08 Marzo 2017
COTIZAN EN ALZA. Los limones robados se venden en verdulerías y puerta a puerta en la provincia. MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA (archivo)
El boom de la citricultura también se extendió al mundo del delito. En menos de una semana la Policía detuvo a cuatro personas acusadas de haber robado limones en fincas ubicadas en distintos sectores de la provincia. En uno de los hechos, según se informó, hubo hasta intercambio de disparos.
El martes por la tarde, la Patrulla Burruyacú de la División de Delitos Rurales y Ecológicos fue alertada de que en la finca La Princesa, de la empresa San Miguel, habían ingresado desconocidos para sustraer limones. Los policías, al mando de los comisarios Javier Alderete y Luis Castaño, fueron hasta el lugar.
Los cosecheros huyeron en dos camionetas cuando se dieron cuenta de que los habían ido a buscar. Se inició una persecución que finalizó cuando uno de los vehículos fue detenido. Allí descubrieron que llevaba más de 100 bolsas con la fruta. Estimaron su peso en por lo menos 1.200 kilos. El valor de la carga incautada es de por lo menos $ 48.000, teniendo en cuenta que el valor promedio del kilo de limón es de $ 40 en cualquier verdulería.
La fiscala Adriana Reinoso Cuello ordenó la aprehensión de los tres ocupantes. Pidió además a los policías que investigaran a los otros integrantes del grupo que se dedicaría a cometer este tipo de ilícitos. Entre los detenidos, según confiaron fuentes policiales, estaría un ex empleado de la empresa San Miguel.
El otro hecho se produjo en la zona de Famaillá. Personal de Seguridad de la empresa San Miguel realizaban tareas de control en la finca Monte Grande de esa localidad. Al observar que habías personas en el interior, llamaron a la policía. Personal de Delitos Rurales llegó al lugar y, cuando se identificó, los sospechosos, antes de huir, realizaron disparos al aire.
Según consta en el expediente policial, algunos de ellos escaparon en dos motos; y un quinto lo hizo corriendo. Este último fue descubierto cuando intentaba escaparse en un VW Gol gris. Al requisar el auto, encontraron 15 bolsas con limones (más de 120 kilos) listas para ser transportadas. Por orden del fiscal Jorge Carrasco ordenó su detención y el secuestro del vehículo.
Un problema
“Aplaudimos no sólo los procedimientos, sino también la decisión de detener a los autores de los robos. Este son las acciones que venimos pidiendo a las autoridades desde hace mucho tiempo”, aseguró Roberto Sánchez Loria, titular de la ATC.
El dirigente, en una charla con LA GACETA aseguró que los productores vienen reclamando mayor seguridad desde hace mucho tiempo. “Este flagelo no es nuevo. Se viene produciendo hace tres o cuatro años, pero ahora se está incrementando considerablemente. Es más, hay verdaderas bandas dedicadas a cometer este ilícito, generando un importante daño”, aseguró.
Sánchez Loria argumentó su razonamiento asegurando que el año pasado se descubrió el robo de plantas de una finca. “Esa fue una demostración de que hay bandas dedicadas a atacar las finca de los productores. Para hacer eso se necesitan muchas personas, herramientas y medios de movilidad”, confirmó.
Antes de que eso ocurriera, representantes de la ATC mantuvieron una serie de reuniones para tratar el tema. “Primero hablamos con los jefes policiales que atendieron nuestros reclamos. Por pedido de ellos, fuimos a la Justicia para que también nos escucharan. Llegamos a la Corte solicitando la creación de una fiscalía que se dedique únicamente se dedique a atender estos tipos de casos, pero hasta el momento no tuvimos respuestas”, explicó.
Grupo de trabajo
La ATC decidió crear el Equipo de Crisis. Se trata de un grupo integrado por representantes de diferentes empresas y productores que decidieron unir para tratar de poner punto final a estos ilícitos. Según trascendió, ya habrían realizado varias reuniones para compartir experiencias e información.
Una fuente confirmó que hasta se habría llegado a un acuerdo extraoficial con la Policía. Los citricultores tienen los teléfonos de los responsables de las diferentes patrullas de Delitos Rurales para que actúen en caso de descubrir un robo.
“Muchas fincas tienen cuidadores y nos llaman para que actuemos cuando descubren a personas extrañas robando. Vamos, hacemos los procedimientos y secuestramos la fruta. Casi nunca se los aprehenden por decisión de la Justicia”, explicó una fuente policial.
