Por Álvaro José Aurane
05 Marzo 2017
¿Por qué la mayoría debe acatar las leyes que dictan unos cuantos en la Legislatura, interpretan unos pocos en la Justicia, y ejecuta uno solo en el Poder Ejecutivo? La respuesta es conocida: porque así lo establece el contrato social. Con él -se acepta- salimos del salvajismo, cuando éramos libres de hacerlo todo por la fuerza y, por eso, vivíamos en una guerra permanente.
Pero el contrato social no es un hecho histórico, sino sólo una justificación. No se trata, simplemente, de que no hay registros de que un día los hombres se reunieron y acordaron renunciar a los bajos instintos para integrar una sociedad que, mediante normas e instituciones, regularía la convivencia. La cuestión es que ni siquiera hay fecha cierta de la aparición del Estado. Es más, no se sabe que el ser humano alguna vez haya carecido de un mínimo de organización.
El contrato social, entonces, es un argumento de la modernidad para justificar las nuevas formas de gobierno civil. En la Edad Media, la autoridad era dinástica: el monarca heredaba el título de su padre, también rey, y por derecho divino. Tras la Revolución Francesa (1789) ya nada será igual...
Para justificar que tras el absolutismo debía llegar la igualdad, pero que pese a ello habría unos con autoridad sobre otros, Rousseau (publica El contrato social en 1762) adscribió al mito del “Estado de Naturaleza”, al cual ya había referido Hobbes en Leviatán (1651). El hombre resigna libertad, y hasta se somete a gobernantes injustos, porque eso es preferible a la instancia “natural”, anárquica y sin ley de la que viene, en la cual “el hombre es lobo del hombre”.
Hobbes no estaba mirando un pasado incomprobable, sino que estaba escribiendo, hace 400 años, sobre la mismísima política. El hombre político sí es lobo del hombre político. El “lobo político” se alimenta del prestigio del otro. Cuando come, gana la influencia que arranca del otro. Y el desprestigiado no sólo es débil: todo cuanto genera es endeble. Todo lo que desangra es poder.
Esa es, hoy, una de las esencias primordiales que domina la mayor escalada de enfrentamientos políticos de la última década, desatada entre el Poder Político y el Poder Judicial de Tucumán.
Consecuencias
Victimizaciones hay de sobra.
En el Palacio de Tribunales rezan el rosario de embestidas del poder político. Primero, la incorporación de la doble instancia en el fuero laboral y, sobre todo, en lo Contencioso Administrativo, ese tribunal donde se estrellaron una y otra vez las ansias monárquicas de la democracia pavimentadora. Luego, la división del Ministerio Público Fiscal y los “superpoderes” administrativos y presupuestarios para su titular, el ex ministro político del alperovichismo Edmundo Jiménez. Más tarde, la modificación del reglamento del Jury de Enjuiciamiento, para suspender magistrados sometidos a proceso de destitución, de lo cual están blindados el gobernador y el vice. Después, el proyecto para nombrar subrogantes, es decir, para que ya no sean los actuales jueces los que atiendan despachos acéfalos, sino para que el Gobierno nombre magistrados interinos. Ahora, la propuesta de ampliar a nueve los miembros de la Corte…
“Vienen por nosotros”, es la lectura. Asumen que todo se debe a la decisión judicial de investigar qué paso con los millonarios gastos sociales de la Legislatura cuando la presidía el actual gobernador, Juan Manzur. Esos subsidios que se financiaban con una partida que, en 2014, sumó $ 150 millones; y que al año siguiente, el de las elecciones, acumuló $ 600 millones. Incluyendo los $ 200 millones que salieron en valijas en los 90 días previos a los comicios de agosto.
“Si no investigáramos los gastos sociales, no pasaría nada”, razonan en Tribunales, con un dejo de esperanza de que el Gobierno se esté armando para la guerra con el fin de negociar la paz.
Hay, por cierto, mucho de verdad en esa suposición. Pero también hay una pregunta con la cual el poder político anula la victimización. ¿Por qué no investigaron los gastos sociales durante los 12 años del alperovichismo?
