Por Marcelo Aguaysol
25 Febrero 2017
Son tiempos de dientes apretados, de una carrera frenética hacia las aulas. De compras de última hora y de padecer los aumentos. De históricas negociaciones sobre el filo de la campana. Y esa loca manía de tener a padres y a alumnos sentados en la puerta del colegio a la espera de una decisión. La política no logra pasar de grado. Tampoco la dirigencia sindical. Es justo el reclamo por más y mejores salarios. Es incomprensible la terquedad de la gestión de plantarse en un techo de incremento del 18%. Los precios no son los mismos que hace un año. El gradualismo de las correcciones económicas no le ha dado respiro al bolsillo de los argentinos. Y alguien tiene que parar la pelota. Pero siempre se prefiere jugar el partido en tiempo de descuento.
Marzo se proyecta como un mes conflictivo, en la que la contienda de fondo será dada por los docentes que ya anunciaron un paro de actividades para el 6 y el 7 del mes que viene (luego vendrá la protesta de la CGT). En la arena política, el combate siempre es por el centro del ring. Uno y otro sector quieren demostrar fortaleza, a costa de la población. La grieta se abre nuevamente. Esta vez, el escenario son las redes sociales.
Twitter es una clara muestra de esa diáspora. Mientras una franja de la sociedad expresa el #ApoyoALosMaestros, otros sostienen el hashtag #VoluntarioDocenteNoAlParo, y están dispuestos a dictar clases para quebrar la presión sindical, particularmente en Buenos Aires. La gobernadora María Eugenia Vidal otra vez se pinta la cara (como cuando peleó contra la policía de su distrito o contra el juego) para enfrentar a Roberto Baradel, titular del gremio bonaerense Suteba, tildado por la Casa Rosada como el responsable de una medida de fuerza con tintes kirchneristas.
Vidal es el punto de referencia del oficialismo y la escudera de la estrategia que el presidente Mauricio Macri trata de federalizar: acotar lo más que se pueda el reajuste en los salarios sin superar la pauta de inflación presupuestada para este año, que es del 17%.
Los precios de los insumos escolares, a su vez, se mueven a otro ritmo. Seguramente que, por efecto de la suba del combustible o del gas, los propietarios de unidades de transporte escolar querrán trasladar el aumento al valor de la mensualidad. En los colegios, hasta ahora, se observa que los reajustes estarán a tono con la inflación anual proyectada, mientras que los útiles varían según la complejidad. Ni hablar de los textos. Eso se irá viendo con el transcurrir de las clases. Cada padre debe hacer una inversión para la educación de sus hijos a costas de otros ítems del presupuesto familiar. Acaso, ¿puede un salario promedio de un asalariado formal privado tucumano (cerca de $ 11.500 mensuales) cubrir los gastos mensuales de una familia tipo? Si es el único ingreso del grupo es posible que esté peleando para no caer en situación de pobreza.
La negociación sigue siendo la mejor herramienta para despejar las controversias. La intransigencia de las posiciones no hace más que afectar al conjunto de la sociedad.
Esperando señales
Los gobernadores de las distintas provincias del país hacen interconsultas. Pocos de ellos sostienen que pueden avanzar en las negociaciones salariales con los gremios docentes sin la ayuda de la Casa Rosada. La gestión federal ya ha dejado en claro que no hará aportes extra. Y esa es la muletilla que los funcionarios del gobernador Juan Manzur tiran en los encuentros con los gremios docentes. No obstante, el tucumano busca evitar ruidos electorales. “No quiero conflictos”, dicen que expresa cada vez que habla con los miembros de su gabinete que van a las charlas con los sindicalistas. Los tejos, sin embargo, no aparecen. Creen que la semana que viene puede haber novedades, aunque el escenario pinta para que las clases arranquen entre el 8 y el 9 de marzo.
“Está claro que los docentes no quieren, bajo ningún punto de vista, que los aumentos se cierren en el 18% de techo, sugerido por la Nación”, dice uno de los funcionarios. Algunos gremios ya han señalado que el número ideal es el 35%. En la sede de San Martín y 25 de Mayo señalan, a su vez, que ese porcentaje está muy lejos de las posibilidades financieras de la provincia. Este año, el gobierno ha presupuestado cerca de $ 54.670 millones, de los cuales poco más de la mitad ($ 28.500 millones) serán destinados a salarios para todo el ejercicio.
