Por Gustavo Rodríguez
29 Diciembre 2016
Los tucumanos perdieron la capacidad de asombro a lo largo de 2016. Entendieron que la provincia es una tierra donde los narcotraficantes desarrollan su negocio como si nada. Durante años, mientras la Nación -que tiene la responsabilidad de luchar contra este flagelo- miraba hacia otro lado, los señores de la muerte crecían como pulpos extendiéndose y ahorcando con sus tentáculos todo tipo de voluntades. Pero hay indicios de que la impunidad se acabó para algunos.
La orden del presidente, Mauricio Macri, fue acabar con los narcos. El pedido llegó acompañado por un fortalecimiento de todas las unidades dedicadas a la lucha contra las drogas. En ese afán de querer recuperar el tiempo perdido se produjo una serie de encontronazos entre las fuerzas de seguridad, el Gobierno provincial y la Justicia Federal debido a la falta de resultados.
Las diferencias, lógicas en cuerpos que se mantuvieron inertes durante bastante tiempo, se acabaron después de más de seis meses de discusión y los frutos no tardaron en aparecer. Las fuerzas que se dedican a luchar contra el narcotráfico en la provincia incautaron en total unos 1.293 kilos de drogas (897 kilos de marihuana y unos 396 de cocaína). Esa cifra representa un incremento del 77% con respecto a la cantidad de sustancia que había sido secuestrada durante 2015.
Los buenos resultados no sólo se plasmaron con el secuestro de droga, sino que se logró desmantelar a varias bandas y colocar a sus líderes tras las rejas, ya que se consiguieron las pruebas suficientes para que se les dictara la prisión preventiva. Este año las investigaciones golpearon estructuras enteras, ya que dejaron al descubierto al proveedor, al transportista, al especialista que preparaba y estiraba la droga, al distribuidor y al vendedor. Y lo que es más novedoso aún es que también los atacaron donde más les duele: en la economía.
Con la colaboración de la Unidad de Información Financiera, los investigadores secuestraron y congelaron bienes (autos, viviendas y cuentas) de los sospechosos y ahora están tras los pasos de los financistas, es decir, las personas que utilizaban para lavar el dinero obtenido de la venta de la droga o de quienes aportaban capitales para llevar adelante el negocio. En principio, los dejaron sin capacidad para seguir operando y casi sin recursos para lograr evadir la acción de la Justicia.
Este recién es el comienzo de una lucha desigual. Los pesquisas aseguran que 2017 será mucho más movido y escandaloso. Durante los próximos meses se conocerán los resultados de los trabajos que vienen desarrollando en contra de varias bandas que están sospechadas de tráfico de droga.
Pese a los avances, los investigadores y la Justicia miran al cielo con mucha preocupación. Saben, al igual que los narcos, que no tienen herramientas ni los recursos para detectar las avionetas que arrojan la droga en el noreste de la provincia. Sólo el llamado de un lugareño puede servir para levantar los bultos que llueven de manera regular en sus tierras. Detener a las naves es hoy una misión casi imposible para las fuerzas de seguridad.
La orden del presidente, Mauricio Macri, fue acabar con los narcos. El pedido llegó acompañado por un fortalecimiento de todas las unidades dedicadas a la lucha contra las drogas. En ese afán de querer recuperar el tiempo perdido se produjo una serie de encontronazos entre las fuerzas de seguridad, el Gobierno provincial y la Justicia Federal debido a la falta de resultados.
Las diferencias, lógicas en cuerpos que se mantuvieron inertes durante bastante tiempo, se acabaron después de más de seis meses de discusión y los frutos no tardaron en aparecer. Las fuerzas que se dedican a luchar contra el narcotráfico en la provincia incautaron en total unos 1.293 kilos de drogas (897 kilos de marihuana y unos 396 de cocaína). Esa cifra representa un incremento del 77% con respecto a la cantidad de sustancia que había sido secuestrada durante 2015.
Los buenos resultados no sólo se plasmaron con el secuestro de droga, sino que se logró desmantelar a varias bandas y colocar a sus líderes tras las rejas, ya que se consiguieron las pruebas suficientes para que se les dictara la prisión preventiva. Este año las investigaciones golpearon estructuras enteras, ya que dejaron al descubierto al proveedor, al transportista, al especialista que preparaba y estiraba la droga, al distribuidor y al vendedor. Y lo que es más novedoso aún es que también los atacaron donde más les duele: en la economía.
Con la colaboración de la Unidad de Información Financiera, los investigadores secuestraron y congelaron bienes (autos, viviendas y cuentas) de los sospechosos y ahora están tras los pasos de los financistas, es decir, las personas que utilizaban para lavar el dinero obtenido de la venta de la droga o de quienes aportaban capitales para llevar adelante el negocio. En principio, los dejaron sin capacidad para seguir operando y casi sin recursos para lograr evadir la acción de la Justicia.
Este recién es el comienzo de una lucha desigual. Los pesquisas aseguran que 2017 será mucho más movido y escandaloso. Durante los próximos meses se conocerán los resultados de los trabajos que vienen desarrollando en contra de varias bandas que están sospechadas de tráfico de droga.
Pese a los avances, los investigadores y la Justicia miran al cielo con mucha preocupación. Saben, al igual que los narcos, que no tienen herramientas ni los recursos para detectar las avionetas que arrojan la droga en el noreste de la provincia. Sólo el llamado de un lugareño puede servir para levantar los bultos que llueven de manera regular en sus tierras. Detener a las naves es hoy una misión casi imposible para las fuerzas de seguridad.
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