Por LA GACETA
11 Marzo 2017
El “Certificado de Finalización de Obra”, que emite la Municipalidad, declara oficialmente que una construcción es idónea para ser habitada. Se trata de un muy justificado requisito que se viene exigiendo desde hace ya más de medio siglo en nuestra ciudad.
Inclusive, se le señaló luego una nueva especificación, la del “Uso conforme”, destinada a establecer la compatibilidad de la construcción con otras actividades de la zona donde aquella se erige.
El certificado, conocido comúnmente como “Final de obra”, es algo de significativa importancia, ya que confirma oficialmente que se ha llevado a cabo, con regularidad, el proceso de edificar.
Tiene su fundamento en un control de policía municipal sobre la calidad de esa construcción, así como de su ajuste y de su concordancia con el proyecto.
Cuando se cuenta con dicho certificado, en teoría, recién las empresas de servicios están autorizadas a proveerlos, tras llevar a cabo las correspondientes inspecciones.
En fecha reciente, hemos publicado diversas notas que muestran la mayúscula irregularidad que los edificios de San Miguel de Tucumán presentan, en este sentido.
De acuerdo a un informe oficial, se han relevado, en nuestra ciudad, 93 de aquellos que carecen del certificado.
Y que, a pesar de tal carencia, se encuentran habitados y disfrutan –por lo general de modo precario- de esos servicios que, en teoría, no debieran habérseles provisto.
No se trata de ponerse rigurosos en nombre de una formalidad burocrática.
El “Final de obra” va mucho más allá de una mera formalidad.
Tiene el trascendente rol de fijar la aptitud del edificio para que aloje personas en su interior, para que posea servicios y para que se registre en el Catastro.
Si la obra no cuenta con ese certificado, quienes adquirieron allí departamentos no pueden escriturarlos, porque no tienen un derecho debidamente constituido sobre la propiedad que compraron.
El tema también perjudica al fisco municipal, ya que la imposibilidad de registrar la obra hace que, en la documentación oficial, sea como algo que no existe: no tiene la condición de un edificio que tribute.
La más rápida mirada sobre el tema, está demostrando la peligrosa ligereza con que se lo ha venido manejando.
Ligereza de parte de la Municipalidad, que permite que estas construcciones sean habitadas; y ligereza por parte de las empresas de servicios, que de ninguna manera debieran proveerlos.
Acertadamente, un funcionario municipal subrayó los riesgos que de todo esto se derivan: afirmó que si se dota de servicios a locales que no cuentan con el “Final de obra”, podría ocurrir alguna tragedia similar a la tristemente famosa de la discoteca porteña Cromañón, acaecida en 2004.
Es evidente la urgencia de operar para que se regularice semejante cuadro. Inclusive, una concejala anunció que reiterará un proyecto de ordenanza que instituya el “Registro de obras no autorizadas”.
Este serviría para que los compradores puedan realizar un seguimiento de los avances de la edificación, y para que la Municipalidad se asegure de que los departamentos no se habiten si el certificado de referencia falta.
En suma, es preciso que se tome el toro por las astas en este asunto, con eficaces medidas de fondo.
Urge frenar definitivamente un riesgoso proceso de irregularidades imposible de justificar.
Inclusive, se le señaló luego una nueva especificación, la del “Uso conforme”, destinada a establecer la compatibilidad de la construcción con otras actividades de la zona donde aquella se erige.
El certificado, conocido comúnmente como “Final de obra”, es algo de significativa importancia, ya que confirma oficialmente que se ha llevado a cabo, con regularidad, el proceso de edificar.
Tiene su fundamento en un control de policía municipal sobre la calidad de esa construcción, así como de su ajuste y de su concordancia con el proyecto.
Cuando se cuenta con dicho certificado, en teoría, recién las empresas de servicios están autorizadas a proveerlos, tras llevar a cabo las correspondientes inspecciones.
En fecha reciente, hemos publicado diversas notas que muestran la mayúscula irregularidad que los edificios de San Miguel de Tucumán presentan, en este sentido.
De acuerdo a un informe oficial, se han relevado, en nuestra ciudad, 93 de aquellos que carecen del certificado.
Y que, a pesar de tal carencia, se encuentran habitados y disfrutan –por lo general de modo precario- de esos servicios que, en teoría, no debieran habérseles provisto.
No se trata de ponerse rigurosos en nombre de una formalidad burocrática.
El “Final de obra” va mucho más allá de una mera formalidad.
Tiene el trascendente rol de fijar la aptitud del edificio para que aloje personas en su interior, para que posea servicios y para que se registre en el Catastro.
Si la obra no cuenta con ese certificado, quienes adquirieron allí departamentos no pueden escriturarlos, porque no tienen un derecho debidamente constituido sobre la propiedad que compraron.
El tema también perjudica al fisco municipal, ya que la imposibilidad de registrar la obra hace que, en la documentación oficial, sea como algo que no existe: no tiene la condición de un edificio que tribute.
La más rápida mirada sobre el tema, está demostrando la peligrosa ligereza con que se lo ha venido manejando.
Ligereza de parte de la Municipalidad, que permite que estas construcciones sean habitadas; y ligereza por parte de las empresas de servicios, que de ninguna manera debieran proveerlos.
Acertadamente, un funcionario municipal subrayó los riesgos que de todo esto se derivan: afirmó que si se dota de servicios a locales que no cuentan con el “Final de obra”, podría ocurrir alguna tragedia similar a la tristemente famosa de la discoteca porteña Cromañón, acaecida en 2004.
Es evidente la urgencia de operar para que se regularice semejante cuadro. Inclusive, una concejala anunció que reiterará un proyecto de ordenanza que instituya el “Registro de obras no autorizadas”.
Este serviría para que los compradores puedan realizar un seguimiento de los avances de la edificación, y para que la Municipalidad se asegure de que los departamentos no se habiten si el certificado de referencia falta.
En suma, es preciso que se tome el toro por las astas en este asunto, con eficaces medidas de fondo.
Urge frenar definitivamente un riesgoso proceso de irregularidades imposible de justificar.
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