Por Irene Benito
17 Febrero 2017
El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) nació en octubre de 2009 en virtud de un parto institucional doloroso, como diría el nunca ensalzado suficientemente Rudolf von Ihering. La configuración de su sistema operativo obedece a uno de los tantos yerros de la reforma constitucional de 2006, enmienda que, lejos de mejorarla, malhirió la Carta Magna de Tucumán: los convencionales constituyentes oficialistas habían dado a su jefe, el entonces contador-gobernador, la potestad de organizar a su antojo el instituto encargado de preseleccionar a los jueces. Persuadido de que ese cheque en blanco iba a terminar produciendo una magistratura a la medida del Poder Ejecutivo -ya dueño y señor del Poder Legislativo-, el Colegio de Abogados de la Capital litigó hasta arrancar a los gobernantes un órgano colocado bajo la sombra de los Tribunales con una mesa de autoridades proveniente de cuatro estamentos (Corte, Legislatura, judicatura y abogacía) que ofrece -cierta- garantía de equilibrio: el CAM de hoy.
Este modelo institucional forjado entre disputas empezó a funcionar presionado por la existencia de 44 cargos vacantes en los Tribunales locales. Ocho años después no hay una sino dos instituciones colapsadas o al borde de: la Justicia y el propio Consejo, según observó su presidente y vocal de la Corte, Daniel Posse. Los números oficiales indican que el órgano sustancia 49 concursos (cuatro despachos acéfalos más que los que había en octubre de 2010); a esa cantidad corresponde añadir las 32 unidades judiciales nuevas (para los fueros laboral, en lo contencioso administrativo y de violencia doméstica) creadas por la serie de leyes sancionadas en diciembre, que directamente abruman el presente del Consejo y colman su agenda para el mediano plazo. Para más inri, el Poder Legislativo le endosó ayer los crípticos cargos de fiscal y defensor regionales. ¿Los consejeros-legisladores que votaron las normas no repararon en que el CAM bordeaba el colapso, como sí advirtió Posse?
Amén de que este combo de urgencia y capacidades saturadas hizo resurgir el fantasma de la judicatura a medida del poder político (¿esta vez sería por medio de la figura del juez subrogante externo?), en el foro se preguntan cómo fue que el CAM se contaminó de la realidad de abarrotamiento que pretendía cambiar, y si ello sólo es producto de las prórrogas recurrentes pedidas por los jurados y del aumento constante de las impugnaciones que algunos esgrimen para justificar las demoras. Se trata de una historia atravesada por la paradoja poderosa de que los años dorados del órgano (2010, 2011 y 2012) fueron los de sus menores recursos. En ese período y favorecido por la posibilidad -luego derogada- de concursar múltiples despachos iguales mediante un solo proceso, el Consejo elevó propuestas al Poder Ejecutivo para cubrir 68 despachos: las restantes 36 ternas fueron elaboradas a lo largo y ancho de los cuatro años subsiguientes. La curva de productividad decreciente tocó fondo en 2013, cuando el CAM presidido por Claudia Sbdar apenas mandó cuatro tercetos a la Casa de Gobierno. En paralelo, el presupuesto pasó de $ 1,2 millón en 2010 a los $ 41 millones del ejercicio en curso -incluye los fondos relativos a una obra adeudada desde hace cuatro años- y quedó así equiparado a la previsión de gastos para 2017 en los Tribunales de Monteros.
El crecimiento económico fue acompañado por la expansión de la planta de personal: el CAM llegó a tener 35 empleados y funcionarios, y en noviembre pidió recursos para 12 más. La situación de desmesura quedó a la vista en 2014, durante el proceso de preselección de autoridades de la Escuela Judicial. Con la excepción honorable de la secretaria Sofía Nacul, la casa de los concursos se había lanzado a nombrar “a dedo” a los protegidos de los consejeros, casi sin distinción de estamentos, en infracción al reglamento que estatuye un método objetivo de reclutamiento. La carrera de Fernando Ganami, director provisorio de la Escuela por orden judicial, refleja en una “escala humana” cómo se dieron y repartieron cargos y ascensos con la máxima discrecionalidad. La crisis que provocó el caso “Ganami” no se detuvo con la decisión de organizar concursos para el personal: la gestión 2013-2015 se despidió con el nombramiento controvertido de Felipe Cerisola, hijo del ex rector denostado de la Universidad Nacional de Tucumán y allegado del entonces consejero-juez Eudoro Albo.
