Por Roberto Delgado
19 Febrero 2017
Sacudida por una batería de reformas, la Justicia está renga y se apresta a competir en la carrera de la oralidad con un traje lleno de parches. La sanción de la ley que distribuye los poderes del Ministerio público fiscal en dos áreas (fiscalías y defensorías) ha generado inquietud: mientras el beneficiado superministro Edmundo Jiménez piensa que es un avance sustancial hacia la mejora en la prestación de un servicio de Justicia colapsado (según viene describiendo desde que asumió en 2014), en la Corte un silencio sepulcral indica el quiebre de un precario equilibrio de poder. Jiménez, que se pasó los dos últimos años en disputas administrativas y jurisdiccionales con el presidente del alto tribunal, Antonio Gandur, podría ahora, con sus nuevos poderes, nombrar personal y administrar los fondos de su Ministerio.
Batería de medidas
Pero lo que acaba de sancionar la Legislatura -con la frustración de la oposición- es la continuidad de una batería de reformas que viene desde el año pasado, con los cambios en el Código Procesal Penal (el nuevo debería estar en funcionamiento en septiembre próximo) y que se aceleró de manera vertiginosa a fin de año de la mano del legislador oficialista Marcelo Caponio, para promover los cambios en la Justicia del Trabajo y en el jury de enjuiciamiento de magistrados. Esa batería de reformas va en busca -según dicen los oficialistas- de una justicia ágil, tendiente, en el caso de la penal, a profundizar el sistema oral y adversarial y a modernizar los procedimientos. Los opositores reclamaron por las intenciones que ven por detrás. La senadora Silvia Elías de Pérez (Cambiemos) dice que “se pone fin a la independencia de la justicia” y que “jamás prosperarán las próximas causas por presunta corrupción en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (durante el alperovichismo) o las denuncias que involucren a los poderosos, a sus amigos o a sus familiares”. Jiménez responde a esas críticas que son “discursos vacíos” y que “van contra la corriente”.
Armador y desarmador
La cuestión de la independencia judicial está planteada desde hace mucho y siempre ha estallado el tema alrededor de Jiménez. No sólo cuando, tras haber sido ministro de Gobierno de José Alperovich durante una década, fue nombrado ministro fiscal en 2014. Ahí el Colegio de Abogados entró en lucha con Jiménez y dijo que el 15/8/14 (cuando asumió) era un día de luto para la Justicia. Pero antes ya el superministro estuvo como armador y desarmador de asuntos judiciales sustanciales: en 2003 promovió la Cámara de Apelaciones única que es el cuello de botella sobre las causas que van a juicio oral (en ella estuvo como camarista su hermana, Elva Jiménez, ya jubilada) y en 2004 hizo caer el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y dio lugar a la designación a dedo de unos 100 jueces y fiscales.
Pero el problema de la Justicia es demasiado complejo y crónico como para considerarlo monocausal o achacarlo a una sola persona. Veamos: una vez reconstituido el CAM (después de haber sido incorporado a la Constitución del 2006 y haber sorteado un proceso de judicialización) debutó con escándalo en 2010 con el primer concurso para elegir secretario. El presidente Gandur debió dar marcha atrás con la designación del secretario Pablo Mercado, que había omitido mencionar que había sido secretario de (y, por lo tanto, vinculado con) la vicepresidenta del CAM, Carolina Vargas Aignasse. En los años que lleva el órgano de selección de jueces ha atravesado varias situaciones confusas: elección de personal a dedo, sobredimensionamiento y aumento del gasto (hubo gran polémica por los viajes y en noviembre pidieron un 256% más de recursos para 2017).
La sociedad, ajena a estos problemas, se entera por la prensa de los escándalos. Pero con CAM y todo, y aun cuando se pueda achacar la falta de jueces a la parálisis o el desinterés del gobernador Juan Manzur (esta semana se comprometió a nombrar cuanto antes a nueve magistrados), hace falta llenar 81 vacantes en la Justicia. Y cuando se las llena el trámite suele dar lugar a situaciones increíbles, como ocurrió con el juez de ejecución de sentencia Eugenio Guyot. El cargo estaba creado desde hacía 10 años por ley; Guyot, ex director de Institutos Penales, fue nombrado en agosto y pocos días después Gandur emitió una resolución suspendiendo por 60 días hábiles el ingreso de causas al despacho de Guyot en Tribunales porque hacía falta “más espacio para el equipo interdisciplinario de médicos psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales que colaborarán con el juez”, “No es tan sencillo”, dijo el presidente de la Corte. El nuevo magistrado pasó todo el último tramo del año sin hacer nada. De los problemas de los aproximadamente 600 condenados se siguieron ocupando los jueces de la Cámara Penal.
