02 Febrero 2017
EN EL RECINTO. La legisladora Rojkés saluda a Jiménez, en la sesión que modificó el Código Procesal Penal local. prensa legislatura
El oficialismo parece decidido a arrancar el año con el tratamiento de un proyecto de ley que generará repercusiones administrativas y políticas en el Poder Judicial de Tucumán.
Fuentes de la Legislatura anticiparon que la idea es convocar a una sesión extraordinaria para dentro de dos semanas, con el objetivo de discutir la separación del Ministerio Público Fiscal y Pupilar en dos órganos independientes en lo estructural y en lo presupuestario: por un lado, el jefe de los fiscales; por otro, el jefe de los defensores oficiales.
La iniciativa había generado roces entre el oficialismo y la oposición a finales de año pasado. El radical José Canelada y la peronista disidente Stella Maris Córdoba acusaron al legislador Marcelo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales y afín a la Casa de Gobierno, de haberle dado un dictamen favorable “express” al proyecto de su autoría. En medio de esa polémica, en la última sesión de 2016, Caponio pidió que se hiciera reserva del expediente relacionado a esa propuesta, para que su tratamiento tenga preferencia de cara al próximo debate.
Por todo esto, explicaron fuentes del cuerpo colegiado, la escisión del Ministerio Público está lista para ser llevada al recinto. Sólo resta que el tema -que será acompañado por otras iniciativas referidas al Poder Judicial- pase por la comisión de Seguridad y Justicia, que está a cargo del oficialista Javier Pucharras.
Cambios en el proceso
Esta reforma que prepara el oficialismo está enmarcada en lo que será la futura aplicación del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT). Esta normativa, que regula el proceso de investigación y juzgamiento de los delitos de jurisdicción provincial, fue sancionada el año pasado, pero no tiene fecha estimada de entrada en vigencia, puesto que requiere profundos cambios en la estructura y el organigrama de los tribunales locales.
Así, la separación del Ministerio Público estará acompañada por otros dos proyectos: la creación del Colegio de Jueces, que nucleará a esos magistrados del fuero penal en dos órganos (la primera instancia y la cámara de impugnación); y el establecimiento de sistema de conclusión de causas, que permitirá el cierre de los expedientes en curso y la apertura de los casos nuevos, hasta lograr la transición definitiva al futuro CPPT.
“Igualdad de armas”
El proyecto impulsado por Caponio propone modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial (6.238), con el objetivo de crear el nuevo Ministerio Pupilar y de la Defensa. “La idea no es que haya un espejo en cuanto a recursos por parte de cada una de las versiones del Ministerio Público (por el de la Defensa y el de la Fiscalía), sino que cada uno de ellos cuente con los recursos para poder llevar a cabo su misión institucional y, de ese modo, poder enfrentar con igualdad de armas a su oponente en el campo jurisdiccional”, explicó el oficialista en los fundamentos de la iniciativa.
El nuevo órgano pupilar estará compuesto por el ministro de la Defensa (titular), el defensor general, los defensores regionales, los defensores oficiales en lo Penal, en lo Civil y Laboral, de Menores y defensores adjuntos. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal quedará conformado por el ministro Fiscal (titular), el fiscal general, los fiscales regionales, el fiscal del Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, los fiscales en lo Penal y los fiscales Civiles.
Hasta ahora, todas estas funciones vienen siendo llevadas a cabo por un solo funcionario judicial: el ministro fiscal y pupilar, Edmundo Jiménez.
En los hechos, la modificación normativa le restará poder al actual jefe de los fiscales y de los defensores oficiales. Sobre todo, porque dejará de estar a cargo de estos últimos en lo presupuestario y en lo administrativo.
Estos cambios, si bien serán sustanciales, no sorprenderán a los habitués de los pasillos tribunalicios, ya que habían sido impulsados en 2014 a partir de una truncada iniciativa de la Corte Suprema de Tucumán.
Designación
El nuevo órgano tendrá funciones similares al que, a nivel nacional, dirige la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez.
Según la iniciativa oficialista, estos funcionarios judiciales deberán garantizar “una defensa técnica de calidad orientada en forma prioritaria a los ciudadanos que carecen de medios para contratar a un abogado”.