¿Cuánto representa la planilla salarial del sector docente tucumano en esa masa de gasto en Personal? Algunas estimaciones oficiales señalan que el Poder Ejecutivo debe destinar alrededor de $ 11.400 millones (el 40% del total) para abonar las remuneraciones de unos 36.000 cargos docentes.
En el Gobierno provincial prefieren no hablar de números. No obstante, algunos analistas económicos recuerdan que la negociación de la Asociación Bancaria le ha puesto una cifra a las paritarias (24,3%), a partir de la cual se reanudan las deliberaciones. En la Casa de Gobierno insisten en que no se alinearán con la dureza de la Rosada para negociar, pero tampoco otorgarán incrementos que, luego, pueden poner en riesgo el equilibrio presupuestario de la provincia. De hecho, Tucumán seguirá reclamando a la Nación el ajuste por inflación del incentivo docente que hoy está congelado en $ 1.200. Esa sería parte de la estrategia para flexibilizar posturas en las negociaciones con los gremios de la educación. “De ninguna manera vamos a caer en el dictado de decretos como tampoco el descuento por días de paro”, afirman algunos negociadores del Ejecutivo, como una manera de ponerle paños fríos a las discusiones. De una u otra forma, en abril o en mayo a más tardar, la cuota de los colegios vendrán con un ajuste por mayores costos salariales. Es el otro aumento que tendrá que adicionarse a la economía hogareña que, en 2016, el ingreso perdió entre un 5% y un 7% de poder adquisitivo.
Más allá de la cuestión salarial, en esas mismas conversaciones también debería profundizarse el debate acerca de la calidad educativa que quiere darse en la provincia. Esa debería ser la premisa de todo el período, aún más que la cantidad de días de clases para un período lectivo. Y también ampliar la mesa a otras áreas del Gobierno, como por ejemplo, la seguridad. Sería interesante que desde el Ejecutivo se anuncie un plan para custodiar el ingreso y la salida de estudiantes en diferentes establecimientos educacionales. De ese modo, se evitaría hechos de inseguridad.
Como están dadas las cosas, la campana parece que no va a sonar todavía en las escuelas. La educación debe ser la prioridad y no la materia que toda gestión suele llevarse a marzo.
Marzo se proyecta como un mes conflictivo, en la que la contienda de fondo será dada por los docentes que ya anunciaron un paro de actividades para el 6 y el 7 del mes que viene (luego vendrá la protesta de la CGT). En la arena política, el combate siempre es por el centro del ring. Uno y otro sector quieren demostrar fortaleza, a costa de la población. La grieta se abre nuevamente. Esta vez, el escenario son las redes sociales.
Twitter es una clara muestra de esa diáspora. Mientras una franja de la sociedad expresa el #ApoyoALosMaestros, otros sostienen el hashtag #VoluntarioDocenteNoAlParo, y están dispuestos a dictar clases para quebrar la presión sindical, particularmente en Buenos Aires. La gobernadora María Eugenia Vidal otra vez se pinta la cara (como cuando peleó contra la policía de su distrito o contra el juego) para enfrentar a Roberto Baradel, titular del gremio bonaerense Suteba, tildado por la Casa Rosada como el responsable de una medida de fuerza con tintes kirchneristas.
Vidal es el punto de referencia del oficialismo y la escudera de la estrategia que el presidente Mauricio Macri trata de federalizar: acotar lo más que se pueda el reajuste en los salarios sin superar la pauta de inflación presupuestada para este año, que es del 17%.