Los logros del período iniciático del CAM que comandó Antonio Gandur se diluyeron en la burocracia salpimentada por los excesos. Un príncipe del foro dirige las críticas hacia la Escuela Judicial, departamento que otorga una formación de posgrado a abogados con costos sufragados por el contribuyente y un plantel de profesores escogidos con parámetros que no garantizan la igualdad de oportunidades. El Consejo se colocó esta “mochila” gracias a una reforma legal de 2013: no se sabe si mejoró el nivel intelectual de los letrados y aspirantes a juez, pero resulta evidente que la creación de la Escuela coadyuvó a desgastar la función primordial e indelegable de preseleccionar magistrados a partir de concursos públicos. Las tareas académicas “colonizaron” el tiempo de algunos consejeros y estos adhirieron gustosos al calendario de viajes oficiales motivado por la necesidad de rubricar convenios con entidades educativas.
Para dimensionar hasta qué punto lo accesorio sustituyó a lo principal basta con recordar que la discusión sobre el último traslado (a Chile) consumió una sesión y media, y expuso un nivel alarmante de prioridades. Pese a los peros de los discrepantes José Adle, Carlos Caramuti y José Dantur, el presidente Posse y los consejeros Silvia Rojkés y Martín Tello cruzaron la Cordillera junto a sus cónyuges, la secretaria privada del titular y el trip maker Ganami: eso sí, el CAM “sólo” corrió con los gastos de sus cuatro representantes oficiales. Dos meses después de un espectáculo de gritos con pedido de disculpas que quedará para los anales de la institución, no hay gestos de contrición sino apenas la enunciación del criterio de que un eventual periplo europeo será costeado por el bolsillo de los consejeros. Tales violines suenan mientras la demanda insatisfecha de jueces (y de justicia) tapa al órgano parido con dolor. El colapso lo acecha para beneplácito de quienes sueñan con el retorno de la dedocracia absoluta, pero esa tragedia para la república quizá aún pueda ser evitada.
Este modelo institucional forjado entre disputas empezó a funcionar presionado por la existencia de 44 cargos vacantes en los Tribunales locales. Ocho años después no hay una sino dos instituciones colapsadas o al borde de: la Justicia y el propio Consejo, según observó su presidente y vocal de la Corte, Daniel Posse. Los números oficiales indican que el órgano sustancia 49 concursos (cuatro despachos acéfalos más que los que había en octubre de 2010); a esa cantidad corresponde añadir las 32 unidades judiciales nuevas (para los fueros laboral, en lo contencioso administrativo y de violencia doméstica) creadas por la serie de leyes sancionadas en diciembre, que directamente abruman el presente del Consejo y colman su agenda para el mediano plazo. Para más inri, el Poder Legislativo le endosó ayer los crípticos cargos de fiscal y defensor regionales. ¿Los consejeros-legisladores que votaron las normas no repararon en que el CAM bordeaba el colapso, como sí advirtió Posse?
