Acorralados

Por Marcelo Aguaysol 05 Febrero 2017

Acabar con el amiguismo en el reparto de las obras o de la asistencia financiera nacional puede ser un buen argumento para poner en marcha un sistema de premios y castigos a la eficiencia en la gestión municipal. La idea que promueve el Ministerio del Interior ha generado suspicacias entre intendentes de signos no afines a la Casa Rosada. Particularmente, los peronistas que -en muchos casos y en años anteriores- venían siendo beneficiados por los gestores de la década pasada. Pero varios jefes municipales plantean realidades diferentes en las regiones del país. Así, por ejemplo, los bonaerenses no están tan comprometidos política ni financieramente con la gobernadora María Eugenia Vidal. Pero en Tucumán, los jefes municipales tienen un verdadero cepo frente a las decisiones de la gestión del gobernador Juan Manzur: el Pacto Social. ¿Qué gestión municipal puede competir con tantos compromisos financieros con el poder provincial? ¿Hay autonomía suficiente para desprenderse de ese compromiso sin que ello implique un deterioro fiscal? Los intendentes tucumanos están acorralados. Su deseo de participar en un sistema de buenas prácticas gubernamentales chocan con la herencia de años de alto endeudamiento. Todos ellos quieren calificar para acceder a un verdadero plan de obras financiado por la Nación; ellos mismos quieren ser sujetos de crédito ante cualquier organismo multilateral que mire el ranking que, a la postre, se convertirá en una suerte de Veraz municipal. Muy pocos le dirán que no al esquema del macrismo (no importa de qué provincia sean). Hay una suerte de impasse político hasta julio cuando arranque de lleno la campaña proselitista. Luego, nadie querrá ser controlado. La tentación de gastar en tiempos electorales históricamente ha sido siempre elevada.