06 Enero 2017
Al igual que otras asociaciones de derechos humanos, la organización no gubernamental tucumana Andhes se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad como propuso el Gobierno de Cambiemos. “Es una medida ilegal”, expresó Florencia Vallino Moyano, coordinadora del Área de Derechos de Niñez y Adolescencia.
Mediante una nota de prensa expedida ayer, la ONG sostuvo que la pretensión de bajar la imputabilidad va en contra del bloque de constitucionalidad; en contra de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos; en contra los tratados internacionales; en contra de las opiniones de los órganos especializados e, incluso, en contra de la autoridad misma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2013 dispuso que el Estado argentino debe ajustar su marco legal a los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil (caso “Mendoza”).
“Bajar la edad de imputabilidad en Argentina es una medida demagógica e ilegítima”, añadió Vallino Moyano. Pese a ello, coincidió con el ministro nacional Germán Garavano en cuanto a que hace falta reformar el Régimen Penal Juvenil vigente y pasar a un cuerpo legal respetuoso de los derechos humanos. “Es preciso generar un debate constructivo que asegure el objetivo final de una Justicia juvenil: la intervención socioeducativa con plena vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, opinó la coordinadora de Andhes. Y añadió que ello implicaba indefectiblemente más políticas públicas y presupuesto para la infancia. “Necesitamos fortalecer los espacios de participación protagónica para la niñez y la adolescencia, y promover la generación de nuevos espacios”, dijo.
Vallino Moyano afirmó que los chicos debían pensarse a sí mismos y reconocerse como actores políticos; como sujetos de derechos y como agentes de cambio parte de nuestra sociedad: “ellos deben generar sus propias propuestas de transformación para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva y, por lo tanto, para reducir el conflicto con la ley penal”.
Mediante una nota de prensa expedida ayer, la ONG sostuvo que la pretensión de bajar la imputabilidad va en contra del bloque de constitucionalidad; en contra de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos; en contra los tratados internacionales; en contra de las opiniones de los órganos especializados e, incluso, en contra de la autoridad misma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2013 dispuso que el Estado argentino debe ajustar su marco legal a los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil (caso “Mendoza”).
“Bajar la edad de imputabilidad en Argentina es una medida demagógica e ilegítima”, añadió Vallino Moyano. Pese a ello, coincidió con el ministro nacional Germán Garavano en cuanto a que hace falta reformar el Régimen Penal Juvenil vigente y pasar a un cuerpo legal respetuoso de los derechos humanos. “Es preciso generar un debate constructivo que asegure el objetivo final de una Justicia juvenil: la intervención socioeducativa con plena vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, opinó la coordinadora de Andhes. Y añadió que ello implicaba indefectiblemente más políticas públicas y presupuesto para la infancia. “Necesitamos fortalecer los espacios de participación protagónica para la niñez y la adolescencia, y promover la generación de nuevos espacios”, dijo.
Vallino Moyano afirmó que los chicos debían pensarse a sí mismos y reconocerse como actores políticos; como sujetos de derechos y como agentes de cambio parte de nuestra sociedad: “ellos deben generar sus propias propuestas de transformación para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva y, por lo tanto, para reducir el conflicto con la ley penal”.
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