Por Gustavo Rodríguez
13 Febrero 2017
¿De qué se habla cuando hablamos de seguridad? En nuestros días, esa pregunta depara varias respuestas. Para algunos son meras estadísticas. Otros sostienen que es un fiel reflejo de lo que le sucede a la sociedad. Hay quienes opinan que es una prueba de la falla del sistema. Y no faltan los que aseguran que es la excusa para hacer la peor política.
El gobernador Juan Manzur podrá inflar el pecho. Ya conoce el informe estadístico interanual de la Policía donde abundan los verdes. Por segundo año consecutivo, descendió un 10% la cantidad de homicidios en ocasión de robo, el delito más aberrante para un pueblo y el número que arruina cualquier gestión. Puede decirles a los que le exigen mano dura que el número de detenciones llegó a 4.634 (más de 12 por día), un 31% más que en 2015. Cuando los tucumanos se espantan por el crecimiento del narcotráfico, orgulloso dirá que la Dirección de Drogas Peligrosas (Digedrop) tuvo un año inolvidable. A pesar de haber realizado menos allanamientos (-9%), duplicó la cantidad de cocaína secuestrada (de 23 kilos de 2015 pasó a 47 en 2016) y tuvo un incremento del 700% en la cantidad de dinero incautado ($197.950/2015 a más de $1,5 millones/2016).
Los números son positivos y significarían el respaldo a la gestión del área de Seguridad. Y más aún si se tienen en cuenta otras estadísticas de las que no se hablará. Esos resultados se consiguieron pese a que el personal policial se incrementó en un 3%, lo cual la ubica como una de las fuerzas que menos hombres tiene con respecto al número de habitantes en todo el NOA. Se habla de prevención, pero durante el año pasado la Policía no recibió ningún móvil. Los últimos que se entregaron fueron adquiridos en la gestión Alperovich. Ahora se espera que se libren unos $ 50 millones para renovar la flota y crear unidades. El problema es que la inseguridad no sabe de tiempos.
Manzur tampoco dirá que el plan Integral de Seguridad sigue sin aplicarse como lo soñaron sus impulsores. La provincia aún no cuenta con un centro de recuperación para adictos, pese a que se estima que el 80% de los que cometieron delitos tienen problemas de adicción. La brecha social sigue profundizándose. La falta de creación de empleo genuino sigue condenando a los tucumanos a la miseria de la indigencia y a la crueldad de la indiferencia.
Una isla
El Poder Judicial es una isla. La pelea Corte vs. Ministro Fiscal está al rojo vivo. A los tucumanos no les interesa en lo más mínimo sus diferencias, sí que haya una Justicia ágil y veloz. El fuero penal es su principal campo de batalla, pero lo tiene abandonado. El Centro Judicial de la Capital funciona por inercia, porque cada vez hay menos recursos humanos y económicos. Con la licencia por maternidad que se tomó Marta Mariana Rivadeneira, volvieron a ser tres las fiscalías sin sus respectivos titulares. Eso significa que habrá más trabajo y complicaciones para los investigadores. El panorama en los juzgados de instrucción tampoco es alentador. Están vacantes dos de los cinco cargos de jueces. Cuando el país debate bajar la edad de imputabilidad por el incremento de adolescentes que delinquen, en nuestra provincia una sola magistrada atiende todas las causas en la que están involucrados menores.
Con semejante panorama, tampoco pareciera haber sentido común. El primer turno de la feria cayó sobre las espaldas de Claudio Bonari, fiscal que asumió en el cargo en octubre. Su capacidad está fuera de juicio, pero a nadie se le ocurrió que era conveniente poner a un fiscal más experimentado para resolver los problemas que se pudieran presentar. En la jurisdicción del Centro Judicial de Monteros se produjo el hecho más grave de lo que va del año: dos agricultores perdieron la vida en manos de la Policía, en un confuso episodio. Desde la fuerza se asegura que se trató de un enfrentamiento. Los familiares de las víctimas sostienen que los ejecutaron. La causa pasó en menos de una semana por las manos de tres fiscales con criterios y sistemas de trabajo diferentes.
Polémicas
La Legislatura es un recinto donde se debe hacer política para beneficio del pueblo, no propio. A diario nacen proyectos que tiene un solo propósito: sumar réditos. El legislador Ramón “Cacho” Cano pidió con otros pares que la Policía intensificara los controles en los puestos fronterizos. La iniciativa es loable, pero no son pocos los que afirman que el oficialista pretende aparecer como el paladín antinarco luego de que un empleado suyo (Julio César Trayán) fuera acusado de tráfico de drogas.
Se dice que el legislador opositor Fernando Valdez busca apoyo político para convocar a Paul Hofer, secretario de Seguridad, y al jefe de Policía, Dante Bustamante, para que den explicaciones sobre la muerte de los agricultores de Tafí del Valle. La gran pregunta es: ¿para qué, si el caso está en manos de la Justicia? En el fastuoso edificio se concretó más de un encuentro por la muerte del padre Juan Viroche caso del que muchos comenzaron a olvidarse desde que la hipótesis del suicidio enterrró la del crimen narco. ¿Sirvieron de algo esas reuniones? ¿Se pudo avanzar? ¿O fue sólo una oportunidad para hacer tambalear a los que encabezan el área de Seguridad? Eso sí, Tucumán durante un par de semanas fue la Ciudad de Juárez del país.
Al problema de la inseguridad no se lo soluciona con planes aislados y se miente si le aseguran que será de un día para el otro. Los responsables de los tres poderes deben romper con los compartimentos estancos y trabajar de manera conjunta. Sentarse en una gran mesa para discutir qué hace falta y cómo se puede avanzar en la lucha contra el delito. Una vez que todos los actores entiendan qué pieza teatral están protagonizando, se podrá hablar de seguridad. Lo demás es puro verso.
