Cartas de lectores
22 Febrero 2017
cartas de lectores
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n uso de motos I
Actualmente se esta debatiendo que no pueden andar dos hombres en una moto y con eso creen que van a combatir la inseguridad, entonces la gente pobre que no tienen auto y su medio de movilidad es la moto los discriminaran si los que van son dos hombres... entonces los ladrones tendrán que buscar parejas mujeres para salir a robar... y luego van a prohibir también que anden en pareja ?? y así.. seguirán con niños..etc..,  la solución es mucho mas fácil , mas lógica y mas justa, hay que controlar las motos.. todas, principalmente las que andan sin patente, entonces en un control se detecta que una persona circula sin papeles, entonces esa persona debería ir a la comisaría ( ser detenido ) hasta que presente los papeles o se investigue si la moto en la que circulaba no es robada,  y la ordenanza que apuntan los políticos tiene que reglamentar y autorizar esta detenciones transitorias de las personas que circulan sin los papeles,  de esta forma se acaba de un día para el otro el robo de motos, la circulación en motos robadas o sin papeles.... y no se molesta a la gente honesta y correcta que anda en su moto por que es su único medio de movilidad.
Mario Santiago Guillén
Pje Antonio Sáenz 1.176
San Miguel de Tucumán
n uso de motos ii
Es maravillosa la solución que están a punto de encontrar los legisladores para solucionar los arrebatos hechos por motociclistas: que se prohiba circular a dos hombres en una misma moto. Genial. ¿Qué harán para que no se pague con cheques sin fondos?, ¿prohibir el cheque?, ¿para que ningún automovilista choque en una esquina, prohibirán las esquinas? ¿Prohibirán las camas para que no haya más pata i’lana?
Juan Manuel Aragón
n robo de celulares
El robo de teléfonos celulares es una de las principales causas de los motoarrebatos con las consecuencias de golpes y hasta homicidios. Se trata de un negocio para todos muy parecido a los robos de pasacasettes hace tiempo. El que roba lo vende para drogarse, etcétera; la compañía de teléfonos vende una nueva línea y un nuevo equipo; y el Estado recauda impuestos por cada venta. Por eso todavía las autoridades no hacen nada. Es muy fácil: si se bloquerara definitivamente el celular robado se terminarían los robos, pero terminaría el negocio. Hay ineptitud de los funcionarios -principalmente nacionales- que dirigen la Comisión Nacional de Telecomunicaciones conocen esta situación pero no actúan. Tampoco las provincias -Tucumán por ejemplo- que todavía no adhirieon a la ley nacional que inutiliza aparatos de telefonía celular móvil. Acá se ve reflejado claramente que a nadie le interesa la inseguridad. ¿Un celular cuesta más que una vida? Parece que sí. Una vergüenza.
Claudio Goya
n superpoderes
La reciente sanción por la Legislatura tucumana de un proyecto de ley que le confiere a Edmundo Jiménez, ex Ministro de Gobierno de Alperovich durante una década, actual Ministro Fiscal de la Corte Suprema, facultades extraordinarias no previstas en la Constitución local vigente, en detrimento de potestades constitucionales exclusivas de superintendencia,que se le detraen a la Corte Suprema de Justicia como máximo órgano del Poder Judicial, impone el deber de alertar sobre esta legislación que tiene, a no dudar, relevante gravedad institucional. En nuestro sistema institucional, tomado en gran parte de los Estados Unidos, la Constitución es la norma suprema que estatuye las potestades de los distintos órganos y niveles de gobierno, fijando igualmente los derechos y garantías de los habitantes que los poderes de gobierno deben respetar, promover y afianzar. Ninguna norma sancionada por la Legislatura o el Ejecutivo, ninguna sentencia dictada por jueces y tribunales de justicia pueden contrariar los preceptos, valores y principios constitucionales. Si lo hicieran corresponde su invalidación judicial por lesión al principio de supremacía constitucional. La Convención Constituyente que reformó la norma de base local en el 2006 desechó la posibilidad de otorgar la independencia al Ministerio Pùblico, pese a estar habilitada expresamente para tal cometido por la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional. La Constitución vigente prescribe que las potestades de superintendencia sobre todos los integrantes del Poder Judicial, vigilando, disciplinando y sancionando a sus integrantes en función del régimen que en cada caso estipule, son de competencia exclusiva de la Corte Suprema. El proyecto legislativo que cuestiono le otorga a Jiménez  la  potestad de vigilar, disciplinar y sancionar la conducta de todos los estamentos que conforman el Ministerio Público, pudiendo determinar el