En rigor, salvo por honrosas excepciones (que tienen al camarista Rodolfo Novillo como ejemplo paradigmático en la anulación de artículos de la reforma de 2006, que conformaban una verdadera Anti-Constitución de la Provincia), el Poder Judicial casi incurre en lucro cesante durante el alperovichismo. LA GACETA informó de manera incansable y sistemática sobre la degradación de las instituciones de control y el gobierno anterior se despidió sin saber lo que era una actuación de oficio para indagar en cualquiera de los incontables escándalos que protagonizó.
La lectura del poder político, conducido por quienes ocuparon durante 12 años la primera línea alperovichista, es que la Justicia quiere prestigiarse ahora ante la sociedad, poniéndolos en el banquillo después de una década larga de indulgencia con el gobierno anterior. La impunidad en el crimen de Paulina Lebbos, que acaba de cumplir 11 años de anomia, es suficiente ejemplo.
Entonces, viene la victimización de los políticos. Dicen que este es el Poder Judicial que declaró nulos los comicios de agosto de 2015 (se olvidan de las maniobras fraudulentas; y también de que esa misma Justicia cambió la sentencia en 72 horas). Recuerdan que esta es la Justicia que, 10 días fuera de término, pidió un aumento del 100% de su presupuesto, para culpar al Gobierno de la no aplicación de la reforma del Código Procesal Penal (un planteo peliagudo, porque las fechas y las cifras son ciertas). Deslizan que estos son los Tribunales donde, esta semana, ya circuló un “boceto” de fallo para anular la división del Ministerio Público. Reiteran que se pide explicaciones a la gestión que eliminó los gastos sociales, luego de no hacer nada con la administración que los explotó.
Hay mucho de verdad en estos alegatos. Pero también hay un planteo con el cual el Poder Judicial anula la victimización. Las leyes aprobadas y los proyectos en ciernes, que afectan al Poder Judicial en todos los frentes, son impulsados por quienes jamás mostraron interés por el funcionamiento eficiente de los tribunales durante el alperovichismo, cuando Manzur fue vicegobernador; Jaldo, ministro del Interior; y Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia.
En rigor, la Legislatura alperovichista ni siquiera fue una escribanía de Casa de Gobierno, porque a los notariados hay que llevar papeles. Con la modificación del sistema de Decretos de Necesidad y Urgencia, al Ejecutivo le bastaba con que no hubiera sesiones para que sus caprichos adquiriesen fuerza de ley. Y con la autoridad del parlamento clausurada, el alperovichismo se dedicó a poner en crisis la Justicia en su empeño por digitar el nombramiento de jueces, hasta el punto de que el Poder Judicial tuvo que ser declarado, inédita y atrozmente, en estado de emergencia.
La lectura de los magistrados, entonces, es que el poder político quiere prestigiarse ante la sociedad, después de las escandalosas elecciones que mancillaron su legitimidad de origen, demonizando a la Justicia como un poder que sólo quiere obstaculizar al Gobierno.
Acusaron recibo del latigazo de Jaldo durante esta semana. Ante la ola de ataques de motochorros, el vicegobernador lanzó: “Yo lo que creo es que hay que ser muy duros, que el delincuente tiene que estar preso, que la Policía hace un trabajo importante pero tiene que mejorar; y que la Justicia también, cuando los delincuentes lleguen al Poder Judicial, no tienen que salir sino que tienen que quedarse encerrados, ser juzgados y, el que cometió delito, tiene que quedar preso”.
Después de 12 años de una gestión que a los tucumanos les canjeó cordón cuneta por calidad institucional, sólo hay ruinas del prestigio de los poderes de la república. Claro que el poder político no es inocente de querer copar la Justicia. Claro que la Justicia no es inocente de los desmanes del poder político durante tres períodos consecutivos. Por eso, el déficit de ascendencia social es palmario. La pelea por ganar prestigio desprestigiando al otro ya es rabiosa.