Mientras tanto, la Corte, el Colegio de Abogados y el ministro fiscal pasaron los dos últimos años en pesadas batallas que casi obligaron al involucramiento de la Nación. Prácticamente no se nombraron magistrados, pero hubo disputas por los escandalosos litigios que involucraban a Jiménez y que terminaron con la renuncia del ex fiscal X, Guillermo Herrera. Y el mismo ministro fiscal superó un pedido de juicio político en una comisión legislativa que en la última década no llevó a nadie a juicio, aun cuando hubo situaciones escandalosas como la del ex fiscal Carlos Albaca con el caso de Paulina Lebbos.
Varios objetivos
¿Quién orquestó la batería de reformas que empujó Caponio? ¿Sólo acordaron este y Jiménez? No se trata sólo de la Justicia Penal: el legislador opositor Eudoro Aráoz dice que ha sido “una verdadera emboscada legislativa” con varios objetivos. La caótica reforma de diciembre de la justicia laboral (re-reformada esta semana) está judicializada. Aráoz dice que no se entiende cuál es la necesidad de crear seis juzgados (en lo contencioso administrativo) si este año hubo sólo 600 juicios con la actual infraestructura. “Esto va contra los intereses de los trabajadores”, dice. Además, en los hechos, crea una instancia previa a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, desde donde se emitieron los fallos que conformaron los principales reveses judiciales contra la gestión anterior.
En el caso de los cambios en el jury de enjuiciamiento, la reforma es más peliaguda: establece que en el caso de que se acepte el pedido de enjuiciamiento de un magistrado se lo debe suspender automáticamente en sus funciones, con lo cual se podría paralizar la acción de camaristas como Salvador Ruiz (ya presentó su renuncia para jubilarse), que tuvo en sus manos causas como la de las elecciones provinciales de 2015 o la de los Gastos Sociales de la Legislatura.
“Esta es la verdadera razón de la emboscada legislativa, que ha sido hecha para tapar el interés por silenciar a los jueces que no se someten, que les pueden dar dolores de cabeza”, dice Aráoz. Esta reforma también se ha judicializado y se da la paradoja de que habrá que ver qué jueces deberán fallar en un caso que involucra el enjuiciamiento de magistrados.
Brasa ardiente
Esto, mientras la realidad nos habla de una sociedad envuelta en la zozobra y la violencia (ayer hubo tres homicidios y los funcionarios de seguridad aventuran salidas desesperadas frente al motoarrebato). Todos reconocen que la Justicia penal está en crisis, que hacen falta nombrar fiscales (ya están los cargos para cinco fiscalías nuevas), pero las miradas sobre el tema son distintas: Jiménez no se preocupó por no haber recibido la potestad de nombrar a dedo a los fiscales regionales (al final la ley salió con la “concesión” de Caponio y el oficialismo a la oposición de que se los nombrará por concurso). El ministro fiscal, que sí podrá nombrar fiscales generales y adjuntos, dice que esto es para él un cambio positivo. “La falta de justicia es innegable. Este impulso de la Legislatura no se va a poder contener”, asevera. Los opositores están enfurecidos y en la Corte es una brasa ardiente el empoderamiento del superministro. La pelota está ahora en los pies del gobernador Manzur.
Batería de medidas
Pero lo que acaba de sancionar la Legislatura -con la frustración de la oposición- es la continuidad de una batería de reformas que viene desde el año pasado, con los cambios en el Código Procesal Penal (el nuevo debería estar en funcionamiento en septiembre próximo) y que se aceleró de manera vertiginosa a fin de año de la mano del legislador oficialista Marcelo Caponio, para promover los cambios en la Justicia del Trabajo y en el jury de enjuiciamiento de magistrados. Esa batería de reformas va en busca -según dicen los oficialistas- de una justicia ágil, tendiente, en el caso de la penal, a profundizar el sistema oral y adversarial y a modernizar los procedimientos. Los opositores reclamaron por las intenciones que ven por detrás. La senadora Silvia Elías de Pérez (Cambiemos) dice que “se pone fin a la independencia de la justicia” y que “jamás prosperarán las próximas causas por presunta corrupción en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (durante el alperovichismo) o las denuncias que involucren a los poderosos, a sus amigos o a sus familiares”. Jiménez responde a esas críticas que son “discursos vacíos” y que “van contra la corriente”.
Armador y desarmador
La cuestión de la independencia judicial está planteada desde hace mucho y siempre ha estallado el tema alrededor de Jiménez. No sólo cuando, tras haber sido ministro de Gobierno de José Alperovich durante una década, fue nombrado ministro fiscal en 2014. Ahí el Colegio de Abogados entró en lucha con Jiménez y dijo que el 15/8/14 (cuando asumió) era un día de luto para la Justicia. Pero antes ya el superministro estuvo como armador y desarmador de asuntos judiciales sustanciales: en 2003 promovió la Cámara de Apelaciones única que es el cuello de botella sobre las causas que van a juicio oral (en ella estuvo como camarista su hermana, Elva Jiménez, ya jubilada) y en 2004 hizo caer el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y dio lugar a la designación a dedo de unos 100 jueces y fiscales.