mecanismo de reemplazo de los fiscales y supervisar la distribución de las causas penales. Le atribuyeron, igualmente, la potestad de designar a los fiscales general y adjunto creados por esta misma normativa. Insólitamente, conforme información de LA GACETA del 19/02, se crean fiscales regionales que no tendrán la garantía de la estabilidad en sus cargos que prevé el texto constitucional vigente para todos los integrantes del Poder Judicial mientras dure su buena conducta: serán nombrados por ocho años, con posibilidad de renovación. Este descalabro institucional importa un atajo inaceptable. Sospecho que quieren asegurarse el control total del poder punitivo del Estado. La posibilidad de que el tucumano José López, electo en 2015 como diputado al Parlasur en la misma boleta de Alperovich, detenido por el revoleo de bolsas con millones de dólares, se arrepienta y denuncie a sus cómplices por maniobras en licitaciones de obras públicas y la elevación a juicio del cruel asesinato de Paulina Lebbos, generaron el pánico que impulsó esta absurda reforma del Ministerio Púbicos.
Luis Iriarte
n baños de bares
He leído con atención la carta de la lectora Catalina Lonac (”Baños de bares”, 14/2), que motivó una nota editorial de LA GACETA, relacionada con los baños de bares, actividad que hace décadas -sin ser la que más me guste-, ejerzo personalmente. No soy un empresario, por ello destaco “personalmente”. Los baños constituyen una obligación municipal para la habilitación de tal actividad. Pero tales servicios desde hace unos años, están expuestos a tiempos muy diferentes por las inadecuadas conductas de sus usuarios. “Los justos pagan por los pecadores”. Pues este vital e higiénico lugar de la familia, despierta involutivos y retrógrados comportamientos  en algunos humanos al hacer uso de un baño de un bar, que no necesariamente debe interpretarse como público. Y así, los justos están privados de acceder a un buen servicio, pues los pecadores se constituyeron en vándalos y/o delincuentes, donde el papel higiénico, el jabón, papel/toalla, alcohol gel y algunos accesorios desaparecen diariamente. Más de las veces que los lectores pueden imaginarse, las toallas higiénicas, los pañales descartables, lapiceras, jeringas, trozos de expedientes, etcétera, provocan frecuentes oclusiones cloacales que deshabilitan el servicio.  Difícil de creer, que en estos cibernéticos tiempos, haya personas que confundan el mingitorio o un resumidero con el inodoro. En mi caso, la SAT y la inacción del Ersept corolan negativamente el esfuerzo por la higiene, al brindar un paupérrimo caudal de agua. Dotar los sanitarios con sistemas antivándalos cuesta con material y mano de obra, unos $20.000. Los demás accesorios (dosificadores de alcohol gel, jabón y papeles), otros $15.000. En cuestión de pocas cuadras alrededor de la plaza, hay locales con un desayuno de $30 y otros de $60. Clientela muy diferente, en todo sentido. Un banco, una heladería, un súper y  las instituciones impositivas, por ejemplo, no disponen de baños para sus numerosos clientes. ¿Alguien fue al baño de una cancha? ¿Vio “damas” y “caballeros”, papel, jabón, etcétera?. En esta sociedad, todos debemos cambiar. Pues en los baños de los bares, a veces pareciera que entró “Cocodrilo Dundee”.
Roberto Ahmad
n cementerios
He leído la carta del Sr. Hugo César Navarro del día de ayer y comparto plenamente lo manifestado. La semana pasada falleció mi hermana en la Ciudad de Buenos Aires en forma casi repentina y con gran dolor escribo estas líneas reiterando la urgente necesidad de contar en nuestra Provincia de un crematorio (mi hermana fue cremada en el Cementerio de La Chacarita). El señor Avignone  (Secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán) había manifestado (el día 26-7-2016 en cartas a La Gaceta) que en poco tiempo se estaban realizando los trabajos para la inmediata colocación del crematorio, que hasta la fecha y quizás por razones de que se trata de un año electoral no quieren instalarlo. Existe y no tengo la menor duda de grandes intereses económicos que impiden el crematorio. Además es increíble que nuestro Tucumán no pueda contar con ese servicio y tenemos los deudos que trasladarnos a Salta o a Córdoba como lugares mas cercanos. La última voluntad de mi hermana fue que sus cenizas descansen en Tucumán y para ello imploro al Arzobispo la autorización de un cinerario (como ya existen en casi todas las parroquias de la Ciudad de Buenos Aires) a fin de que los deudos rindan sentido homenaje y no arrojar las cenizas en cualquier lugar.-Agradezco nuevamente al diario La Gaceta este espacio que nos permite a los ciudadanos comunes expresarnos en libertad.
Carlos Jorge Dumit
Castro Barros 49
San Miguel de Tucumán