Y si unos y otros quieren engullir el prestigio que les falta es porque, hasta el momento, no ha aparecido el deseo de construir prestigio propio. Dicho de otro modo: nadie en el poder político ni en el Poder Judicial plantea consagrar un Poder Judicial más grande, en términos de tamaño. Para dar sólo un ejemplo: cuando Santa Fe (3,2 millones de habitantes según el Censo 2010) dejó el sistema penal inquisitorio por el acusatorio, nombró 46 fiscales penales, más 98 fiscales adjuntos. Tucumán ya aprobó el cambio y, con la mitad de esos habitantes, tiene ocho fiscales de Instrucción en capital, cuatro en Concepción y dos en Monteros. Fin de la cuenta.
Un Poder Judicial grande es perfectamente administrable, potencialmente eficiente y definitivamente prestigiador de la república. Eso sí, es difícilmente manipulable. En todos los sentidos. Y desde cualquier despacho...
Antecedentes
Alperovich, desde el día en que asumió, cuestionó públicamente y sin piedad a su antecesor, Julio Miranda. En cada acto en que inauguró riego asfáltico, les pidió a los tucumanos que se acordaran del pasado reciente de hambre y lo compararan con la bonanza de obras del presente. Se comió a dentelladas la poca influencia que le quedaba a su padre político, hasta extinguirlo de toda vida electoral. Y reformó la Constitución y se habilitó no una, sino dos reelecciones consecutivas.
De manera contrastante, durante el mirandismo, la muerte por docenas de los niños desnutridos (mientras la Legislatura pagaba “gastos de bloque” similares al salario de Bill Clinton como presidente de EEUU; y el Ejecutivo era denunciado de “coimear” parlamentarios para habilitar la reforma de la Constitución) desprestigió esa gestión hasta hacerla tambalear. De hecho, la ley de 2002 que autorizaba a Miranda a impulsar la enmienda de la Carta Magna jamás se aplicó. No consiguió habilitar la reelección consecutiva tan anhelada.
Es que el prestigio político, si bien no alcanza a contestar la cuestión acabadamente, si ayuda a responder sustancialmente, y sin necesidad de mitos, una de las grandes preguntas de la modernidad. ¿Por qué la mayoría debe acatar las leyes que dictan unos cuantos en la Legislatura, interpretan unos pocos en la Justicia, y ejecuta uno solo en el Poder Ejecutivo?
La pelea ya llega.
Todos muestran los dientes…
Pero el contrato social no es un hecho histórico, sino sólo una justificación. No se trata, simplemente, de que no hay registros de que un día los hombres se reunieron y acordaron renunciar a los bajos instintos para integrar una sociedad que, mediante normas e instituciones, regularía la convivencia. La cuestión es que ni siquiera hay fecha cierta de la aparición del Estado. Es más, no se sabe que el ser humano alguna vez haya carecido de un mínimo de organización.
El contrato social, entonces, es un argumento de la modernidad para justificar las nuevas formas de gobierno civil. En la Edad Media, la autoridad era dinástica: el monarca heredaba el título de su padre, también rey, y por derecho divino. Tras la Revolución Francesa (1789) ya nada será igual...
Para justificar que tras el absolutismo debía llegar la igualdad, pero que pese a ello habría unos con autoridad sobre otros, Rousseau (publica El contrato social en 1762) adscribió al mito del “Estado de Naturaleza”, al cual ya había referido Hobbes en Leviatán (1651). El hombre resigna libertad, y hasta se somete a gobernantes injustos, porque eso es preferible a la instancia “natural”, anárquica y sin ley de la que viene, en la cual “el hombre es lobo del hombre”.
Hobbes no estaba mirando un pasado incomprobable, sino que estaba escribiendo, hace 400 años, sobre la mismísima política. El hombre político sí es lobo del hombre político. El “lobo político” se alimenta del prestigio del otro. Cuando come, gana la influencia que arranca del otro. Y el desprestigiado no sólo es débil: todo cuanto genera es endeble. Todo lo que desangra es poder.
Esa es, hoy, una de las esencias primordiales que domina la mayor escalada de enfrentamientos políticos de la última década, desatada entre el Poder Político y el Poder Judicial de Tucumán.
Consecuencias
Victimizaciones hay de sobra.
