Por Federico Diego van Mameren
15 Enero 2017
Los gastos sociales -o de bloque, como supieron llamarse alguna vez- tienen un efecto alucinógeno en la vida política tucumana. En las viejas películas de espionaje el suero de la verdad era fundamental para saber lo que realmente pasaba. Este sistema de pago de la Legislatura tucumana actúa exactamente al revés. Es la otra cara de la moneda. Los gastos de bloque, sociales o reservados han sido fundamentales para desarrollar la imaginación en el poder donde se alojan los representantes directos del pueblo.
Han servido para engordar los bolsillos de diferentes representantes de la Cámara.
Han sido fundamentales para hacer desaparecer la empelomanía fantasma. Hubo una época legislativa en la que se echaba a miles de personas al final del año o de la gestión, y no pasaba nada. Con estos gastos, eso cambió.
Han ayudado a transformar el Poder Legislativo en Ejecutivo, porque los legisladores se convirtieron en abnegados ministros de desarrollo social que hicieron todo tipo de asistencia a los ciudadanos.
Han sido grandes catapultas de carreras políticas. Por un lado, a quienes han solventado auténticas campañas con esos fondos. Por el otro, hay quienes por no recibirlos han visto levantar su amperímetro político.
Han permitido que el ingenio legislativo funcione al máximo. De esa manera han inventado un sistema de pago de dinero en negro.
Han conseguido que la plata en efectivo tenga un city tour especial, haciendo recorrer los fondos públicos por distintas áreas del centro, en camionetas.
Han habilitado una utilidad más para las valijas. Si bien este fue un invento patentado por Antonini Wilson años atrás, en 2015 se hizo público cómo el dinero legislativo también cabe en maletas.
Han servido para decir la verdad. Varias decenas de legisladores han reconocido en voz baja y aterrados de que se sepa lo que piensan que esos gastos los convierten en ciudadanos que viven del dinero en negro que no pueden justificar.
Han sido fundamentales para que los legisladores utilizan menos que antes las tarjetas de crédito.
Han sido una pieza para que se ataque la dignidad del trabajo y haya gente que reciba menos fondos de los que firmó en el recibo.
Han servido para solucionar problemas de urgencia a ciudadanos desesperados.
Han sido importantes para que los representantes del pueblo obtengan una remuneración acorde a su responsabilidad y no irrisoria, como es la que la figura en los recibos de sus dietas.
Han sido un triste fundamento para que los legisladores jubilados no tengan el nivel de remuneración que les hubiera correspondido.
Han valido para mentir.
Han aumentado la proliferación de las colas en la ciudad cuando alguna legisladora decidió repartir plata en efectivo.
Han permitido que se abran causas judiciales, tanto en la Justicia Federal como en el Poder Judicial provincial
Han causado miedo.
Han sido un instrumento de discriminación cuando el presidente de la Cámara decidía pagar diferentes montos según como hubiera sido el comportamiento. Si habían sido consecuentes con el oficialismo ganaban más. Los legisladores eran lo mismo pero distintos.
Han despertado tensiones.
Han obligado al sinceramiento.
Uno de los que llegó a sincerarse precisamente fue el legislador Reneé Ramírez. Había una vez en la que este dirigente de ATSA reconoció que 150.000 pesos por mes no le alcanzaban para afrontar todas las obligaciones políticas. La primera curiosidad fue que de sus palabras se desprendía que -además de la dieta, que no llegaba a 30.000 pesos- los legisladores recibían otros fondos.
A partir de estas declaraciones, el presidente de la Legislatura, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, derogó los gastos sociales como remuneración. El ingenio empezó a pergeñar alguna gambeta, porque no era fácil hacer que los legisladores de un día para el otro recibieran cinco veces menos de lo que venían obteniendo.
Jaldo, el político que llegó a jurar que el mejor gobernador de la historia de Tucumán fue José Alperovich, quiso hacer la jugada correcta. Pero los gastos sociales, de bloque o reservados lo terminaron revolcando (a su secretario, el fiel escudero Claudio Pérez, también) en la desobediencia judicial. Le dieron la espalda a una cautelar. En una provincia donde la institucionalidad fue pisoteada por el “sijosesismo”, el vicegobernador ha declamado el cambio, pero no ha podido ejercerlo. Su secretario, tampoco.
