Por Gustavo Rodríguez
06 Febrero 2017
En esta provincia pareciera haberse instalado una especie de circo romano. Muchos tucumanos, sedientos de sangre, aplauden a rabiar cada vez que personas que se creen gladiadores hacen justicia por mano propia castigando hasta lastimar a otra que supuestamente cometió un ilícito. Por esa enorme nube de humo muchos no ven (o no quieren ver) lo que realmente está pasando.
Tucumán, como otras provincias del NOA, quedó a merced de los narcos. Sus habitantes no se dieron cuenta de que la droga, esa especie de representante de la muerte en el mundo terrenal, llega por aire y por tierra casi sin control. Aquí nadie termina de asumir que esas sustancias matan. Puede morirse el que la consume y ser asesinado el que la va a comprar a zonas peligrosas. Puede matar un adicto que está desesperado por comprarla y matan los que la venden en la violentísima pelea por el dominio territorial.
Pese a ese espantoso presente, muchos comprovincianos sólo piden sangre. Quieren ver lastimados a los que les roban, crucificar a los que hacen cumplir lo que dice la Ley, enterrar de por vida en lugares no aptos para un humano a los que delinquen y tener un Policía listo para disparar sin piedad. No se fijan que en estas tierras la droga instaló un espiral de muerte.
El caso de Sergio “El Chueco” Vergara es un relato surrealista que resume a la perfección lo que está sucediendo. El martes fue secuestrado, torturado y humillado por taxistas que formaron un grupo parapolicial para hacer justicia por mano propia. Sus familiares negaron que haya robado, pero reconocieron que tenía serios problemas de adicción. Estuvo dos días postrado en una cama y, en su primera salida, pese a tener fracturada una pierna, una fisura en el cráneo y un ojo cerrado por los golpes que recibió, lo acusaron de haber robado a otro conductor.
En medio de este triste presente se conoció que en la provincia casi no existen los controles para evitar que los narcos muevan sustancias por estas tierras como si estuvieran en el fondo de su casa. Sólo hay un control antinarcóticos en los 21 pasos fronterizos declarados. Pedro Simón, fiscal Federal de Santiago del Estero, insiste en considerar a nuestra provincia como centro de acopio de cocaína y marihuana. “Puede ser que la trasladen hasta ahí para luego distribuirlas en otras provincias y dejar algo”, dijo.
El narcotráfico es un delito Federal y, por ende, es tarea de la Nación combatirlo y las provincias deben colaborar en esta lucha. El presidente Mauricio Macri con la ministra Patricia Bulrrich como escudera le han declarado la guerra a los señores de la muerte. Ya han pasado casi 14 meses desde el inicio de esa batalla y todo sigue igual. Ahora hay más marketing.
En los últimos días se informó con bombos y platillos dos exitosos operativos que permitieron secuestrar más de 600 kilos de cocaína. Pero eso fue para la tribuna porque nadie o muy pocos saben lo que hay detrás de esos secuestros.
En Córdoba se incautaron 221 kilos de cocaína. Pero nadie dijo que la “merca” se cargó en La Quiaca y pudo atravesar sin problemas cuatro provincias (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago) y fue descubierta de casualidad. En Campo del Zorro, paraje del departamento santiagueño de Pellegrini (considerado como la Triple frontera regional) una avioneta que había despegado de Bolivia arrojó unos 450 kilos de cocaína. Al parecer, los paquetes tenían algún tipo de dispositivo electrónico para que los narcos los ubiquen con cualquier GPS. Las fuerzas, en cambio, sólo cuentan con un radar instalado en “La Docta” que no detecta el desplazamiento de naves que vuelan bajo, los ojos para mirar al cielo y los perros antinarcóticos.
El fiscal Pablo Camuña asegura que ante la falta de recursos humanos prefiere que los investigadores se dediquen a hacer tareas de inteligencia y no de control. Son menos de 200 los hombres que se dedican a luchar contra los narcos en esta provincia. Son pocos, es cierto, pero tampoco habrá mucho más al corto plazo. La Agencia Regional de la Policía Federal podría ser trasladada a otra provincia. El marco no se produciría por una nueva estrategia ni por los resultados conseguidos, sino por una serie de irregularidades que habrían obligado a cambiar sus autoridades. Otra: el presidente Macri ya firmó el decreto para que los gendarmes vuelvan a las fronteras -lugar que nunca debieron haber abandonado- y dejen de realizar tareas de prevención en Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Eso sí, el regreso se producirá después de las elecciones de octubre.
Estos datos e intríngulis no son casuales. Tienen que ver con cómo se enfoca la problemática. Debería tratarse de un plan integral de seguridad y no con marketing. Especialistas aseguran que la frontera está avanzando hacia el sur. Y todas las ciudades fronterizas se caracterizan por tener un nivel de violencia más alto que otras. En Tucumán se produjeron 14 homicidios en 2017. En 10 de ellos la víctima conocía al victimario. En al menos 10 la droga o el alcohol estuvieron presentes. Y en estos números solo un crimen podría ser considerado en ocasión de robo por la Policía. Este es el peor de los delitos. El que más golpea en la sociedad y el que arruina cualquier estadística.
Pero en Tucumán hay otras maneras de matar. Permitir el avance de los narcos, no brindar verdadera ayuda a los adictos, abandonar a los jóvenes que tienen conflicto con la ley, encerrar en un maloliente calabozo a una persona que cometió un delito, avalar a los grupos que hacen justicia por mano propia y mirar para otro lado también son maneras de robar vidas. El “Chueco” es una prueba. Contó que después de haberse librado de los golpes un hombre, que se desplazaba en un lujoso BMW, detuvo su marcha para preguntarle que le había pasado. Después de relatarle como había sido torturado, el conductor le tomó una foto (quizás fue una selfie), pero no quiso llevarlo a un hospital porque le mancharía el tapizado. Tristísimo.
