Por Álvaro José Aurane
18 Febrero 2017
Pasado mañana se habrán cumplido dos años desde que el fiscal penal de la IV Nominación, Diego López Ávila, pidió elevar a juicio la causa que va “más allá” en la determinación del encubrimiento perpetrado por el Estado en el homicidio de una estudiante, trabajadora y madre tucumana: Paulina Lebbos. Ese crimen cumplirá 11 años de campante impunidad dentro de ocho días.
Hay que remontarse hasta 2013 para contextualizar el requerimiento de elevación a juicio que lleva 24 meses en el limbo. En diciembre de ese año, la Sala III de la Cámara Penal condenó por el encubrimiento agravado de ese asesinato a Enrique García (cinco años) y a Manuel Yapura (cuatro años); mientras que a Roberto Lencina le dieron dos años de prisión condicional por falsificación de instrumento público, es decir, por falsear un acta. El primero era jefe de la comisaría de Raco cuando Paulina apareció sin vida en Tapia. Los otros dos eran agentes.
El tribunal decidió, además, investigar al ex jefe de la Regional Norte Héctor Rubén Brito, al ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, al ex jefe de Policía Hugo Sánchez y al ex subjefe de Policía Nicolás Barrera. Es que durante ese proceso, el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones, Luis Núñez, declaró que ellos querían retirar el cuerpo de Paulina antes de que se hicieran las pericias. El 20 de febrero de 2015, el fiscal López Ávila solicitó enjuiciar a los cuatro ex funcionarios. Y se profundizó la dilación.
Con exageración
Luego de despejar una jungla de chicanas, en septiembre de 2015, el juez Víctor Manuel Pérez habilitó el juzgamiento. Fue el turno, entonces, de los recursos de apelación. En agosto de 2016, el fiscal de Cámara, Carlos Sale dictaminó en favor de la elevación a juicio. La Cámara de Apelaciones se pronunció en idéntico sentido y se sorteó la sala de la Cámara Penal que debe llevar el juicio.
Le correspondió a la Sala III entender en la causa. Y advino el laberinto. Mientras unos vocales se excusaban alegando amistad con algún imputado, otros se plantaban para llevar adelante el juicio, pero eran recusados por la defensa.
Ese cúmulo de planteos pasó para ser resuelto por la Sala II, pero uno de los magistrados se excusó de intervenir alegando amistad con Lebbos (para sorpresa del aludido), mientras que otro, por supuesto, fue recusado por la defensa.
Entonces correspondió a la sala V entender en las recusaciones y excusaciones planteadas respecto de la Sala II, que debe pronunciarse en las recusaciones y excusaciones formuladas respecto de la Sala III, sorteada para enjuiciar.
Ahora, uno de los magistrados de la Sala V es recusado por la defensa en nombre de que fue secretario (es decir, sólo un fedatario) de la sala que condenó a García, Yapura y Lencina.
Lebbos, arrojado al extremo de que no haya Justicia para el crimen de su hija, también lleva las cosas al paroxismo: propone que los acusados escojan a los jueces que deben juzgarlos. “Aunque pudieran elegirlos, no lo harían: lo que en verdad quieren es jamás llegar a juicio”.
Con uniforme
Si se llegara al juicio habría que investigar el atentado policial que rodeó el caso. E indagar por qué, cuando el cuerpo de Paulina apareció el 11 de marzo de 2006 (ella había desaparecido el 26 de febrero), los uniformados demoraron cuatro horas en avisar al fiscal de turno. Y por qué en el acta se anotó que el hallazgo se produjo después de un rastrillaje policial sin precedentes, cuando los agentes no encontraron nada: con el cadáver habían dado dos baquianos.
Y habría que determinar por qué Paulina, ya sin vida, fue movida. Y por qué el lugar del hecho fue desbaratado. Y por qué las primeras fotos fueron escondidas. Y por qué la escena fue cambiada. Y por qué las actas fueron adulteradas. Y por qué las firmas fueron falsificadas. Y por qué los testigos fueron amenazados. Todo esto, dicho sea de paso, según Gendarmería y la Policía Federal.