En el Palacio de Tribunales rezan el rosario de embestidas del poder político. Primero, la incorporación de la doble instancia en el fuero laboral y, sobre todo, en lo Contencioso Administrativo, ese tribunal donde se estrellaron una y otra vez las ansias monárquicas de la democracia pavimentadora. Luego, la división del Ministerio Público Fiscal y los “superpoderes” administrativos y presupuestarios para su titular, el ex ministro político del alperovichismo Edmundo Jiménez. Más tarde, la modificación del reglamento del Jury de Enjuiciamiento, para suspender magistrados sometidos a proceso de destitución, de lo cual están blindados el gobernador y el vice. Después, el proyecto para nombrar subrogantes, es decir, para que ya no sean los actuales jueces los que atiendan despachos acéfalos, sino para que el Gobierno nombre magistrados interinos. Ahora, la propuesta de ampliar a nueve los miembros de la Corte…
“Vienen por nosotros”, es la lectura. Asumen que todo se debe a la decisión judicial de investigar qué paso con los millonarios gastos sociales de la Legislatura cuando la presidía el actual gobernador, Juan Manzur. Esos subsidios que se financiaban con una partida que, en 2014, sumó $ 150 millones; y que al año siguiente, el de las elecciones, acumuló $ 600 millones. Incluyendo los $ 200 millones que salieron en valijas en los 90 días previos a los comicios de agosto.
“Si no investigáramos los gastos sociales, no pasaría nada”, razonan en Tribunales, con un dejo de esperanza de que el Gobierno se esté armando para la guerra con el fin de negociar la paz.
Hay, por cierto, mucho de verdad en esa suposición. Pero también hay una pregunta con la cual el poder político anula la victimización. ¿Por qué no investigaron los gastos sociales durante los 12 años del alperovichismo?
En rigor, salvo por honrosas excepciones (que tienen al camarista Rodolfo Novillo como ejemplo paradigmático en la anulación de artículos de la reforma de 2006, que conformaban una verdadera Anti-Constitución de la Provincia), el Poder Judicial casi incurre en lucro cesante durante el alperovichismo. LA GACETA informó de manera incansable y sistemática sobre la degradación de las instituciones de control y el gobierno anterior se despidió sin saber lo que era una actuación de oficio para indagar en cualquiera de los incontables escándalos que protagonizó.
La lectura del poder político, conducido por quienes ocuparon durante 12 años la primera línea alperovichista, es que la Justicia quiere prestigiarse ahora ante la sociedad, poniéndolos en el banquillo después de una década larga de indulgencia con el gobierno anterior. La impunidad en el crimen de Paulina Lebbos, que acaba de cumplir 11 años de anomia, es suficiente ejemplo.
Entonces, viene la victimización de los políticos. Dicen que este es el Poder Judicial que declaró nulos los comicios de agosto de 2015 (se olvidan de las maniobras fraudulentas; y también de que esa misma Justicia cambió la sentencia en 72 horas). Recuerdan que esta es la Justicia que, 10 días fuera de término, pidió un aumento del 100% de su presupuesto, para culpar al Gobierno de la no aplicación de la reforma del Código Procesal Penal (un planteo peliagudo, porque las fechas y las cifras son ciertas). Deslizan que estos son los Tribunales donde, esta semana, ya circuló un “boceto” de fallo para anular la división del Ministerio Público. Reiteran que se pide explicaciones a la gestión que eliminó los gastos sociales, luego de no hacer nada con la administración que los explotó.
Hay mucho de verdad en estos alegatos. Pero también hay un planteo con el cual el Poder Judicial anula la victimización. Las leyes aprobadas y los proyectos en ciernes, que afectan al Poder Judicial en todos los frentes, son impulsados por quienes jamás mostraron interés por el funcionamiento eficiente de los tribunales durante el alperovichismo, cuando Manzur fue vicegobernador; Jaldo, ministro del Interior; y Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia.
