Por Irene Benito
01 Marzo 2017
El poder político adelantó el carnaval y festejó como endiablado una remodelación del Poder Judicial que, más allá de los pretextos técnicos aducidos, resultaría beneficiosa para sí mismo. El océano rojo de fondo es la serie de expedientes que pretenden esclarecer el destino de los $ 615,6 millones que la Legislatura entregó de manera discrecional en concepto de gastos sociales antes y después de las elecciones de 2015. Los casos promovidos en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, cuerpo que el oficialismo considera “campo enemigo” y donde se libra una especie de guerra de aniquilación institucional, naufragan entre chicanas y abusos procesales, y a esta altura parece evidente que se ahogarán si la Corte no les tira un salvavidas.
¿Cuántos anillos flotadores quedan en un alto tribunal que por momentos parece en sí mismo destinado a un desenlace tipo Titanic? Un leguleyo advertía la semana pasada que el eventual respaldo a los jueces administrativistas implicaba no sólo rechazar decenas de impugnaciones con la destreza de un esgrimista eximio sino también frenar la potestad de los legisladores para suspender automáticamente a los magistrados acusados por mal desempeño, y los superpoderes concedidos a Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales, y a su homólogo de la defensa, cargo vacante que mantiene en vilo a los lobbistas judiciales con acceso a la Casa de Gobierno.
¿Hay energía y voluntad en la Corte para transitar un camino que necesariamente atizará los ataques del poder político? Un observador del tablero tribunalicio apunta que el presidente Antonio Gandur está más cerca del retiro que de la batalla -aunque esta podría ser su última causa-, y dice que para enfrentar semejante conflagración hace falta un grado de coraje, de impecabilidad, de desapego a los privilegios y de republicanismo que escasea en la judicatura tucumana. Más allá de que la historia contemporánea ha sido pródiga en episodios que niegan tales virtudes, los hechos sentencian que mientras se alarga la estadía en la vocalía de Antonio Estofán de uno de los tantos recursos presentados por el Estado en el juicio que inició el opositor Eudoro Aráoz a propósito de los gastos sociales legislativos, el alto tribunal ya dio vía libre a la re-reforma destemplada del fuero laboral. Al tiempo que recibía esta clase de guiños en el Palacio de Justicia, el partido gobernante se preparaba para ejecutar la estocada de un Ministerio Público a imagen y semejanza de Jiménez.
Tanto ha avanzado la Legislatura sobre las prerrogativas de superintendencia de la Corte que muchos conocedores del paño dan por hecho que la mayoría de los supremos prestó -de modo informal- acuerdo a esta reorganización estructural del Poder Judicial. Un operador premium del oficialismo alienta esa conjetura palaciega sin reparar en la contradicción que entraña que los mismos vocales se hayan cansado de poner límites a Jiménez mediante las acordadas dictadas durante los dos últimos años y siempre alegando que la Constitución de Tucumán otorga a la Corte la administración de la Justicia (artículo 121). No sólo lo sacaron carpiendo cuando se opuso a la auditoría del ex fiscal Guillermo Herrera o cuando quiso incorporar personal dedocráticamente, sino que también frustraron su pedido para que Tomás Robert, entonces abogado defensor de Herrera, sea designado como relator ($ 100.000 de salario mensual libre de impuestos): nunca antes el alto tribunal había cercenado un requerimiento de esa guisa. Por cierto, ¿será Robert el primer beneficiario de la ley que entregó todo el poder a Jiménez, especialmente ahora que Inés Hael dejará una relatoría libre para ocupar la Fiscalía de Cámara Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo de la capital? En Tribunales se preguntan cómo se conocerán los movimientos de Jiménez, a quien el Colegio de Abogados denunció -sin suerte- por su resistencia a publicar todos los dictámenes y resoluciones. Lo que se sabía acerca del Ministerio Público se sabía por conducto de la Corte: así, por ejemplo, trascendió que apenas llegó a su nuevo cargo, el ex secretario general del Partido Justicialista, y ex ministro de Gobierno y Justicia histórico de la gestión anterior desplazó de una relatoría a Rafael De Santis, funcionario protegido del vocal decano René Goane, para colocar a su sobrina Eloísa Rodríguez Campos. Este acto de nepotismo ocurrió cinco días después de que Jiménez asegurara a LA GACETA que pretendía desterrar “los amiguismos” y que para nada iba a pensar en nombrar a su familia en la Justicia.
Hay quienes consideran que con sus respectivos pleitos contra el Ministerio Público supersónico el judicializador Oscar López, y los radicales Silvia Elías de Pérez, José María Canelada y Juan Andrés Robles sirvieron en bandeja la oportunidad que la Corte precisa para imponerse y restablecer el orden institucional malherido. Pero además de las dudas sobre cuán dispuestos están los vocales a enemistarse con los representantes de la mayoría y las desconfianzas existentes en la cúspide judicial, campean las incertidumbres técnicas. ¿Puede el alto tribunal juzgar con imparcialidad cuando lo que está en tela de juicio son sus propias atribuciones? ¿Puede Jiménez, el ministro público de la gioconda sonrisa, dictaminar en un caso donde sería el principal perjudicado? Si ellos no pueden, ¿quiénes tramitarán este conflicto de poder intrínseco de la Justicia no previsto por ningún código procesal? Un príncipe del foro analizaba que la potenciación del Ministerio Público había activado una suerte de mecanismo de autodestrucción en el Poder Judicial. ¿Será esa la apuesta final del oficialismo que, con tal de negarse a publicitar los recibos de los gastos sociales, llegó a repeler una medida cautelar? Este panorama institucional funesto contrasta con la celebración que el Gobierno programó para el acto de apertura del 112° período legislativo, que por designio estricto del azar coincide con el miércoles de ceniza. El calendario católico ha conspirado contra las autoridades públicas que hoy tienen todo para festejar.