El gobernador Juan Manzur podrá inflar el pecho. Ya conoce el informe estadístico interanual de la Policía donde abundan los verdes. Por segundo año consecutivo, descendió un 10% la cantidad de homicidios en ocasión de robo, el delito más aberrante para un pueblo y el número que arruina cualquier gestión. Puede decirles a los que le exigen mano dura que el número de detenciones llegó a 4.634 (más de 12 por día), un 31% más que en 2015. Cuando los tucumanos se espantan por el crecimiento del narcotráfico, orgulloso dirá que la Dirección de Drogas Peligrosas (Digedrop) tuvo un año inolvidable. A pesar de haber realizado menos allanamientos (-9%), duplicó la cantidad de cocaína secuestrada (de 23 kilos de 2015 pasó a 47 en 2016) y tuvo un incremento del 700% en la cantidad de dinero incautado ($197.950/2015 a más de $1,5 millones/2016).
Los números son positivos y significarían el respaldo a la gestión del área de Seguridad. Y más aún si se tienen en cuenta otras estadísticas de las que no se hablará. Esos resultados se consiguieron pese a que el personal policial se incrementó en un 3%, lo cual la ubica como una de las fuerzas que menos hombres tiene con respecto al número de habitantes en todo el NOA. Se habla de prevención, pero durante el año pasado la Policía no recibió ningún móvil. Los últimos que se entregaron fueron adquiridos en la gestión Alperovich. Ahora se espera que se libren unos $ 50 millones para renovar la flota y crear unidades. El problema es que la inseguridad no sabe de tiempos.
Manzur tampoco dirá que el plan Integral de Seguridad sigue sin aplicarse como lo soñaron sus impulsores. La provincia aún no cuenta con un centro de recuperación para adictos, pese a que se estima que el 80% de los que cometieron delitos tienen problemas de adicción. La brecha social sigue profundizándose. La falta de creación de empleo genuino sigue condenando a los tucumanos a la miseria de la indigencia y a la crueldad de la indiferencia.
Una isla
El Poder Judicial es una isla. La pelea Corte vs. Ministro Fiscal está al rojo vivo. A los tucumanos no les interesa en lo más mínimo sus diferencias, sí que haya una Justicia ágil y veloz. El fuero penal es su principal campo de batalla, pero lo tiene abandonado. El Centro Judicial de la Capital funciona por inercia, porque cada vez hay menos recursos humanos y económicos. Con la licencia por maternidad que se tomó Marta Mariana Rivadeneira, volvieron a ser tres las fiscalías sin sus respectivos titulares. Eso significa que habrá más trabajo y complicaciones para los investigadores. El panorama en los juzgados de instrucción tampoco es alentador. Están vacantes dos de los cinco cargos de jueces. Cuando el país debate bajar la edad de imputabilidad por el incremento de adolescentes que delinquen, en nuestra provincia una sola magistrada atiende todas las causas en la que están involucrados menores.
Con semejante panorama, tampoco pareciera haber sentido común. El primer turno de la feria cayó sobre las espaldas de Claudio Bonari, fiscal que asumió en el cargo en octubre. Su capacidad está fuera de juicio, pero a nadie se le ocurrió que era conveniente poner a un fiscal más experimentado para resolver los problemas que se pudieran presentar. En la jurisdicción del Centro Judicial de Monteros se produjo el hecho más grave de lo que va del año: dos agricultores perdieron la vida en manos de la Policía, en un confuso episodio. Desde la fuerza se asegura que se trató de un enfrentamiento. Los familiares de las víctimas sostienen que los ejecutaron. La causa pasó en menos de una semana por las manos de tres fiscales con criterios y sistemas de trabajo diferentes.
Polémicas
La Legislatura es un recinto donde se debe hacer política para beneficio del pueblo, no propio. A diario nacen proyectos que tiene un solo propósito: sumar réditos. El legislador Ramón “Cacho” Cano pidió con otros pares que la Policía intensificara los controles en los puestos fronterizos. La iniciativa es loable, pero no son pocos los que afirman que el oficialista pretende aparecer como el paladín antinarco luego de que un empleado suyo (Julio César Trayán) fuera acusado de tráfico de drogas.
Se dice que el legislador opositor Fernando Valdez busca apoyo político para convocar a Paul Hofer, secretario de Seguridad, y al jefe de Policía, Dante Bustamante, para que den explicaciones sobre la muerte de los agricultores de Tafí del Valle. La gran pregunta es: ¿para qué, si el caso está en manos de la Justicia? En el fastuoso edificio se concretó más de un encuentro por la muerte del padre Juan Viroche caso del que muchos comenzaron a olvidarse desde que la hipótesis del suicidio enterrró la del crimen narco. ¿Sirvieron de algo esas reuniones? ¿Se pudo avanzar? ¿O fue sólo una oportunidad para hacer tambalear a los que encabezan el área de Seguridad? Eso sí, Tucumán durante un par de semanas fue la Ciudad de Juárez del país.
Al problema de la inseguridad no se lo soluciona con planes aislados y se miente si le aseguran que será de un día para el otro. Los responsables de los tres poderes deben romper con los compartimentos estancos y trabajar de manera conjunta. Sentarse en una gran mesa para discutir qué hace falta y cómo se puede avanzar en la lucha contra el delito. Una vez que todos los actores entiendan qué pieza teatral están protagonizando, se podrá hablar de seguridad. Lo demás es puro verso.
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