Con toga
Si se llegara al juicio también habría que desentrañar el atentado judicial que sobrevino. Y averiguar por qué el ex fiscal Carlos Albaca (en él recayó la causa cuando fue apartado su par Alejandro Noguera, a quien LA GACETA sorprendió saliendo de la residencia del entonces gobernador José Alperovich, la noche del 19 de abril de 2006), le negó al padre de la víctima el rol de querellante. Y, con ello, la posibilidad de saber qué se estaba haciendo… y qué no. Y por qué, sólo después de siete años de incesantes marchas en demanda de Justicia, reveló en un informe a la Corte que barajaba ocho hipótesis. Una era la de “los hijos del poder” detrás del crimen. Eso sí: no existía un solo imputado.
Además habría que averiguar por qué le negaron copia del expediente al abogado Bernardo Lobo Bugeau (el único que se fue del Gobierno en 2006 en solidaridad con Lebbos), quien accedió a los 74 cuerpos del caso en calidad de delegado de la Nación, pero sin que se le permitiera fotocopiar, escanear o fotografiar nada. Tomó nota a mano. Y con esos apuntes, Lebbos apuntó contra la familia del ex gobernador.
A la par habría que averiguar por qué la Corte, que supo pedir la remoción de fiscales por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, sólo ordenó un sumario cuando Albaca dejó la causa. La fiscala de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira sostuvo que él “no fue diligente tratando de descubrir la verdad con la mayor brevedad, sino que dejó que los avatares del proceso amortigüen el dolor y el clamor público, con el consecuente peligro de que las pruebas se estropeen o se pierdan”. Cuando López Ávila tomó el expediente, sometió a prueba de ADN a los 12 sujetos que estaban mencionados. Pero el pelo que habían encontrado entre las ropas de la víctima no había sido preservado. El mayor elemento de prueba estaba arruinado.
Con fueros
Si se llegara a juicio también debería investigarse el atentado político siguiente. Porque Albaca, en su descargo, sostuvo que Alberto Lebbos no había sido un buen padre; y que Paulina era sexualmente “intrépida (…) y capaz de emprender acciones temerarias”. Después presentó su renuncia para jubilarse con el beneficio de la movilidad y la porcentualidad. Habría que esclarecer por qué el gobernador se la aceptó. ¿No era suficiente obstáculo que la Justicia sostuviera que el dimitente había malogrado la investigación de un asesinato?
Y habría que esclarecer por qué esa precaria renuncia condicionada bastó a legisladores y legisladoras alperovichistas para archivar -con la disidencia de FR- los pedidos de juicio político del PRO y la UCR contra Albaca. ¿Qué habrá significado “honorable” para los oficialistas que avalaron estas maniobras?
Pero resultó que Albaca sólo reunía las condiciones para la jubilación ordinaria, así que siguió como fiscal y, en paralelo, le pidió por nota a Alperovich que no anulara la aceptación de la renuncia, porque seguía haciendo gestiones. En un juicio cabría esclarecer por qué el entonces gobernador accedió al pedido.
También habría que esclarecer por qué, a continuación, sólo el PRO insistió con el pedido de remoción de Albaca, y ya no la UCR. Y cómo fue que el fiscal logró que la Anses (manejada por funcionarios de La Cámpora afectos a llenarse la boca con los derechos humanos) determinara en cuestión de días -un par de trámites mediante- que ahora sí podía jubilarse con el 82% móvil.
En definitiva, si se llegara al juicio de los ex funcionarios del Ejecutivo por el encubrimiento del crimen de Paulina, en un contexto en que ni la Justicia ni la Legislatura procedieron en favor del esclarecimiento, habría que responder una pregunta insoportable. ¿A quién había que encubrir como para poner a todo el Estado al servicio del ocultamiento?
Sin paz
Los 11 años de impunidad son un atentado contra la democracia. Confirman que no rige la igualdad ante la ley. De lo contrario, la pena se aplicaría a todo el que delinca ya que no debiera haber aquí prerrogativas de sangre, títulos de nobleza ni fueros personales.
Y son un atentado contra la república. Confirman que no rige la separación de poderes, porque de lo contrario se habrían contrapesado los unos a los otros, en lugar de complotarse para negar justicia a una comprovinciana ultrajada.
Y son un ataque contra las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución, sintetizadas en un credo: las personas son sagradas para las personas.
