¿Habrá Justicia?
El jueves, en la Legislatura, después de muchas idas y vueltas, se sancionó una Ley con la que se pretende revivir el fuero penal. Si se la promulga, el Ministerio Público Fiscal no dependerá de la Corte Suprema de Justicia para definir su presente y su futuro. Esta medida, más la reforma del Código Procesal Penal, según algunos, servirá para que la Justicia comience a saldar la enorme deuda que tiene con la sociedad, la misma que ha dejado de creer en el trabajo que desarrolla.

A los tucumanos poco les importa la pelea Corte vs. Ministro Fiscal. Tampoco quiere entender de dependencia e independencia del Ministerio Público Fiscal. Pretende acciones concretas y rápidas. El edificio de avenida Sarmiento al 400 se transformó en un mar de quejas. Protesta el ciudadano común que pretende encontrar Justicia en un sistema que está agonizando desde hace mucho tiempo. Reniegan los profesionales por la lentitud de los procesos, pese a que muchas veces son ellos los responsables de retrasar todo. Empleados y funcionarios también levantan la voz por las condiciones en las que trabajan y porque consideran que así es muy difícil responder a tantas exigencias.

Ese preocupante presente se desnuda en las estadísticas y los números que el Poder Judicial no es proclive a mostrar, como es el caso de los números de homicidios de los dos últimos años. En 2016, cada una de las 10 fiscalías del centro judicial de la capital recibió en promedio 2.800 causas en cada turno, que dura 12 días. Al año superan las 8.000, teniendo en cuenta que cumplen con tres turnos anuales. De ese número de expedientes, alrededor de 2.500 pertenecen a los delitos contra la propiedad, los ilícitos que dan forma a la sensación de seguridad. El 84% (más de 2.100) es cometido por lo que se llama “autores desconocidos”. Esa definición también puede ser entendida como personas que nunca serán identificadas y, mucho menos, detenidas. Tampoco pueden atender bien las casi 300 denuncias por violencia de género que llegan porque, por ejemplo, no cuentan con profesionales a su cargo como un psicólogo y un asistente social, sino que tienen que utilizar el cuerpo de especialistas que atiende las necesidades de todo el PJ.

Cada investigador cuenta con, como máximo, 20 empleados, es decir, que cada uno de ellos tendría que atender más de 400 expedientes. Ante la imposibilidad humana de atender tanto, se estima que más de la mitad de los casos terminan siendo archivados por diferentes razones. Y aún así resulta muy difícil avanzar con las investigaciones de casos que van desde un simple hurto, pasando por asaltos y homicidios, deteniéndose en abusos sexuales y terminando en grandes estafas. Por ese motivo, pensar que un imputado será enjuiciado en dos años, como lo estipula el Código Procesal vigente, es una verdadera quimera. “No somos una isla, somos Siberia”, definió un funcionario judicial al hablar de los problemas que afrontan a diario. No les alcanzan los dedos de las manos y de los pies para enumerar todas las limitaciones que tienen para desarrollar su tarea. Tampoco quieren dar a conocer muchos detalles por vergüenza o por temor a recibir algún tipo de apercibimiento por decir qué está pasando. Por ejemplo, los peritos de las fuerzas de seguridad nacionales que arribaron a la provincia para investigar la muerte del padre Juan Viroche se agarraron la cabeza cuando les comentaron que aún no tenían los resultados de pericias clave. Los estudios toxicológicos fueron enviados a Salta porque el laboratorio del Poder Judicial no cuenta con los reactivos para hacer un análisis detallado. Las muestras de ADN se llevaron a Buenos Aires porque en Tucumán la Justicia no cuenta con un laboratorio genético. Y lo que es peor aún: contaron que los estudios de los celulares que se le secuestraron al sacerdote tuvieron que ser analizados por la Policía Federal porque la Corte no había pagado la licencia del sistema que se utiliza para realizar esta tarea.

Obscenidad

Los problemas no se generaron por cuestiones presupuestarias. Si realmente se trataba de una cuestión económica, la Corte no hubiera invertido $ 176 millones en la construcción de dos edificios en el centro judicial capitalino y en reformas en Monteros y en la Morgue Judicial, que es el único trabajo que se concluyó en tiempo y forma. Tampoco se puso en balanza las prioridades. Fue el resultado de la interna que vienen manteniendo el presidente de la Corte, Antonio Gandur, y el ministro fiscal, Edmundo Jiménez. Ambos protagonizaron una pelea descabellada y sin sentido que lo único que hizo fue atentar contra la calidad de Justicia, que en definitiva es lo único que reclama la sociedad. Dicen que cada pedido del jefe de los fiscales era cajoneado por las autoridades del máximo tribunal. Juran que era Jiménez quien les ponía palos en las ruedas e intentaba interferir con los miembros de la Corte. Es muy probable que nunca se sepa qué pasó, pero sí está claro que los tucumanos fueron prisioneros de estas internas que podrían calificarse como obscenas por los tiempos que se están viviendo.

Dicen que con la independencia del Ministerio Público todo cambiará. Que no habrá frenos presupuestarios, que habrá más fiscales y que quizás se creen las fiscalías especializadas. Aseguran que con la nueva reforma del Código Procesal Penal los tiempos de la Justicia serán mucho más rápidos. En grandes rasgos, el acusado, acompañado por un defensor, afrontará la acusación oral del fiscal, quien además deberá mostrar la prueba para que el juez, en esa audiencia, decida su futuro procesal hasta que sea enjuiciado. La teoría está perfecta, como lo estuvo la anterior reforma en la que, según los papeles, en dos años un imputado sería condenado o declarado inocente. Sería bueno preguntarle a Alberto Lebbos, padre de Paulina, que fue víctima del crimen más resonante de los últimos 20 años, qué piensa al respecto. El domingo se cumplirán 11 años de su muerte y todavía no se sabe si el juicio finalmente se hará este año. O tal vez incluso consultarle si alguna vez creerá en la Justicia.

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