“Por la falta de disponibilidad de la fruta en el mercado local, hay un interés por conseguir y vender limón de manera ilegal. No sólo están en riesgos los cuidadores de las fincas, sino que generan daños en las plantas cuando los extraen”, explicó Sánchez Loria.
El martes por la tarde, la Patrulla Burruyacú de la División de Delitos Rurales y Ecológicos fue alertada de que en la finca La Princesa, de la empresa San Miguel, habían ingresado desconocidos para sustraer limones. Los policías, al mando de los comisarios Javier Alderete y Luis Castaño, fueron hasta el lugar.
Los cosecheros huyeron en dos camionetas cuando se dieron cuenta de que los habían ido a buscar. Se inició una persecución que finalizó cuando uno de los vehículos fue detenido. Allí descubrieron que llevaba más de 100 bolsas con la fruta. Estimaron su peso en por lo menos 1.200 kilos. El valor de la carga incautada es de por lo menos $ 48.000, teniendo en cuenta que el valor promedio del kilo de limón es de $ 40 en cualquier verdulería.
La fiscala Adriana Reinoso Cuello ordenó la aprehensión de los tres ocupantes. Pidió además a los policías que investigaran a los otros integrantes del grupo que se dedicaría a cometer este tipo de ilícitos. Entre los detenidos, según confiaron fuentes policiales, estaría un ex empleado de la empresa San Miguel.
El otro hecho se produjo en la zona de Famaillá. Personal de Seguridad de la empresa San Miguel realizaban tareas de control en la finca Monte Grande de esa localidad. Al observar que habías personas en el interior, llamaron a la policía. Personal de Delitos Rurales llegó al lugar y, cuando se identificó, los sospechosos, antes de huir, realizaron disparos al aire.
Según consta en el expediente policial, algunos de ellos escaparon en dos motos; y un quinto lo hizo corriendo. Este último fue descubierto cuando intentaba escaparse en un VW Gol gris. Al requisar el auto, encontraron 15 bolsas con limones (más de 120 kilos) listas para ser transportadas. Por orden del fiscal Jorge Carrasco ordenó su detención y el secuestro del vehículo.
Un problema
“Aplaudimos no sólo los procedimientos, sino también la decisión de detener a los autores de los robos. Este son las acciones que venimos pidiendo a las autoridades desde hace mucho tiempo”, aseguró Roberto Sánchez Loria, titular de la ATC.
El dirigente, en una charla con LA GACETA aseguró que los productores vienen reclamando mayor seguridad desde hace mucho tiempo. “Este flagelo no es nuevo. Se viene produciendo hace tres o cuatro años, pero ahora se está incrementando considerablemente. Es más, hay verdaderas bandas dedicadas a cometer este ilícito, generando un importante daño”, aseguró.
Sánchez Loria argumentó su razonamiento asegurando que el año pasado se descubrió el robo de plantas de una finca. “Esa fue una demostración de que hay bandas dedicadas a atacar las finca de los productores. Para hacer eso se necesitan muchas personas, herramientas y medios de movilidad”, confirmó.
Antes de que eso ocurriera, representantes de la ATC mantuvieron una serie de reuniones para tratar el tema. “Primero hablamos con los jefes policiales que atendieron nuestros reclamos. Por pedido de ellos, fuimos a la Justicia para que también nos escucharan. Llegamos a la Corte solicitando la creación de una fiscalía que se dedique únicamente se dedique a atender estos tipos de casos, pero hasta el momento no tuvimos respuestas”, explicó.
Grupo de trabajo
La ATC decidió crear el Equipo de Crisis. Se trata de un grupo integrado por representantes de diferentes empresas y productores que decidieron unir para tratar de poner punto final a estos ilícitos. Según trascendió, ya habrían realizado varias reuniones para compartir experiencias e información.
Una fuente confirmó que hasta se habría llegado a un acuerdo extraoficial con la Policía. Los citricultores tienen los teléfonos de los responsables de las diferentes patrullas de Delitos Rurales para que actúen en caso de descubrir un robo.
“Muchas fincas tienen cuidadores y nos llaman para que actuemos cuando descubren a personas extrañas robando. Vamos, hacemos los procedimientos y secuestramos la fruta. Casi nunca se los aprehenden por decisión de la Justicia”, explicó una fuente policial.
“Por la falta de disponibilidad de la fruta en el mercado local, hay un interés por conseguir y vender limón de manera ilegal. No sólo están en riesgos los cuidadores de las fincas, sino que generan daños en las plantas cuando los extraen”, explicó Sánchez Loria.
Lo más popular
