Por LA GACETA
20 Febrero 2017
Al cabo de tres semanas de protesta frente a la Casa de Gobierno, los trabajadores de seguridad y limpieza que reclaman estabilidad laboral al Siprosa levantaron la carpa montada en la plaza Independencia. Si bien los empleados en conflicto advirtieron que, en caso de no obtener solución podrían retomar la medida de fuerza, el aflojamiento de las tensiones abre una positiva expectativa frente a una situación que se ha caracterizado por problemas laborales estructurales de larga data y por la intransigencia que ha llevado a la acción directa durante largas semanas: si bien la carpa se había levantado a comienzo de febrero en la plaza Independencia, la protesta había comenzado con el año en Alberdi, tras reclamos realizados en diciembre por los trabajadores involucrados.
Ciertamente, la cuestión es compleja. Se trata de trabajadores de seguridad y limpieza empleados mediante el sistema de cooperativas de trabajo que ofrecen servicios tercerizados al Siprosa. Al protestar por su situación laboral y reclamar estabilidad e ingreso al sistema de salud, los empleados exhibieron boletas de sueldo que darían cuenta de que sus salarios son abonados por el Estado y que sus tareas -en varios casos- datan de largo tiempo en similares condiciones. La respuesta de las autoridades, frente al reclamo, fue que no se podía aceptar siquiera hablar de estas condiciones en una negociación laboral de parte a parte, por tratarse de servicios tercerizados que se rigen por estatutos de cooperativas y cuyo control laboral no depende del Estado. “Nosotros nos ocupamos de la tarea administrativa de hacer las licitaciones (para contratar lo servicios). Y esto, todo controlado y auditado por el Tribunal de Cuentas”, dijo la ministra de Salud. Sin embargo, en los controles que realiza el Ministerio de Trabajo de la Nación se detectaron situaciones irregulares que fueron alertadas por el delegado regional, Gonzalo Guerra, quien informó que el 60% de los trabajadores entrevistados se encontraba fuera de norma. “Nosotros vamos contra el Siprosa porque es el que se beneficia con el servicio de los trabajadores tercerizados”, sostuvo el delegado, quien emplazó a funcionarios y a cooperativas a regularizar la situación. Advirtió que habría sanciones -las cooperativas quedarían impedidas de seguir trabajando- y puso en la consideración pública el funcionamiento de estas cooperativas, donde no se hacen asambleas y cuyos miembros no saben que lo son.
La cuestión de este modo, ha puesto de manifiesto, por un lado, un supuesto uso clientelar de las cooperativas de trabajo, en las que no se están cumpliendo las normas que rigen el funcionamiento de estas empresas autogestionadas por trabajadores; por otra parte, ha quedado expuesta la falla del mismo Estado en controlar las gestiones laborales que se realizan en la misma administración, y que han llevado a estas situaciones extrañas. Son reveladoras de ello los recibos de sueldo exhibidospor los trabajadores que protestan, y que mostrarían una relación laboral con el Estado diferente de la que se da en una tercerización de trabajo por medio de una cooperativa.
La “impasse” que se ha generado en busca de una negociación entre las personas en conflicto y las autoridades es positiva. Es de esperar que se abran caminos de solución en este conflicto en particular -los empleados que protestaban no llegaban a la veintena-; pero también sería importante que el Estado -en este caso el Siprosa- estudie cómo se desenvuelve el sistema de contratación de servicios.
Ciertamente, la cuestión es compleja. Se trata de trabajadores de seguridad y limpieza empleados mediante el sistema de cooperativas de trabajo que ofrecen servicios tercerizados al Siprosa. Al protestar por su situación laboral y reclamar estabilidad e ingreso al sistema de salud, los empleados exhibieron boletas de sueldo que darían cuenta de que sus salarios son abonados por el Estado y que sus tareas -en varios casos- datan de largo tiempo en similares condiciones. La respuesta de las autoridades, frente al reclamo, fue que no se podía aceptar siquiera hablar de estas condiciones en una negociación laboral de parte a parte, por tratarse de servicios tercerizados que se rigen por estatutos de cooperativas y cuyo control laboral no depende del Estado. “Nosotros nos ocupamos de la tarea administrativa de hacer las licitaciones (para contratar lo servicios). Y esto, todo controlado y auditado por el Tribunal de Cuentas”, dijo la ministra de Salud. Sin embargo, en los controles que realiza el Ministerio de Trabajo de la Nación se detectaron situaciones irregulares que fueron alertadas por el delegado regional, Gonzalo Guerra, quien informó que el 60% de los trabajadores entrevistados se encontraba fuera de norma. “Nosotros vamos contra el Siprosa porque es el que se beneficia con el servicio de los trabajadores tercerizados”, sostuvo el delegado, quien emplazó a funcionarios y a cooperativas a regularizar la situación. Advirtió que habría sanciones -las cooperativas quedarían impedidas de seguir trabajando- y puso en la consideración pública el funcionamiento de estas cooperativas, donde no se hacen asambleas y cuyos miembros no saben que lo son.
La cuestión de este modo, ha puesto de manifiesto, por un lado, un supuesto uso clientelar de las cooperativas de trabajo, en las que no se están cumpliendo las normas que rigen el funcionamiento de estas empresas autogestionadas por trabajadores; por otra parte, ha quedado expuesta la falla del mismo Estado en controlar las gestiones laborales que se realizan en la misma administración, y que han llevado a estas situaciones extrañas. Son reveladoras de ello los recibos de sueldo exhibidospor los trabajadores que protestan, y que mostrarían una relación laboral con el Estado diferente de la que se da en una tercerización de trabajo por medio de una cooperativa.
La “impasse” que se ha generado en busca de una negociación entre las personas en conflicto y las autoridades es positiva. Es de esperar que se abran caminos de solución en este conflicto en particular -los empleados que protestaban no llegaban a la veintena-; pero también sería importante que el Estado -en este caso el Siprosa- estudie cómo se desenvuelve el sistema de contratación de servicios.
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