El mecanismo de designación del ministro de la Defensa será similar al que rige para el ministro fiscal. El gobernador podrá elegir el nombre y proponerlo al Poder Legislativo. Con el voto de la mayoría, en el recinto, se define si el postulante llega al cargo.
Fuentes de la Legislatura anticiparon que la idea es convocar a una sesión extraordinaria para dentro de dos semanas, con el objetivo de discutir la separación del Ministerio Público Fiscal y Pupilar en dos órganos independientes en lo estructural y en lo presupuestario: por un lado, el jefe de los fiscales; por otro, el jefe de los defensores oficiales.
La iniciativa había generado roces entre el oficialismo y la oposición a finales de año pasado. El radical José Canelada y la peronista disidente Stella Maris Córdoba acusaron al legislador Marcelo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales y afín a la Casa de Gobierno, de haberle dado un dictamen favorable “express” al proyecto de su autoría. En medio de esa polémica, en la última sesión de 2016, Caponio pidió que se hiciera reserva del expediente relacionado a esa propuesta, para que su tratamiento tenga preferencia de cara al próximo debate.
Por todo esto, explicaron fuentes del cuerpo colegiado, la escisión del Ministerio Público está lista para ser llevada al recinto. Sólo resta que el tema -que será acompañado por otras iniciativas referidas al Poder Judicial- pase por la comisión de Seguridad y Justicia, que está a cargo del oficialista Javier Pucharras.
Cambios en el proceso
Esta reforma que prepara el oficialismo está enmarcada en lo que será la futura aplicación del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT). Esta normativa, que regula el proceso de investigación y juzgamiento de los delitos de jurisdicción provincial, fue sancionada el año pasado, pero no tiene fecha estimada de entrada en vigencia, puesto que requiere profundos cambios en la estructura y el organigrama de los tribunales locales.
Así, la separación del Ministerio Público estará acompañada por otros dos proyectos: la creación del Colegio de Jueces, que nucleará a esos magistrados del fuero penal en dos órganos (la primera instancia y la cámara de impugnación); y el establecimiento de sistema de conclusión de causas, que permitirá el cierre de los expedientes en curso y la apertura de los casos nuevos, hasta lograr la transición definitiva al futuro CPPT.
“Igualdad de armas”
El proyecto impulsado por Caponio propone modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial (6.238), con el objetivo de crear el nuevo Ministerio Pupilar y de la Defensa. “La idea no es que haya un espejo en cuanto a recursos por parte de cada una de las versiones del Ministerio Público (por el de la Defensa y el de la Fiscalía), sino que cada uno de ellos cuente con los recursos para poder llevar a cabo su misión institucional y, de ese modo, poder enfrentar con igualdad de armas a su oponente en el campo jurisdiccional”, explicó el oficialista en los fundamentos de la iniciativa.
El nuevo órgano pupilar estará compuesto por el ministro de la Defensa (titular), el defensor general, los defensores regionales, los defensores oficiales en lo Penal, en lo Civil y Laboral, de Menores y defensores adjuntos. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal quedará conformado por el ministro Fiscal (titular), el fiscal general, los fiscales regionales, el fiscal del Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, los fiscales en lo Penal y los fiscales Civiles.
Hasta ahora, todas estas funciones vienen siendo llevadas a cabo por un solo funcionario judicial: el ministro fiscal y pupilar, Edmundo Jiménez.
En los hechos, la modificación normativa le restará poder al actual jefe de los fiscales y de los defensores oficiales. Sobre todo, porque dejará de estar a cargo de estos últimos en lo presupuestario y en lo administrativo.
Estos cambios, si bien serán sustanciales, no sorprenderán a los habitués de los pasillos tribunalicios, ya que habían sido impulsados en 2014 a partir de una truncada iniciativa de la Corte Suprema de Tucumán.
Designación
El nuevo órgano tendrá funciones similares al que, a nivel nacional, dirige la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez.
Según la iniciativa oficialista, estos funcionarios judiciales deberán garantizar “una defensa técnica de calidad orientada en forma prioritaria a los ciudadanos que carecen de medios para contratar a un abogado”.
El mecanismo de designación del ministro de la Defensa será similar al que rige para el ministro fiscal. El gobernador podrá elegir el nombre y proponerlo al Poder Legislativo. Con el voto de la mayoría, en el recinto, se define si el postulante llega al cargo.
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