Por LA GACETA
16 Febrero 2017
Hace muy pocos días, informamos en detalle sobre la auténtica odisea que debió soportar un nutrido contingente de hinchas del Club Atlético Tucumán que se trasladó al Ecuador. Esto, a causa de incumplimientos diversos de la empresa que los conducía en un ómnibus, y a la que habían pagado considerables sumas por el viaje. No pudieron finalmente llegar a Quito para asistir al partido, y su retorno a Tucumán se produjo recién tras superar fastidiosos e injustos inconvenientes.
El caso dista de constituir una rareza. A lo largo de los años, hemos informado a menudo sobre sucesos de la misma índole, acaecidos muchas veces con motivo de viajes de estudiantes en delegación, como también en el transcurso de giras turísticas abundantemente publicitadas. Lo frecuente es que, a la hora de partir, los viajeros se encuentren con que el vehículo no tiene las comodidades que se habían asegurado; o que se detiene en el camino, por deficiencias mecánicas previsibles dada su vetustez. A esto suele agregarse, para consternación de los viajeros, que también el alojamiento -contratado “en paquete” con la misma empresa- resulta distinto, y sustancialmente inferior, al que se pactó oportunamente.
De esto se derivan, como es obvio, contratiempos serios, daños económicos y tan abundantes como injustas desilusiones. Por lo general, los afectados no reciben posteriormente compensación alguna, ni explicaciones suficientes por parte de las empresas. Las cuales, finalmente, terminan saliéndose con la suya, al haber cobrado por realizar un servicio muy diferente al que en los hechos prestaron. Todas estas penosas realidades resultan posibles porque el poder público permite que trabajen, en el medio, firmas que no están en condiciones de hacerlo. Situaciones como las referidas no podrían nunca ocurrir si la autoridad verificara estrictamente el cumplimiento de las prestaciones que ofrecen, empezando por el estado de los vehículos. Y además, por cierto, si los casos de fallas culpables fueran sancionados con toda severidad, en un amplio arco que vaya desde las fuertes multas hasta el retiro de la habilitación que poseen.
No puede admitirse que las personas se vean sometidas, con tanta frecuencia, a lo que realmente constituye una estafa. En efecto, de acuerdo al Derecho penal, aquella se consuma cuando alguien defrauda a otro utilizando, para hacerlo, cualquier tipo de ardid o de engaño. Por cierto que los particulares que resultan víctimas de tales manejos, debieron haber obrado con más prudencia, llevando a cabo las averiguaciones del caso antes de contratar los viajes. Este es un punto sobre el cual nunca se insistirá lo suficiente. No debe incurrirse en la candidez de entrar en tratos con empresas de cuya seriedad no se tienen constancias fehacientes o testimonios de terceros confiables.
Los viajes accidentados, son uno de los rubros donde los organismos estatales que sobre ellos tengan competencia, debieran esmerarse, repetimos, para exigirles la debida organización y el cumplimiento estricto de los compromisos que contraigan con su clientela de viajeros. No puede aceptarse, indudablemente, que cuando carezcan de esos recaudos, sigan publicitando programas de traslaciones y estadías en otros puntos del país o de los países vecinos. Se se procediera de esa manera, no se reiterarían esas situaciones desagradables, sobre las que tantas veces hemos informado.
El caso dista de constituir una rareza. A lo largo de los años, hemos informado a menudo sobre sucesos de la misma índole, acaecidos muchas veces con motivo de viajes de estudiantes en delegación, como también en el transcurso de giras turísticas abundantemente publicitadas. Lo frecuente es que, a la hora de partir, los viajeros se encuentren con que el vehículo no tiene las comodidades que se habían asegurado; o que se detiene en el camino, por deficiencias mecánicas previsibles dada su vetustez. A esto suele agregarse, para consternación de los viajeros, que también el alojamiento -contratado “en paquete” con la misma empresa- resulta distinto, y sustancialmente inferior, al que se pactó oportunamente.
De esto se derivan, como es obvio, contratiempos serios, daños económicos y tan abundantes como injustas desilusiones. Por lo general, los afectados no reciben posteriormente compensación alguna, ni explicaciones suficientes por parte de las empresas. Las cuales, finalmente, terminan saliéndose con la suya, al haber cobrado por realizar un servicio muy diferente al que en los hechos prestaron. Todas estas penosas realidades resultan posibles porque el poder público permite que trabajen, en el medio, firmas que no están en condiciones de hacerlo. Situaciones como las referidas no podrían nunca ocurrir si la autoridad verificara estrictamente el cumplimiento de las prestaciones que ofrecen, empezando por el estado de los vehículos. Y además, por cierto, si los casos de fallas culpables fueran sancionados con toda severidad, en un amplio arco que vaya desde las fuertes multas hasta el retiro de la habilitación que poseen.
No puede admitirse que las personas se vean sometidas, con tanta frecuencia, a lo que realmente constituye una estafa. En efecto, de acuerdo al Derecho penal, aquella se consuma cuando alguien defrauda a otro utilizando, para hacerlo, cualquier tipo de ardid o de engaño. Por cierto que los particulares que resultan víctimas de tales manejos, debieron haber obrado con más prudencia, llevando a cabo las averiguaciones del caso antes de contratar los viajes. Este es un punto sobre el cual nunca se insistirá lo suficiente. No debe incurrirse en la candidez de entrar en tratos con empresas de cuya seriedad no se tienen constancias fehacientes o testimonios de terceros confiables.
Los viajes accidentados, son uno de los rubros donde los organismos estatales que sobre ellos tengan competencia, debieran esmerarse, repetimos, para exigirles la debida organización y el cumplimiento estricto de los compromisos que contraigan con su clientela de viajeros. No puede aceptarse, indudablemente, que cuando carezcan de esos recaudos, sigan publicitando programas de traslaciones y estadías en otros puntos del país o de los países vecinos. Se se procediera de esa manera, no se reiterarían esas situaciones desagradables, sobre las que tantas veces hemos informado.
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