04 Enero 2017
BUENOS AIRES.- El empresario kirchnerista Lázaro Báez sumó un nuevo procesamiento.
Ayer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó sobre la medida dispuesta por la Justicia en contra del constructor detenido, en este caso por la presunta evasión de aportes previsionales a través de diversas empresas. Además, se le trabó un embargo por $ 33 millones.
Báez, detenido desde abril en el marco de la causa “La ruta del dinero k”, había sido procesado la semana pasada junto a la ex presidenta, Cristina Fernández, por los supuestos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio del Estado.
Ayer, a través de un comunicado, AFIP destacó que esta nueva causa había sido iniciada por el ente recaudador. En el texto, se hizo hincapié en que la ley Penal Tributaria “prevé una pena de dos a seis años de prisión” en caso de condena para estos casos.
El viernes pasado, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico, a cargo de Ezequiel Berón de Astrada, decretó el procesamiento de Báez -en calidad de autor o instigador- del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Como medida complementaria se ordenó el millonario embargo de sus bienes.
También fueron procesados Martín Báez, hijo de Lázaro y el abogado Julio Mendoza, a quienes se les trabó embargo por $ 29 y $ 24 millones, respectivamente.
La medida judicial alcanzó a las empresas Austral Construcciones, Alternativa, Alucom Austral, Austral Agro, Loscalzo y Del Curto, Badial, Kank y Costilla, Diagonal Sur Comunicaciones, Consultora Magma, Sucesión de Biancalani Adelmo, Epsur, Don Francisco, M&P, Valle Mitre y Servicios Integrales Alem, destacó la AFIP.
“La resolución fue adoptada en función de haber corroborado que 15 empresas del Grupo Báez habían retenido los aportes de los trabajadores por una suma cercana a los $ 230 millones, los cuales no eran ingresados al fisco o se ingresaban con posterioridad a los plazos establecidos por ley, configurando en ambos supuestos el delito previsional”, resaltó la AFIP. El ente recaudador remarcó que, a criterio del juez, todas las sociedades “habrían estado integradas por personas físicas que habrían intervenido en las mismas a pedido de Lázaro Báez, quien además en algunas de aquellas, poseía la calidad de socio privilegiado, en otras de representante legal y en otras la de administrador de hecho”.
La figura de Báez también está siendo analizada en otros expedientes penales, como Hotesur y Los Sauces. (DyN)
Ayer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó sobre la medida dispuesta por la Justicia en contra del constructor detenido, en este caso por la presunta evasión de aportes previsionales a través de diversas empresas. Además, se le trabó un embargo por $ 33 millones.
Báez, detenido desde abril en el marco de la causa “La ruta del dinero k”, había sido procesado la semana pasada junto a la ex presidenta, Cristina Fernández, por los supuestos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio del Estado.
Ayer, a través de un comunicado, AFIP destacó que esta nueva causa había sido iniciada por el ente recaudador. En el texto, se hizo hincapié en que la ley Penal Tributaria “prevé una pena de dos a seis años de prisión” en caso de condena para estos casos.
El viernes pasado, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico, a cargo de Ezequiel Berón de Astrada, decretó el procesamiento de Báez -en calidad de autor o instigador- del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Como medida complementaria se ordenó el millonario embargo de sus bienes.
También fueron procesados Martín Báez, hijo de Lázaro y el abogado Julio Mendoza, a quienes se les trabó embargo por $ 29 y $ 24 millones, respectivamente.
La medida judicial alcanzó a las empresas Austral Construcciones, Alternativa, Alucom Austral, Austral Agro, Loscalzo y Del Curto, Badial, Kank y Costilla, Diagonal Sur Comunicaciones, Consultora Magma, Sucesión de Biancalani Adelmo, Epsur, Don Francisco, M&P, Valle Mitre y Servicios Integrales Alem, destacó la AFIP.
“La resolución fue adoptada en función de haber corroborado que 15 empresas del Grupo Báez habían retenido los aportes de los trabajadores por una suma cercana a los $ 230 millones, los cuales no eran ingresados al fisco o se ingresaban con posterioridad a los plazos establecidos por ley, configurando en ambos supuestos el delito previsional”, resaltó la AFIP. El ente recaudador remarcó que, a criterio del juez, todas las sociedades “habrían estado integradas por personas físicas que habrían intervenido en las mismas a pedido de Lázaro Báez, quien además en algunas de aquellas, poseía la calidad de socio privilegiado, en otras de representante legal y en otras la de administrador de hecho”.
La figura de Báez también está siendo analizada en otros expedientes penales, como Hotesur y Los Sauces. (DyN)
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