Y son un ataque contra la forma de vida de los tucumanos. Después de todo lo que dijeron contra Paulina, y de la nada que hicieron para que descanse en paz, en Tucumán se puede asesinar y el Estado encubridor se encarga de que la culpa sea de la víctima.
Hay que remontarse hasta 2013 para contextualizar el requerimiento de elevación a juicio que lleva 24 meses en el limbo. En diciembre de ese año, la Sala III de la Cámara Penal condenó por el encubrimiento agravado de ese asesinato a Enrique García (cinco años) y a Manuel Yapura (cuatro años); mientras que a Roberto Lencina le dieron dos años de prisión condicional por falsificación de instrumento público, es decir, por falsear un acta. El primero era jefe de la comisaría de Raco cuando Paulina apareció sin vida en Tapia. Los otros dos eran agentes.
El tribunal decidió, además, investigar al ex jefe de la Regional Norte Héctor Rubén Brito, al ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, al ex jefe de Policía Hugo Sánchez y al ex subjefe de Policía Nicolás Barrera. Es que durante ese proceso, el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones, Luis Núñez, declaró que ellos querían retirar el cuerpo de Paulina antes de que se hicieran las pericias. El 20 de febrero de 2015, el fiscal López Ávila solicitó enjuiciar a los cuatro ex funcionarios. Y se profundizó la dilación.
Con exageración
Luego de despejar una jungla de chicanas, en septiembre de 2015, el juez Víctor Manuel Pérez habilitó el juzgamiento. Fue el turno, entonces, de los recursos de apelación. En agosto de 2016, el fiscal de Cámara, Carlos Sale dictaminó en favor de la elevación a juicio. La Cámara de Apelaciones se pronunció en idéntico sentido y se sorteó la sala de la Cámara Penal que debe llevar el juicio.
Le correspondió a la Sala III entender en la causa. Y advino el laberinto. Mientras unos vocales se excusaban alegando amistad con algún imputado, otros se plantaban para llevar adelante el juicio, pero eran recusados por la defensa.
Ese cúmulo de planteos pasó para ser resuelto por la Sala II, pero uno de los magistrados se excusó de intervenir alegando amistad con Lebbos (para sorpresa del aludido), mientras que otro, por supuesto, fue recusado por la defensa.
Entonces correspondió a la sala V entender en las recusaciones y excusaciones planteadas respecto de la Sala II, que debe pronunciarse en las recusaciones y excusaciones formuladas respecto de la Sala III, sorteada para enjuiciar.
Ahora, uno de los magistrados de la Sala V es recusado por la defensa en nombre de que fue secretario (es decir, sólo un fedatario) de la sala que condenó a García, Yapura y Lencina.
Lebbos, arrojado al extremo de que no haya Justicia para el crimen de su hija, también lleva las cosas al paroxismo: propone que los acusados escojan a los jueces que deben juzgarlos. “Aunque pudieran elegirlos, no lo harían: lo que en verdad quieren es jamás llegar a juicio”.
Con uniforme
Si se llegara al juicio habría que investigar el atentado policial que rodeó el caso. E indagar por qué, cuando el cuerpo de Paulina apareció el 11 de marzo de 2006 (ella había desaparecido el 26 de febrero), los uniformados demoraron cuatro horas en avisar al fiscal de turno. Y por qué en el acta se anotó que el hallazgo se produjo después de un rastrillaje policial sin precedentes, cuando los agentes no encontraron nada: con el cadáver habían dado dos baquianos.
Y habría que determinar por qué Paulina, ya sin vida, fue movida. Y por qué el lugar del hecho fue desbaratado. Y por qué las primeras fotos fueron escondidas. Y por qué la escena fue cambiada. Y por qué las actas fueron adulteradas. Y por qué las firmas fueron falsificadas. Y por qué los testigos fueron amenazados. Todo esto, dicho sea de paso, según Gendarmería y la Policía Federal.
Con toga
Si se llegara al juicio también habría que desentrañar el atentado judicial que sobrevino. Y averiguar por qué el ex fiscal Carlos Albaca (en él recayó la causa cuando fue apartado su par Alejandro Noguera, a quien LA GACETA sorprendió saliendo de la residencia del entonces gobernador José Alperovich, la noche del 19 de abril de 2006), le negó al padre de la víctima el rol de querellante. Y, con ello, la posibilidad de saber qué se estaba haciendo… y qué no. Y por qué, sólo después de siete años de incesantes marchas en demanda de Justicia, reveló en un informe a la Corte que barajaba ocho hipótesis. Una era la de “los hijos del poder” detrás del crimen. Eso sí: no existía un solo imputado.
