato al margen, pero referido a las elecciones judicializadas en 2015. Desde el 14 de febrero tuvo un inusitado movimiento en la Corte de Justicia de la Nación el expediente por el recurso federal presentado por el ApB contra el fallo de la Corte provincial que avaló el resultado de los comicios. El viernes, Lorenzetti lo pasó a la vocalía 4, luego de recibirlo de Maqueda. Ya tiene varias idas y vueltas el trámite y se estima que antes de fin de mes podría conocerse la decisión del máximo tribunal sobre las elecciones. O declara admisible el planteo para debatir sobre la nulidad o bien no le haga lugar, con lo que todo se cerraría.
Retomando el hilo original; esta semana, como abonando tácitamente que hay jugadores para todos los gustos en la Justicia, la Asociación de Magistrados usó conceptos que dan lugar a curiosas interpretaciones. Señaló, en un planteo contra la reforma del régimen de destitución de jueces, que hay “muchos magistrados díscolos” respecto del poder político, que no se someten a sus presiones. Aplausos a la independencia judicial. Pero el párrafo, en forma tácita, admite la existencia de jueces y fiscales no díscolos; ya que no sostiene que son “todos” díscolos, sino sólo “muchos”. Las palabras entrampan.
El debate que se abrió sobre la Justicia es necesario, tal vez no oportuno por el año electoral -que todo lo ensucia-; pero exige de mayor honestidad intelectual a la hora de pelear por la calidad del servicio judicial. Pero de un lado y del otro defienden sus posturas a través de la palabra de terceros o de planteos judiciales. En este aspecto hay preguntas a hacer: ¿a quién quieren convencer respecto de sus posiciones los reformistas y los que la rechazan? ¿Quieren obtener la simpatía de la ciudadanía, traducida luego en votos?, ¿quieren reforzar espacios de poder a costa de debilitar el de los otros? Y la peor de todas: ¿se quiere realmente mejorar el sistema judicial?
Pocos aplausos
En el medio del debate abierto hay algunas coincidencias que apuntan a la calidad institucional más allá de las chicanas, como por ejemplo que hay que acelerar la cobertura de vacantes en la Justicia, que hay que avanzar en un régimen de subrogancias más transparente y que hay pocos jueces. Aplausos. Sin embargo, también están las acusaciones políticas, las advertencias disfrazadas y los rumores referidos a la ampliación del número de integrantes de la Corte. No todo puede ser bueno.
Con la fuerte dosis de pragmatismo, un parlamentario soltó hace unos días: si voltean el desdoblamiento del Ministerio Fiscal, se viene la ley de los nueve. Algo parecido a lo de Kunkel y la intervención a la provincia si llegaban a anular los comicios de 2015. De nuevo, el oficialismo mira con atención a la Corte, especialmente a los que considera “sus” tres. Nos vienen jugando mal; dijo la misma voz.
Otra vez, la necesidad va por el lado de un serio debate por la reforma judicial, pero todo hoy suena más a una mise en scène, donde detrás deambulan manejadores y respondedores. Es el juego subterráneo; barroso, los hombres por sobre el sistema. Pésimo para la democracia.
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