Por Indalecio Francisco Sanchez
09 Marzo 2017
La crisis interpoderes está escalando de a peldaños en Tucumán y llegando a niveles peligrosos para la institucionalidad de la provincia. En el medio se juegan las garantías constitucionales de la sociedad, cuya intolerancia también se eleva de la mano de la inseguridad, la desconfianza hacia los que administran la Justicia y la bronca que generan los privilegios de los representantes del pueblo. En la cima de ambas escaladas hay un abismo, no una plácida loma en la cual los escaladores podrían recostarse a contemplar un horizonte diáfano. Todo lo contrario.
¿Cuánto tienen que ver las elecciones en esta compulsa? Poco las nacionales venideras, bastante las pasadas provinciales. Porque en la Justicia y en la Legislatura hallan en los escandalosos comicios de 2015 los motivos de la arremetida contra los despojos de independencia judicial del Tucumán de las urnas quemadas.
La clave para entender el intríngulis político-judicial, afirman los opositores, se halla en el escándalo de la valijas llenas de dinero que expuso LA GACETA y que derivó en múltiples planteos judiciales para conocer el destino de $ 600 millones que la Legislatura destinó a “gastos sociales” en el año electoral. Hasta aquí, ni las actuales ni las anteriores autoridades legislativas mostraron los papeles que podrían despejar las dudas sobre cómo y en qué se utilizaron esos recursos. Los legisladores Eudoro Aráoz y Luis Brodersen razonan que “la avanzada final contra la Justicia” confirma que “se robaron” esos $ 600 millones. El silogismo aparenta lógico: si los fondos públicos de la Cámara se utilizaron correctamente, ¿por qué no aportan las pruebas? ¿O muestran los recibos que se jura están en reserva? ¿O se permite que la Justicia avance con la investigación, en vez de frenarla con planteos y negativas a hacer público lo que es, paradójicamente, del público? Como Manzur-Jaldo dejan preguntas abiertas, las respuestas razonadas de la dupla de parlamentarios suman asidero. Desde el oficialismo, en cambio, insisten con que las modificaciones judiciales propuestas son adecuadas y que el escándalo responde a la resistencia de los magistrados a resignar sus privilegios. Apuntan a que abogados y togados apuestan a mantener su status quo a como dé lugar y por ello “disfrazan” la intentona oficialista de modificar algunas reglas judiciales con la consigna de que existe un avasallamiento del poder político en su contra. Apoyan su razonamiento en que hay jueces a los que les convienen las vacancias y en la cercanía que atribuyen a algunos de ellos con dirigentes políticos de la oposición. ¿Por qué negarse a que abogados sean subrogantes? ¿O por qué cámaras como las Contencioso Administrativo “trabajan” solo para los radicales? Son preguntas que se formulan los alpero-manzuristas y que, al no hallar respuestas, buscan que sirvan de legitimantes para sus iniciativas.
Mientras la guerra -la “fría” y la “de armas”- entre partes avanza con ímpetu y ceguera, el peligro que enfrentan las instituciones tucumanas pasa desapercibido. Quizás la costumbre de 12 años de poder local y nacional de igual signo político hizo olvidar a los dirigentes de estos lares que en la Casa Rosada no están los amigos de siempre.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, observa con cuidado, desde hace meses, el conflicto político-judicial tucumano. Como se dijo en esta columna, el funcionario nacional ya habría advertido a las autoridades locales que el Poder Judicial local -y el Ejecutivo- debía comenzar a funcionar con mayor transparencia y “normalidad” para evitar complicaciones institucionales que llevaran a tomar medidas más drásticas. Ayer, la senadora Silvia Elías y los legisladores José Canelada y Adela Estofán se reunieron con Garavano. Habrían intentado ponerlo al tanto sobre lo que acontece en la pequeña Tucumán, pero el ministro los habría sorprendido con el nivel de detalle que él les brindó a los tucumanos sobre los principales actores del pleito institucional. Garavano ya había pedido, hace semanas, que cumplieran con las promesas que había recibido cuando visitó estas tierras: promulgación de leyes de protección para víctimas de impunidad, normalización de los juzgados y avance en causas e investigaciones paradas hace años. Nada de ello ocurrió. Quizás el año electoral ayude, entre comillas, a que todo siga igual. Ayudaría a los que hoy se pelean para seguir defendiendo sus intereses, porque después que las urnas emitan un fallo -cualquiera sea- podrían ya no ser los actuales actores, locales, los que resuelvan el problema.