En los tribunales federales la causa por estos fondos y la posible evasión de quienes los habrían cobrado avanza. A veces velozmente y otras, no. Esta semana se conocieron casos en las que se planteaba que en ATSA se habrían hecho firmar recibos de gastos sociales en blanco. Ramírez, legislador y titular del gremio de la sanidad, se sintió afectado por esa información y, en vez de aclarar, hizo todo tipo de denuncias contra LA GACETA. En ningún momento explicó lo sucedido. Incluso hizo una conferencia de prensa a la que no invitó al diario.
Es otro de los efectos que tienen los gastos de bloque, sociales y reservados. Antes de exponer hay que denunciar a la prensa, parece decir en las instrucciones.
No es la prensa responsable de lo que se hizo o no con los gastos que autorizó la Legislatura. Es la prensa la que tiene la obligación de bucear y de tratar de mostrar aquello que el poder no quiere demostrar. Y en este caso se trata de fondos públicos. Como tales, es vital para la democracia tucumana que se sepa qué se hace e hizo con esos recursos. De eso se trata. Pero otros de los efectos de los gastos ha sido buscar distractivos.
Hubiera sido todo más simple si Ramírez -o cualquier otro legislador- mostraba los recibos.
Algo idéntico pide la Justicia provincial en otra causa, y Jaldo se niega.
Sin embargo la estrategia es denunciar a la prensa en lugar de explicar qué se hizo con los dineros públicos. José Alperovich, cuando fue gobernador, miró para otro lado. El actual gobernador Juan Manzur consistió estos gastos. Jaldo quiso diferenciarse y anda dando vueltas, esquivando a la Justicia.
Las resoluciones judiciales suelen tener dos letras: F y P. Ellas representan las palabras Fuerza y Poder. Las órdenes de la Justicia están hechas para cumplirlas. Después se podrá pleitear o pedir su revisión, pero cuando se dictan se las debe cumplir. Hasta Alperovich llegó a hacerlo, en tiempos en que todo el poder cabía en su puño.
En estos días, Jaldo y Alfaro jugaron el juego que más les gusta. Intercambiaron dimes y diretes. Son dos actores de los tiempos en los que cada uno defiende y dice lo que piensa sin preocuparse mucho de lo que diga el jefe. Es uno de los síntomas de que el alperovichismo está en tela de juicio o, tal vez, en retirada. Fue una buena truqueada que aún no tiene ganador. En lo que sí le sacó ventaja Alfaro fue en lo institucional. Mientras el intendente de capital cumplió con la Justicia y aceptó que un juez de feria le hiciera volver atrás su decisión sobre la línea 11, Jaldo parece decidido a no mostrar los recibos de los gastos de sociales.
Han servido para engordar los bolsillos de diferentes representantes de la Cámara.
Han sido fundamentales para hacer desaparecer la empelomanía fantasma. Hubo una época legislativa en la que se echaba a miles de personas al final del año o de la gestión, y no pasaba nada. Con estos gastos, eso cambió.
Han ayudado a transformar el Poder Legislativo en Ejecutivo, porque los legisladores se convirtieron en abnegados ministros de desarrollo social que hicieron todo tipo de asistencia a los ciudadanos.
Han sido grandes catapultas de carreras políticas. Por un lado, a quienes han solventado auténticas campañas con esos fondos. Por el otro, hay quienes por no recibirlos han visto levantar su amperímetro político.
Han permitido que el ingenio legislativo funcione al máximo. De esa manera han inventado un sistema de pago de dinero en negro.
Han conseguido que la plata en efectivo tenga un city tour especial, haciendo recorrer los fondos públicos por distintas áreas del centro, en camionetas.
Han habilitado una utilidad más para las valijas. Si bien este fue un invento patentado por Antonini Wilson años atrás, en 2015 se hizo público cómo el dinero legislativo también cabe en maletas.
Han servido para decir la verdad. Varias decenas de legisladores han reconocido en voz baja y aterrados de que se sepa lo que piensan que esos gastos los convierten en ciudadanos que viven del dinero en negro que no pueden justificar.
Han sido fundamentales para que los legisladores utilizan menos que antes las tarjetas de crédito.
Han sido una pieza para que se ataque la dignidad del trabajo y haya gente que reciba menos fondos de los que firmó en el recibo.
Han servido para solucionar problemas de urgencia a ciudadanos desesperados.
Han sido importantes para que los representantes del pueblo obtengan una remuneración acorde a su responsabilidad y no irrisoria, como es la que la figura en los recibos de sus dietas.
Han sido un triste fundamento para que los legisladores jubilados no tengan el nivel de remuneración que les hubiera correspondido.
