Poder Judicial: abogados cuestionan la falta de criterio en las reformas

Poder Judicial: abogados cuestionan la falta de criterio en las reformas

Hubo una importante manifestación de letrados en contra de los cambios en un fuero El titular del colegio profesional advirtió que sólo funcionarán dos de los 12 juzgados laborales que ahora hay por ley

FUERTE RECHAZO. Alrededor de 150 abogados acudieron al Palacio de Tribunales para manifestar su malestar con las últimas reformas. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso FUERTE RECHAZO. Alrededor de 150 abogados acudieron al Palacio de Tribunales para manifestar su malestar con las últimas reformas. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso
14 Febrero 2017
Más de 150 abogados se manifestaron en contra de las reformas en el fuero laboral. La protesta convocada para ayer por el Colegio de Abogados de la Capital contó con la presencia de representantes de la Asociación Tucumana de Abogados Laboralistas y también del legislador macrista Luis Brodersen.

“No cuestionamos las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo para determinar los sistemas procesales. Pero sí la absoluta falta de criterio observado”, declaró Marcelo Billone, presidente del colegio capitalino. Explicó que el malestar surge por la manera en que se implementó la reforma, y por el hecho de que no se consultó a los profesionales del área.

El nuevo sistema dispone que se implementará la doble instancia en el fuero laboral, y que a los seis juzgados que existen y que comenzarán a trabajar en ese sentido, se agregarán otros seis creados por la ley. Sin embargo, se espera que la designación de los nuevos magistrados tome tiempo. A esto se suma que entre los juzgados existentes hay dos que se encuentran vacantes, y otros dos son ocupados por jueces que ya anunciaron públicamente sus intenciones de jubilarse. “De un total de 12 juzgados, en poco tiempo habrá solamente dos. Esta situación causará una parálisis que afectará a los justiciables y también a los abogados”, pronosticó Billone.

El presidente también habló del rol del máximo tribunal de Justicia en este asunto. Evaluó que la prudencia con la que se maneja el órgano puede deberse a que deberá dictar sentencia sobre el tema, ya que hay tres causas que pretenden postergar la inmediata aplicación de la reforma. Una de ellas fue iniciada por el legislador radical Fernando Valdez, otra por la asociación laboralista que conduce Luisa Contino y la última por el Colegio de Abogados de Capital.

Contino se preocupó por dejar en claro la naturaleza del reclamo. “No tenemos ningún interés político, nosotros queremos que desde el punto de vista técnico y jurídico esto funcione”, aseguró la profesional. Además, opinó acerca de los posibles desenlaces del asunto. “Una de las posibilidades sería que la Corte, en virtud de los amparos, resuelva favorablemente diferir la aplicación. Sino, tengo entendido que la Legislatura se reúne el día 20 o 23 (de febrero) para tratar la problemática que se advirtió al detectar algunas incongruencias entre distintas normas”, especuló Contino.

Un problema de fondo

En la manifestación se dijo que el malestar responde a motivos más profundos. Hay otras normas que introdujeron modificaciones al Poder Judicial, como la creación de Juzgados de Primera Instancia en el fuero Contencioso Administrativo y la implementación de la suspensión automática para los magistrados que sean denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El legislador Brodersen afirmó que se quiere avasallar al Poder Judicial. “Se busca eliminar las garantías constitucionales de los jueces, someter a los magistrados que se atreven a indagar sobre el manejo de los fondos públicos”, aseguró. “Creo que la reforma en el fuero Laboral es un intento del oficialismo parlamentario por darle preponderancia mediática a un tema. Poco se habla de la misma reforma que hay en el Contencioso Administrativo, donde lo que se busca es crear juzgados inferiores para condicionar a los magistrados que están indagando sobre el manejo de los gastos sociales”, agregó el parlamentario, que fue quien planteó una acción declarativa para que se indique si los gastos sociales son constitucionales.

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