Amén de que este combo de urgencia y capacidades saturadas hizo resurgir el fantasma de la judicatura a medida del poder político (¿esta vez sería por medio de la figura del juez subrogante externo?), en el foro se preguntan cómo fue que el CAM se contaminó de la realidad de abarrotamiento que pretendía cambiar, y si ello sólo es producto de las prórrogas recurrentes pedidas por los jurados y del aumento constante de las impugnaciones que algunos esgrimen para justificar las demoras. Se trata de una historia atravesada por la paradoja poderosa de que los años dorados del órgano (2010, 2011 y 2012) fueron los de sus menores recursos. En ese período y favorecido por la posibilidad -luego derogada- de concursar múltiples despachos iguales mediante un solo proceso, el Consejo elevó propuestas al Poder Ejecutivo para cubrir 68 despachos: las restantes 36 ternas fueron elaboradas a lo largo y ancho de los cuatro años subsiguientes. La curva de productividad decreciente tocó fondo en 2013, cuando el CAM presidido por Claudia Sbdar apenas mandó cuatro tercetos a la Casa de Gobierno. En paralelo, el presupuesto pasó de $ 1,2 millón en 2010 a los $ 41 millones del ejercicio en curso -incluye los fondos relativos a una obra adeudada desde hace cuatro años- y quedó así equiparado a la previsión de gastos para 2017 en los Tribunales de Monteros.
El crecimiento económico fue acompañado por la expansión de la planta de personal: el CAM llegó a tener 35 empleados y funcionarios, y en noviembre pidió recursos para 12 más. La situación de desmesura quedó a la vista en 2014, durante el proceso de preselección de autoridades de la Escuela Judicial. Con la excepción honorable de la secretaria Sofía Nacul, la casa de los concursos se había lanzado a nombrar “a dedo” a los protegidos de los consejeros, casi sin distinción de estamentos, en infracción al reglamento que estatuye un método objetivo de reclutamiento. La carrera de Fernando Ganami, director provisorio de la Escuela por orden judicial, refleja en una “escala humana” cómo se dieron y repartieron cargos y ascensos con la máxima discrecionalidad. La crisis que provocó el caso “Ganami” no se detuvo con la decisión de organizar concursos para el personal: la gestión 2013-2015 se despidió con el nombramiento controvertido de Felipe Cerisola, hijo del ex rector denostado de la Universidad Nacional de Tucumán y allegado del entonces consejero-juez Eudoro Albo.
Los logros del período iniciático del CAM que comandó Antonio Gandur se diluyeron en la burocracia salpimentada por los excesos. Un príncipe del foro dirige las críticas hacia la Escuela Judicial, departamento que otorga una formación de posgrado a abogados con costos sufragados por el contribuyente y un plantel de profesores escogidos con parámetros que no garantizan la igualdad de oportunidades. El Consejo se colocó esta “mochila” gracias a una reforma legal de 2013: no se sabe si mejoró el nivel intelectual de los letrados y aspirantes a juez, pero resulta evidente que la creación de la Escuela coadyuvó a desgastar la función primordial e indelegable de preseleccionar magistrados a partir de concursos públicos. Las tareas académicas “colonizaron” el tiempo de algunos consejeros y estos adhirieron gustosos al calendario de viajes oficiales motivado por la necesidad de rubricar convenios con entidades educativas.
Para dimensionar hasta qué punto lo accesorio sustituyó a lo principal basta con recordar que la discusión sobre el último traslado (a Chile) consumió una sesión y media, y expuso un nivel alarmante de prioridades. Pese a los peros de los discrepantes José Adle, Carlos Caramuti y José Dantur, el presidente Posse y los consejeros Silvia Rojkés y Martín Tello cruzaron la Cordillera junto a sus cónyuges, la secretaria privada del titular y el trip maker Ganami: eso sí, el CAM “sólo” corrió con los gastos de sus cuatro representantes oficiales. Dos meses después de un espectáculo de gritos con pedido de disculpas que quedará para los anales de la institución, no hay gestos de contrición sino apenas la enunciación del criterio de que un eventual periplo europeo será costeado por el bolsillo de los consejeros. Tales violines suenan mientras la demanda insatisfecha de jueces (y de justicia) tapa al órgano parido con dolor. El colapso lo acecha para beneplácito de quienes sueñan con el retorno de la dedocracia absoluta, pero esa tragedia para la república quizá aún pueda ser evitada.
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