Han valido para mentir.
Han aumentado la proliferación de las colas en la ciudad cuando alguna legisladora decidió repartir plata en efectivo.
Han permitido que se abran causas judiciales, tanto en la Justicia Federal como en el Poder Judicial provincial
Han causado miedo.
Han sido un instrumento de discriminación cuando el presidente de la Cámara decidía pagar diferentes montos según como hubiera sido el comportamiento. Si habían sido consecuentes con el oficialismo ganaban más. Los legisladores eran lo mismo pero distintos.
Han despertado tensiones.
Han obligado al sinceramiento.
Uno de los que llegó a sincerarse precisamente fue el legislador Reneé Ramírez. Había una vez en la que este dirigente de ATSA reconoció que 150.000 pesos por mes no le alcanzaban para afrontar todas las obligaciones políticas. La primera curiosidad fue que de sus palabras se desprendía que -además de la dieta, que no llegaba a 30.000 pesos- los legisladores recibían otros fondos.
A partir de estas declaraciones, el presidente de la Legislatura, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, derogó los gastos sociales como remuneración. El ingenio empezó a pergeñar alguna gambeta, porque no era fácil hacer que los legisladores de un día para el otro recibieran cinco veces menos de lo que venían obteniendo.
Jaldo, el político que llegó a jurar que el mejor gobernador de la historia de Tucumán fue José Alperovich, quiso hacer la jugada correcta. Pero los gastos sociales, de bloque o reservados lo terminaron revolcando (a su secretario, el fiel escudero Claudio Pérez, también) en la desobediencia judicial. Le dieron la espalda a una cautelar. En una provincia donde la institucionalidad fue pisoteada por el “sijosesismo”, el vicegobernador ha declamado el cambio, pero no ha podido ejercerlo. Su secretario, tampoco.
En los tribunales federales la causa por estos fondos y la posible evasión de quienes los habrían cobrado avanza. A veces velozmente y otras, no. Esta semana se conocieron casos en las que se planteaba que en ATSA se habrían hecho firmar recibos de gastos sociales en blanco. Ramírez, legislador y titular del gremio de la sanidad, se sintió afectado por esa información y, en vez de aclarar, hizo todo tipo de denuncias contra LA GACETA. En ningún momento explicó lo sucedido. Incluso hizo una conferencia de prensa a la que no invitó al diario.
Es otro de los efectos que tienen los gastos de bloque, sociales y reservados. Antes de exponer hay que denunciar a la prensa, parece decir en las instrucciones.
No es la prensa responsable de lo que se hizo o no con los gastos que autorizó la Legislatura. Es la prensa la que tiene la obligación de bucear y de tratar de mostrar aquello que el poder no quiere demostrar. Y en este caso se trata de fondos públicos. Como tales, es vital para la democracia tucumana que se sepa qué se hace e hizo con esos recursos. De eso se trata. Pero otros de los efectos de los gastos ha sido buscar distractivos.
Hubiera sido todo más simple si Ramírez -o cualquier otro legislador- mostraba los recibos.
Algo idéntico pide la Justicia provincial en otra causa, y Jaldo se niega.
Sin embargo la estrategia es denunciar a la prensa en lugar de explicar qué se hizo con los dineros públicos. José Alperovich, cuando fue gobernador, miró para otro lado. El actual gobernador Juan Manzur consistió estos gastos. Jaldo quiso diferenciarse y anda dando vueltas, esquivando a la Justicia.
Las resoluciones judiciales suelen tener dos letras: F y P. Ellas representan las palabras Fuerza y Poder. Las órdenes de la Justicia están hechas para cumplirlas. Después se podrá pleitear o pedir su revisión, pero cuando se dictan se las debe cumplir. Hasta Alperovich llegó a hacerlo, en tiempos en que todo el poder cabía en su puño.
En estos días, Jaldo y Alfaro jugaron el juego que más les gusta. Intercambiaron dimes y diretes. Son dos actores de los tiempos en los que cada uno defiende y dice lo que piensa sin preocuparse mucho de lo que diga el jefe. Es uno de los síntomas de que el alperovichismo está en tela de juicio o, tal vez, en retirada. Fue una buena truqueada que aún no tiene ganador. En lo que sí le sacó ventaja Alfaro fue en lo institucional. Mientras el intendente de capital cumplió con la Justicia y aceptó que un juez de feria le hiciera volver atrás su decisión sobre la línea 11, Jaldo parece decidido a no mostrar los recibos de los gastos de sociales.
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