¿Cuántos anillos flotadores quedan en un alto tribunal que por momentos parece en sí mismo destinado a un desenlace tipo Titanic? Un leguleyo advertía la semana pasada que el eventual respaldo a los jueces administrativistas implicaba no sólo rechazar decenas de impugnaciones con la destreza de un esgrimista eximio sino también frenar la potestad de los legisladores para suspender automáticamente a los magistrados acusados por mal desempeño, y los superpoderes concedidos a Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales, y a su homólogo de la defensa, cargo vacante que mantiene en vilo a los lobbistas judiciales con acceso a la Casa de Gobierno.
¿Hay energía y voluntad en la Corte para transitar un camino que necesariamente atizará los ataques del poder político? Un observador del tablero tribunalicio apunta que el presidente Antonio Gandur está más cerca del retiro que de la batalla -aunque esta podría ser su última causa-, y dice que para enfrentar semejante conflagración hace falta un grado de coraje, de impecabilidad, de desapego a los privilegios y de republicanismo que escasea en la judicatura tucumana. Más allá de que la historia contemporánea ha sido pródiga en episodios que niegan tales virtudes, los hechos sentencian que mientras se alarga la estadía en la vocalía de Antonio Estofán de uno de los tantos recursos presentados por el Estado en el juicio que inició el opositor Eudoro Aráoz a propósito de los gastos sociales legislativos, el alto tribunal ya dio vía libre a la re-reforma destemplada del fuero laboral. Al tiempo que recibía esta clase de guiños en el Palacio de Justicia, el partido gobernante se preparaba para ejecutar la estocada de un Ministerio Público a imagen y semejanza de Jiménez.
Tanto ha avanzado la Legislatura sobre las prerrogativas de superintendencia de la Corte que muchos conocedores del paño dan por hecho que la mayoría de los supremos prestó -de modo informal- acuerdo a esta reorganización estructural del Poder Judicial. Un operador premium del oficialismo alienta esa conjetura palaciega sin reparar en la contradicción que entraña que los mismos vocales se hayan cansado de poner límites a Jiménez mediante las acordadas dictadas durante los dos últimos años y siempre alegando que la Constitución de Tucumán otorga a la Corte la administración de la Justicia (artículo 121). No sólo lo sacaron carpiendo cuando se opuso a la auditoría del ex fiscal Guillermo Herrera o cuando quiso incorporar personal dedocráticamente, sino que también frustraron su pedido para que Tomás Robert, entonces abogado defensor de Herrera, sea designado como relator ($ 100.000 de salario mensual libre de impuestos): nunca antes el alto tribunal había cercenado un requerimiento de esa guisa. Por cierto, ¿será Robert el primer beneficiario de la ley que entregó todo el poder a Jiménez, especialmente ahora que Inés Hael dejará una relatoría libre para ocupar la Fiscalía de Cámara Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo de la capital? En Tribunales se preguntan cómo se conocerán los movimientos de Jiménez, a quien el Colegio de Abogados denunció -sin suerte- por su resistencia a publicar todos los dictámenes y resoluciones. Lo que se sabía acerca del Ministerio Público se sabía por conducto de la Corte: así, por ejemplo, trascendió que apenas llegó a su nuevo cargo, el ex secretario general del Partido Justicialista, y ex ministro de Gobierno y Justicia histórico de la gestión anterior desplazó de una relatoría a Rafael De Santis, funcionario protegido del vocal decano René Goane, para colocar a su sobrina Eloísa Rodríguez Campos. Este acto de nepotismo ocurrió cinco días después de que Jiménez asegurara a LA GACETA que pretendía desterrar “los amiguismos” y que para nada iba a pensar en nombrar a su familia en la Justicia.
Hay quienes consideran que con sus respectivos pleitos contra el Ministerio Público supersónico el judicializador Oscar López, y los radicales Silvia Elías de Pérez, José María Canelada y Juan Andrés Robles sirvieron en bandeja la oportunidad que la Corte precisa para imponerse y restablecer el orden institucional malherido. Pero además de las dudas sobre cuán dispuestos están los vocales a enemistarse con los representantes de la mayoría y las desconfianzas existentes en la cúspide judicial, campean las incertidumbres técnicas. ¿Puede el alto tribunal juzgar con imparcialidad cuando lo que está en tela de juicio son sus propias atribuciones? ¿Puede Jiménez, el ministro público de la gioconda sonrisa, dictaminar en un caso donde sería el principal perjudicado? Si ellos no pueden, ¿quiénes tramitarán este conflicto de poder intrínseco de la Justicia no previsto por ningún código procesal? Un príncipe del foro analizaba que la potenciación del Ministerio Público había activado una suerte de mecanismo de autodestrucción en el Poder Judicial. ¿Será esa la apuesta final del oficialismo que, con tal de negarse a publicitar los recibos de los gastos sociales, llegó a repeler una medida cautelar? Este panorama institucional funesto contrasta con la celebración que el Gobierno programó para el acto de apertura del 112° período legislativo, que por designio estricto del azar coincide con el miércoles de ceniza. El calendario católico ha conspirado contra las autoridades públicas que hoy tienen todo para festejar.
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