Por Irene Benito
08 Marzo 2017
Prosperen o no las pretensiones de ampliar la Corte Suprema y de concebir una judicatura precaria (o subrogante), con las reformas de la Justicia ya consumadas basta para decir que en un año y medio de gestión el Gobierno del médico ha superado a los 12 años hegemónicos de su antecesor. Un príncipe del foro memorioso concluía que, en Tucumán, las bases para el deterioro institucional siempre habían sido sentadas por el Poder Ejecutivo precedente: así Julio Miranda había preparado el terreno para la reelección del gobernador incorporada a la Constitución en la enmienda de 2006 por orden del contador-senador, y este había iniciado el programa de partidización del Poder Judicial (o de politización de los Tribunales) que su sucesor se apresta a terminar con una metodología más explícita y frontal. Por mucho que renegó con la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el tres veces mandatario nunca se animó a repeler una medida cautelar como sí lo hizo el ex ministro de Salud de Cristina Kirchner en noviembre, en un pleito relativo a los presuntos gastos sociales legislativos.
Cómo habrá avanzado la partida respecto del período 2003-2015 que la Asociación de Magistrados de Tucumán dejó de lado las “gestiones reservadas” con el Gobierno inspiradas en el estilo de su (¿ex?) animador en las sombras, Edmundo Jiménez, para “pintarse la cara” con un juicio contra la normativa sin parangón en el resto del país que suspende de modo automático a los jueces acusados de mal desempeño y que priva a estos de la facultad de recusar a quienes han de juzgarlos. Todo lleva a pensar en la tercera fase pronosticada por Héctor Magnetto, un componente central de la grieta: “el kirchnerismo busca seducir, luego cooptar y finalmente destruir”.
“¡Volvé, José, te perdonamos!”, exclamó con gracia un funcionario de las altas esferas de Tribunales acongojado por la descarga de medidas reñidas con la independencia judicial que descerrajó la Legislatura luego de devolver -eso sí, con palabras corteses- la cautelar a la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La cronología de los hechos admite un sinfín de interpretaciones, entre ellas estas tres: 1) la Justicia ya no es respetada en parte porque un número significativo de sus miembros satisfizo sistemáticamente los deseos del poder; 2) la guerra de guerrillas desencadenada en 2015 entre el Ministerio Público de Jiménez y la Corte que preside Antonio Gandur asumió una dimensión estatal, como postula un actor esencial de esa gran contienda, y el alto tribunal, donde el voto de Claudia Sbdar parece decisivo para formar una mayoría, ya no dispone de fuerzas para defenderse, y 3) erigida en bastión del Frente para la Victoria, Tucumán está completando el proyecto institucional que en la Nación quedó trunco por el triunfo de Cambiemos.
“Está visto que aquí ganó Zannini”, ilustró un abogado con ambiciones de gurú que imagina que la continuidad del oficialismo en la Casa Rosada habría derivado en alguna clase de embestida contra la Corte de la Nación. A propósito: ¿por qué acudir al expediente “menemista” de sumar cuatro vocales al alto tribunal tucumano si la mayoría afín a la Casa de Gobierno dispone en principio de los votos necesarios para forzar las dimisiones-vacantes que le apetezcan? Más cuando operadores de la Legislatura se cansan de divulgar que sobran los motivos para echar no a uno ni a varios sino a todos los vocales. Un intérprete de esta partitura revuelta entrevé que la inclinación por una potencial Corte de nueve demuestra que, pese a todo, la voluntad de enfrentamiento con la Justicia encuentra -por ahora- ciertos límites. ¿Será que el poder político palpita que elevar la apuesta hasta el punto de promover la destitución efectiva de un juez equivale a cruzar el Rubicón?