Uso de motos I

Actualmente se esta debatiendo que no pueden andar dos hombres en una moto y con eso creen que van a combatir la inseguridad, entonces la gente pobre que no tienen auto y su medio de movilidad es la moto los discriminaran si los que van son dos hombres... entonces los ladrones tendrán que buscar parejas mujeres para salir a robar... y luego van a prohibir también que anden en pareja ?? y así.. seguirán con niños..etc..,  la solución es mucho mas fácil , mas lógica y mas justa, hay que controlar las motos.. todas, principalmente las que andan sin patente, entonces en un control se detecta que una persona circula sin papeles, entonces esa persona debería ir a la comisaría ( ser detenido ) hasta que presente los papeles o se investigue si la moto en la que circulaba no es robada,  y la ordenanza que apuntan los políticos tiene que reglamentar y autorizar esta detenciones transitorias de las personas que circulan sin los papeles,  de esta forma se acaba de un día para el otro el robo de motos, la circulación en motos robadas o sin papeles.... y no se molesta a la gente honesta y correcta que anda en su moto por que es su único medio de movilidad.

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Mario Santiago Guillén
Pje Antonio Sáenz 1.176
San Miguel de Tucumán



Uso de motos II

Es maravillosa la solución que están a punto de encontrar los legisladores para solucionar los arrebatos hechos por motociclistas: que se prohiba circular a dos hombres en una misma moto. Genial. ¿Qué harán para que no se pague con cheques sin fondos?, ¿prohibir el cheque?, ¿para que ningún automovilista choque en una esquina, prohibirán las esquinas? ¿Prohibirán las camas para que no haya más pata i’lana?

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Juan Manuel Aragón
[email protected]


Robo de celulares

El robo de teléfonos celulares es una de las principales causas de los motoarrebatos con las consecuencias de golpes y hasta homicidios. Se trata de un negocio para todos muy parecido a los robos de pasacasettes hace tiempo. El que roba lo vende para drogarse, etcétera; la compañía de teléfonos vende una nueva línea y un nuevo equipo; y el Estado recauda impuestos por cada venta. Por eso todavía las autoridades no hacen nada. Es muy fácil: si se bloquerara definitivamente el celular robado se terminarían los robos, pero terminaría el negocio. Hay ineptitud de los funcionarios -principalmente nacionales- que dirigen la Comisión Nacional de Telecomunicaciones conocen esta situación pero no actúan. Tampoco las provincias -Tucumán por ejemplo- que todavía no adhirieon a la ley nacional que inutiliza aparatos de telefonía celular móvil. Acá se ve reflejado claramente que a nadie le interesa la inseguridad. ¿Un celular cuesta más que una vida? Parece que sí. Una vergüenza.

Claudio Goya
[email protected]


Superpoderes

La reciente sanción por la Legislatura tucumana de un proyecto de ley que le confiere a Edmundo Jiménez, ex Ministro de Gobierno de Alperovich durante una década, actual Ministro Fiscal de la Corte Suprema, facultades extraordinarias no previstas en la Constitución local vigente, en detrimento de potestades constitucionales exclusivas de superintendencia,que se le detraen a la Corte Suprema de Justicia como máximo órgano del Poder Judicial, impone el deber de alertar sobre esta legislación que tiene, a no dudar, relevante gravedad institucional. En nuestro sistema institucional, tomado en gran parte de los Estados Unidos, la Constitución es la norma suprema que estatuye las potestades de los distintos órganos y niveles de gobierno, fijando igualmente los derechos y garantías de los habitantes que los poderes de gobierno deben respetar, promover y afianzar. Ninguna norma sancionada por la Legislatura o el Ejecutivo, ninguna sentencia dictada por jueces y tribunales de justicia pueden contrariar los preceptos, valores y principios constitucionales. Si lo hicieran corresponde su invalidación judicial por lesión al principio de supremacía constitucional. La Convención Constituyente que reformó la norma de base local en el 2006 desechó la posibilidad de otorgar la independencia al Ministerio Pùblico, pese a estar habilitada expresamente para tal cometido por la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional. La Constitución vigente prescribe que las potestades de superintendencia sobre todos los integrantes del Poder Judicial, vigilando, disciplinando y sancionando a sus integrantes en función del régimen que en cada caso estipule, son de competencia exclusiva de la Corte Suprema. El proyecto legislativo que cuestiono le otorga a Jiménez  la  potestad de vigilar, disciplinar y sancionar la conducta de todos los estamentos que conforman el Ministerio Público, pudiendo determinar el mecanismo de reemplazo de los fiscales y supervisar la distribución de las causas penales. Le atribuyeron, igualmente, la potestad de designar a los fiscales general y adjunto creados por esta misma normativa. Insólitamente, conforme información de LA GACETA del 19/02, se crean fiscales regionales que no tendrán la garantía de la estabilidad en sus cargos que prevé el texto constitucional vigente para todos los integrantes del Poder Judicial mientras dure su buena conducta: serán nombrados por ocho años, con posibilidad de renovación. Este descalabro institucional importa un atajo inaceptable. Sospecho que quieren asegurarse el control total del poder punitivo del Estado. La posibilidad de que el tucumano José López, electo en 2015 como diputado al Parlasur en la misma boleta de Alperovich, detenido por el revoleo de bolsas con millones de dólares, se arrepienta y denuncie a sus cómplices por maniobras en licitaciones de obras públicas y la elevación a juicio del cruel asesinato de Paulina Lebbos, generaron el pánico que impulsó esta absurda reforma del Ministerio Púbicos.