Los precios de los insumos escolares, a su vez, se mueven a otro ritmo. Seguramente que, por efecto de la suba del combustible o del gas, los propietarios de unidades de transporte escolar querrán trasladar el aumento al valor de la mensualidad. En los colegios, hasta ahora, se observa que los reajustes estarán a tono con la inflación anual proyectada, mientras que los útiles varían según la complejidad. Ni hablar de los textos. Eso se irá viendo con el transcurrir de las clases. Cada padre debe hacer una inversión para la educación de sus hijos a costas de otros ítems del presupuesto familiar. Acaso, ¿puede un salario promedio de un asalariado formal privado tucumano (cerca de $ 11.500 mensuales) cubrir los gastos mensuales de una familia tipo? Si es el único ingreso del grupo es posible que esté peleando para no caer en situación de pobreza.
La negociación sigue siendo la mejor herramienta para despejar las controversias. La intransigencia de las posiciones no hace más que afectar al conjunto de la sociedad.
Esperando señales
Los gobernadores de las distintas provincias del país hacen interconsultas. Pocos de ellos sostienen que pueden avanzar en las negociaciones salariales con los gremios docentes sin la ayuda de la Casa Rosada. La gestión federal ya ha dejado en claro que no hará aportes extra. Y esa es la muletilla que los funcionarios del gobernador Juan Manzur tiran en los encuentros con los gremios docentes. No obstante, el tucumano busca evitar ruidos electorales. “No quiero conflictos”, dicen que expresa cada vez que habla con los miembros de su gabinete que van a las charlas con los sindicalistas. Los tejos, sin embargo, no aparecen. Creen que la semana que viene puede haber novedades, aunque el escenario pinta para que las clases arranquen entre el 8 y el 9 de marzo.
“Está claro que los docentes no quieren, bajo ningún punto de vista, que los aumentos se cierren en el 18% de techo, sugerido por la Nación”, dice uno de los funcionarios. Algunos gremios ya han señalado que el número ideal es el 35%. En la sede de San Martín y 25 de Mayo señalan, a su vez, que ese porcentaje está muy lejos de las posibilidades financieras de la provincia. Este año, el gobierno ha presupuestado cerca de $ 54.670 millones, de los cuales poco más de la mitad ($ 28.500 millones) serán destinados a salarios para todo el ejercicio.
¿Cuánto representa la planilla salarial del sector docente tucumano en esa masa de gasto en Personal? Algunas estimaciones oficiales señalan que el Poder Ejecutivo debe destinar alrededor de $ 11.400 millones (el 40% del total) para abonar las remuneraciones de unos 36.000 cargos docentes.
En el Gobierno provincial prefieren no hablar de números. No obstante, algunos analistas económicos recuerdan que la negociación de la Asociación Bancaria le ha puesto una cifra a las paritarias (24,3%), a partir de la cual se reanudan las deliberaciones. En la Casa de Gobierno insisten en que no se alinearán con la dureza de la Rosada para negociar, pero tampoco otorgarán incrementos que, luego, pueden poner en riesgo el equilibrio presupuestario de la provincia. De hecho, Tucumán seguirá reclamando a la Nación el ajuste por inflación del incentivo docente que hoy está congelado en $ 1.200. Esa sería parte de la estrategia para flexibilizar posturas en las negociaciones con los gremios de la educación. “De ninguna manera vamos a caer en el dictado de decretos como tampoco el descuento por días de paro”, afirman algunos negociadores del Ejecutivo, como una manera de ponerle paños fríos a las discusiones. De una u otra forma, en abril o en mayo a más tardar, la cuota de los colegios vendrán con un ajuste por mayores costos salariales. Es el otro aumento que tendrá que adicionarse a la economía hogareña que, en 2016, el ingreso perdió entre un 5% y un 7% de poder adquisitivo.
Más allá de la cuestión salarial, en esas mismas conversaciones también debería profundizarse el debate acerca de la calidad educativa que quiere darse en la provincia. Esa debería ser la premisa de todo el período, aún más que la cantidad de días de clases para un período lectivo. Y también ampliar la mesa a otras áreas del Gobierno, como por ejemplo, la seguridad. Sería interesante que desde el Ejecutivo se anuncie un plan para custodiar el ingreso y la salida de estudiantes en diferentes establecimientos educacionales. De ese modo, se evitaría hechos de inseguridad.
Como están dadas las cosas, la campana parece que no va a sonar todavía en las escuelas. La educación debe ser la prioridad y no la materia que toda gestión suele llevarse a marzo.
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