Pero otros auguran que el Gobierno del médico tiene el pasto hachado porque, procree los José María Campagnoli que procree, la Nación es impotente para responder con una intervención federal. “Si hubiese contado con esa herramienta, ya la habría usado”, asegura un opositor que descarta una posibilidad de la realpolitik: que la actitud pasota obedezca a que Tucumán simplemente no aporta nada a los cálculos que hacen los porteños. En paralelo emerge una teoría complementaria a la del opositor que -aún- confía en Buenos Aires: ¿y si el ingeniero Mauricio Macri estuviese aplicando a esta provincia la misma receta que usa, por ejemplo, respecto del “renovador” Sergio Massa y del gremialista Roberto Baradel? Esta perspectiva indica que Cambiemos capta y fideliza adeptos cuando sus rivales desnudan su propensión por el caos, como si caer en los extremos fortaleciera a quienes lograron la alternancia y se postulan como la única alternativa contra el populismo. En abono de esta hipótesis aparece el crac electoral reciente: Macri terminó capitalizando la eclosión denominada #Tucumanazo2015. ¿Y si la presión sobre los Tribunales provinciales, unida a otras variables conexas, como la inseguridad ciudadana, desemboca en un escenario convulsivo como los de hace dos años (revisión de la nulidad de los comicios entre plazas y contraplazas), 2013 (rebelión policial impune) y 2012 (absolución de los imputados-hoy condenados en el caso “Verón”), que torne ineludible una respuesta política, no ya de Cambiemos, sino de los distintos sectores que componen el Congreso de la Nación?
Por supuesto que no faltan los talibanes autóctonos que neutralizan la hipótesis improbable de intervención con un razonamiento apocalíptico: con la destrucción recíproca asegurada “todos pierden todo”, pero los políticos siempre pueden reciclarse. Estas y otras elucubraciones acompañan el despliegue rabioso de un calendario que termina en las elecciones de octubre. Algunos observadores del tablero tucumano coinciden en que no es casual el momento elegido para remodelar el Poder Judicial: aún descartada una derrota en el terruño, ¿cómo repercutirían en las instituciones de control autóctonas un eventual nuevo retroceso del Justicialismo en la arena nacional? Está demasiado fresco el giro dramático que dieron los Tribunales Federales de Comodoro Py a posteriori del balotaje: la especulación no honra precisamente a la Justicia pero sí explicaría la necesidad de prevenir la tentación de los jueces venales de legitimarse con la persecución de los políticos a quienes rindieron pleitesía. Y ocurre que los Casanello de Comodoro Py podrían dar cátedra en la Justicia de Tucumán, donde nunca ningún funcionario público con caja y lapicera fue juzgado y condenado por hechos de corrupción.
Cómo habrá avanzado la partida respecto del período 2003-2015 que la Asociación de Magistrados de Tucumán dejó de lado las “gestiones reservadas” con el Gobierno inspiradas en el estilo de su (¿ex?) animador en las sombras, Edmundo Jiménez, para “pintarse la cara” con un juicio contra la normativa sin parangón en el resto del país que suspende de modo automático a los jueces acusados de mal desempeño y que priva a estos de la facultad de recusar a quienes han de juzgarlos. Todo lleva a pensar en la tercera fase pronosticada por Héctor Magnetto, un componente central de la grieta: “el kirchnerismo busca seducir, luego cooptar y finalmente destruir”.
“¡Volvé, José, te perdonamos!”, exclamó con gracia un funcionario de las altas esferas de Tribunales acongojado por la descarga de medidas reñidas con la independencia judicial que descerrajó la Legislatura luego de devolver -eso sí, con palabras corteses- la cautelar a la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La cronología de los hechos admite un sinfín de interpretaciones, entre ellas estas tres: 1) la Justicia ya no es respetada en parte porque un número significativo de sus miembros satisfizo sistemáticamente los deseos del poder; 2) la guerra de guerrillas desencadenada en 2015 entre el Ministerio Público de Jiménez y la Corte que preside Antonio Gandur asumió una dimensión estatal, como postula un actor esencial de esa gran contienda, y el alto tribunal, donde el voto de Claudia Sbdar parece decisivo para formar una mayoría, ya no dispone de fuerzas para defenderse, y 3) erigida en bastión del Frente para la Victoria, Tucumán está completando el proyecto institucional que en la Nación quedó trunco por el triunfo de Cambiemos.