Luis Iriarte
[email protected]


Baños de bares

He leído con atención la carta de la lectora Catalina Lonac (”Baños de bares”, 14/2), que motivó una nota editorial de LA GACETA, relacionada con los baños de bares, actividad que hace décadas -sin ser la que más me guste-, ejerzo personalmente. No soy un empresario, por ello destaco “personalmente”. Los baños constituyen una obligación municipal para la habilitación de tal actividad. Pero tales servicios desde hace unos años, están expuestos a tiempos muy diferentes por las inadecuadas conductas de sus usuarios. “Los justos pagan por los pecadores”. Pues este vital e higiénico lugar de la familia, despierta involutivos y retrógrados comportamientos  en algunos humanos al hacer uso de un baño de un bar, que no necesariamente debe interpretarse como público. Y así, los justos están privados de acceder a un buen servicio, pues los pecadores se constituyeron en vándalos y/o delincuentes, donde el papel higiénico, el jabón, papel/toalla, alcohol gel y algunos accesorios desaparecen diariamente. Más de las veces que los lectores pueden imaginarse, las toallas higiénicas, los pañales descartables, lapiceras, jeringas, trozos de expedientes, etcétera, provocan frecuentes oclusiones cloacales que deshabilitan el servicio.  Difícil de creer, que en estos cibernéticos tiempos, haya personas que confundan el mingitorio o un resumidero con el inodoro. En mi caso, la SAT y la inacción del Ersept corolan negativamente el esfuerzo por la higiene, al brindar un paupérrimo caudal de agua. Dotar los sanitarios con sistemas antivándalos cuesta con material y mano de obra, unos $20.000. Los demás accesorios (dosificadores de alcohol gel, jabón y papeles), otros $15.000. En cuestión de pocas cuadras alrededor de la plaza, hay locales con un desayuno de $30 y otros de $60. Clientela muy diferente, en todo sentido. Un banco, una heladería, un súper y  las instituciones impositivas, por ejemplo, no disponen de baños para sus numerosos clientes. ¿Alguien fue al baño de una cancha? ¿Vio “damas” y “caballeros”, papel, jabón, etcétera?. En esta sociedad, todos debemos cambiar. Pues en los baños de los bares, a veces pareciera que entró “Cocodrilo Dundee”.

Roberto Ahmad
[email protected]


Cementerios

He leído la carta del Sr. Hugo César Navarro del día de ayer y comparto plenamente lo manifestado. La semana pasada falleció mi hermana en la Ciudad de Buenos Aires en forma casi repentina y con gran dolor escribo estas líneas reiterando la urgente necesidad de contar en nuestra Provincia de un crematorio (mi hermana fue cremada en el Cementerio de La Chacarita). El señor Avignone  (Secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán) había manifestado (el día 26-7-2016 en cartas a La Gaceta) que en poco tiempo se estaban realizando los trabajos para la inmediata colocación del crematorio, que hasta la fecha y quizás por razones de que se trata de un año electoral no quieren instalarlo. Existe y no tengo la menor duda de grandes intereses económicos que impiden el crematorio. Además es increíble que nuestro Tucumán no pueda contar con ese servicio y tenemos los deudos que trasladarnos a Salta o a Córdoba como lugares mas cercanos. La última voluntad de mi hermana fue que sus cenizas descansen en Tucumán y para ello imploro al Arzobispo la autorización de un cinerario (como ya existen en casi todas las parroquias de la Ciudad de Buenos Aires) a fin de que los deudos rindan sentido homenaje y no arrojar las cenizas en cualquier lugar.-Agradezco nuevamente al diario La Gaceta este espacio que nos permite a los ciudadanos comunes expresarnos en libertad.

Carlos Jorge Dumit
Castro Barros 49
San Miguel de Tucumán

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