Apostar al conflicto de poderes en el año electoral

Apostar al conflicto de poderes en el año electoral

La pelea entre el poder político, conducido por quienes fueron figuras del alperovichismo, y el Poder Judicial, que nunca investigó al alperovichismo, alcanzó en el inicio de esta semana un pico de tensión. El lunes, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, reivindicó la propuesta de que los cargos vacantes de jueces y de fiscales ya no sean subrogados por otros jueces y fiscales, sino por abogados que se sometieron a los concursos del Consejo Asesor de la Magistratura. La justificación escogida fue la demora del servicio de administración de justicia. Es una preocupación de los tucumanos, que quieren que la Justicia llegue; y lo haga en tiempo y forma”, castigó.

El gobernador, Juan Manzur, tomó la posta al día siguiente. “Todos los poderes del Estado tenemos un presupuesto y cada poder tendrá que dar el aumento en base a lo asignado por ley”. Anunció así que, a diferencia de lo acontecido en la gestión anterior, ya no habrá ampliación de fondos para la Justicia luego de que se acuerde el aumento de sueldos. La Corte se queda sola en la paritaria. Y con lo justo: en 2016 remitió al Ejecutivo un pedido de aumento del 95% en las partidas para este año, 10 días después del plazo que tuvo el Gobierno para remitir el proyecto de Presupuesto 2017 a la Legislatura. En materia de recursos, sólo consiguió un incremento por la tercera parte de lo que pedía. Así que están en crisis desde los proyectos edilicios hasta la renovación de los vehículos. Y, claro, está en duda que la recomposición salarial tribunalicia vaya a mantener la tradición de generosidad que la caracteriza.

La pelea, consecuentemente, pasó a la siguiente fase: la material.

Entonces, reapareció José Alperovich.

Lo que saben

El senador volvió a visitar el despacho que ocupó entre 2003 y 2015, y hasta participó del acto de apertura de clases. Su presencia es lógica: el manzurismo es culturalmente alperovichista. En el discurso de asunción, Manzur prometió un viraje hacia la calidad institucional, pero debajo de la carátula “dialoguista” estaba el manual de vuelo de la democracia pavimentadora. Así que, como ya se avisó aquí, cada vez que hay turbulencias, este Gobierno va a pedirle consejo al patriarca asfaltador. Por eso mismo, él está designado como asesor con rango de ministro.

Alperovich sabe de alquitranar la institucionalidad. La última crisis entre el poder político y el Poder Judicial aconteció durante su primer mandato. La reforma de 2006 alumbró una constitución que le permitía al Gobierno designar jueces como se le diera la gana (creaba el CAM, pero delegaba en la Casa de Gobierno su conformación); echar magistrados cuando se le antojase (creaba el Jurado de Enjuiciamiento, pero sin garantizar la participación opositora); y manosear la Carta Magna cuando le conviniese (la enmienda por vía de la Legislatura). Nada de eso prosperó, gracias a la guapeza del camarista Rodolfo Novillo, que puso la conciencia republicana por encima de las presiones ajenas y las conveniencias personales.

Eso sí: esa embestida fracasó en consagrar los atropellos, pero no fue estéril. Tras la batalla por la Ley Fundamental, el alperovichismo jamás fue inquietado en lo penal. Todos sus reveses judiciales fueron de carácter Contencioso Administrativo. Mientras tanto, actuar de oficio ante la presunción de actos de corrupción (herramienta con la que Esteban Jerez, como fiscal anticorrupción, abrió 400 causas al mirandismo) fue una práctica derogada de hecho. Y los expediantes ya iniciados que perturbaban al Gobierno durmieron el sueño de la impunidad. A 11 años del crimen, Paulina Lebbos no descansa en paz. Sí lo hacen sus homicidas.

Mucho de eso hay en la pelea de fondo actual. El Poder Judicial resolvió investigar el uso de los gastos sociales, tras 12 años de no hacerlo, y el poder político no quieren que cese el statu quo del que tanto se gozó durante el alperovichato. Ni para los $ 200 millones en valijas que salieron a pasear en 2015, durante los 90 días anteriores a las elecciones. Ni para lo que vaya a hacer esta gestión.

Justamente, lo que se presencia en el post-alperovichismo, no es una lucha de poder (cada institución de la república tiene delimitado su ámbito de acción) sino una lucha de autoridad. La de quién tiene autoridad para marcarle pautas al otro, es decir, para contrapesar al otro.

Lo que no saben

Hay, sin embargo, algo sobre lo que Alperovich no puede asesorar. Y no puede porque no sabe. El ex gobernador ignora cuáles son las consecuencias de llevar adelante una democracia pavimentadora durante un Gobierno nacional de signo político distinto que el provincial.

El ex mandatario se dedicó a asfaltar instituciones durante la docena de años en que ejerció el poder y la Casa Rosada nunca opuso resistencia. Ni siquiera cuando les pasaba por encima con la hormigonera a los kirchneristas tucumanos. En definitiva (y como ocurrió con todos los regenteadores de la pobreza estructural e institucional del Norte Grande argentino), el kirchnerato se declaraba públicamente horrorizado de las monstruosidades del feudalismo, pero gozaba privadamente con el hecho de que todos los monstruos eran suyos.