“Está visto que aquí ganó Zannini”, ilustró un abogado con ambiciones de gurú que imagina que la continuidad del oficialismo en la Casa Rosada habría derivado en alguna clase de embestida contra la Corte de la Nación. A propósito: ¿por qué acudir al expediente “menemista” de sumar cuatro vocales al alto tribunal tucumano si la mayoría afín a la Casa de Gobierno dispone en principio de los votos necesarios para forzar las dimisiones-vacantes que le apetezcan? Más cuando operadores de la Legislatura se cansan de divulgar que sobran los motivos para echar no a uno ni a varios sino a todos los vocales. Un intérprete de esta partitura revuelta entrevé que la inclinación por una potencial Corte de nueve demuestra que, pese a todo, la voluntad de enfrentamiento con la Justicia encuentra -por ahora- ciertos límites. ¿Será que el poder político palpita que elevar la apuesta hasta el punto de promover la destitución efectiva de un juez equivale a cruzar el Rubicón?
Pero otros auguran que el Gobierno del médico tiene el pasto hachado porque, procree los José María Campagnoli que procree, la Nación es impotente para responder con una intervención federal. “Si hubiese contado con esa herramienta, ya la habría usado”, asegura un opositor que descarta una posibilidad de la realpolitik: que la actitud pasota obedezca a que Tucumán simplemente no aporta nada a los cálculos que hacen los porteños. En paralelo emerge una teoría complementaria a la del opositor que -aún- confía en Buenos Aires: ¿y si el ingeniero Mauricio Macri estuviese aplicando a esta provincia la misma receta que usa, por ejemplo, respecto del “renovador” Sergio Massa y del gremialista Roberto Baradel? Esta perspectiva indica que Cambiemos capta y fideliza adeptos cuando sus rivales desnudan su propensión por el caos, como si caer en los extremos fortaleciera a quienes lograron la alternancia y se postulan como la única alternativa contra el populismo. En abono de esta hipótesis aparece el crac electoral reciente: Macri terminó capitalizando la eclosión denominada #Tucumanazo2015. ¿Y si la presión sobre los Tribunales provinciales, unida a otras variables conexas, como la inseguridad ciudadana, desemboca en un escenario convulsivo como los de hace dos años (revisión de la nulidad de los comicios entre plazas y contraplazas), 2013 (rebelión policial impune) y 2012 (absolución de los imputados-hoy condenados en el caso “Verón”), que torne ineludible una respuesta política, no ya de Cambiemos, sino de los distintos sectores que componen el Congreso de la Nación?
Por supuesto que no faltan los talibanes autóctonos que neutralizan la hipótesis improbable de intervención con un razonamiento apocalíptico: con la destrucción recíproca asegurada “todos pierden todo”, pero los políticos siempre pueden reciclarse. Estas y otras elucubraciones acompañan el despliegue rabioso de un calendario que termina en las elecciones de octubre. Algunos observadores del tablero tucumano coinciden en que no es casual el momento elegido para remodelar el Poder Judicial: aún descartada una derrota en el terruño, ¿cómo repercutirían en las instituciones de control autóctonas un eventual nuevo retroceso del Justicialismo en la arena nacional? Está demasiado fresco el giro dramático que dieron los Tribunales Federales de Comodoro Py a posteriori del balotaje: la especulación no honra precisamente a la Justicia pero sí explicaría la necesidad de prevenir la tentación de los jueces venales de legitimarse con la persecución de los políticos a quienes rindieron pleitesía. Y ocurre que los Casanello de Comodoro Py podrían dar cátedra en la Justicia de Tucumán, donde nunca ningún funcionario público con caja y lapicera fue juzgado y condenado por hechos de corrupción.
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