¿Cuánto tienen que ver las elecciones en esta compulsa? Poco las nacionales venideras, bastante las pasadas provinciales. Porque en la Justicia y en la Legislatura hallan en los escandalosos comicios de 2015 los motivos de la arremetida contra los despojos de independencia judicial del Tucumán de las urnas quemadas.
La clave para entender el intríngulis político-judicial, afirman los opositores, se halla en el escándalo de la valijas llenas de dinero que expuso LA GACETA y que derivó en múltiples planteos judiciales para conocer el destino de $ 600 millones que la Legislatura destinó a “gastos sociales” en el año electoral. Hasta aquí, ni las actuales ni las anteriores autoridades legislativas mostraron los papeles que podrían despejar las dudas sobre cómo y en qué se utilizaron esos recursos. Los legisladores Eudoro Aráoz y Luis Brodersen razonan que “la avanzada final contra la Justicia” confirma que “se robaron” esos $ 600 millones. El silogismo aparenta lógico: si los fondos públicos de la Cámara se utilizaron correctamente, ¿por qué no aportan las pruebas? ¿O muestran los recibos que se jura están en reserva? ¿O se permite que la Justicia avance con la investigación, en vez de frenarla con planteos y negativas a hacer público lo que es, paradójicamente, del público? Como Manzur-Jaldo dejan preguntas abiertas, las respuestas razonadas de la dupla de parlamentarios suman asidero. Desde el oficialismo, en cambio, insisten con que las modificaciones judiciales propuestas son adecuadas y que el escándalo responde a la resistencia de los magistrados a resignar sus privilegios. Apuntan a que abogados y togados apuestan a mantener su status quo a como dé lugar y por ello “disfrazan” la intentona oficialista de modificar algunas reglas judiciales con la consigna de que existe un avasallamiento del poder político en su contra. Apoyan su razonamiento en que hay jueces a los que les convienen las vacancias y en la cercanía que atribuyen a algunos de ellos con dirigentes políticos de la oposición. ¿Por qué negarse a que abogados sean subrogantes? ¿O por qué cámaras como las Contencioso Administrativo “trabajan” solo para los radicales? Son preguntas que se formulan los alpero-manzuristas y que, al no hallar respuestas, buscan que sirvan de legitimantes para sus iniciativas.
Mientras la guerra -la “fría” y la “de armas”- entre partes avanza con ímpetu y ceguera, el peligro que enfrentan las instituciones tucumanas pasa desapercibido. Quizás la costumbre de 12 años de poder local y nacional de igual signo político hizo olvidar a los dirigentes de estos lares que en la Casa Rosada no están los amigos de siempre.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, observa con cuidado, desde hace meses, el conflicto político-judicial tucumano. Como se dijo en esta columna, el funcionario nacional ya habría advertido a las autoridades locales que el Poder Judicial local -y el Ejecutivo- debía comenzar a funcionar con mayor transparencia y “normalidad” para evitar complicaciones institucionales que llevaran a tomar medidas más drásticas. Ayer, la senadora Silvia Elías y los legisladores José Canelada y Adela Estofán se reunieron con Garavano. Habrían intentado ponerlo al tanto sobre lo que acontece en la pequeña Tucumán, pero el ministro los habría sorprendido con el nivel de detalle que él les brindó a los tucumanos sobre los principales actores del pleito institucional. Garavano ya había pedido, hace semanas, que cumplieran con las promesas que había recibido cuando visitó estas tierras: promulgación de leyes de protección para víctimas de impunidad, normalización de los juzgados y avance en causas e investigaciones paradas hace años. Nada de ello ocurrió. Quizás el año electoral ayude, entre comillas, a que todo siga igual. Ayudaría a los que hoy se pelean para seguir defendiendo sus intereses, porque después que las urnas emitan un fallo -cualquiera sea- podrían ya no ser los actuales actores, locales, los que resuelvan el problema.
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