Por LA GACETA
18 Febrero 2017
Quien transita por las calles de San Miguel de Tucumán, debe mantener una constante atención sobre el estado que exhibe esa superficie que va pisando. Esto porque nuestra capital se caracteriza por la abundancia de veredas donde faltan piezas, o ellas se encuentran aflojadas. Y también sucede que, de repente, donde debió haber baldosas aparecen cráteres de tamaño diverso, algunos porque no está su tapa metálica, y otros de origen desconocido, que alguien excavó.
Está asimismo el caso, muy frecuente, donde el embaldosado directamente ha desaparecido, lo que obliga a caminar por una superficie irregular, que cuando llueve se convierte en tramo de barro liso y llano. Es un cuadro muy común, cuando en el predio frentista hay una obra en construcción, o una casa clausurada. Y puede mentarse igualmente la existencia de ciertas aceras que, contra toda reglamentación municipal, se han embaldosado con piezas inadecuadas, por lo resbaladizas, para un uso seguro de parte del peatón.
Resulta un hecho indiscutible que tales falencias constituyen no solamente un fastidio, sino un peligro grave para la ciudadanía que a toda hora utiliza la vía pública. En múltiples oportunidades, hemos hecho notar tales riesgos, y hemos postulado que los mismos sean erradicados por la acción de la autoridad. No hemos tenido éxito.
Una vereda en mal estado puede significar que, en uno de nuestros frecuentes días de lluvia, el caminante termine con su ropa estropeada por el chorro de agua sucia que saltó al pisar la pieza floja. Pero hay situaciones bastante más serias. Una persona de cierta edad y con paso poco seguro, puede tropezar a causa de la baldosa aflojada, o de su falta, y que tal tropezón derive en una caída. En un joven, tal caída puede no tener importancia. Pero en quien no es joven, un golpe en la calle puede arredrarle graves derivaciones: desde una fractura de cadera que obligue al uso de una silla de ruedas para siempre, hasta imprevisibles secuelas de envergadura mucho mayor.
Es curioso lo que sucede con las aceras en mal estado. Mantenerlas como corresponde, no es del resorte municipal, sino una obligación del propietario frentista: así lo disponen, desde tiempo inmemorial, las ordenanzas. Es decir que la buena mantención de las veredas no implica costo alguno para la Comuna. Lo que ella debe hacer -y evidentemente lo hace sólo a las cansadas- es intimar a los propietarios a que cumplan con este sabido deber, y aplicarles multas en el caso de que no lo hicieran.
Varias décadas atrás, un interventor municipal, el arquitecto Juan Padrós, dispuso que, si el frentista se mostraba remiso, la Municipalidad procedería a arreglar su vereda deteriorada, y le cobraría el costo devengado por vía de apremio. La medida estuvo vigente por breve tiempo, pero vecinos de esa época suelen recordar que tuvo como resultado un presuroso arreglo de muchas aceras, cuyos propietarios preferían no afrontar el juicio de apremio que los amenazaba.
De manera que solucionar la cuestión de las aceras deficientes, es algo que no recae sobre el presupuesto del municipio. Lo que debe hacer la Municipalidad, es encarar una enérgica campaña para compeler a los frentistas a poner en condiciones, sin pérdida de tiempo, ese tramo de la vía pública que les corresponde, y a hacerlo con el tipo de baldosas reglamentario. No se entiende la razón por la cual esta medida obvia tarda tanto en implementarse, mientras la superficie que pisa el peaton se muestra cada vez más accidentada y peligrosa.
Está asimismo el caso, muy frecuente, donde el embaldosado directamente ha desaparecido, lo que obliga a caminar por una superficie irregular, que cuando llueve se convierte en tramo de barro liso y llano. Es un cuadro muy común, cuando en el predio frentista hay una obra en construcción, o una casa clausurada. Y puede mentarse igualmente la existencia de ciertas aceras que, contra toda reglamentación municipal, se han embaldosado con piezas inadecuadas, por lo resbaladizas, para un uso seguro de parte del peatón.
Resulta un hecho indiscutible que tales falencias constituyen no solamente un fastidio, sino un peligro grave para la ciudadanía que a toda hora utiliza la vía pública. En múltiples oportunidades, hemos hecho notar tales riesgos, y hemos postulado que los mismos sean erradicados por la acción de la autoridad. No hemos tenido éxito.
Una vereda en mal estado puede significar que, en uno de nuestros frecuentes días de lluvia, el caminante termine con su ropa estropeada por el chorro de agua sucia que saltó al pisar la pieza floja. Pero hay situaciones bastante más serias. Una persona de cierta edad y con paso poco seguro, puede tropezar a causa de la baldosa aflojada, o de su falta, y que tal tropezón derive en una caída. En un joven, tal caída puede no tener importancia. Pero en quien no es joven, un golpe en la calle puede arredrarle graves derivaciones: desde una fractura de cadera que obligue al uso de una silla de ruedas para siempre, hasta imprevisibles secuelas de envergadura mucho mayor.
Es curioso lo que sucede con las aceras en mal estado. Mantenerlas como corresponde, no es del resorte municipal, sino una obligación del propietario frentista: así lo disponen, desde tiempo inmemorial, las ordenanzas. Es decir que la buena mantención de las veredas no implica costo alguno para la Comuna. Lo que ella debe hacer -y evidentemente lo hace sólo a las cansadas- es intimar a los propietarios a que cumplan con este sabido deber, y aplicarles multas en el caso de que no lo hicieran.
Varias décadas atrás, un interventor municipal, el arquitecto Juan Padrós, dispuso que, si el frentista se mostraba remiso, la Municipalidad procedería a arreglar su vereda deteriorada, y le cobraría el costo devengado por vía de apremio. La medida estuvo vigente por breve tiempo, pero vecinos de esa época suelen recordar que tuvo como resultado un presuroso arreglo de muchas aceras, cuyos propietarios preferían no afrontar el juicio de apremio que los amenazaba.
De manera que solucionar la cuestión de las aceras deficientes, es algo que no recae sobre el presupuesto del municipio. Lo que debe hacer la Municipalidad, es encarar una enérgica campaña para compeler a los frentistas a poner en condiciones, sin pérdida de tiempo, ese tramo de la vía pública que les corresponde, y a hacerlo con el tipo de baldosas reglamentario. No se entiende la razón por la cual esta medida obvia tarda tanto en implementarse, mientras la superficie que pisa el peaton se muestra cada vez más accidentada y peligrosa.
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