Por Marcelo Aguaysol
15 Febrero 2017
La discusión hay que darla, más temprano que tarde. Pero con sentido federal. Sin embargo, los tiempos conspiran contra los resultados. La Casa Rosada quiere un nuevo esquema de distribución de los ingresos coparticipables. No obstante, el año electoral puede llegar a conspirar con algún eventual acuerdo. Sencillamente porque cuando hay dinero de por medio, nadie querrá ceder. ¿Se imagina un gobernador volviendo a su provincia con el argumento de que ha cedido una porción de los recursos en favor de otro distrito? Es verdad que Buenos Aires concentra la mayor parte de la población, de las necesidades básicas insatisfechas, de la torta recaudatoria y hasta del poder político de la Argentina. Pero el sentido federal de la coparticipación es que todos salgan conformes; que un pobre del norte argentino pueda llegar a tener el mismo servicio que otro que vive en el centro y que, tal vez, pueda gozar del dinero que se reparte entre Estados.
Más allá de las discusiones acerca de cuál debería ser el esquema elegido, lo fundamental es que se respete estrictamente la distribución, como lo marca la Carta Magna Nacional. En lo conceptual, hubo coincidencias ayer durante el encuentro que mantuvieron varios ministros del gabinete de Mauricio Macri con los ministros de Economía de las provincias. Las diferencias son las históricas: la torta no sólo debe ser repartida con los niveles actuales, sino que además, debe ser ampliada a una tajada más que recibe la Nación. El argumento es sencillo: la transferencia constante de ciertos servicios a la órbita de las provincias da espacio al financiamiento extra.
Por ahora, el debate se realiza en un mundo ideal. En el real, el consenso es lejano. Gran parte de los gobernadores aún recuerdan que Macri llegó a la Casa Rosada y sólo “federalizó” el reparto para Buenos Aires y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras Santa Fe, Córdoba y San Luis reciben plenamente los recursos federales por imperio de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. El resto de los distritos siguen siendo de la B Nacional. Aún más, hay provincias como Tucumán que reciben menos dinero por la capitalización de los intereses de la deuda nacional que aún no se refinancia. En buen romance, las arcas provinciales han iniciado el año con al menos $ 80 millones menos de coparticipación. Y, de mantenerse la indefinición acerca de una reprogramación de vencimientos de este año, es posible que al final del ejercicio Tucumán termine con $ 600 millones menos de transferencias coparticipables. Por ahora sólo hay promesas de que se estirarán los plazos de pago a tres años (para todas las provincias endeudadas), aunque la tasa puede llegar a ser mucho más elevada que en otras épocas (saltaría del 6% al 22%). Es el costo de pagar el mínimo de la tarjeta federal.
La eliminación de los impuestos distorsivos, a su vez, no es una música que suene melódica a los oídos de las provincias. Si prospera esa iniciativa nacional, dentro de tres o cuatro años desaparecerían los impuestos a los Ingresos Brutos y a los Sellos, que serían compensados por una redistribución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La cuestión central es que aquellos dos tributos representan casi el 75% de las recaudaciones provinciales. Entonces, opinan algunos ministros, la limpieza integral del esquema impositivo daría lugar a una mayor dependencia de las provincias hacia el poder central. En otras palabras, un avance en materia fiscal daría lugar a otro retroceso en la vía institucional y política.
La coyuntura financiera predomina por sobre los planes de mediano y largo plazo del Poder Ejecutivo Nacional. Ayer, en la Casa Rosada, no hubo un ministro provincial que preguntara a cuanto colaborador de Macri se le cruzara acerca de las posibilidades de que la gestión nacional contribuyera a calmar las tensiones con los gremios docentes, a días del inicio del ciclo lectivo. No hubo respuestas certeras, sino de compromiso por parte de los funcionarios nacionales presentes. Frente a esa situación, hay quienes propician nacional más el conflicto docente en cada provincia: esto es explicarle a los gremios del sector que el Incentivo Docente sigue congelado y que la Nación no avala una suba salarial superior al 18%. Esa es otra materia pendiente que los gobernantes deberán rendir en marzo.
Más allá de las discusiones acerca de cuál debería ser el esquema elegido, lo fundamental es que se respete estrictamente la distribución, como lo marca la Carta Magna Nacional. En lo conceptual, hubo coincidencias ayer durante el encuentro que mantuvieron varios ministros del gabinete de Mauricio Macri con los ministros de Economía de las provincias. Las diferencias son las históricas: la torta no sólo debe ser repartida con los niveles actuales, sino que además, debe ser ampliada a una tajada más que recibe la Nación. El argumento es sencillo: la transferencia constante de ciertos servicios a la órbita de las provincias da espacio al financiamiento extra.
Por ahora, el debate se realiza en un mundo ideal. En el real, el consenso es lejano. Gran parte de los gobernadores aún recuerdan que Macri llegó a la Casa Rosada y sólo “federalizó” el reparto para Buenos Aires y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras Santa Fe, Córdoba y San Luis reciben plenamente los recursos federales por imperio de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. El resto de los distritos siguen siendo de la B Nacional. Aún más, hay provincias como Tucumán que reciben menos dinero por la capitalización de los intereses de la deuda nacional que aún no se refinancia. En buen romance, las arcas provinciales han iniciado el año con al menos $ 80 millones menos de coparticipación. Y, de mantenerse la indefinición acerca de una reprogramación de vencimientos de este año, es posible que al final del ejercicio Tucumán termine con $ 600 millones menos de transferencias coparticipables. Por ahora sólo hay promesas de que se estirarán los plazos de pago a tres años (para todas las provincias endeudadas), aunque la tasa puede llegar a ser mucho más elevada que en otras épocas (saltaría del 6% al 22%). Es el costo de pagar el mínimo de la tarjeta federal.
La eliminación de los impuestos distorsivos, a su vez, no es una música que suene melódica a los oídos de las provincias. Si prospera esa iniciativa nacional, dentro de tres o cuatro años desaparecerían los impuestos a los Ingresos Brutos y a los Sellos, que serían compensados por una redistribución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La cuestión central es que aquellos dos tributos representan casi el 75% de las recaudaciones provinciales. Entonces, opinan algunos ministros, la limpieza integral del esquema impositivo daría lugar a una mayor dependencia de las provincias hacia el poder central. En otras palabras, un avance en materia fiscal daría lugar a otro retroceso en la vía institucional y política.
La coyuntura financiera predomina por sobre los planes de mediano y largo plazo del Poder Ejecutivo Nacional. Ayer, en la Casa Rosada, no hubo un ministro provincial que preguntara a cuanto colaborador de Macri se le cruzara acerca de las posibilidades de que la gestión nacional contribuyera a calmar las tensiones con los gremios docentes, a días del inicio del ciclo lectivo. No hubo respuestas certeras, sino de compromiso por parte de los funcionarios nacionales presentes. Frente a esa situación, hay quienes propician nacional más el conflicto docente en cada provincia: esto es explicarle a los gremios del sector que el Incentivo Docente sigue congelado y que la Nación no avala una suba salarial superior al 18%. Esa es otra materia pendiente que los gobernantes deberán rendir en marzo.
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