Además habría que averiguar por qué le negaron copia del expediente al abogado Bernardo Lobo Bugeau (el único que se fue del Gobierno en 2006 en solidaridad con Lebbos), quien accedió a los 74 cuerpos del caso en calidad de delegado de la Nación, pero sin que se le permitiera fotocopiar, escanear o fotografiar nada. Tomó nota a mano. Y con esos apuntes, Lebbos apuntó contra la familia del ex gobernador.
A la par habría que averiguar por qué la Corte, que supo pedir la remoción de fiscales por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, sólo ordenó un sumario cuando Albaca dejó la causa. La fiscala de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira sostuvo que él “no fue diligente tratando de descubrir la verdad con la mayor brevedad, sino que dejó que los avatares del proceso amortigüen el dolor y el clamor público, con el consecuente peligro de que las pruebas se estropeen o se pierdan”. Cuando López Ávila tomó el expediente, sometió a prueba de ADN a los 12 sujetos que estaban mencionados. Pero el pelo que habían encontrado entre las ropas de la víctima no había sido preservado. El mayor elemento de prueba estaba arruinado.
Con fueros
Si se llegara a juicio también debería investigarse el atentado político siguiente. Porque Albaca, en su descargo, sostuvo que Alberto Lebbos no había sido un buen padre; y que Paulina era sexualmente “intrépida (…) y capaz de emprender acciones temerarias”. Después presentó su renuncia para jubilarse con el beneficio de la movilidad y la porcentualidad. Habría que esclarecer por qué el gobernador se la aceptó. ¿No era suficiente obstáculo que la Justicia sostuviera que el dimitente había malogrado la investigación de un asesinato?
Y habría que esclarecer por qué esa precaria renuncia condicionada bastó a legisladores y legisladoras alperovichistas para archivar -con la disidencia de FR- los pedidos de juicio político del PRO y la UCR contra Albaca. ¿Qué habrá significado “honorable” para los oficialistas que avalaron estas maniobras?
Pero resultó que Albaca sólo reunía las condiciones para la jubilación ordinaria, así que siguió como fiscal y, en paralelo, le pidió por nota a Alperovich que no anulara la aceptación de la renuncia, porque seguía haciendo gestiones. En un juicio cabría esclarecer por qué el entonces gobernador accedió al pedido.
También habría que esclarecer por qué, a continuación, sólo el PRO insistió con el pedido de remoción de Albaca, y ya no la UCR. Y cómo fue que el fiscal logró que la Anses (manejada por funcionarios de La Cámpora afectos a llenarse la boca con los derechos humanos) determinara en cuestión de días -un par de trámites mediante- que ahora sí podía jubilarse con el 82% móvil.
En definitiva, si se llegara al juicio de los ex funcionarios del Ejecutivo por el encubrimiento del crimen de Paulina, en un contexto en que ni la Justicia ni la Legislatura procedieron en favor del esclarecimiento, habría que responder una pregunta insoportable. ¿A quién había que encubrir como para poner a todo el Estado al servicio del ocultamiento?
Sin paz
Los 11 años de impunidad son un atentado contra la democracia. Confirman que no rige la igualdad ante la ley. De lo contrario, la pena se aplicaría a todo el que delinca ya que no debiera haber aquí prerrogativas de sangre, títulos de nobleza ni fueros personales.
Y son un atentado contra la república. Confirman que no rige la separación de poderes, porque de lo contrario se habrían contrapesado los unos a los otros, en lugar de complotarse para negar justicia a una comprovinciana ultrajada.
Y son un ataque contra las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución, sintetizadas en un credo: las personas son sagradas para las personas.
Y son un ataque contra la forma de vida de los tucumanos. Después de todo lo que dijeron contra Paulina, y de la nada que hicieron para que descanse en paz, en Tucumán se puede asesinar y el Estado encubridor se encarga de que la culpa sea de la víctima.
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