Tucumán, como otras provincias del NOA, quedó a merced de los narcos. Sus habitantes no se dieron cuenta de que la droga, esa especie de representante de la muerte en el mundo terrenal, llega por aire y por tierra casi sin control. Aquí nadie termina de asumir que esas sustancias matan. Puede morirse el que la consume y ser asesinado el que la va a comprar a zonas peligrosas. Puede matar un adicto que está desesperado por comprarla y matan los que la venden en la violentísima pelea por el dominio territorial.
Pese a ese espantoso presente, muchos comprovincianos sólo piden sangre. Quieren ver lastimados a los que les roban, crucificar a los que hacen cumplir lo que dice la Ley, enterrar de por vida en lugares no aptos para un humano a los que delinquen y tener un Policía listo para disparar sin piedad. No se fijan que en estas tierras la droga instaló un espiral de muerte.
El caso de Sergio “El Chueco” Vergara es un relato surrealista que resume a la perfección lo que está sucediendo. El martes fue secuestrado, torturado y humillado por taxistas que formaron un grupo parapolicial para hacer justicia por mano propia. Sus familiares negaron que haya robado, pero reconocieron que tenía serios problemas de adicción. Estuvo dos días postrado en una cama y, en su primera salida, pese a tener fracturada una pierna, una fisura en el cráneo y un ojo cerrado por los golpes que recibió, lo acusaron de haber robado a otro conductor.
En medio de este triste presente se conoció que en la provincia casi no existen los controles para evitar que los narcos muevan sustancias por estas tierras como si estuvieran en el fondo de su casa. Sólo hay un control antinarcóticos en los 21 pasos fronterizos declarados. Pedro Simón, fiscal Federal de Santiago del Estero, insiste en considerar a nuestra provincia como centro de acopio de cocaína y marihuana. “Puede ser que la trasladen hasta ahí para luego distribuirlas en otras provincias y dejar algo”, dijo.
El narcotráfico es un delito Federal y, por ende, es tarea de la Nación combatirlo y las provincias deben colaborar en esta lucha. El presidente Mauricio Macri con la ministra Patricia Bulrrich como escudera le han declarado la guerra a los señores de la muerte. Ya han pasado casi 14 meses desde el inicio de esa batalla y todo sigue igual. Ahora hay más marketing.
En los últimos días se informó con bombos y platillos dos exitosos operativos que permitieron secuestrar más de 600 kilos de cocaína. Pero eso fue para la tribuna porque nadie o muy pocos saben lo que hay detrás de esos secuestros.
En Córdoba se incautaron 221 kilos de cocaína. Pero nadie dijo que la “merca” se cargó en La Quiaca y pudo atravesar sin problemas cuatro provincias (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago) y fue descubierta de casualidad. En Campo del Zorro, paraje del departamento santiagueño de Pellegrini (considerado como la Triple frontera regional) una avioneta que había despegado de Bolivia arrojó unos 450 kilos de cocaína. Al parecer, los paquetes tenían algún tipo de dispositivo electrónico para que los narcos los ubiquen con cualquier GPS. Las fuerzas, en cambio, sólo cuentan con un radar instalado en “La Docta” que no detecta el desplazamiento de naves que vuelan bajo, los ojos para mirar al cielo y los perros antinarcóticos.
El fiscal Pablo Camuña asegura que ante la falta de recursos humanos prefiere que los investigadores se dediquen a hacer tareas de inteligencia y no de control. Son menos de 200 los hombres que se dedican a luchar contra los narcos en esta provincia. Son pocos, es cierto, pero tampoco habrá mucho más al corto plazo. La Agencia Regional de la Policía Federal podría ser trasladada a otra provincia. El marco no se produciría por una nueva estrategia ni por los resultados conseguidos, sino por una serie de irregularidades que habrían obligado a cambiar sus autoridades. Otra: el presidente Macri ya firmó el decreto para que los gendarmes vuelvan a las fronteras -lugar que nunca debieron haber abandonado- y dejen de realizar tareas de prevención en Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Eso sí, el regreso se producirá después de las elecciones de octubre.
Estos datos e intríngulis no son casuales. Tienen que ver con cómo se enfoca la problemática. Debería tratarse de un plan integral de seguridad y no con marketing. Especialistas aseguran que la frontera está avanzando hacia el sur. Y todas las ciudades fronterizas se caracterizan por tener un nivel de violencia más alto que otras. En Tucumán se produjeron 14 homicidios en 2017. En 10 de ellos la víctima conocía al victimario. En al menos 10 la droga o el alcohol estuvieron presentes. Y en estos números solo un crimen podría ser considerado en ocasión de robo por la Policía. Este es el peor de los delitos. El que más golpea en la sociedad y el que arruina cualquier estadística.
Pero en Tucumán hay otras maneras de matar. Permitir el avance de los narcos, no brindar verdadera ayuda a los adictos, abandonar a los jóvenes que tienen conflicto con la ley, encerrar en un maloliente calabozo a una persona que cometió un delito, avalar a los grupos que hacen justicia por mano propia y mirar para otro lado también son maneras de robar vidas. El “Chueco” es una prueba. Contó que después de haberse librado de los golpes un hombre, que se desplazaba en un lujoso BMW, detuvo su marcha para preguntarle que le había pasado. Después de relatarle como había sido torturado, el conductor le tomó una foto (quizás fue una selfie), pero no quiso llevarlo a un hospital porque le mancharía el tapizado. Tristísimo.
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