Los Tribunales esperpénticos
Los adelgazamientos deliberados y adiciones de coyuntura han convertido al Poder Judicial de Tucumán en una instalación psicodélica. La estructura institucional existente es el producto de más de 25 años de improvisaciones e indiferencia frente a la estadística. Esta criatura estrafalaria, que compite con la literatura imaginada por Ramón María del Valle-Inclán, pudo haber sido -¡ay!- una organización hiperrealista e inteligente: entre los veteranos del foro todavía perdura el recuerdo de aquellos Tribunales profesionales ambicionados a comienzos de la década de 1990 cuando, paradójicamente, los cordobeses al mando del interventor federal Eduardo “Chiche” Aráoz gobernaban la provincia. La nostalgia agiganta aquel ensayo maltrecho por las mayorías pasajeras.

Basta con echar un vistazo a la Ley Orgánica del Poder Judicial para comprender la entidad del desmadre y cómo cada tanto un nuevo “arquitecto-legislador” modificó la casa sin consultar los planos originales, y, más importante aún, sin prever las necesidades del futuro. Tres decenas de reformas legales generaron un “edificio” plagado de atrofias, con una Justicia de Paz preadamita en el tope del paradigma de la disfuncionalidad. Estrechísimo donde debía ser generoso y con adiposidades caprichosas -como el tercer vocal incorporado a las salas de la Cámara Civil de la capital en 2011 presumiblemente para complacer a un príncipe de la obra pública-, el número de jueces quedó divorciado de la demanda de justicia, como demuestran los fueros más sensibles: penal y familia. Más grave aún, esa cifra resulta incalculable como consecuencia de los cargos creados pour la gallerie y a la postre olvidados. ¿Habrá 234 jueces, fiscales y defensores oficiales como estima una funcionaria judicial influyente? La lista –imperfecta- de unidades nonatas incluye a las defensorías de Trancas, Las Cejas, Graneros y Tafí Del Valle; a los juzgados de concursos y quiebras, y a los contravencionales. Dicen que estas últimas oficinas nunca fueron del agrado de una Policía sospechada de “hacer caja” con la persecución de las contravenciones.

El cuerpo deformado del Poder Judicial sufrió un nuevo lifting en diciembre con la incorporación de la primera instancia de los fueros laboral y en lo contencioso administrativo. Frente a esta enésima cirugía dislocada, un juez ocurrente se permitió esta broma: “tenemos unos Tribunales dignos de Antonio Gasalla y Peter Capusotto”. Otros magistrados colapsados de trabajo sangraron por la envidia: a quienes se les ocurrió que hacían falta seis juzgados para atender los 700 pleitos nuevos promovidos por el Estado o contra él en un año se les escapó que, por ejemplo, en igual período un juzgado de Familia lidia con entre 5.000 y 6.000 casos. Detrás de un desequilibrio de esa magnitud los desconfiados de siempre ven la única pretensión de licuar el poder de las tres salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, reducto crítico que en el Gobierno descalifican de opositor dando por hechos la partidización de la Justicia y la inexistencia de la independencia judicial. De paso cañazo, el Estado podrá beneficiarse con la pesadilla de los particulares: el estiramiento de procesos que ya de por sí exigen el agotamiento de la vía administrativa. Pero hay otro incentivo más atractivo aún: el control de la competencia electoral.

Los seis juzgados administrativistas fueron agregados a la Ley Orgánica con una técnica legislativa que alimenta las habladurías. Un artículo (el 12 de la Ley 8.971) destina dos unidades al centro judicial de Concepción mientras que otra cláusula (la 16) prescribe que todos los cargos pertenecen a la capital. Pero la parte más compleja de entender y de explicar es con qué reglas procesales funcionarán estos juzgados -también los laborales-. Un intérprete de esta partitura desquiciada sugiere que el Gobierno inventó un artefacto sin manual de instrucciones: vaya a saber qué sorpresas deparará la pretensión de usarlo.

El arrebato inventivo riza el rizo de lo absurdo. Marcelo Caponio, el legislador ultraoficialista más entusiasmado con la primera instancia laboral y en lo contencioso administrativo, es, a su vez, el animador de una comisión especial creada a finales de 2015 para remodelar en forma integral los procesos no penales –incluidos, claro, los fueros mencionados-. Algunos jueces, litigantes y académicos involucrados en ese comité multitudinario -comprende a tres de cinco vocales de la Corte (Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse)- no salen del asombro que implica esta esquizofrenia discursiva: mientras ellos trabajan declamando la necesidad de diagnósticos y soluciones rigurosos por pedido del poder político, este los “vacuna” con una modificación de la Ley Orgánica que condiciona cualquier mirada de largo plazo. Para más inri hay que observar qué pasó con la implementación del Código Procesal Penal sancionado en octubre después de cinco años de vaivenes: nada. Ni siquiera fue posible partir el Ministerio Público, condición sine qua non para alcanzar la transparencia invocada. Ajeno a esa inmovilidad, el minutero avanza y cada vez parece más difícil que el nuevo código comience a regir a partir del primero de septiembre.

La misma sensación de perplejidad provocó la implantación de 18 -sí, 18- juzgados, fiscalías y defensorías de violencia doméstica acometida a finales de 2016, enmienda que pasó inadvertida por el peso y la entidad de la relativa a los fueros laboral y contencioso administrativo. De rompe y raja, la Legislatura creó una órbita judicial nueva donde convergen principios civiles puros, de familia y penales. ¿Los años que demandará la puesta en marcha de esta estructura no serán acaso los mismos años que el Estado debería dedicar a la erradicación del fenómeno social que hace estragos y que, adecuadamente controlado, tornaría innecesario un fuero especializado? Si la intención era empezar a revertir la tragedia de inmediato, ¿no resultaba más lógico, por ejemplo, instrumentar una Oficina de Violencia Doméstica (OVD) abierta las 24 horas durante los 365 días del año o invertir en el control del cumplimiento efectivo de medidas preventivas como la restricción de acercamiento y la exclusión del hogar? La realidad tiene cara de hereje: en esta feria, la OVD funciona de 8 a 12, de lunes a viernes, y todavía no es posible monitorear electrónicamente la geolocalización de los agresores (función que a esta altura cumple cualquier celular). Asusta la combinación de extravagancia y pensamiento mágico: ni Del Valle-Inclán ni Gasalla ni Capusotto fueron tan lejos en sus recreaciones de la contradicción y el esperpento.

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