En rigor, la Legislatura alperovichista ni siquiera fue una escribanía de Casa de Gobierno, porque a los notariados hay que llevar papeles. Con la modificación del sistema de Decretos de Necesidad y Urgencia, al Ejecutivo le bastaba con que no hubiera sesiones para que sus caprichos adquiriesen fuerza de ley. Y con la autoridad del parlamento clausurada, el alperovichismo se dedicó a poner en crisis la Justicia en su empeño por digitar el nombramiento de jueces, hasta el punto de que el Poder Judicial tuvo que ser declarado, inédita y atrozmente, en estado de emergencia.
La lectura de los magistrados, entonces, es que el poder político quiere prestigiarse ante la sociedad, después de las escandalosas elecciones que mancillaron su legitimidad de origen, demonizando a la Justicia como un poder que sólo quiere obstaculizar al Gobierno.
Acusaron recibo del latigazo de Jaldo durante esta semana. Ante la ola de ataques de motochorros, el vicegobernador lanzó: “Yo lo que creo es que hay que ser muy duros, que el delincuente tiene que estar preso, que la Policía hace un trabajo importante pero tiene que mejorar; y que la Justicia también, cuando los delincuentes lleguen al Poder Judicial, no tienen que salir sino que tienen que quedarse encerrados, ser juzgados y, el que cometió delito, tiene que quedar preso”.
Después de 12 años de una gestión que a los tucumanos les canjeó cordón cuneta por calidad institucional, sólo hay ruinas del prestigio de los poderes de la república. Claro que el poder político no es inocente de querer copar la Justicia. Claro que la Justicia no es inocente de los desmanes del poder político durante tres períodos consecutivos. Por eso, el déficit de ascendencia social es palmario. La pelea por ganar prestigio desprestigiando al otro ya es rabiosa.
Y si unos y otros quieren engullir el prestigio que les falta es porque, hasta el momento, no ha aparecido el deseo de construir prestigio propio. Dicho de otro modo: nadie en el poder político ni en el Poder Judicial plantea consagrar un Poder Judicial más grande, en términos de tamaño. Para dar sólo un ejemplo: cuando Santa Fe (3,2 millones de habitantes según el Censo 2010) dejó el sistema penal inquisitorio por el acusatorio, nombró 46 fiscales penales, más 98 fiscales adjuntos. Tucumán ya aprobó el cambio y, con la mitad de esos habitantes, tiene ocho fiscales de Instrucción en capital, cuatro en Concepción y dos en Monteros. Fin de la cuenta.
Un Poder Judicial grande es perfectamente administrable, potencialmente eficiente y definitivamente prestigiador de la república. Eso sí, es difícilmente manipulable. En todos los sentidos. Y desde cualquier despacho...
Antecedentes
Alperovich, desde el día en que asumió, cuestionó públicamente y sin piedad a su antecesor, Julio Miranda. En cada acto en que inauguró riego asfáltico, les pidió a los tucumanos que se acordaran del pasado reciente de hambre y lo compararan con la bonanza de obras del presente. Se comió a dentelladas la poca influencia que le quedaba a su padre político, hasta extinguirlo de toda vida electoral. Y reformó la Constitución y se habilitó no una, sino dos reelecciones consecutivas.
De manera contrastante, durante el mirandismo, la muerte por docenas de los niños desnutridos (mientras la Legislatura pagaba “gastos de bloque” similares al salario de Bill Clinton como presidente de EEUU; y el Ejecutivo era denunciado de “coimear” parlamentarios para habilitar la reforma de la Constitución) desprestigió esa gestión hasta hacerla tambalear. De hecho, la ley de 2002 que autorizaba a Miranda a impulsar la enmienda de la Carta Magna jamás se aplicó. No consiguió habilitar la reelección consecutiva tan anhelada.
Es que el prestigio político, si bien no alcanza a contestar la cuestión acabadamente, si ayuda a responder sustancialmente, y sin necesidad de mitos, una de las grandes preguntas de la modernidad. ¿Por qué la mayoría debe acatar las leyes que dictan unos cuantos en la Legislatura, interpretan unos pocos en la Justicia, y ejecuta uno solo en el Poder Ejecutivo?
La pelea ya llega.
Todos muestran los dientes…
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