Pero el problema de la Justicia es demasiado complejo y crónico como para considerarlo monocausal o achacarlo a una sola persona. Veamos: una vez reconstituido el CAM (después de haber sido incorporado a la Constitución del 2006 y haber sorteado un proceso de judicialización) debutó con escándalo en 2010 con el primer concurso para elegir secretario. El presidente Gandur debió dar marcha atrás con la designación del secretario Pablo Mercado, que había omitido mencionar que había sido secretario de (y, por lo tanto, vinculado con) la vicepresidenta del CAM, Carolina Vargas Aignasse. En los años que lleva el órgano de selección de jueces ha atravesado varias situaciones confusas: elección de personal a dedo, sobredimensionamiento y aumento del gasto (hubo gran polémica por los viajes y en noviembre pidieron un 256% más de recursos para 2017).
La sociedad, ajena a estos problemas, se entera por la prensa de los escándalos. Pero con CAM y todo, y aun cuando se pueda achacar la falta de jueces a la parálisis o el desinterés del gobernador Juan Manzur (esta semana se comprometió a nombrar cuanto antes a nueve magistrados), hace falta llenar 81 vacantes en la Justicia. Y cuando se las llena el trámite suele dar lugar a situaciones increíbles, como ocurrió con el juez de ejecución de sentencia Eugenio Guyot. El cargo estaba creado desde hacía 10 años por ley; Guyot, ex director de Institutos Penales, fue nombrado en agosto y pocos días después Gandur emitió una resolución suspendiendo por 60 días hábiles el ingreso de causas al despacho de Guyot en Tribunales porque hacía falta “más espacio para el equipo interdisciplinario de médicos psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales que colaborarán con el juez”, “No es tan sencillo”, dijo el presidente de la Corte. El nuevo magistrado pasó todo el último tramo del año sin hacer nada. De los problemas de los aproximadamente 600 condenados se siguieron ocupando los jueces de la Cámara Penal.
Mientras tanto, la Corte, el Colegio de Abogados y el ministro fiscal pasaron los dos últimos años en pesadas batallas que casi obligaron al involucramiento de la Nación. Prácticamente no se nombraron magistrados, pero hubo disputas por los escandalosos litigios que involucraban a Jiménez y que terminaron con la renuncia del ex fiscal X, Guillermo Herrera. Y el mismo ministro fiscal superó un pedido de juicio político en una comisión legislativa que en la última década no llevó a nadie a juicio, aun cuando hubo situaciones escandalosas como la del ex fiscal Carlos Albaca con el caso de Paulina Lebbos.
Varios objetivos
¿Quién orquestó la batería de reformas que empujó Caponio? ¿Sólo acordaron este y Jiménez? No se trata sólo de la Justicia Penal: el legislador opositor Eudoro Aráoz dice que ha sido “una verdadera emboscada legislativa” con varios objetivos. La caótica reforma de diciembre de la justicia laboral (re-reformada esta semana) está judicializada. Aráoz dice que no se entiende cuál es la necesidad de crear seis juzgados (en lo contencioso administrativo) si este año hubo sólo 600 juicios con la actual infraestructura. “Esto va contra los intereses de los trabajadores”, dice. Además, en los hechos, crea una instancia previa a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, desde donde se emitieron los fallos que conformaron los principales reveses judiciales contra la gestión anterior.
En el caso de los cambios en el jury de enjuiciamiento, la reforma es más peliaguda: establece que en el caso de que se acepte el pedido de enjuiciamiento de un magistrado se lo debe suspender automáticamente en sus funciones, con lo cual se podría paralizar la acción de camaristas como Salvador Ruiz (ya presentó su renuncia para jubilarse), que tuvo en sus manos causas como la de las elecciones provinciales de 2015 o la de los Gastos Sociales de la Legislatura.
“Esta es la verdadera razón de la emboscada legislativa, que ha sido hecha para tapar el interés por silenciar a los jueces que no se someten, que les pueden dar dolores de cabeza”, dice Aráoz. Esta reforma también se ha judicializado y se da la paradoja de que habrá que ver qué jueces deberán fallar en un caso que involucra el enjuiciamiento de magistrados.
Brasa ardiente
Esto, mientras la realidad nos habla de una sociedad envuelta en la zozobra y la violencia (ayer hubo tres homicidios y los funcionarios de seguridad aventuran salidas desesperadas frente al motoarrebato). Todos reconocen que la Justicia penal está en crisis, que hacen falta nombrar fiscales (ya están los cargos para cinco fiscalías nuevas), pero las miradas sobre el tema son distintas: Jiménez no se preocupó por no haber recibido la potestad de nombrar a dedo a los fiscales regionales (al final la ley salió con la “concesión” de Caponio y el oficialismo a la oposición de que se los nombrará por concurso). El ministro fiscal, que sí podrá nombrar fiscales generales y adjuntos, dice que esto es para él un cambio positivo. “La falta de justicia es innegable. Este impulso de la Legislatura no se va a poder contener”, asevera. Los opositores están enfurecidos y en la Corte es una brasa ardiente el empoderamiento del superministro. La pelota está ahora en los pies del gobernador Manzur.
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