Ahora la situación es otra. El macrismo es de distinto palo que el manzurismo. Y en este año, la Nación buscará exacerbar sus diferencias con gobiernos como los de esta provincia. Fundamentalmente (ya que no hay que olvidar que el macrismo debutó encendiendo todas las alarmas institucionales cuando designó dos jueces de la Corte nacional por decreto) porque este es un año electoralísimo.

Jaime Durán Barba, el asesor presidencial afecto a las frases de laboratorio, ha dicho que en los comicios por venir el jefe de Estado buscará confrontar el pasado con el futuro. Y ese eslogan debería ser una pesadilla para el manzurismo, que ha metido el porvenir bajo la alfombra, mientras mantiene lo peor del ayer en la vidriera.

El epítome del pretérito oprobioso vigente es la nula reforma política. La última vez que Manzur visitó la Casa Rosada, rodeado de intendentes, se topó con Macri y recibió la recriminación. “Espero que el gobernador avance con el sistema electoral”, afirmó el Presidente el 20 de mayo de 2016. “Hay que sacar el tema este de los acoples, esa cosa rara que tienen los tucumanos”, remató. ¿Qué dirá Manzur que ha hecho con la reforma política que él prometió a su pueblo el 29 de octubre de 2015, cuando asumió? Sólo puede mostrar que publicó un libro.

“Tucumán Dialoga” contiene el informe de la Junta Electoral Provincial elevado a la Legislatura en diciembre de 2015, en el cual advierte que en las elecciones de agosto de ese año compitieron 454 partidos políticos y 1.657 acoples.

Ese carnaval no es ninguna fiesta de la democracia. Desde 1987, el fallo “Ríos” precisa los valores que se ponen en juego en toda elección: el derecho de todo ciudadano a postularse (es decir, libertad) y el hecho de que si todos fuesen candidatos al mismo tiempo no habría elección posible. O sea, claridad. La Junta Electoral advierte también que en 2019, el número de partidos en Tucumán será de 1.051. El número de acoples, así, superaría los 3.800. Entonces reinará la oscuridad electoral.

La mora en la reforma política tucumana incuba la reiteración de las maniobras fraudulentas de la última votación, mancilladas con urnas quemadas y embarazadas; y con bolsones y tiros. Tras esa vergüenza de alcance nacional, el celo sobre el control de los comicios cayó pesadamente sobre el resto de los distritos. Es decir, aquí comenzó a parirse el triunfo de Macri. Tucumán, luego, no es ajeno ni lejano a los intereses políticos del oficialismo nacional, aunque sí lo parezca en materia de la gran inversión en infraestructura, tan prometida por el macrismo como el nuevo sistema electoral que juramentó Manzur.

De modo que encarar un conflicto de poderes justo durante este año puede ser una apuesta arriesgada del oficialismo tucumano. Dicho de otro modo: Cambiemos no tiene los números en Diputados ni en el Senado para aprobar una ley que intervenga los poderes del Estado local (la Constitución formal). Tan cierto como el hecho de que, históricamente, Presidencia de la Nación dispone las intervenciones federales por decreto (la Constitución material), ninguno de los cuales fue rechazado por el Congreso.

Lo que intuyen

Algo de esa certeza estadística escucharon en los poderes del Estado. Desde el miércoles, la batalla ha entrado en una tregua no escrita. Ese día, la Casa de Gobierno y la Legislatura se llamaron a silencio. Ayer, Jaldo volvió a referirse a la cuestión, pero para manifestar que el proyecto para modificar el sistema de subrogancias no llegará al recinto hasta ser consensuado con todas las instituciones. A la vez, ratificó su defensa de la ley que confiere plena autonomía al Ministerio Público Fiscal, que conduce su ex colega de gabinete, Edmundo Jiménez. Como si, tácitamente, hubiera marcado una frontera que separa las normas ya sancionadas (en las que el oficialismo no dará el brazo a torcer) de los proyectos con que se amenazó a la Justicia (ahora abiertos al diálogo). De elevar a nueve los miembros de la Corte poco y nada se dice ya, acaso porque concretar semejante albur implicaría que el alto tribunal pasaría a tener un integrante más que el actual número de fiscales de Instrucción de los tribunales de la capital.

El Poder Judicial también congeló en lo que va de esta semana toda novedad trascendente respecto de los expedientes que buscan frenar dos de las leyes más caras a los intereses del poder político: la que divide el Ministerio Público Fiscal y la que suspende automáticamente a los jueces sometidos a juicio político.

La semana que viene, cuando el mes alcance su mitad, habrá llegado el idus (del latín i duo, “yo divido”) de marzo. Tal vez se separa para entonces si hay paz (y cuál es su costo) o si sólo se estaban velando las armas.

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